Derechos humanos y defensoras ambientales

Parece curioso que en pleno siglo XXI aún estemos discutiendo sobre el medio ambiente como si viviéramos en una realidad alterna que no está del todo conectada con éste. Se han llevado a cabo distintos proyectos con ánimo de dejar atrás dicha dicotomía, una de las variantes que se ha planteado al respecto ha sido la de la “ecologización” de los derechos humanos, atendido a que sólo es posible el disfrute de los derechos humanos en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Dicho de otro modo, resulta difícil imaginar el derecho a la vida o a la salud y su pleno ejercicio en un medio con altos niveles de contaminación, tal como ocurre con las termoeléctricas en Puchuncaví, actual zona de sacrificio. Asimismo, desde algunas décadas se vienen procurando algunos cambios a nivel jurídico, sobre todo en lo que respecta en el ámbito internacional, al punto de que hay quienes se aventuran a proponer un cambio de concepto, pasando de un Estado de Derecho a un Estado Ambiental de Derecho, en donde los derechos ambientales jueguen un rol central y ya no secundario, como hasta ahora.

Uno de los puntos claves en el avance en esta materia, ha sido el rol que han logrado adquirir los defensores de derechos humanos relacionados con el medio ambiente, llamadas/os también defensoras/es ambientales, concepto que alude a aquellas personas o grupos de personas que en base a sus capacidades personales o profesionales luchan por la protección o promoción de derechos ambientales, quienes muchas veces no conocen el término, pero que deciden luchar por la vida, el agua, sus tierras ancestrales, o contra lo que esté afectando su comunidad. Pero dicho término, que en principio suena pomposo, en la realidad tiene un sin número de dificultades, es así como Global Witness nos recuerda constantemente cómo defensoras/es ambientales pierden la vida. Dicha institución señala que en 2018 se reportó el asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, lo que significa un promedio de más de tres asesinatos por semana, no está demás decir que la mitad de esos asesinatos ocurrieron en América Latina y que dentro de esa cifra no se cuentan aquellas que fueron atacadas o encarceladas.

Las/os defensoras/os ambientales se ven expuestas/os a asesinatos, actos de violencia, intimidación, campañas de difamación, además ciertos grupos se ven expuestos a vulneraciones cruzadas, como es el caso de los pueblos indígenas o de las comunidades rurales. Así también, se ven expuestas/os al uso en su contra de la legislación sobre seguridad nacional y terrorismo, actos de criminalización y acoso judicial, es decir, las legislaciones que debieran estar en pos de proteger, sólo han estado para obstruir su labor. 

Quienes adquieren este rol dentro de sus comunidades también son mujeres, quienes en su condición ven acentuados los peligros que significa ser una defensora ambiental, pues en muchos casos son excluidas de la propiedad de la tierra y de las decisiones o negociaciones que se llevan al respecto. Así, no sólo luchan por defender los derechos ambientales, sino también por ejercer el rol de defensora, pues se ven expuestas, por ejemplo, al ser madres a ser tachadas de “malas madres” por supuestamente desatender a sus hijas/os, a ser silenciadas o a que su labor no se vea reconocida pues esos “no son lugares para una mujer”, todo muy relacionado con estereotipos de género, además de ser amedrentadas con amenazas de violencia sexual, lo que finalmente se traduce en un mensaje a todas las mujeres, a que nos callemos, a que no seamos líderes, a que nuestro lugar siga siendo el que históricamente se nos ha dado, un lugar secundario, sin voz.

El asesinato de Berta Cáceres sigue aún en la memoria: una mujer hondureña, indígena, defensora ambiental, quien fue atacada en su casa el 3 de marzo de 2016 por hombres de la empresa hidroeléctrica contra la cual luchaba. Nos parecen terribles estos casos que ocurren más allá de nuestras fronteras, pero en Chile también matan defensoras ambientales. Tenemos un caso del mismo año, el asesinato de Macarena Valdés, mujer mapuche que se oponía a la construcción de una central hidroeléctrica de la transnacional RP Global S.A., caso que en primer lugar quisieron hacer pasar por un suicidio, pero que la segunda autopsia descartó. Hace pocas semanas se cumplieron tres años de su asesinato, y aún no hay respuestas concretas, la familia sigue luchando para que la investigación no se cierre y no se sigan perdiendo informes, el sentimiento de impunidad se mantiene. 

Como ABOFEM, creemos que hoy existe una oportunidad para mejorar la situación de las/os defensoras/es ambientales, al menos a nivel legal, el llamado Acuerdo de Escazú. Éste contempla en su artículo noveno a los/as defensores/as ambientales, y hace un llamado al Estado a garantizar un entorno seguro, a reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores y a prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones de las que sean objeto. Sin embargo, el gobierno de turno sigue haciendo oídos sordos al llamado de la población y de las organizaciones a firmar el Acuerdo, escudándose en los avances que tiene el país en materia ambiental, pero que sin duda son insuficientes. 

En tiempos de crisis climática, el llamado es a que el derecho a un medio ambiente saludable no sea sólo una consigna sino una realidad; a que defender la tierra y el medio ambiente sea una oportunidad para mejorar como sociedad y no un peligro; y a que ser niña o mujer no implique un riesgo más en la lucha contra el sistema extractivista. 

Fuente: El Mostrador