Declaración política de la CONAMURI: “Por tierra, soberanía alimentaria e igualdad”

Nosotras las mujeres trabajadoras, campesinas e indígenas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas del Paraguay (CONAMURI), reunidas los días 14, 15 y 16 de Noviembre del 2006 en el Foro de la Semilla, en la ciudad de Asunción con el lema “POR TIERRA, SOBERANIA ALIMENTARIA E IGUALDAD”:

DENUNCIAMOS

- La situación de desigualdad y exclusión en el acceso a la tierra, que golpea a las mujeres campesinas e indígenas y sus comunidades, bajo la indiferencia del gobierno, llevándonos a sobrevivir en condiciones de explotación y desarraigo, en empleos precarios o la migración forzada.

- La postergación de una reforma agraria integral constituye una amenaza directa para la vida de las mujeres y sus familias, es una forma de violencia porque hace que las mujeres vivamos en la desigualdad, como esclavas en otros países y en nuestro propio país.

- El modelo de dependencia para alimentarnos es fomentado por el propio Estado, que apoya y promueve los intereses de latifundistas y las grandes multinacionales del agronegocio, perjudicando el sustento, la salud y la vida de nuestras comunidades, envenando el ambiente y destruyendo nuestras semillas nativas, que son la fuente básica de nuestra forma de vida y soberanía alimentaria.

- El uso de agrotóxicos y transgénicos envenena nuestro tekoha (hábitat), la tierra, el agua y el aire que respiramos, destruye las semillas nativas, nuestros territorios y la biodiversidad en general, y constituyen no sólo una amenaza constante para nuestra salud y soberanía alimentaria sino también un atropello a nuestra identidad, cultura y formas de vivir.

- La muerte por envenenamiento de agrotóxicos del niño Silvino Talavera, es un ejemplo claro de la situación que afecta a miles de niños y niñas, mujeres y hombres en el Paraguay, especialmente en las comunidades arrinconadas por monocultivos extensivos. A pesar de los enormes esfuerzos para llevar el caso a los tribunales, en un país donde el acceso a la justicia es una mercancía, el homicidio de Silvino corre riesgo de quedar en la impunidad por la lentitud de las autoridades, lo que constituye una forma de complicidad del Estado.

- El Estado no cumple con su responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras, campesinas e indígenas con igualdad y sin discriminación. Su única respuesta es la criminalización de la pobreza, la persecución a nuestras familias y comunidades y la expoliación de su tekoha (habitat).

- Las mujeres y niñas indígenas al ver destruidos sus tekoha (hábitat) dejan sus comunidades en busca de trabajo y van a vivir a las orillas de las ciudades, quedando expuestas al peligro de la mendicidad, explotación sexual, prostitución, y otras formas de violencia o esclavitud. Esta situación no sólo expulsa a los pueblos indígenas de su territorio sino que constituye etnocidio, pues destruyen su identidad misma y humilla su dignidad humana y avasalla nuestros derechos de pueblos originarios.

- La producción de las comunidades indígenas y campesinas se compra a un precio injusto. Y con la complacencia del gobierno, latifundistas y empresas del agronegocio, el campo se está vaciando, generando mayor desigualdad y exclusión, desarraigo, pérdida cultural, desintegración de las familias, y aniquilación de derechos fundamentales.

- La salud no está garantizada como un derecho, es una mercancía y se utiliza como prebenda política. Las mujeres y sus familias son rechazadas en el sistema de salud si no tienen para pagar, las mujeres mueren en el parto, y sus hijos mueren también por causa de enfermedades de fácil curación y prevención. Esta práctica ocurre bajo la acción y complicidad del Estado con un total desprecio hacia la vida.

- Las mujeres trabajadoras urbanas, campesinas, y especialmente las indígenas, somos excluidas y sufrimos gran violencia y desigualdad por los efectos del analfabetismo y el analfabetismo funcional, y por la falta de conocimiento y acceso a las nuevas tecnologías.

REIVINDICAMOS
La semilla como patrimonio inalienable de los pueblos al servicio de la humanidad, y como fuente de sustento y soberanía alimentaria, identidad y preservación de nuestra cultura, dignidad y formas de vivir como mujeres trabajadoras urbanas, campesinas e indígenas.

Nuestro derecho a la tierra, cuya negación sistemática por el Estado nos condena a la explotación, a vivir como esclavas e incluso a la muerte.

El derecho a la igualdad y al reconocimiento efectivo de nuestros derechos como mujeres trabajadoras urbanas, campesinas e indígenas, incluyendo el derecho al trabajo digno, a la salud, a una educación acorde a nuestra cultura, a la vivienda. El agua como fuente de vida constituye un derecho, que no debe ser enajenada ni vendida.

REPUDIAMOS

- La militarización de nuestros territorios y comunidades, el aumento del gasto militar y autoasignación de sueldos multimillonarios por parlamentarios, en detrimento de la salud, de la educación, de la alimentación y la vida digna de nuestros pueblos.

- La utilización del Estado como herramienta represiva en contra del campesinado y los sectores populares, con una clara defensa de los intereses del sistema capitalista salvaje y destructivo, violando los derechos de las mujeres en el silencio y la impunidad.

- No hay justicia para los pobres y mucho menos para las mujeres. Y en su lugar se ha instaurado una política criminal de Estado que persigue y criminaliza la pobreza y las luchas sociales, mal utilizando el sistema de justicia.

- El despojo del patrimonio natural de los pueblos, como el canje de deuda por naturaleza, de los recursos energéticos como Itaipú y Yacyretá, de la complicidad frente al rollotráfico y depredación masiva de nuestros bosques, así como también de la invasión de transgénicos y agrotóxicos.

- La pretensión de establecer una Ley de Aguas de espaldas a los intereses de los pueblos, cuyos derechos son inalienables.

EXIGIMOS

- Justicia para Silvino Talavera y su familia, castigo a los culpables y reparación de los daños a su familia. El Estado debe detener el potencial genocida del agronegocio capitalista salvaje que envenena el ambiente, enferma y mata a la gente, y pone en peligro a todo el país y la humanidad entera.

- Democratizar el acceso a la justicia con igualdad y sin discriminación, que constituye en la práctica un privilegio de ricos y poderosos. Y la detención inmediata de la política de criminalización de la pobreza y las luchas sociales.

- Que no quede impune la violencia sistemática contra las mujeres y niñas pobres y garantizar el acceso universal a la justicia en la práctica.

- Ponerle límites al usode los agrotóxicos y prohibir los transgénicos de manera efectiva y radical. La falta de acción le convierte al Estado en negligente y en cómplice de crímenes contra la vida misma.

- El acceso universal a derechos fundamentales de las comunidades y los pueblos como la educación efectivamente gratuita, integral y en la lengua de cada comunidad; salud, vivienda digna, fuentes de trabajo, preservación de los bosques y del tekoha de las mujeres.

- Garantizar el agua como un derecho de los pueblos y frenar las pretensiones de su privatización.

- Guarderías públicas accesibles y adecuadas en todas las comunidades, como herramienta para la participación social, política y económica de las mujeres.

LLAMAMOS a las mujeres trabajadoras, urbanas, campesinas e indígenas a construir alianzas y unidad entre las organizaciones populares, por la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria, la igualdad y la justicia, como bases de un proyecto de sociedad sin exclusiones y desigualdades.

Ñande rekove nda ikatui o ye yogua ni o ye hepyme’e

La semilla patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad