Distribución equitativa de tierras: una promesa incumplida en Ecuador

En octubre de 2016 una delegación internacional de FIAN, formada por el Secretariado Internacional y las secciones de Ecuador, Colombia, Suecia y Alemania, se desplazó a Ecuador para observar y documentar la situación de derechos humanos, especialmente del derecho a una alimentación adecuada, de las familias miembros de ASOMAC (Asociación de Montubios Autónomos de Colimes).

Debido a la alta conflictividad de tierras en la costa ecuatoriana, FIAN Alemania aprovechó su estancia en la región para visitar otras haciendas de la zona y documentar la situación en la que se encuentran otras asociaciones campesinas afectadas por el Plan Tierras. Tras este viaje, FIAN Alemania constató las amenazas a la soberanía alimentaria y a los derechos a una vivienda digna y a la educación, resultado de unas políticas que premian a los intereses económicos por encima de los derechos de los y las campesinas.

El Plan Tierras como esperanza para la distribución equitativa de tierras:

En octubre de 2009 el Gobierno ecuatoriano lanzó el Plan Tierras, cuyo objetivo era la distribución de 2,5 millones de hectáreas de tierra entre asociaciones campesinas a lo largo de 4 años, cumpliendo así la promesa de una distribución equitativa. Siete años más tarde, ese objetivo no sólo no se ha cumplido, sino que la desigualdad ha aumentado, especialmente en la región costera, donde se registra un mayor índice de concentración de tierras. La misión internacional de investigación a Ecuador reveló que, a través de sus políticas, el Estado ecuatoriano contribuye al aumento de conflictos de tierras.

Una política agraria fallida: El caso ASOMAC

Un ejemplo de dicha conflictividad lo representa el caso de la Asociación de Montubios Autónomos de Colimes (ASOMAC), acompañado por FIAN Ecuador. En el año 2004, los trabajadores y habitantes de la Hacienda “La Leopoldina” solicitaron la adquisición por parte del Estado de dicho terreno para asegurar su futuro en la hacienda y evitar que fuera adquirida por traficantes de tierras. Con este objetivo las 120 familias que en ella habitaban constituyeron la asociación ASOMAC.

En abril de 2009, el Ministerio de Agricultura (MAGAP) reconoció a ASOMAC la garantía posesión de las 475 hectáreas que legalmente venían ocupando y en octubre de ese mismo año decidieron llevar a cabo el lanzamiento del Plan Tierras en la propia hacienda “La Leopoldina”. Sin embargo, la promesa del Estado se vio rápidamente incumplida al admitir las solicitudes de otras dos asociaciones campesinas, La Lagartera y Primero de Junio, creadas expresamente para acceder y beneficiarse del Plan Tierras y por consiguiente incumpliendo los requisitos exigidos por el propio Plan. De manera fraudulenta, el MAGAP, decidió dividir La Leopoldina en tres partes, otorgando sólo 325 hectáreas de las 475 garantizadas a ASOMAC, y el resto a La Lagartera y Primero de Junio. Las 150 hectáreas otorgadas a La Lagartera eran los terrenos en los que vivían 44 familias de ASOMAC que precisamente lindaban con el río y a través de los cuales, con ayuda de un sistema de riego construido por las y los campesinos montubios proveía de agua al resto de tierras de la asociación.

En el año 2012, ASOMAC, acompañada y asesorada por la Unión Tierra y Vida, de la que son miembros, interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Guayaquil, quien, en marzo de este año les dio la razón al calificar de ilegal la decisión del MAGAP de entregar esas 150 hectáreas a La Lagartera. Sin embargo esta decisión fue recurrida por el Ministerio y está en la actualidad pendiente de sentencia firme del Tribunal Supremo en Quito.

A pesar de estar todavía el caso en manos de la Justicia, el 11 de diciembre de 2015 las 44 familias montubias que habitaban y cultivaban las 150 hectáreas concedidas a La Lagartera fueron desalojadas de manera violenta y sin notificación previa, por unos efectivos formados no sólo por 150 policías sino por un número aún mayor de civiles, entre los que se encontraban algunos miembros de La Lagartera, portando además camisetas verdes, del partido del Gobierno. Durante el desalojo las casas de las familias montubias fueron destrozadas, así como toda su maquinaria y sistemas de agricultura y riego, echándose completamente a perder toda la cosecha que estaban preparando. De la noche a la mañana, las 44 familias con sus hijos se vieron sin casas y sin tierras, con los consiguientes efectos físicos y psicológicos, de los que aún no se ha recuperado. Estas familias encontraron acogida en sus compañeros de ASOMAC, quienes los alojaron en sus casas y más adelante cedieron parte de sus tierras para que sus vecinos desalojados pudieran empezar de nuevo sus vidas. Con el desalojo no perdieron 44 familias sino las 120 que forman ASOMAC.

Un año después del desalojo violento, su situación continúa siendo preocupante, especialmente por la falta de acceso a agua, del que están privados desde que parte de sus tierras a orillas del río así como sus sistemas de riego les fueran arrebatados. Sin agua no es posible cultivar la tierra para obtener alimentos para el consumo propio y la venta, de la que se obtenían ingresos extra. Esta situación ha hecho que los campesinos y campesinas de ASOMAC se encuentren altamente endeudados: sin acceso a agua no pueden cultivar la tierra, por lo que no pueden obtener productos para vender y conseguir ingresos para pagar las tierras que les adjudicó el Plan Tierras. Al no tener ingresos tampoco pueden invertir en maquinaria o mejoras para poder cultivar la tierra. En la actualidad se encuentran en un círculo vicioso, en el que les ha colocado una decisión ilegal del MAGAP y del que es imposible salir.

“Las Mercedes” y “Los Ángeles”

Acompañada por FIAN Ecuador y Tierra y Vida, FIAN Alemania tuvo la oportunidad de visitar Las Mercedes y Los Ángeles, dos haciendas de la provincia del Guayas, cuyas asociaciones campesinas también se ven afectadas por los conflictos creados por las políticas agrarias.

En las más de 2.000 hectáreas de la hacienda “Las Mercedes” viven y cultivan la tierras desde hace varios años nueve asociaciones campesinas y ganaderas. A pesar de que el Estado les ha reconocido sus garantías posesorias, aún ninguna tiene el título de propiedad prometido. Sin un título de propiedad no pueden adquirir créditos bancarios que les permitan invertir en maquinaria para el cultivo de sus tierras o el desarrollo del ganado.

Todas las asociaciones visitadas se enfrentan a numerosos retos. Las familias de la asociación de ganaderos “Félix Mora León” viven con 10 dólares semanales, cantidad que no es suficiente para garantizar unos estándares mínimos de vida. A esto hay que añadir un nuevo problema: el ganado que el Estado les ha vendido y que proviene de Paraguay, no ha logrado adaptarse a Ecuador y en los últimos meses han muerto cientos de reses. Ante esta situación ningún representante del Estado ha respondido a las llamadas de los ganaderos ni ha llevado a cabo ninguna medida para investigar lo que ha ocurrido, ni tampoco para ofrecer un remedio.

Las asociaciones “La Fe del Campesino” y “Licenciado Brito Mendoza” también tienen dificultades para cultivar sus tierras debido a la falta de acceso a agua. Junto a las amenazas a su derecho a la alimentación, también está en peligro el derecho a la educación de los niños y niñas, ya que la escuela se encuentra lejos y las familias no disponen de recursos suficientes para los billetes de autobús.

En la hacienda “Los Ángeles”, la situación de las asociaciones “Ni un paso atrás” y “Unidos Venceremos” es similar. Además de la inseguridad habitual creada por el Plan Tierras ya descrita los campesinos y las campesinas no disponen de recursos suficientes para pagar el precio que el Estado les reclama por las tierras adjudicadas. La única alternativa que les queda a los miembros de estas asociaciones es la pesca en el río Babahoyo, que, aunque insuficiente, les ayuda a alimentarse y en ocasiones a obtener algunos ingresos extra con la venta del pescado.

Un modelo de desarrollo que sólo beneficia a los grandes productores:

Estos son sólo algunos ejemplos de un modelo de desarrollo que choca frontalmente con el modelo del "Buen Vivir“ promovido en la Constitución de 2008. Tras observar la situación de diversas asociaciones campesinas de la costa ecuatoriana, FIAN Alemania concluye que las políticas agrarias del Estado sólo benefician a los grandes productores en sacrificio de las pequeñas y pequeños agricultores además de promover y aumentar la conflictividad de la tierra. Junto al “Plan Tierras”, el Gobierno ha adoptado y promovido varias normas que lo único que hacen es empeorar la situación. Así, la Ley de Recursos Hídricos, ha limitado los derechos de los pueblos indígenas y de las y los campesinos al conceder la administración del agua exclusivamente al Estado y ya no a las comunidades tradicionales. La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, favorece exclusivamente a los grandes exportadores como la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos. Finalmente la Ley de Semillas, de próxima adopción y que responde a las exigencias del Acuerdo Comercial con la UE, prohíbe y criminaliza la utilización e intercambio de semillas tradicionales, práctica habitual y centenaria entre las comunidades. Las grandes firmas como Bayer y Monsanto serán las grandes beneficiarias de esta ley.

Es preciso señalar, que los casos visitados por FIAN Alemania, a los que estará dando visibilidad a nivel internacional, muestran varias amenazan al derecho a una alimentación adecuada y otros derechos económicos, sociales y culturales, que a meritan soluciones con un enfoque holístico. El Estado ecuatoriano debe dar una solución urgente al problema de acceso a agua, que de forma literal está ahogando a las y los campesinos, inmersos en una espiral de deudas de la que sin agua, no pueden salir. Asimismo, el Estado debe implementar definitivamente y de forma correcta el Plan Tierras, asegurando que en Ecuador existe una distribución real de tierras entre aquellos que más lo necesitan. Por su parte FIAN Alemania recuerda a la UE y todos sus Estados miembros su compromiso de hacer prevalecer los derechos humanos por encima de los intereses comerciales, responsabilidad que en la práctica muy habitualmente se les olvida y que conlleva consecuencias muy graves para las y los campesinos, en este caso, de Ecuador.

Fuente y foto: FIAN Ecuador