Despojan tierras en Yucatán, bajo engaño
Con la complicidad de autoridades civiles, agrarias y representantes ejidales en las comunidades rurales, durante los 10 últimos años ha aumentado la compra venta de tierras; pagan a 5 pesos el metro cuadrado.
La forma es la misma: con la supervisión –que se convierte en complicidad- de visitadores de la Procuraduría Agraria se realizan asambleas ejidales repletas de los más diversos vicios: desde la falta de convocatorias de asambleas, las horas inhábiles en las que se realizan y el mecanismo de dividir los criterios entre los ejidatarios; el fin es dar paso a una nueva forma de privatización de los ejidos al quitárselos a los campesinos y entregarlos a los “empresarios e inversionistas”.
En Yucatán existe una superficie de 2 millones 160 mil hectáreas de tierras ejidales, de las cuales, desde la reforma al artículo 27 Constitucional, han sido regularizadas de acuerdo con registros en la Procuraduría Agraria, un millón 500 mil hectáreas, de estas un 50 por ciento, es decir, unas 750 mil hectáreas ya son propiedad de minifundistas, empresarios e inversores.
Los interesados en apoderarse de las tierras ejidales de los yucatecos, campesinos en su gran mayoría maya-hablantes que no entienden del todo el español mucho menos saben leer o escribir en este idioma, buscan establecer desde pequeñas empresas turísticas, como pequeños hostales, restaurantes, plazas, desarrollos viviendísticos, grandes hoteles, almacenes, bodegas, industrias diversas hasta parques fotovoltaicos, aprovechando para ellos los recursos naturales que provee la tierra y el sistema de cenotes subterráneos y abiertos.
Pelea recrudecida
El pleito por las tierras ejidales resurgió con las reformas al Artículo 27 constitucional en el año 1992; se abría la posibilidad de que personas externas y ajenas al campo pero con solvencia económica se “asociaran” a los campesinos para invertir en las tierras, supuestamente hacerlas producir con el uso de las nuevas tecnologías en el riego y la producción, este nuevo esquema era interpretado tanto por los inversionistas como por las autoridades de acuerdo a los intereses económicos de cada quien, plantea Bartolomé Puga Torres, representante de la Coalición Nacional Campesina y Urbana.
Aunque la ley no establecía el término compra –venta en tierras ejidales, sino enajenación y cesión de derechos, las primeras transacciones entre “inversionistas” y ejidatarios yucatecos se dieron por la vía económica, aunque nunca se han pagado precios justos por la tierra, estas transacciones sirvieron para viciar a los campesinos.
“Los empresarios han arrasado –en los últimos 10 años- con miles de hectáreas en los municipios del interior de Yucatán; se meten a las asambleas, dividen a los ejidatarios y los convencen de “vender” en 5 pesos el metro cuadrado”, expone el representante campesino.
En Chocholá, acabaron con las tierras
Uno de los casos más representativos en esta lucha desigual entre inversionistas con dinero y ejidatarios con la necesidad de obtenerlo, es el del municipio de Chocholá, donde una reserva de bosques de más de 15 mil hectáreas, es objeto de un litigio desde el 2012.
Esta municipalidad rural cuyos habitantes antes se dedicaban a la siembra del maíz y la producción de miel, hoy se encuentra sumergida en la división y el abandono; a medio día es posible ver a decenas de hombres sentados bajos los árboles del parque central.
“Aquí no hay mucho por hacer, ya no se siembra maíz, ni hortalizas, solo muy contados campesinos tienen alguna parcelita para su consumo; se acabó el henequén pero no pudimos meter ningún cultivo que lo sustituyera; la producción de miel año con año va bajando”, mencionan entre otros Justino Pool y Luis Caamal Huchin, quienes hablan también del conflicto agrario que está por cumplir 7 años y que trajo la división de los ejidatarios en dos bandos: los que están a favor de la venta de tierras y los que no concuerdan con esta decisión.
“A mucha gente, en especial a los ejidatarios de la tercera edad, los enviados de los hermanos Abraham Mafud, les dicen que para qué quieren la tierra, que mejor la vendan y que con el dinero que les darán, se vayan a pasear, a lugares a los que nunca han salido”, denuncia por su parte Claudia Fabiola Cob Durán, presidenta del Comisariado Ejidal de Chocholá.
Ella recalca en los nombres de los hermanos Carlos y Raúl Abraham Maffud, como los interesados en quedarse con los terrenos ejidales para explotar la piedra caliza.
Hay muchas promesas de compra – venta entre los ejidatarios y los prestanombres de los hermanos, los cuales fueron firmados o solo puestas las huellas de los ejidatarios en hojas en blanco, a las que luego ellos agregaron textos que no correspondían a lo prometido. Muchos ni se enteraban qué estaban comprometiendo, porque hay personas en el ejido que no leen ni hablan español, aseguró la representante.
Procuraduría Agraria, aliada de empresarios
Claudia Fabiola Cob Durán, presidenta del Comisariado Ejidal de Chocholá, acusa a los hermanos Carlos y Raúl Abraham Maffud, de intentar quedarse con los terrenos ejidales.
La Procuraduría Agraria (PA) es una aliada pero no de los ejidatarios, sino de los empresarios, de hecho en su momento, Manuel Ontiveros Sosa, era quien realmente controlaba a la Procuraduría, fue quien trajo a Chocholá a los compradores de las tierras.
“Nuestro territorio, es nuestra identidad como pueblo maya, y los empresarios que ambicionan nuestras tierra buscan exterminarnos, acabar con nuestra memoria y negarle la oportunidad a nuestros hijos de conocer la selva, nuestros cenotes, por lo que ahora somos reconocidos mundialmente”, agregó la representante ejidal.
Pero en Chocholá no todos somos ignorantes, nos hemos puestos a investigar y sabemos que para todo Yucatán hay 19 megaproyectos, para instalar parque de paneles solares y energía eólica con lo cual se van a devastar miles de hectáreas sin respetar la libre determinación de los pueblos originarios ni su derecho a la vida y a conservar su esencia y su hábitat.
Muchas especies nativas endémicas están en peligro. Estamos peleando contra el poder, pero como pueblo tenemos que organizarnos y defendernos y eso es lo que hemos estado haciendo al recurrir a los tribunales agrarios donde hemos entregado todos los documentos que disponemos.
El despojo es en varios municipios
Chocholá solo es la punta de la madeja en el despojo de tierras a campesinos y ejidatarios, pues existen similares conflictos en Muna, Seyé, Cholul, Muxupip, Tecoh y Acanceh, en donde empresarios yucatecos en contubernio con autoridades pasadas y actuales de la Procuraduría Agraria y Civiles se han apoderado de miles de hectáreas de terrenos.
En estas localidades no solo es la división ejidal y la “entrega de espejitos” a los ejidatarios, la ambición ha ido más allá al falsificar actas, firmas y aplicar prácticas fraudulentas como hacer firmar a los labriegos hojas que no pueden leer, donde las mínimas sumas de dinero que reciben no son por una venta, sino aparecen como un “préstamo” con las tierras en garantía.
Flor Mendoza Sánchez, asesora legal de los ejidatarios de Cholul que se adhirieron al “Frente por la Defensa de la Tierra Felipe Carrillo Puerto”, formado a finales del 2018 precisamente ante el creciente problema de despojo de terrenos, ejemplificó los precios irrisorios que los inversionistas pagan a los campesinos con el caso de las 30 hectáreas donde se construyó el conjunto habitacional La Rúa, por las cuales un prestanombres pagó 59 millones de pesos cuando el valor real es de 109 millones de pesos, hechos por los que dijo, cursa una denuncia.
“La compra además se realizó con documentos falsos; en el juicio se está solicitando a la autoridad que ejerza la acción penal, ya que existen los datos suficientes para ello”, advirtió.
En Seyé, sus ejidatarios denunciaron que empresarios los despojaron de sus terrenos casi con las mismas argucias y entre los nombres enlistados como compradores figuran Alberto García Cárdenas, Alejandro Javier García Gamboa, Ana Carolina Milles Zorrilla, Fernando Alonzo de la Cámara Tomas, José Armando de Jesús Ceballos Chávez, quien también se ha apoderado ilegalmente de tierras en Muxupip, entre otros supuestas prestanombres.
“Estos empresarios se hicieron ejidatarios en 2015 y se apoderaron de mil 650 hectáreas que se encuentra en el kilómetro 24 a orillas de la carretera Mérida-Cancún”, manifestó Felipe Cetina Dzul, representante ejidal en Seyé.
Tren Maya, un imán
El proyecto del Tren Maya, que se supone traerá bonanza para los ejidatarios y campesinos, lamentablemente está siendo por personas con capital económico para sacar el mejor provecho, denunció Jorge Alberto Araujo López, del ejido de Muxupip.
Aun no inicia la construcción de las vías del tren y ya hay una gran cantidad de prestanombres de funcionarios, políticos y empresarios estatales queriendo apoderarse de las tierras, recalcó.
“Son mil 800 hectáreas que nos quieren quitar a los de Muxupip, para construir un paradero turístico y un campo de golf, pues quienes tienen ese proyecto de inversión ya saben que ahí va a pasar el Tren Maya”, advirtió Araujo López.
Largos juicios por enajenación de tierras
Los conflictos relacionados con la enajenación de las tierras y territorios mayas, se resume en dos palabras: burocracia e impunidad; muestra de ello son las 2 mil 203 hectáreas del ejido de Hunucmá para un aeropuerto, 586 del ejido de Oxcum en Umán para una planta potabilizadora, y 300 de Caucel en Mérida para el proyecto del zoológico, vendidas a Antonino Almazán Arteaga y su familia en 2005 y que aún se encuentran en litigio con cientos de ejidatarios a la espera de un pago justo.
Es preciso resaltar que en Hunucmá, apenas hace dos años en tiempo récord fue construida y puesta en operaciones una planta cervecera donde se producen 7 millones de hectolitros de cerveza al año.
Previo a su instalación diversas voces, entre estas la de Mario Rebolledo Vieyra, doctor en geofísica e investigador de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán (Cicy), advertían del riesgo del acuífero de la zona con el impacto y la alta demanda de líquido.
“Esta industria pone en riesgo el equilibrio entre agua dulce y salada del municipio costero, ya que la recarga de agua dulce al acuífero no será en la misma velocidad del uso”, advirtió en su momento el especialista.
A los pocos meses del funcionamiento de la cervecera ocurrieron las primeras quejas de los habitantes de Hunucmá en el sentido que los pozos de agua para consumo domiciliario “estaban secos” fue de tal magnitud la denuncia que durante el Primer Foro del Agua, organizado en octubre de 2018 por la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Yucatán, el presbítero Augusto Romero Sabido, hizo eco de la gravedad del problema.
NUMERALIAS
Impune saqueo de tierras
*Empresarios yucatecos en contubernio con autoridades pasadas y actuales de la Procuraduría Agraria y civiles se han apoderado de miles de hectáreas de terrenos
710 Ejidos en Yucatán
90 mil ejidatarios
2 millones 160 mil hectáreas de tierras ejidales en Yucatán
1.5 millones han sido regularizadas
750 mil hectáreas han sido privatizadas
1900 conflictos agrarios sin resolver por autoridades
Despojo de tierras en:
- Chocholá
- Muna
- Seyé
- Cholul
- Muxupip
- Tecoh
- Acanceh
Fuente: La Verdad