Divide y comprarás. Una nueva forma de concentrar tierras baldías en Colombia

La legislación colombiana establece límites a la compra de tierras que hayan sido anteriormente adjudicadas por el Estado en procesos de reforma agraria, con el fin de evitar su concentración y preservar su función social. Sin embargo, entre 2010 y 2012 la empresa Cargill – la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo – adquirió 52.576 hectáreas en la Altillanura a través de 36 sociedades creadas con ese fin. De esta forma habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario. La resolución de éste y otros casos similares que contribuyen a desestabilizar la situación en el campo pondrá a prueba la coherencia política del gobierno de Colombia, el cual se enfrenta a una de las mayores movilizaciones campesinas en torno al problema agrario y acaba de comprometerse en la mesa de Conversaciones de Paz con una distribución más democrática de la tierra y con el fortalecimiento de la economía campesina.

Indice

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Contexto de la inversión

El problema de la tierra en Colombia

Límites legales a la adquisición de tierras

La Altillanura en el punto de mira

El departamento de Vichada y la desprotección de los derechos humanos

Inversión pública al servicio del interés privado

3 El caso de Cargill en Colombia

El perfil de Cargill en Colombia

¿Cómo adquirió Cargill tierras en la Altillanura?

4 Implicaciones legales y de política

Las prácticas de Cargill a la luz de la legislación colombiana

Políticas que pueden favorecer o impedir la concentración de tierras

¿Qué puede hacer el Estado frente a los casos de acumulación de baldíos?

5 Conclusiones

Bibliografía

Siglas y acrónimos

Anexo

Resumen ejecutivo

El reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, pues la concentración de la propiedad es de las más altas del mundo y la segunda de América Latina, sólo después de Paraguay. Esta inequidad en el acceso a la tierra va íntimamente ligada a la pobreza rural y es al mismo tiempo causa y consecuencia del conflicto armado interno que ha asolado el país durante más de medio siglo. En ese tiempo, la violencia y los desplazamientos forzosos habrían causado el despojo de hasta ocho millones de hectáreas, una extensión superior a la superficie que hoy se destina a la agricultura en todo el país.

Los intentos de revertir la concentración han resultado infructuosos hasta la fecha, ya que nunca se ha logrado afectar a los grandes latifundios. El principal esfuerzo por mejorar el acceso a la tierra y llevar adelante una reforma agraria ha consistido en la adjudicación de terrenos baldíos de propiedad estatal que a menudo se encontraban en las regiones más aisladas, con escaso potencial productivo y marcadas carencias en infraestructura.

Con el fin de regular estos procesos de adjudicación, entre otros fines, en 1994 se promulgó la Ley 160, inspirada en el mandato constitucional que ordena al Estado proporcionar acceso a la tierra a la población rural de menos recursos. En ella se estableció la “unidad agrícola familiar” (UAF) –la extensión de tierra que se considera necesaria para que una familia pueda tener una vida digna– como el límite máximo de tierras que el Estado puede adjudicar a una sola persona. Y para evitar su concentración, esta ley prohibió que cualquiera pueda acumular una extensión de tierra proveniente de la adjudicación de baldíos por encima del límite de la UAF.

Sin embargo, la Ley 160 no ha impedido que varias empresas nacionales e internacionales hayan concentrado enormes extensiones de tierras mediante operaciones de compra fraccionada. Entre los años 2010 y 2012 Cargill adquirió 39 predios en el departamento de Vichada a través de 36 sociedades distintas con el fin de producir maíz y soya. Juntos, estos predios conforman una extensión total de 52.576 hectáreas, superando en 30 veces el tamaño máximo de una UAF en ese el departamento.

Estas inversiones se producen en la Altillanura, una región aislada, con altos niveles de pobreza, marcadas carencias en servicios públicos, ausencia institucional y graves violaciones a los derechos humanos por la presencia de diversos grupos armados, tal y como ha informado la Defensoría del Pueblo. Recientemente esta zona ha sido considerada por algunos como la última frontera agrícola en Colombia, lo que unido a los planes desarrollistas del gobierno ha despertado el interés de los inversionistas privados. Se aspira a reproducir en ella el modelo del Cerrado brasileño, un modelo de plantación a gran escala. Sin embargo esta visión para la Altillanura se enfrenta al hecho de que una buena parte de las tierras en esta región ya habían sido asignadas para la producción campesina a pequeña escala.

Informes de investigación de OXFAM - www.oxfam.org
(Fuente: ALAI)

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