Dos mujeres y una misión contra la deforestación en Bolivia

Ruth Alipaz (53) y Paola Gareca (47) viven en dos extremos de Bolivia, y a pesar de la lejanía, durante los últimos años se han sentido muy unidas. Además de ser indígenas, lideresas comunitarias y madres, son defensoras de dos áreas protegidas: el  Parque Nacional Madidi en La Paz, y la  Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía en Tarija, al sur del país que limita con Chile. 

Ambas llevan años enfocadas en frenar proyectos que explotan los recursos naturales de su comunidad con fines comerciales, proteger el medio ambiente y evitar la deforestación en el país, que entre 2016 y 2021 perdió  más 1.8 millones de hectáreas de bosque. En estos largos procesos, ellas han denunciado amedrentamientos, amenazas y represión, por parte de empresarios, autoridades estatales y los mismos comunarios. 

La importancia del trabajo de Alipaz y Gareca queda de manifiesto en un  informe de 2019 del Centro de Altos Estudios Latinoamericanos María Sibylla Merian (CALAS) que detalla los problemas que genera la extracción de grandes cantidades de recursos naturales por industrias que van desde la explotación de hidrocarburos hasta la minería.

La protección del agua

Hace 65 años nació el plan de construir una controvertida hidroeléctrica en  el estrecho de El Bala. A pesar de haber sido descartada varias veces por su inviabilidad económica y alto costo ambiental, se intentó retomar el proyecto en 2016. 

Esto despertó la alerta de Ruth Alipaz, una comunaria del pueblo San José de Uchupiamonas que pasó de ser una mujer que disfrutaba de una vida tranquila en su territorio a defenderlo de quienes lo amenazaban. 

Alipaz fue la primera mujer que terminó estudios superiores en su comunidad. Es auxiliar contable y administradora de empresas, y desde que estaba en las aulas y cuidaba a sus dos hijos, se prometió ser un ejemplo para ellos. 

 “Si pasamos por este mundo sin dejar nada, solo tomando y consumiendo a la Madre Tierra, no tiene sentido”, dice.

Por ello, no dudó ni un segundo en enfrentarse a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENDE), que buscaba consolidar dos proyectos hidroeléctricos en dicha zona. Según  el mismo organismo estatal, El Bala tendría un área de embalse de 94 km2, en el Parque Nacional Madidi. Y el proyecto Chepete abarcaría 46 km2 en la reserva de Pilón Lajas. Estas construcciones afectarían directamente a más de 5.000 indígenas de seis pueblos: Mosetén, Tsiman, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona.

Ambos proyectos se encuentran ubicados entre los departamentos de La Paz y Beni, una zona que alberga una extraordinaria diversidad de flora y fauna, distribuida entre una geografía que combina la serranía con la selva amazónica al interior del  Parque Nacional Madidi, uno de los más importantes del mundo, y la  Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas. 

“Para mí, era inconcebible que, de pronto, quisieran ingresar a destruir nuestro territorio”, dice a Diálogo Chino Ruth Alipaz, quien fundó, en 2008, el proyecto ecoturístico  Sadiri Lodge en 2008. El proyecto se centra en mostrar lo mejor de su comunidad y de la fauna local de la cordillera Sadiri a los observadores de aves y otros visitantes de todo el mundo.

Alipaz es la actual representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas ( Contiocap). En 2018 captó la atención de otras organizaciones internacionales dedicadas a la defensa del medio ambiente, cuando  expuso el caso El Bala - Chepete en las Naciones Unidas, en Nueva York. “El mundo tenía que saber lo que estaba sucediendo aquí”, remarcó.  

Alipaz contó a Diálogo Chino que en varias ocasiones han tenido que hacer respetar sus derechos en su territorio. Ella los denomina “pequeñas luchas ganadas”.

En 2016, junto con otros comunarios, realizó una vigilia en el estrecho de El Bala, lo que derivó en la expulsión de la empresa Geodata, responsable de la elaboración de  estudios de rentabilidad de ambas hidroeléctricas.  

También, en noviembre de 2021 ENDE ingresó a la zona para comenzar el trabajo de georreferenciación. Sin embargo, junto con la  Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuhichi y Quiquibey y otras organizaciones, Contiocap impidió que continuaran con sus labores.  

“En Chepete estaban instalando unos aparatos de georreferenciación. Los desalojamos, les dijimos que ellos no podían estar ahí y que debían salir. Al día siguiente volvimos y los expulsamos por segunda vez”, cuenta Alipaz. 

Según la activista, hasta el momento, la construcción de ambas hidroeléctricas sigue paralizada, pero no pueden bajar la guardia, “ya que pueden volver en cualquier momento”. 

Diálogo Chino se comunicó con ENDE para conocer su versión respecto a las denuncias y el avance del proyecto. Sin embargo, pese a aceptar dar una postura frente al tema, hasta el cierre de esta edición no volvieron a responder los mensajes. 

Una reserva natural en peligro

Paola Gareca, que vive a casi 1.300 kilómetros de Alipaz, cuenta a Diálogo Chino que estos años no han sido fáciles. Recibió agresiones y amenazas por  proteger los bosques de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Inclusive su ex esposo la criticaba por “perder su tiempo y no ganar nada”, refiriéndose a los sobornos que dice haber rechazado para no seguir en la defensa de su territorio.

Pero para Gareca, la palabra ganar tiene un significado más amplio y profundo: es proteger a las siguientes generaciones. 

Gareca es la actual ejecutiva de la Subcentral Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tariquía. Comenzó a involucrarse en la defensa de su territorio luego de que el gobierno boliviano intentara iniciar el  proyecto de exploración y explotación de gas dentro de Tariquía. El plan compromete más de 136 mil hectáreas de bosque, lo que equivale al 55% de la reserva, según  información del CEDIB.

En 2015, ella decidió asumir la representación a pedido de su comunidad. “Porque nuestros antepasados cuidaron el medio ambiente, ahora tenemos aire puro. Si no seguimos haciéndolo ahora, ¿qué van a respirar nuestros hijos y las siguientes generaciones?”, se cuestiona Gareca, que en su día a día se da tiempo para cumplir con sus actividades dirigenciales, la crianza de sus hijos y nietos, las labores de su casa, la cría de ganado, la siembra de papa, y la apicultura. Una líder todo terreno. 

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía es parte del corredor ecológico binacional Tariquía – Baritú, situado entre Tarija, en Bolivia, y Salta, en Argentina. Se tienen registradas más de 800 especies de flora y más de 400 de fauna. Su riqueza es incalculable.

Para protegerla, los pobladores del territorio realizaron dos marchas, desde Tariquía hasta la ciudad de Tarija, para exigir el cese de la exploración petrolera. La  primera fue en abril de 2017 y la  segunda en agosto de 2019. Ese mismo año organizaron una vigilia en una localidad de la reserva con el fin de proteger la zona.

Sin embargo, en aquella ocasión, el gobierno ordenó el ingreso de un contingente policial para resguardar a las empresas Petrobras y YPFB Chaco, y dar cumplimiento a las tareas de exploración. Esto derivó en la  represión de las personas que estaban asentadas, aunque las petroleras no lograron ingresar, detalla la Subcentral de Tariquía. 

A pesar de su resistencia, no pudieron detener los trabajos. En mayo de 2022 se registró el  inicio de la exploración hidrocarburífera en la reserva. 

“Han entrado no hace mucho y están haciendo caminos. Pero nosotros seguimos indefensos. No queremos que destruyan nuestro territorio”, dice Gareca. 

Miguel Miranda, coordinador de incidencia política de CEDIB, organización que investiga temas sociales y medioambientales en Bolivia y América Latina, explica a Diálogo Chino que, en el caso de Tariquía, quienes asumen el papel de perpetradores de agresiones y amenazas son las instituciones estatales. y que "se ponen de acuerdo con los dirigentes varones indígenas para generar una cadena de abusos, de señalamientos".

Diálogo Chino se comunicó con la empresa YPFB para conocer su opinión por todo lo que está sucediendo en esta zona. Sin embargo, desde el área de comunicación se negaron a responder. Solo atinaron a decir que “pronto tendremos novedades del proyecto”. 

Amenazas por todos lados

Miranda atribuye “las represiones estatales al totalitarismo del partido gobernante [Movimiento Al Socialismo, o MAS], que se intensificó con la crisis económica de Bolivia en 2014”, debido a la  caída en los precios del gas y el petróleo.

El investigador del CEDIB añade que además de la opresión que sufren las mujeres, se tienen que enfrentar al machismo presente en las relaciones de poder en los puestos dirigenciales. Y resalta que los roles de Alipaz y Gareca ayudan a “fortalecer la democracia”. 

“Te empiezan a difamar, (dicen) que tú te estás beneficiando, que andas sacando plata o que vives de la defensa”, asevera Alipaz. 

Enfatiza que sus luchas siempre fueron financiadas por ellas y por las comunidades que las apoyan. “Ser defensor o defensora de derechos te empobrece, te posterga muchos planes”, dice la dirigente. 

“El poder quiere callarte, someterte. Vamos a dejar de existir como pueblos indígenas si dejamos que esto pase”, dice enérgicamente Alipaz, que a pesar que le digan muchas veces que es “una guerra perdida”, sostiene que, “lucharemos todas las batallas. Un día, la historia contará cómo los pueblos indígenas hemos sobrevivido. Es una cuestión de dignidad, honrar las luchas de nuestros antepasados”. 

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* Nicole Vargas es una comunicadora social boliviana, con experiencia en redacción periodística y producción audiovisual. Escribe para el diario Opinión de Bolivia.

Fuente: Diálogo Chino