Derechos de los campesinos: un balance del debate en Naciones Unidas

Ginebra, 26 de mayo.- El Grupo de trabajo de la ONU encargado de elaborar una declaración de los derechos de los campesinos celebró su tercera sesión entre el 17 y el 20 de mayo. Durante la reunión, estados miembros de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo participaron en el debate sobre la pertinencia del texto propuesto, antes de discutir en detalle el contenido de sus artículos.

Los estados que están a favor de la declaración, como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Sudáfrica, Irán y Egipto, señalaron la importancia de llenar los vacíos de la legislación internacional en materia de protección de los pequeños agricultores.

Por su parte, los estados que se oponen a la aprobación del texto, como los miembros de la Unión Europea o Estados Unidos, estimaron que fortalecer la implementación de los instrumentos de protección que ya existen es más pertinente que crear nuevos estándares.

La Resolución 21/19 del Consejo de Derechos Humanos, mediante la cual se creó el Grupo de trabajo, resaltó que “el 80 % de las personas que padecen hambre viven en el área rural, especialmente en países en desarrollo”. Esta observación puso de relieve la importancia de abordar las necesidades y proteger los derechos de los pobladores de las áreas rurales, quienes afrontan una discriminación desproporcionada.

Para Ecuador, el proyecto de declaración es la respuesta que la comunidad internacional debe dar a estas necesidades. La secretaria general de FIAN Internacional, Sofía Monsalve, también hizo énfasis en la urgencia de contar con esta declaración al señalar que representará el “reconocimiento de derechos en las legislaciones nacionales” y que su adopción facilitaría “la implementación del derecho internacional de los derechos humanos y la aplicación del marco normativo vigente”.

La Unión Europea, que rechaza el texto completo, se mostró en desacuerdo con esta posición toda vez que, desde su perspectiva, el proyecto de declaración no aporta en el análisis o evaluación de dicho marco normativo y carece de definiciones y referencias claras. Países Bajos, que tomó la palabra en nombre de la Unión Europea, participó activamente en el debate, pero no respaldó el proyecto de declaración.

Estados Unidos mantuvo sus reservas frente al texto con el argumento de que el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos de la ONU no son los mecanismos apropiados para abordar esta problemática. Por esta razón, se opuso a la aprobación de la integralidad de la declaración.

Suiza, por su parte, manifestó su beneplácito por la renovación del mandato del Grupo de trabajo y expresó su respaldo a la creación de nuevos derechos según el principio del consenso. Esto constituye un paso adelante por parte del Estado helvético, que fue más reticente a esta idea durante la segunda sesión del grupo de trabajo, celebrada el año pasado.

La iniciativa popular sobre soberanía alimentaria, lanzada en Suiza por la organización sindical campesina Uniterre y recientemente presentada a la cancillería federal, pudo haber influido en la posición del Estado. Dicha iniciativa abarca varios temas, incluyendo la agricultura local sostenible y la protección del medioambiente, principios centrales del ideal de la soberanía alimentaria.

La creación de nuevos derechos fue otro de los temas discutidos durante la sesión. Estados Unidos estipuló que no existe una definición internacionalmente aceptada del derecho a las semillas, asunto relacionado con la controversia entre los derechos de propiedad intelectual y el derecho a “conservar, utilizar, mantener y desarrollar sus propias semillas, cultivos y recursos genéticos”, postulado en el artículo 22 del proyecto de declaración.

La Unión Europea dijo estar preocupada por la representación de los campesinos como un grupo homogéneo. Sin embargo, Henry Saragih, presidente de la Unión Indonesia de Campesinos y coordinador general de La Vía Campesina, saludó la ampliación de la declaración y el hecho de que incluya más derechos con el fin de que pueda ser aplicada en diferentes contextos, reconociendo que cada país tiene diferentes prioridades en materia de protección de los campesinos locales.

Elizabeth Mpofu, representante de La Vía Campesina, planteó otros problemas relacionados con la situación específica de África. “Allí se están implementando muchas políticas, pero sin consultar a los campesinos”, sostuvo Mpofu, quien puso como ejemplo el caso de Zimbabwe, en donde los campesinos están presionando al gobierno para que respalde el uso de semillas locales ya que no pueden pagarse las que ofrece el mercado global.

Según ella, la declaración permitiría a los agricultores un mejor acceso a la información y reduciría la influencia de los intermediarios que entorpecen su capacidad de negociar los precios de las semillas.

Pero el anhelo de un reconocimiento legal de los pequeños productores no solo está presente en los países en desarrollo, sino también en Europa.

Geneviève Savigny, representante europea de La Vía Campesina, ve la posición de Estados Unidos y la Unión Europea como el reflejo de un problema filosófico global. Para ella “la Unión Europea está dispuesta a crear nuevos derechos comerciales, pero no a reconocer nuevos derechos humanos”. En su opinión, esto da la impresión de que ciertos países occidentales son aliados del mercado, pero no de la gente.

La elaboración de un instrumento legal internacional para la protección de los derechos de las personas que trabajan en zonas rurales sigue siendo un asunto delicado. El Grupo de trabajo, que se reunirá de nuevo el próximo año, todavía tiene pendiente un importante trabajo de persuasión para lograr la adopción universal de la declaración de los derechos de los campesinos.

26/05/2016

Texto: Élise Golay

Traducción: Carmen Lucía Castaño

Fuente: RIDH