Declaración final de la 3ª Consulta Regional para América Latina y el Caribe FAO - CIP

Organizaciones no-gubernamentales/ organizaciones de la sociedad civil.

Ciudad de Guatemala – Guatemala – 23 25 abril 2004

Declaración Final

Venidos de 22 países de la región, 70 delegados, mujeres, hombres, jóvenes, indígenas, campesinos, agricultores familiares, trabajadores rurales, pescadores artesanales, consumidores, usuarios ancestrales del ecosistema manglar, y representantes de ONGs, nos reunimos en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 23 al 25 de abril del 2004 en la 3ª Consulta Regional de la FAO con organizaciones no gubernamentales / organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo de esta consulta ha sido evaluar el cumplimento de los compromisos de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 y de la Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años después de 2002 (CMA: cad), analizar el estado de la situación alimentaria de nuestros países y construir propuestas de solución viables y efectivas al problema del hambre y la malnutrición de nuestros pueblos, mediante la construcción de la Soberanía Alimentaria y la promoción de la realización del derecho humano a la alimentación adecuada, para ser presentada ante la XXVIII Conferencia Regional de la FAO para américa Latina y el Caribe.

Constatamos que la situación de la soberanía y de la seguridad alimentaria de nuestros pueblos ha empeorado. La violencia y la desigualdad han aumentado debido a la persistencia del modelo económico neoliberal que las perpetúa y profundiza, con la complicidad de los gobiernos nacionales. La discriminación racial y étnica persisten de una manera profunda y sin cesar, manteniendo las desigualdades, en especial contra los pueblos indígenas, negros, usuarios ancestrales y comunidades campesinas. El pago de la deuda externa sigue siendo la prioridad de nuestros gobiernos, bajo la imposición de los organismos internacionales financieros. La concentración de la propiedad de la tierra ha aumentado y lo que se ha hecho en relación con la reforma agraria es totalmente insuficiente. La llamada flexibilización de los derechos laborales no es más que el marco legal para aumentar su violación y ha implicado la sobreexplotación de trabajadores y trabajadoras, así como el aumento del trabajo infantil.

El modelo de producción agrícola apoyado por la mayoría de los estados conocido como la nueva revolución verde, basado en monocultivos y uso de semillas transgénicas y agrotóxicos, promovidos por las transnacionales que han monopolizado la cadena de la alimentación, se traduce en diversos y hasta imprevisibles problemas de salud en humanos y animales, genera desequilibrios ambientales y contamina gravemente los ecosistemas terrestres y acuáticos y los alimentos, atentando contra la salud de productores y consumidores y contra la biodiversidad y la seguridad y soberanía alimentaria.

La creciente privatización de la biodiversidad, de las semillas, de los recursos naturales, en especial del agua, la introducción irresponsable de especies exóticas y de organismos genéticamente modificados a nuestros ecosistemas, la tala y quema de nuestros bosques, el calentamiento del planeta provocado por los países industrializados están causando daños irreversibles, dejando a las poblaciones cada vez más vulnerables. La dominación por las transnacionales y por el agro negocio es una dolorosa realidad en nuestra región, que excluye, marginaliza y promueve migración, desempleo, malas condiciones de trabajo, hambre y desnutrición de las poblaciones tradicionales, mucho de esto bajo la llamada revolución verde. Cada día es más dificultoso el acceso de nuestros pueblos a alimentos inocuos que no causen daño a la salud de los consumidores.

Valoramos el ofrecimiento del gobierno de Venezuela de facilitar los medios necesarios para que las organizaciones indígenas y campesinas establezcan y administren autónomamente un banco de semillas al servicio de nuestros pueblos y de la soberanía alimentaria, garantizando que el patrimonio genético se quede bajo el control de las comunidades y rechazando categóricamente la privatización del mismo.

Constatamos también que no se reconoce ni respeta la diversidad cultural de los pueblos originarios para los cuales la soberanía y seguridad alimentaria se basan en la soberanía territorial y en la propiedad colectiva de la tierra y de los recursos naturales, reglamentadas por leyes y costumbres tradicionales. Se ha ignorado que para los pueblos indígenas la relación con la tierra y la seguridad alimentaria no es simplemente la de posesión y producción, es además un elemento material y espiritual del que deberían poder gozar libremente.

Persiste la discriminación y el racismo hacia las mujeres, especialmente las indígenas que sufren una doble discriminación. En ellas recae el impacto primario del desempleo, de la migración y de la marginalización. A su tradicional papel de proveedora de seguridad alimentaria se le suma el de jefe de familia, sin que se hayan registrado avances en el reconocimiento de sus derechos de acceso a la tierra y al crédito, entre otros. Todavía en nuestros países un número significativo de mujeres es invisible frente a la sociedad y a los estados: al no estar registradas no tienen acceso a sus derechos de ciudadanía, a los servicios de salud, de educación y políticos.

A los aspectos anteriores se agrega la crítica situación que afrontan las comunidades de pescadores artesanales. El acceso a los recursos pesqueros, tanto costeros, de alta mar y continentales, la privatización disfrazada de cuotas de captura, la explotación irracional de la actividad pesquera y acuícola industrial, la impunidad con la cual se violenta el ecosistema y los cuerpos de agua, son prácticas cotidianas y cuyos casos paradigmáticos radican en la contaminación y la depredación de los ecosistemas fluviales y marítimos. En particular señalamos el desprecio e indiferencia del cuidado del ecosistema manglar, pese a su condición de núcleo de vida para la fauna y flora de nuestros mares. Todo esto lleva a la desestabilización de un sector primordial para la soberanía y seguridad alimentaría.

La corrupción que se ha hecho frecuente en muchos de nuestros gobiernos y el aumento de su dependencia de las empresas transnacionales, están provocando crisis políticas en varios países de la región como Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, República Dominicana y Argentina, entre otros, las cuales han sido enfrentadas por los gobiernos con represión y masacres. La reciente crisis de Haití adquiere una especial gravedad por sus efectos sobre la ya deteriorada seguridad alimentaria de la población, por lo que rechazamos la intervención militar como mecanismo de solución de las consecuencias sociales de esa crisis.

Denunciamos también el inhumano y brutal bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Cuba, que atenta directamente contra la población cubana y su soberanía y seguridad alimentaria, para lo cual Cuba ha impulsado un proceso de desarrollo agrícola independiente a las imposiciones de organismos internacionales y acorde a bases equitativas, con visión cultural y de respeto ecológico para garantizar la alimentación de la población cubana.

Con suma satisfacción participamos del avance en la articulación y movilización de los diferentes sectores que componen la sociedad civil de la región, que ha tenido significativos logros en la lucha por la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación. La presión de esta articulación ha creado condiciones para nuevos espacios de diálogo con la FAO e incluso algunos gobiernos, espacios éstos que esperamos se transformen en instrumentos efectivos de incidencia vinculante en las políticas públicas.

Frente al rotundo fracaso de la OMC en Cancún y el Consenso de Washington, y al incierto panorama respecto a la concreción y efectos negativos del ALCA, hoy es aún más necesario que la FAO asuma una posición política más protagónica y firme en defensa de la soberanía alimentaria y los derechos humanos, en coherencia con su mandato y con las demandas de la sociedad civil. Entendemos que para cumplir cabalmente su papel, FAO debe promover la participación de la sociedad civil en la planificación y seguimiento de programas y proyectos, pero también en la toma de decisiones, ya que finalmente es la misma sociedad civil quien sufre las consecuencias.

La promoción e implementación del derecho humano a la alimentación adecuada debe ser el eje fundamental de las políticas publicas de los gobiernos y de los organismos internacionales, incluyendo los financieros y comerciales, en congruencia con la Carta de la ONU y los tratados internacionales. El efectivo cumplimiento de este derecho requiere que los Estados adopten y/o fortalezcan políticas que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos para todos.

Los gobiernos no deben ser simples gerentes de las políticas económicas y de mercado definidas en los organismos internacionales. Exigimos de los gobiernos la implementación de políticas que impulsen el desarrollo rural con garantías de acceso a la tierra en el marco de una Reforma Agraria integral y promuevan la equidad en el contexto del desarrollo humano sostenible. Esta postura debe concretarse en acciones legislativas, definición de metas, asignación de presupuestos e institucionalización de espacios de diálogo y decisión compartida y vinculante, entre la sociedad civil y los gobiernos.

Se hace necesario que los gobiernos y la FAO reconozcan y respeten la diversidad cultural de los Pueblos Indígenas y su cosmovisión como fundamentos para su soberanía y seguridad alimentaria. El desarrollo de los Pueblos Indígenas debe implicar su identidad como pueblos.

Los gobiernos deben asumir que la única forma de preservar los recursos pesqueros es mediante la explotación ordenada y racional que han realizado de forma ancestral las comunidades de pescadores artesanales.

Al mismo tiempo, demandamos a los gobiernos que aún no lo hayan hecho, ratifiquen los Tratados Internacionales en favor de la biodiversidad, y en particular el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, y en concreto formulen los marcos legales nacionales.

Por nuestra parte, asumimos la responsabilidad de continuar fortaleciendo las redes, incorporando nuevos sectores relevantes como los de nutrición y derechos humanos, e incrementando las relaciones horizontales entre todos. Asumimos también la responsabilidad de intensificar la movilización y participación para el monitoreo y la formulación de propuestas concretas para garantizar la Soberanía Alimentaria.

La formulación de un modelo de desarrollo basado en la afirmación de la territorialidad de las comunidades y pueblos exige que los gobiernos prioricen sus compromisos con nuestros pueblos. El cumplimiento de los compromisos de los gobiernos en el pago de la deuda social e histórica con nuestros pueblos debe estar por encima del pago de la deuda externa.

Las Organizaciones reunidas en la 3ª Consulta Regional de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe hacemos nuestras las recomendaciones en el pronunciamiento de los Pueblos Indígenas. Además, comprometidas con esta Declaración, adoptamos un Plan de Acción, para avanzar en las propuestas antes señaladas

Cuidad de Guatemala, Guatemala, 25 abril del 2004.