Desiertos verdes del suroccidente colombiano
Las plantaciones forestales, o desiertos verdes como les denomina parte de los movimientos sociales, son motivo de preocupación y movilización, por sus graves impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y políticos sobre territorios y comunidades locales.
Analizar la situación provocada por los monocultivos forestales de pino y eucalipto en el sur-occidente colombiano, especialmente en la región andina de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, nos acerca a la problemática que generan los desiertos verdes. No se trata de una situación aislada. Este caso representa una realidad común en todos los territorios afectados por la ocupación y expansión de los monocultivos forestales en toda la región andina del país. No obstante, los impactos en cada región dependen, obviamente, de las características locales, el sistema de ocupación y expansión empleado por empresas y/o proyectos forestales que operan de forma similar, y que afectan y destruyen elementos fundamentales para las formas de vida locales-tradicionales.
Estrategias de ocupación territorial. Uno de los impactos más relevantes en las regiones es la perdida de soberanía, territorial, alimentaria, política y sobre el patrimonio ambiental (agua, suelo, biodiversidad), una soberanía que deja de estar en manos de las comunidades cuando empresas o proyectos forestales ocupan las tierras con plantaciones, imponiendo las reglas o condiciones para el uso y disfrute del territorio. La ocupación de la que se habla se produce mediante diferentes estrategias, todas ellas con las mismas implicaciones:
Compra de tierras: Es una práctica común de las empresas forestales. Éste es el caso de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, propietaria de buena parte de la tierra de varios municipios del sur-occidente, y que, por ejemplo, indica en su almanaque institucional de 2007 que ocupa más del 10% del territorio de varios municipios.
La compra de tierras sigue siendo una práctica por parte de esta multinacional, lo que incrementa los porcentajes de concentración en la tenencia de la tierra en regiones donde los campesinos reclaman y adelantan procesos de adjudicación para garantizar su permanencia en el territorio —caso evidente en los municipios de Guacarí y Buga (Valle del Cauca), donde la empresa intentó en 2006 comprar varias haciendas de particulares para establecer plantaciones, con la clara oposición de las comunidades locales que actualmente adelantan un proceso de solicitud de esas mismas propiedades ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).
Alquiler de tierras: Otra forma de ocupación y control territorial es alquilar tierras, que pese a permanecer registradas como propiedad de un tercero, quedan bajo el condicionamiento, uso y restricción de las empresas forestales, con el atenuante de que por tratarse de cultivos permanentes la ocupación es por largos periodos de tiempo dependiendo de la especie cultivada (8 a 15 años), aunque en muchas zonas se encuentran plantaciones de mayor edad. El uso intensivo del suelo y su consecuente degradación, induce a muchos propietarios a vender las tierras a las empresas forestales luego del periodo de alquiler, obviamente por un precio más bajo del esperado por parte de los propietarios, al tratarse de suelos con mayor grado de degradación después del uso intensivo con plantaciones.
Contratos de cuentas en participación: Esta figura jurídica es empleada en la cuenca del río Chinchiná (Caldas), para el caso de plantaciones forestales implementadas como sumideros de carbono o Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) Forestales. Lo que se le propone a los propietarios es destinar toda o parte de sus tierras al establecimiento de plantaciones forestales, mientras que el proyecto que las impulsa, Procuenca, se encarga de conseguir fondos públicos y otorgar créditos para la actividad, además de gestionar la negociación de créditos de carbono. Aunque pueda parecer una opción beneficiosa, los resultados tras más de siete años de aplicación muestran lo contrario: imposibilidad de decidir sobre el uso y manejo de las tierras plantadas, daños en las microcuencas, deforestación para el establecimiento de monocultivos forestales, falta de información clara y precisa sobre las implicaciones del proyecto, entre otros muchos efectos que se analizan con detalle en la publicación referida.
Privatización del agua: Los notorios impactos sobre las fuentes y la disponibilidad hídrica hacen parte de los pronunciamientos y demandas de las comunidades afectadas. Las empresas suelen responder que dichas afirmaciones carecen del respaldo de investigaciones científicas. Pero se trata de una “privatización por apropiación” que tiene impactos sobre el recurso hídrico y las comunidades: el agua es privatizada por parte de particulares que se “apropian” del agua, “privando” de su acceso a las comunidades locales, es decir restringiendo el acceso al bien común.
Las plantaciones de pino y eucalipto en el sur-occidente de Colombia se encuentran fundamentalmente en las zonas medias de las cordilleras central y occidental, zonas que coinciden con los sitios de mayor concentración de comunidades rurales y de nacimiento de fuentes de agua y recarga de acuíferos. Así pues, las plantaciones se instalan en sitios con suministro de agua, con el fin de garantizar su crecimiento y desarrollo. Finalmente, afectan la cantidad, calidad y acceso de agua para las comunidades locales.
Las investigaciones que realizan las empresas forestales, insisten en afirmar que no existen alteraciones de los ciclos hidrológicos y que por el contrario las plantaciones aumentan y regulan los caudales en la cuencas; las evidencias ratifican lo contrario. Un inventario de cauces y fuentes desaparecidas podría mostrar cómo esos cauces que ya no existen se encuentran en medio de plantaciones forestales de pino o eucalipto, realidad que puede ser constatada para el caso de la desaparición de la Quebrada Vanegas en el Corregimiento de Costa Rica (Municipio de Ginebra-Valle del Cauca). Esta fuente de agua disponía de caudal permanente y era usada para abastecer a los pobladores locales, práctica común hasta hace treinta años, cuando el nacimiento y parte del cauce quedaron inmersos dentro de una plantación de eucalipto, con lo que el caudal comenzó a disminuir, siendo inexistente en la actualidad.
En términos de calidad y acceso, puede citarse el caso de la Quebrada Bomboná en el Corregimiento de Cumbarco (Municipio de Sevilla-Valle del Cauca). Esta corriente hace parte de las fuentes de agua que abastecen el acueducto rural de la zona, pero al igual que en otros casos, su nacimiento se encuentra hoy día enmedio de una plantación forestal, violando claramente la Ley 99 de 1993 que declara estas zonas como de protección especial, al tiempo que contraviene la normatividad que exige la protección de 100 metros alrededor de las zonas de nacimiento de agua. La situación provocó la movilización comunitaria, que al encontrar parte del cauce extinto y la existencia de contaminación proveniente de los productos y prácticas de manejo de la plantación, tomaron medidas. Actualmente existe un proceso que demanda la responsabilidad de la empresa forestal ante la autoridad ambiental y la Procuraduría Ambiental, solicitado por el Consejo del municipio.
El acceso restringido a las fuentes de agua se relaciona con el conflicto de “ocupación territorial”. Es decir, el hecho que un alto porcentaje de los nacimientos y cauces se encuentren en medio de zonas ocupadas por “desiertos verdes”, imposibilita el acceso pleno y efectivo de las comunidades locales a sus fuentes de agua, restringiendo la soberanía para el manejo de sus territorios, hecho que es evidente al recorrer las vías rurales, las cuales antes eran de uso comunitario y que ahora son vías de aprovechamiento forestal con avisos de circulación prohibida en predios privados, como en el caso del municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca.
La destrucción y degradación de los territorios en esa región es innegable y puede constatarse en documentos y pronunciamientos oficiales al respecto, por ejemplo la Resolución 360 del 26 de agosto de 1994 expedida por la Corporación Autónoma del Quindío (CRQ) que sancionó a la Reforestadora Andina (Filial de Smurfit Kappa-Cartón de Colombia) al establecer que “la responsabilidad de la compañía reforestadora está plenamente establecida toda vez que incumplió los requisitos técnicos y legales establecidos por la crq... situaciones que provocaron la alteración del medio ambiente, degradando los suelos por la quema y pérdida de la capa vegetal protectora y afectando gravemente el follaje del bosque natural, conducta que se considera atentatoria y grave en contra de la conservación y protección de los recursos naturales”.
Esa decisión, que da prueba de la deforestación de selvas nativas para establecer plantaciones forestales a gran escala, se repite en el caso del proyecto Procuenca, en cuyo caso algunos de los contratos reportan la existencia previa de cobertura forestal en áreas que luego fueron destinadas a plantaciones, lo que significa que deforestaron para dar paso al monocultivo.
Cuando estos conflictos empiezan a confluir en un territorio específico, y desaparecen formas de producción y trabajo, hay destrucción del tejido social, cierre de escuelas, supresión de rutas y medios de transporte (entre otros efectos acarreados por las plantaciones), se llega al impacto más drástico: “el desplazamiento y la desterritorialización de las comunidades locales” que abandonan los territorios ante las transformaciones provocadas por el modelo, que no da lugar a las formas tradicionales y sustentables de habitar el territorio. Lo anterior significa la desaparición paulatina de pueblos y culturas indígenas y campesinas.