Donación de desperdicios de alimentos: sobras con buen marketing y ningún efecto contra el hambre

Pese a que el problema de la sobreproducción de alimentos está claramente vinculado a las prácticas de un mercado concentrado que produce de más, vulnera derechos de los pequeños productores, genera crisis productivas y  ambientales en distintas regiones por su carácter multinacional, fija precios arbitrarios mediante manejos oligopólicos y provoca desocupación y hambre; no hay ninguna mención en la ley a estas prácticas que son el principal origen de la falta de alimentos para todos.

Hay extensas regiones en todo el país en las que no hay producción local de alimentos y sus pobladores tienen que pagar el precio de la concentración. Incluso hay municipios bonarenses en los que se producen hortalizas, pero envían lo producido al Mercado Central de Buenos Aires y cuando las verduras vuelven a su origen, sus habitantes tienen que pagar un recargo absurdo de precios. La ley que presuntamente busca terminar con las “pérdidas y desperdicios”, no tiene una línea referida a esa cuestión central del problema.

Según cálculos de la FAO, un 13% de la producción local de alimentos se tira sin ser comercializada. Se trata de unos 16 millones de toneladas, una cifra que impacta. La cadena de transporte, almacenamiento, venta y consumo aumenta ese desperdicio. Lo que más se tira son productos vegetales. Esto se debe a malas prácticas y hábitos. El resto de la comida desperdiciada tiene que ver con alguna falla en el producto o con alimentos que están cerca de su vencimiento y no pueden ser comercializados.

¿Por qué sería malo que se redistribuya esa mercadería y que quienes no tienen comida puedan paliar el hambre? Naturalmente en la emergencia de alguien que no tiene qué comer, cualquier ayuda cuenta. El problema se da cuando esta ley es la única herramienta que presenta el Gobierno para solucionar el hambre. Reduce, entonces, una situación que requiere de un cambio estructural y políticas concretas en un simple tema que pueden resolver las empresas privadas y un grupo de organizaciones que dependen de esas empresas privadas, que son justamente las que agravan los problemas alimenticios.

La Red de Bancos de Alimentos (RedBA) calcula que rescatando el 10% se podría alimentar a las 5 millones de personas que no tienen asegurado un plato de comida diario. Vale decir que la teoría de los impulsores de esta ley sostiene que en un plazo mediano debería solucionarse el hambre en la Argentina gracias al rescate de comida por parte de los bancos de alimentos. Todo se reduce a un simple problema logístico.

Una primera pregunta que surge es que si esto fuera así no se explica por qué en los Estados Unidos, donde se desperdicia mucha más comida y hay bancos de alimentos funcionando desde hace medio siglo sin restricciones, hoy deben atender a 42 millones de ciudadanos con problemas de alimentación.

Incluso podría hacerse la misma especulación en la Argentina, donde estas entidades tienen 15 años de trayectoria. Según sus estadísticas, los bancos de alimentos aprovecharon 12 millones de kilos de alimentos en 2018 a través de su red, ¿cuál es la razón por la que aumentó el número de personas que necesitan ayuda alimentaria en ese mismo período? ¿Acaso fueron las “trabas” que tenían esos bancos para recibir pérdidas y desperdicios alimentarios?

La respuesta es obvia. Las políticas implementadas favorecen la especulación, destruyen el aparato productivo local, concentran los mercados en un número reducido de grandes empresas y desregulan cualquier política alimentaria, favoreciendo a empresas que donan sus sobras mientras se abusan de productores y consumidores, como se puede comprobar en estos días con el mercado de la leche.

La donación de alimentos se ha convertido en todo el mundo en una vidriera marketinera que es aprovechada por las firmas responsables de la superabundancia de alimentos que perjudica a la pequeña producción y genera pobreza. No es una casualidad que los bancos de alimentos estén organizados por los gerentes de las mismas empresas que distorsionan el mercado.

Recordamos aquí algunos de los responsables de los bancos de alimentos en la Argentina como para entender que la Ley de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos puede parecer loable, pero esconde intereses que no tienen nada que ver con afrontar políticas que realmente superen el hambre y la pobreza:

Tomás Klepetar: CEO de la Asociación de Industrias de Marcas (ADIM), entidad que agrupa a las mayores empresas de consumo masivo.

Santiago Nicholson:  Abogado de Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), especialista en fusiones empresarias

Mario Vicens: Ex Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) Consultor económico, ex Secretario de Hacienda en el gobierno de Fernándo de la Rúa.

Ambrosio Nougués: Industrial agropecuario. Miembro de la familia que en 1968 se vio favorecida por el cierre de 11 ingenios en Tucumán, decretada por la dictadura de Onganía. Una maniobra que permitió la concentración empresaria del sector.

Luis Bamuele: CEO del frigorífico Quickfood, que tiene la mayor parte de la Cuota Hilton a su cargo y concentra ese negocio. Lidera ese mercado concentrado

Isela Constatini: Nombrada por Mauricio Macri para la primera parte del ajuste en Aerolíneas Argentinas. Ex CEO de General Motors Brasil.

Diana Mondino: Economista de la neoliberal UCEMA Directora de Asuntos Internacionales de esa universidad.

Ann Mitchell: Especialista en Desarrollo Humano e Inclusión Social de la UCA, asesora del Banco Mundial.

Marcos Hilding Ohlsson: Fundación Libertad y Progreso. Sostiene que “los precios altos no son culpa de los supermercados sino de los impuestos”. Economista de la ESEADE

Oscar Girola: CEO de American Express durante 8 años.

Gustavo Fernández Casares: Del Grupo Negocios del Agro SA. Acopiador de cereales.

Francisco Pereyra Zorraquín: Contador especialista en cadenas de valor. Socio de la Calificadora de Riesgo Evaluación Latinoamericana.

Fuente: La Red Popular