Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina

Escrito por Arantxa Guereña, bajo la dirección de Sthephanie Burgos, gerente para políticas de justicia económica, Oxfam América

3/08/2017

La extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es uno de los grandes problemas sin resolver en América Latina, al mismo tiempo causa y consecuencia de estructuras sociales enormemente polarizadas y niveles intolerables de pobreza y desigualdad. Sin políticas que aborden este reto no será posible reducir la desigualdad económica y social en la región.

La disputa por la tierra ha provocado conflictos internos y desplazamientos en muchos países. Y el control del territorio sigue siendo una fuente de poder económico y político que a menudo se ejerce mediante la represión y la violencia. Pese a la creciente migración hacia las ciudades, en gran medida debida a la falta de oportunidades en las áreas rurales, la competencia por la tierra se ha intensificado con la rápida expansión de actividades basadas en la extracción y explotación de los recursos naturales. Se trata de una lucha muy desigual entre actores poderosos que concentran los beneficios de esa explotación y millones de personas cuyos derechos se ven afectados –especialmente hogares indígenas, afrodescendientes y campesinos, y las mujeres en particular. Estos últimos son frecuentemente víctimas del desplazamiento, la pérdida de sus medios de vida y el deterioro ambiental de su entorno.

La mayoría de los gobiernos de la región, independientemente de su color político, han mantenido la apuesta por el extractivismo –un modelo productivo basado en la extracción y explotación de los recursos naturales para obtener grandes volúmenes de materias primas– como el principal motor de sus economías. Los altos precios de las materias primas permitieron a algunos de ellos alcanzar tasas de crecimiento sin precedentes. Pero la reciente caída en el precio de los hidrocarburos ha demostrado cómo la dependencia del modelo extractivista implica someterse a los vaivenes del mercado global, además de ser insostenible en el largo plazo y fomentar los conflictos territoriales y la desigualdad.

Este informe se enfoca en la tierra como un recurso central en disputa. Su extrema concentración es un problema desatendido en las políticas públicas a pesar de no estar restringido al mundo rural, pues repercute sobre el desarrollo económico y social de los países en su conjunto. La desigualdad en torno a la tierra limita el empleo, amplía los cinturones de pobreza urbana con la expulsión desde las zonas rurales y socava la cohesión social, la calidad de la democracia, la salud del medioambiente y la estabilidad de los sistemas alimentarios locales, nacionales y globales.

Lamentablemente, la opacidad en las transacciones y los obstáculos para el acceso a la información impiden conocer quiénes son los verdaderos dueños de la tierra en la región. Las limitaciones estadísticas tampoco permiten dimensionar la magnitud real de la concentración hoy en día. Pero no hay duda de que las dinámicas globales están acelerando el acaparamiento y la reconcentración al combinarse una demanda insaciable de materias primas y energía con un mayor acceso a capitales de inversión y a lucrativos mercados internacionales.

El informe ofrece una mirada regional, consciente de las importantes diferencias entre países y entre subregiones. Se basa en investigaciones nacionales y estudios de caso encargados por Oxfam en Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, un estudio sobre género y acceso a la tierra en Centroamérica y otros trabajos de análisis realizados por Oxfam y sus aliados en distintos países. Con el propósito de contribuir a un debate relevante para la región, se examinan los problemas y dinámicas comunes, sabiendo que existen casos particulares que se pueden alejar de estas tendencias.

La primera sección analiza la desigualdad en torno a la tierra desde varios ángulos, así como sus implicaciones en distintas esferas de la vida, especialmente lo que representa para los grupos más vulnerables y sobre todo para las mujeres. También analiza cómo la lucha por la tierra ha sido el germen de conflictos armados y al mismo tiempo un elemento imprescindible para alcanzar la paz.

La segunda expone la dimensión actual del problema de la extrema concentración de la tierra, basándose en los datos más recientes disponibles que permiten trazar la brecha en el acceso y control de la tierra agrícola en los diferentes países y en el conjunto de la región.

La tercera sección profundiza en la expansión acelerada de los usos extractivistas –incluyendo la extracción de minerales e hidrocarburos, el aprovechamiento forestal, la agricultura industrial a gran escala y la ganadería extensiva– sobre los territorios campesinos, afrodescendientes e indígenas y las áreas naturales; y cuestiona la injusta distribución de los impactos y beneficios que se obtienen de explotar la tierra y los recursos que alberga.

Las siguientes secciones se aproximan a un análisis de poder centrado en los actores con intereses y derechos sobre la tierra. La cuarta se enfoca en las élites que concentran el poder económico y político, tanto en el ámbito nacional como en el global. Mientras que la quinta se centra en los grupos cuyos derechos están más desprotegidos y que carecen de suficiente representación política: las mujeres rurales, subordinadas a un poder patriarcal; los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios son invadidos y degradados por el avance del modelo extractivista; y los movimientos campesinos, perseguidos y criminalizados por defender su derecho a la tierra y sus medios de vida.

La sexta sección profundiza en las políticas nacionales que, bien por acción o por omisión, crean el caldo de cultivo para la desigualdad en el acceso y control de la tierra. También expone algunos mecanismos de captura del Estado por los cuales las élites perpetúan su dominio a costa de los derechos de las mayorías.

Y para concluir, se formulan algunas recomendaciones de carácter general que pretenden ser elementos para la discusión sobre cómo avanzar hacia sociedades más justas donde el interés público limite el poder de las élites, donde la tierra y otros recursos productivos se encuentren mejor distribuidos y donde los derechos de todas las personas no solo estén reconocidos en el papel sino también protegidos de forma eficaz.

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