Ecuador: Chevron, cuando los tribunales frenan a la justicia

Por Mª Cruz Tornay

Lunes 28 de marzo de 2016

La resolución dictada por la Corte del Distrito de La Haya se conoce algunas semanas después de que un organismo de arbitraje del Banco Mundial obligara a Ecuador a indemnizar a la petrolera Oxy con mil millones de dólares. En el momento actual, el país latinoamericano enfrenta diferentes procesos con transnacionales que recurren a los Tratados de Bilaterales de Inversión (TBI) para exigir indemnizaciones millonarias.

Ya han pasado más de veinte años desde que en 1993 las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana presentaran en un tribunal de Estados Unidos la denuncia contra Chevron por los daños causados entre 1964 y 1992 por, su ahora filial, Texaco Petroleum Company (TexPet). A pesar de que un tribunal ecuatoriano resolvió la responsabilidad de la compañía en los vertidos tóxicos, la petrolera intenta evitar el pago de la millonaria multa con el estancamiento y la prolongación del conflicto en los tribunales. Chevron está presente en 180 países y se encuentra entre las diez primeras empresas petroleras del mundo. Con unos ingresos de más de 250 mil millones de dólares, la multa de nueve millones de dólares impuesta por el tribunal ecuatoriano podría ser fácilmente desembolsada. Sin embargo, la empresa prefiere invertir parte de sus extraordinarios beneficios en la contratación de prestigiosos abogados que eviten cualquier precedente jurídico que pueda perjudicar a la corporación. De momento, la estrategia de la petrolera está teniendo éxito, principalmente por los fallos de los tribunales convocados por el Tratado Bilateral de Inversión entre Estados Unidos y Ecuador que benefician de forma repetida a los intereses de la transnacional.

La demanda contra Chevron fue interpuesta de forma conjunta por 30.000 personas afectadas por los vertidos tóxicos que Texaco derramó en una zona con una alta biodiversidad en las provincias de Orellana y Sucumbíos, al noreste del país. La empresa almacenó los residuos procedentes de los pozos petroleros en más de ochocientas fosas sin ningún tipo de aislamiento ni protección, provocando una de las mayores catástrofes ambientales causada por la explotación petrolera, con miles de hectáreas afectadas. La negligencia con la que la empresa actuó durante su presencia en Ecuador provocó la muerte de más de mil personas, mientras que, en la actualidad, se triplican las cifras de cáncer entre la población de la zona y las de leucemia entre niños y niñas de 0 a 4 años.

El litigio que ahora enfrenta al Estado ecuatoriano con la transnacional Chevron-Texaco se inició con la demanda interpuesta en un tribunal de Nueva York por la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT). La denuncia del crimen ambiental, que ocasionó cientos de muertes, llevó a la compañía a abandonar el país, pero no sin antes firmar con los gobiernos de aquel entonces –los de los conservadores Sixto Durán y Jamil Mahuad- un acuerdo de finiquito que liberaba a la petrolera estadounidense de cualquier obligación en la zona. La corte estadounidense rechazó juzgar el caso y el litigio fue asumido por la justicia ecuatoriana que, de forma reiterada, dio la razón a la parte demandante y obligó a la empresa al pago de las indemnizaciones millonarias. Fue entonces cuando Chevrón-Texaco recurrió al vergonzoso acuerdo en el que el Estado ecuatoriano certificaba oficialmente la limpieza de la zona de explotación en la que la empresa operó durante más de treinta años. En virtud del documento, nada de lo ocurrido en esos terrenos después de su marcha es responsabilidad de la petrolera, sino del Estado y de la empresa pública Petroecuador. Los fallos de las cortes judiciales fueron recurridos alegando irregularidades en la obtención de pruebas que demostraban la contaminación, pero, además, se introdujo al gobierno en un conflicto que hasta el momento había sido entre particulares, al solicitar amparo en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre Estados Unidos y Ecuador en 1997, es decir, cinco años después de que las comunidades indígenas interpusieran su demanda.

La corte de La Haya ha ratificado los diversos laudos emitidos por un tribunal internacional de arbitraje en los que se exige al Estado ecuatoriano reconocer el acuerdo firmado en 1998 que exime a la empresa de futuras obligaciones. En la última resolución emitida el pasado 22 de enero, el tribunal rechaza la solicitud de anulación del laudo presentada por el Estado, por tanto, sigue vigente la decisión del tribunal de arbitraje de condenar al país petrolero por incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, contradiciendo de esta manera la decisión de la justicia ecuatoriana.

La victoria de Oxy

Si bien parece que el conflicto con Chevron-Texaco aún está lejos de resolverse, otros litigios con compañías petroleras ya han sido resueltos, con perjuicio para el país latinoamericano. El último fallo en este tipo de casos, sin posibilidad de apelación, se hizo público el pasado noviembre por el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El tribunal de arbitraje obliga al Estado ecuatoriano a pagar 1.061 millones de dólares a la compañía Occidental Petroleum Corporation (Oxy) a modo de indemnización por haber declarado la finalización de contrato antes del tiempo previsto. Lo que el tribunal convocado al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones no tiene en cuenta en su decisión es que la estadounidense Oxy incumplió una de las cláusulas incluidas en el contrato con el Ministro de Energía y Minas al ceder a la empresa Alberta Energy Company (AEC) los derechos sobre parte del área de extracción sin contar con la autorización del organismo público. El incumplimiento de alguno de los puntos permitía la finalización del acuerdo y la salida de la petrolera del bloque de explotación, tal y como ocurrió en el año 2006.

Al igual que Chevron, Oxy recurrió al amparo de los TBI que protegen a los inversionistas, incluso, por encima de la legislación y de las decisiones soberanas de los países en los que se realizan las explotaciones. En este caso, el centro de arbitraje reconoció el incumplimiento del contrato por parte de la petrolera, pero en su argumentación sostuvo que la caducidad del contrato suponía una penalización exagerada para la inversionista extranjera.

Para el presidente Rafael Correa, la resolución a favor de Oxy fue un atentado a la soberanía nacional por parte de los TBI firmados en la década de los noventa con el objetivo de privilegiar los intereses de las transnacionales.

En este momento, el Estado ecuatoriano enfrenta en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones tres procesos internacionales, nuevamente, con transnacionales petroleras que, después de violar los acuerdos contractuales y la legislación del país, recurren a los TBI para exigir indemnizaciones millonarias. Aún faltan por resolverse los conflictos con las compañías Perenco, Burlington y Murphy, además de otros nueve casos que se discuten en diferentes organismos.

Las multas millonarias que enfrenta Ecuador llegan en un momento en el que se han reducido drásticamente los ingresos procedentes, precisamente, de la renta petrolera. En caso de que finalmente se tuvieran que asumir indemnizaciones como la de Chevron-Texaco, esto supondría un duro golpe para un país con un PIB casi tres veces menor que los activos de la compañía estadounidense.

Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Fuente: Revista Pueblos