Defender las semillas, una vez más

Hablar de semillas es hablar de la base de todo sistema agroalimentario y agroindustrial. En esa centralidad radica su condición estratégica, y las transforma en terreno de feroz disputa a nivel mundial entre proyectos que son esencialmente antagónicos: el del Agronegocio que busca controlar el conjunto del sistema para maximizar ganancias, apropiándose no sólo del valor del trabajo sino de bienes comunes como las semillas; y el paradigma de la Soberanía Alimentaria, que busca garantizar el derecho de los pueblos a decidir qué alimentos producir, bajo qué condiciones y procesos, y plantearse lógicas propias de distribución y consumo. Y ese derecho sólo se puede ejercer con semillas en las manos de quienes han sido desde siempre las y los grandes protagonistas de la epopeya de la alimentación.

Escondida por los millones en publicidad de ese puñadito de mega-corporaciones que se arroga el mérito de “alimentar a la humanidad”, la realidad es que son las y los campesinos, pescadores artesanales, pastoras trashumantes y pueblos originarios quienes producen entre el 60 y el 80% de lo que alimenta a la humanidad en todo el mundo con apenas el 25% de la tierra cultivable. Esto es así desde hace miles de años, y en ese proceso se creó la enorme diversidad de alimentos que nos alimenta como especie.

Con las semillas es imposible plantear autorías, porque los momentos inaugurales que solemos asociar a los descubrimientos, pierden su rastro en millones de manos y diferentes culturas, a lo largo de los 10.000 años que tiene la agricultura. Quién diga que “descubrió” una semilla, miente; quién sostenga que es “suya”, roba. Son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y por eso enfrentamos los intentos de las corporaciones por apropiárselas.

En ese sentido, desde el 2012 en Argentina vivimos distintos intentos de modificar la Ley de Semillas (nro. 20.247) para amputar el derecho de uso propio de las y los productores, y obtener el cobro de regalías por derechos de obtentor (que son una forma particular de derechos de propiedad intelectual), que pretenden las corporaciones semilleras. Después de haber evitado que el macrismo modifique la ley en 2018, 10 años después, con un gobierno de otro signo, estamos ante lo que parece la antesala de un nuevo intento.

HB4 y después

Con el primer gabinete de Alberto Fernández asumió Luis Basterra en el Ministerio de Agricultura (MAGyP), aunque el grueso de las decisiones relacionadas al complejo agroindustrial pasaban por el Ministerio de Producción que conducía Matías Kulfas. Pero durante la gestión de Basterra en MAGyP se firmó la Resolución 41/2020, completando la  liberación comercial del trigo transgénico HB4 de Bioceres, ad-referendum del ok brasileño. Con este “casi ok” en la mano, la empresa comenzó a firmar contratos de siembra que abarcaron más de 50.000 has en 12 provincias. Este hecho es de suma importancia por lo que vendría una vez que el primer evento transgénico de trigo del mundo venciera las resistencias de una serie de países destino de nuestras exportaciones, sobre todo el Brasil.

Bioceres se presenta como una empresa “nacional”, pero su devenir corporativo la ubica en otra condición: cotiza en la bolsa de Nueva York, su CEO Federico Trucco preside actualmente la Cámara Argentina de Biotecnología, y anota entre sus accionistas a personas a ambos lados de “la grieta” como Gustavo Grobocopatel, Hugo Sigman, Héctor Huergo (¿y Raquel Chan?), junto a otras corporaciones como  Bayer-Monsanto.

Como se sabe el trigo transgénico (evento IND-ØØ412-7), combina la tecnología HB4 de “resistencia a la sequía” y la tolerancia al herbicida glufosinato de amonio. Se presenta como una “solución” frente a los rigores que plantea la crisis climática, de la cual el modelo agroindustrial es responsable directo. Ante los imperativos de “sustentabilidad” y “aumento de productividad”, la tecnología de Bioceres se ofrece como una opción “virtuosa”.

Sin embargo, el Ingeniero Agrónomo Fernando Frank comparó los rindes del trigo en 2021 en distintas provincias con los rindes del trigo HB4, y comprobó que el trigo transgénico rindió 31% menos contra el promedio nacional; y también fue menos al compararlo con el promedio de la serie desde 2011. La promesa de “resistencia a la sequía” también se esfuma al comparar el rendimiento del HB4 con datos de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías: los rindes del trigo transgénico son más bajos ahí donde hubo secas, con disminuciones enormes para provincias importantes como Santa Fe (-47%) o Buenos Aires (-31.5%). Ni rinde, ni resistencia a la sequía, lo que sí va a aumentar es la liberación de agrotóxicos, que en el caso de un cultivo de invierno cierra un ciclo anual tóxico; sobre todo tratándose de glufosinato de amonio es 20 veces más tóxico que el glifosato y está prohibido para uso agrícola en la Unión Europea.

No obstante, con la vía administrativa liberada para el trigo HB4, las corporaciones volvieron a la carga para cercenar el derecho de uso propio de los agricultores. Algo así como “ahora que tenemos la semilla aprobada en la mano, queremos la ley que nos garantice regalías por ella”.

Las semillas y el multiverso Frente de Todos

Con la derrota electoral de 2021 y la crisis del gobierno, llega la una reestructuración importante donde se incorporan Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete, Aníbal Fernández en Seguridad, y Julián Domínguez (nuevamente) en Agricultura (MAGyP), un viejo conocido del sector agropecuario, y que reconoce al trigo HB4 como un proyecto “propio”, al que se declaró dispuesto a “defender a capa y espada”.

Apenas asumido, Domínguez se presentó ante el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena reunido en el CCK, y frente al conjunto de las organizaciones del sector declaró: “Voy a ser implacable con los controles del Estado a la hora de cuidar a la Madre Tierra, pero tampoco me voy a comer el discurso de grupos que no tienen nada que ver, ni con la tierra, ni con la producción, y que pretenden dividirnos e intoxicar a la opinión pública”. Lo secundaban en esa mesa (entre otres) Miguel Gómez, Secretario de Agricultura Familiar Campesina Indígena (SAFCI); y Joaquín Serrano por entonces titular del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Desde la SAFCI se lanzó durante el 2020 el Programa Semillar, cuyo objetivo es “asegurar el abastecimiento, creación y/o el fortalecimiento de sistemas de rescate, mejoramiento, recuperación e intercambio de semillas nativas y criollas orientados a la sostenibilidad de los sistemas de producción de la AFCI”. Hasta hoy relevó el estado de situación de estas semillas en las distintas regiones del país, construyó una red de referentes y realizaron capacitaciones. El 2 de junio de 2022, también durante la reunión del Consejo Nacional de AFCI y por boca del propio Presidente Fernández secundado por el Ministro Domínguez,  se anunció la demorada reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la AFCI (nro. 27.118) con la correspondiente partida presupuestaria. El texto aprobado en diciembre de 2014 tiene un importante capítulo sobre semillas y reconoce con fuerza de ley importantes reivindicaciones del sector. También establece la creación de los CeProSeNA por región para darle impulso a la producción de semillera. Hasta la fecha, el decreto reglamentario no fue publicado en el Boletín Oficial.

Joaquín Serrano, con terminales políticas en el Instituto Patria, conducía el INASE hasta la asunción de Domínguez. Durante su gestión avanzaron algunas iniciativas importantes, sobre todo un proyecto de Resolución que permite la comercialización de semillas nativas y criollas, algo que la Ley de Semillas no permitía, y que colocaba en la clandestinidad todo el diverso entramado de ferias de intercambio y circulación de semillas de la AFCI, que es la base del sostenimiento de la agrobiodiversidad que el agronegocio simplificó hasta el ridículo poniéndonos en enorme peligro. Con Domínguez, Serrano dejó el INASE y en su lugar asumió Obdulio San Martín que viene del Grupo Don Mario, la semillera más grande del país, con fuerte desarrollo global sobre todo en China y Estado Unidos. Apenas asumido, San Martín se asumió como un defensor de los derechos de obtentor y declaró que el gran pendiente de la política pública con el agro es la modificación de la Ley de Semillas.

El 20 de julio distintos portales de noticias que reproducen la voz del agronegocio anunciaron que desde el Ministerio Agricultura se impulsa la creación de un canon sobre la semilla reservada para “uso propio”, que deberían pagar obligatoriamente los productores y con el cual buscarían “compensar las pérdidas” de las corporaciones semilleras por el legal ejercicio de este derecho. Para Antonio Aracre, CEO de Syngenta, se trataría del “anuncio más importante y disruptivo de los últimos 20 años para el futuro del Agro en Argentina”.

Forzar el cobro de un canon a quienes ejercen un derecho, para “indemnizar” a quienes no lo tienen, sin dudas es …“disruptivo”.

Gestiones y disputas

Con el cálculo de que no dan los tiempos ni la fuerza para impulsar una nueva Ley de Semillas, desde contubernios entre funcionarios y empresas aparecen este tipo de iniciativa, a todas luces ilegal. Pero no olvidemos que la ilegalidad nunca ha sido un problema para el agronegocio: así introdujeron los transgénicos a muchos territorios, por contrabando; así se aprobó en 1996 la primer soja transgénica de Monsanto, sin siquiera traducir los documentos de la propia empresa; así se aprueban transgénicos en la CONABIA y agrotóxicos en el SENASA, con jugadores a ambos lados del mostrador; así se eluden millones de dólares, en un entramado de filiales y subsidiarias de las mismas empresas que se compran y venden endogámicamente; así desalojan a comunidades campesinas e indígenas, con papeles fraguados, violencia y complicidad judicial; así se convalida hasta hoy una estafa tan flagrante como la de Vicentin; así desmontan y queman; así remarcan y especulan. Esta es la realidad mugrienta que esconde el marketing, el tono frendly y una estética sobria.

Pero en este derrotero también es importante mencionar que el trigo transgénico HB4, que venía siendo aprobado país tras país, tuvo un freno contundente cuando la Justicia de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al amparo de un conjunto importante de organizaciones y productores agroecológicos. Acciones de resistencia importantes como la campaña Con Nuestro Pan No, y los  Panazos organizados desde la Plataforma Socioambiental; los contundentes pronunciamientos de científicos alrededor de la iniciativa Trigo Limpio, o en pocos días la Red Semillera de Misiones que celebra 25 años de defender, circular y multiplicar semillas para la Soberanía Alimentaria; son todas expresiones de una sociedad que va comprendiendo las lógicas que dominan nuestro sistema agroalimentario, y también avanza en su superación a partir de propuestas agroecológicas y asociativas, de producción, comercialización y consumo.

La gestión del Frente de Todos viene transitando un degradé del que quizá no conocemos aún su tono más oscuro. Después del reconocimiento de la brutal estafa que significó el endeudamiento del ciclo macrista y las reestructuraciones con tenedores privados y el FMI, se instaló una versión local del famoso “there is no alternative” (no hay alternativa) de Thatcher. En ese clima de impotencia, la pobreza escaló descontroladamente de la mano de la especulación desbocada de los sectores concentrados de la economía en alianza con el poder mediático. Frente a ellos, el gobierno rehusó a ponerles límites y optó por un “diálogo” ante el que siempre le mostraron los dientes con creciente beligerancia. La debilidad del gobierno (y también las limitaciones de las fuerzas populares) es leída por el capital concentrado como una oportunidad (más) para consolidar su posición dominante y avanzar en cuestiones estratégicas donde la resistencia popular le puso límite hasta ahora: como las semillas.

Si todo esto avanza será clave la capacidad de reacción que las organizaciones sociales, populares, campesinas y ambientales podamos tener, y el grado de articulación que podamos construir. Y no sólo para resistir nuevos intentos de apropiación de las semillas, que son patrimonio de todos y todas, sino también para despabilarnos de tanto “no se puede” y, aún en tiempos difíciles, apostar a la vitalidad de proyectos de país con lugar para todos y todas, en mayor armonía con el resto de la vida.

Fuente: Huerquen, Comunicación en Colectivo