Declaración de los pueblos indígenas de Brasil, ante la violación de sus derechos

Nosotros, los caciques y líderes indígenas de todo Brasil, movilizados en Brasilia, con cerca de 1.500 participantes de más de 100 diferentes pueblos indígenas y al mismo tiempo, también movilizados en varios estados de la Federación, desde el 30 de septiembre al 5 de octubre 2013, en alianza con otros movimientos y poblaciones (quilombolas, comunidades tradicionales y campesinos), contando con el apoyo incondicional y la solidaridad de amplios sectores y organizaciones sociales (ONG, sindicatos y movimientos populares, entre otros), repudiamos públicamente los ataques orquestados por el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y parlamentarios ruralistas del Congreso Nacional.

Estos últimos con expresa representación entre los diputados, en contra de nuestros derechos originarios y fundamentales, especialmente los sagrados derechos de la tierra, de nuestros territorios y recursos naturales, derechos estos garantizados por la Constitución Federal de Brasil de 1988.

La bancada ruralista

La bancada ruralista, al servicio de los intereses privados, quiere a toda costa suprimir nuestros derechos, destrozando a la Constitución Ciudadana a través de decenas de proyectos de ley y de enmiendas a la Constitución, en especial las Propuestas de Enmienda Constitucional: PEC 215/00, PEC 237/13, PEC 038/99; los Proyectos de Ley complementarios: PL 1610/96 y PLP 227/12 y otras tantas iniciativas legislativas dañinas, que buscan la legalización de la explotación y de la destrucción, disfrazada de progreso, acabando con nuestros territorios y con la madre naturaleza, en detrimento de la integridad física y cultural de las actuales y futuras generaciones de nuestros pueblos y culturas.

Los ruralistas y sus cómplices quieren hacer lo mismo que hicieron en 2012, cuando se aprobó un nuevo Código Forestal adecuado a sus intereses y al de las transnacionales del agronegocio, quienes a su vez son sus auspiciantes.

La omisión del gobierno

El gobierno de la presidenta Dilma es connivente con esta ofensiva que busca alterar la Constitución Federal de Brasil.

Por eso han promovido la deconstrucción de la legislación ambiental e indigenista que protege nuestros derechos, cediendo a las presiones de los ruralistas, por medio de acuerdos fraudulentos y de compromisos pactados principalmente por los ministros, José Eduardo Cardozo, de Justicia; Luís Inácio Adams, de la Procuraduría General de la Unión y Gleise Hoffmann, del Gabinete de Presidencia, articulados con la presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura, senadora Katia Abreu.

Tanto es así que el gobierno de Dilma jamás ha movilizado a su base aliada para impedir los ataques que venimos sufriendo en el Congreso Nacional ni ha garantizado una agenda positiva, que permita la aprobación del Estatuto de los Pueblos Indígenas y del proyecto de ley que crea al Consejo Nacional de Política Indigenista (CNPI).

Esta conducta omisa y connivente, de complicidad y sumisión a los intereses del capital, se plasma en la edición de las medidas que agravan la deconstrucción de nuestros derechos, tales como la Ordenanza Interministerial 419/2011, la Ordenanza 303/2012 de la Procuraduría General de la Unión, la Ordenanza 2498 y el Decreto 7957/2013, al mismo tiempo que promueve la destrucción de nuestros territorios por medio de la expansión del agronegocio, de las hidroeléctricas y de tantos otros grandes emprendimientos del Plan de Aceleración del Crecimiento - PAC.

Para empeorar, el gobierno de Dilma ha paralizado, al igual que su predecesor, la demarcación de las tierras indígenas, la creación de unidades de conservación, la legalización del territorio de los quilomolas y la implementación de la reforma agraria.

Toda esta ofensiva está diseñada para inviabilizar e impedir el reconocimiento y la demarcación de las tierras indígenas que aún siguen siendo usurpadas, permaneciendo en posesión de personas no indígenas; para reabrir y revisar los procedimientos sobre la demarcación de las tierras indígenas ya finalizados; para invadir, explotar y mercantilizar las tierras demarcadas, que están en poder y siendo preservadas por nuestros pueblos.

Objetivos estos que aumentan la intensidad de los conflictos, la criminalización de nuestras comunidades y líderes, en fin, la inseguridad jurídica y social que perpetúa el genocidio inaugurado por los colonizadores contra nuestro pueblo hace 513 años.

Además hemos verificado, por parte del Estado, un flagrante incumplimiento de la Constitución Federal y de los tratados internacionales firmados por Brasil, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sin considerar la contribución milenaria de nuestros pueblos y la importancia estratégica de nuestros territorios para el Bienestar de la humanidad y del planeta tierra.

Ante esta realidad, por unanimidad, con una sola voz, declaramos y exigimos del Estado brasileño incluido el Poder Judicial, el respeto a nuestros derechos; que valoren la diversidad y la pluralidad de la sociedad brasileña.

Reafirmamos que vamos a resistir, incluso arriesgando nuestras vidas en contra de cualquier amenaza, medidas y planes que violen nuestros derechos y que traten de extinguirnos, sea por la invasión, destrucción u ocupación de nuestros territorios y recursos naturales para fines neodesarrollistas y de intereses de unos pocos.

Declaramos que si los ruralistas logran alterar la Constitución o si el Poder Ejecutivo modifica los procedimientos para la demarcación de nuestras tierras y continúan con la paralización de la demarcación de nuestros territorios, para nosotros, esas medidas son nulas, porque vamos a seguir resistiendo y pautando nuestras vidas apenas por lo escrito en la Carta Magna de 1988 y en los tratados internacionales firmados por Brasil con respecto a nuestros derechos.

La movilización

Nos hemos movilizado y estamos dispuestos a autodemarcar, proteger y liberar de intruso nuestros territorios, sin medir consecuencias, por la memoria de nuestros ancestros, de nuestros antepasados y líderes de nuestros pueblos, que hace 25 años lucharon bravamente, junto a otros sectores de la población brasileña, contra la dictadura militar, por una sociedad verdaderamente plural, justa y democrática, y por una Constitución Ciudadana que garantice finalmente el reconocimiento y el mantenimiento de nuestros derechos originarios, colectivos y fundamentales.

Por todo esto, exigimos el fin de todos estos ataques a nuestros derechos, y el pleno respeto a la Constitución Federal de Brasil, por medio de:

El archivo inmediato y definitivo de todas las iniciativas legislativas que afrontan nuestros derechos, sobre todo la PEC 215/00, la PEC 237/13, la PEC 038/99, el PL 1610/96 y el PLP 227/ que buscan suprimir nuestros derechos originarios, colectivos y fundamentales;

La aprobación del PL 3571/2008 de creación del Consejo Nacional de Política Indigenista (CNPI), del Estatuto de los Pueblos Indígenas y de la PEC 320/2013, que propone la creación de cuatro puestos para diputados federales indígenas;

La derogación urgente de todas las ordenanzas y decretos editados por el gobierno Dilma y que amenazan nuestros derechos, en especial la Ordenanza 419/2011, la Decreto 303/2012, la Portería 2498 y el Decreto 7957/2013;

La reanudación inmediata de la demarcación de todas las tierras indígenas, velando por su protección, extrusión y sostenibilidad;

Fortalecimiento de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), para cumplir adecuadamente con su responsabilidad de cuidar los derechos indígenas, especialmente en cuanto a la demarcación de todas las tierras indígenas, según lo determinado por la Constitución de 1988;

Respetar el carácter multiétnico y pluricultural de Brasil reconocido por la Constitución Federal, garantizando para nuestros pueblos las reales y efectivas políticas públicas, de forma estructural y permanente, y que sean específicas y diferenciadas, en las áreas de educación, salud y en todas las áreas de nuestro interés;

Priorización de parte del Poder Judicial, especialmente del Supremo Tribunal Federal – STF a los procesos judiciales de interés de nuestros pueblos y comunidades, especialmente la Petición 3388;

Por último, reiteramos nuestra determinación por permanecer unidos y en alianza con otros movimientos y organizaciones sociales que como nosotros luchan por la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, justa y plural.

Fuente: http://rel-uita.org/