Declaración de Fin de Misión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz al finalizar su visita a Ecuador

En mi capacidad de Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas he visitado Ecuador del 19 al 29 de Noviembre de 2018. Para comenzar, me gustaría dar las gracias al Gobierno de la República de Ecuador por su invitación y por permitirme llevar a cabo mi visita de manera independiente. Considero esta invitación como una indicación de la voluntad del Gobierno de avanzar en un diálogo constructivo hacia la plena implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el país.

Durante los once días de mi visita me he reunido con el Presidente de Ecuador, su Excelencia Lenin Moreno, varios ministros y representantes de alto nivel de diferentes ministerios e instituciones gubernamentales, la Presidenta de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría del Estado y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Me he reunido igualmente con representantes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y con los miembros del sistema de las Naciones Unidas en el país.

He participado en una asamblea nacional indígena en Quito y en dos asambleas indígenas regionales en Yakuwasi, Victoria del Portete, y Lago Agrio, organizadas por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), sus confederaciones ECUARUNARI, CONFENIAE y CONAICE y sus federaciones y organizaciones. Me gustaría expresar mi gratitud a la CONAIE por el trabajo realizado para organizar y coordinar estas importantes reuniones. En ellas he tenido la oportunidad de reunirme con cientos de representantes de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra, la Costa y la Amazonía. Además visité el centro shuar de Kupiamai y la comunidad de Tundayme en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y la comunidad Sápara de Jandayaku en Pastaza. En la ciudad de Latacunga me reuní con representantes de los pueblos indígenas de la Sierra para tratar el tema de la justicia indígena, y en Cangahua, miembros del pueblo Kayambi me explicaron sus acciones y propuestas sobre educación intercultural bilingüe. Lamento no haber podido visitar los territorios de las nacionalidades indígenas de la Costa, pero tuve la posibilidad de reunirme con miembros de las nacionalidades épera, chachi y awá en Ibarra. Mantuve también reuniones con autoridades de la nacionalidad waorani, entre ellas las de la comunidad de Bameno, y reuniones con mujeres indígenas. Me gustaría expresar mi más profundo pesar a las comunidades que me invitaron pero a las que no pude acudir debido al poco tiempo disponible en mi misión, en particular a la comunidad de Molleturo, afectada por el proyecto de Río Blanco. Quiero asegurarles que consideraré con mucha atención toda la información que me han enviado en mi informe final.

En todas estas reuniones he recibido una gran cantidad de testimonios orales e información escrita. Revisaré en detalle esta información durante los próximos meses para preparar mi informe final al Consejo de Derechos Humanos que se presentará en Septiembre de 2019. Por el momento, me gustaría compartir algunas observaciones y recomendaciones preliminares.

Mi visita a Ecuador tiene lugar en el décimo aniversario de la adopción de la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, pensé que sería oportuno evaluar los avances en la implementación de los compromisos constitucionales referidos a la construcción de un Estado Plurinacional, incluida la aplicación efectiva de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la luz de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador en esta materia. Quería igualmente monitorear las observaciones y recomendaciones pertinentes hechas por mis predecesores, Rodolfo Stavenhagen en 2006 y James Anaya en 2009.

Como resultado de la organización y la movilización de los pueblos indígenas para afirmar sus derechos colectivos, se han producido en Ecuador importantes avances desde finales de la década de 1980 en términos de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se establecieron varias instituciones estatales autónomas, bajo control directo de los pueblos y nacionalidades indígenas, que ayudaron a implementar la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural y el desarrollo con cultura e identidad, a la vez que fortalecían las organizaciones y los sistemas de gobernanza propios de los pueblos indígenas. Igualmente se avanzó en el reconocimiento y titulación de tierras y territorios indígenas como menciona el Relator Especial Stavenhagen en su informe de 2006.

La Constitución de Ecuador de 1998 reconocía algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el mismo 1998 Ecuador ratificó el Convenio número 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes. En la primera década del siglo XXI, Ecuador reafirmó su compromiso con estos derechos al votar a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007. En el nivel internacional ha continuado apoyando las cuestiones indígenas tanto en el ámbito de los derechos humanos como del cambio climático, y en la actualidad co-preside la celebración del Año de las Naciones Unidas sobre las lenguas indígenas 2019. Recientemente Ecuador ha firmado el acuerdo de Escazú, que espero sea pronto ratificado.

La Constitución de 2008 declaró que Ecuador era un Estado plurinacional y multicultural, consagró la directa e inmediata aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y reconoció 21 derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en su artículo 57. También reafirmó el reconocimiento de la justicia indígena. Otros rasgos importantes de la Constitución de Montecristi fueron el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la afirmación del Sumak Kawsay, buen vivir, como la aspiración general para toda acción pública. Esto parecía proporcionar una base sólida para la construcción de un nuevo modelo de Estado. Sin embargo, el Estado plurinacional que debía construirse a través del diálogo intercultural, todavía no se ha conseguido.

Durante la pasada década se produjo una regresión en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos y nacionalidades indígenas fueron excluidos de los procesos de decisión estatales, incluso en las cuestiones que les afectaban directamente. Más aún, la afirmación de sus derechos fue a menudo respondida con violencia y criminalización. En estos últimos años he dirigido al Gobierno de Ecuador varias comunicaciones expresando mi preocupación por violaciones de los derechos humanos vinculadas a la protesta social y a la defensa pacífica de los derechos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales en el contexto de proyectos extractivos impuestos sin consulta ni consentimiento. Se denunció el uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado y se utilizó la declaratoria de estados de emergencia para controlar la protesta social. En mi opinión, es muy importante que el actual Gobierno investigue estas violaciones, garantice su no repetición y proporcione la reparación adecuada a las víctimas.

En este sentido, se me ha informado sobre las peticiones de amnistía presentadas por la CONAIE en el marco del actual diálogo con el Gobierno. Se han concedido siete indultos y una amnistía a defensores de derechos indígenas, y la Asamblea Nacional está considerando un proceso simplificado para el análisis de 137 peticiones pendientes. Espero sinceramente que se produzcan avances en este tema a la mayor celeridad.

Durante los últimos diez años se promovió un proceso de transversalización de la interculturalidad y los derechos colectivos a través de los Consejos de Igualdad. Esto fue acompañado de la eliminación de la institucionalidad autónoma indígena y la elaboración de planes nacionales de desarrollo sin participación significativa de los pueblos indígenas, con una interpretación monocultural del Sumak Kawsay. En mi opinión, la igualdad se ha aplicado de un modo que ignora las condiciones pre-existentes de discriminación sufridas por los pueblos indígenas, debido a razones históricas y de otro tipo, y sus derechos colectivos consagrados en el derecho internacional de derechos humanos. La imposición de este concepto desafortunado de la igualdad ha invisibilizado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha aumentado la discriminación y ha obstaculizado los avances en términos de plurinacionalidad e interculturalidad.

Durante mi visita, me alegró saber que el nuevo Gobierno ha decidido abrir canales de diálogo con los pueblos indígenas para responder a sus demandas y preocupaciones. Este diálogo, iniciado hace un año, es un cambio muy positivo en comparación con las conflictivas relaciones del pasado. En mis reuniones con el Presidente de la República y con representantes de su Gobierno se me informó sobre medidas ya adoptadas o por adoptar para cumplir con el mandato presentado por la CONAIE como marco de este diálogo.

Como resultados positivos de este proceso de diálogo se me ha informado de la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y sobre el restablecimiento de la universidad indígena Amauta Wasi. Deseo subrayar la importancia de destinar los recursos presupuestarios necesarios a estas instituciones y garantizar su autonomía.

He sido también informada sobre el nombramiento de personas indígenas en posiciones de alto nivel de las instituciones estatales, como en el Consejo Nacional Electoral, el Consejo para la Participación Ciudadana y Control Social, así como sobre la propuesta de candidatos indígenas para la Corte Constitucional. Celebro estos nombramientos y espero que generen cambios positivos.

Pese a todo, los pueblos indígenas me han expresado dos preocupaciones principales en relación con la situación actual. En primer lugar, su desencanto por la lentitud en la adopción de medidas concretas para responder a las principales demandas relativas a sus derechos fundamentales, como sus derechos sobre sus tierras y territorios, el respeto de sus autoridades propias, su autonomía y autogobierno, incluidos los sistemas de justicia indígena, la adecuada operacionalizacion de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, o la implementación intercultural de sus derechos económicos, sociales y culturales.

En segundo lugar, me han reiterado su profunda preocupación sobre las medidas anunciadas por el Gobierno en relación con la activación de anteriores concesiones mineras y petroleras y por la licitación de otras nuevas. En este sentido, se me informó de la activación de las concesiones licitadas en la XI ronda petrolera, de distintas concesiones mineras, de una nueva XII ronda petrolera ('intracampos') para ocho nuevos bloques en Sucumbíos, de los planes para iniciar la explotación del bloque Ishpingo o de la construcción de represas hidroeléctricas. Me preocupa especialmente que estas medidas e iniciativas, que tendrán graves impactos sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, se hayan adoptado sin consultas adecuadas y sin obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados.

Teniendo en cuenta, por un lado, la voluntad expresada por el Gobierno de mantener un diálogo intercultural y continuo con los pueblos indígenas y, por otro, las preocupaciones arriba señaladas, me gustaría proporcionar algunos comentarios preliminares sobre los temas que considero prioritarios y que el nuevo Gobierno debería abordar sin tardanza para garantizar el cumplimiento de sus compromisos constitucionales y de sus obligaciones internacionales en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Estos comentarios no deben considerarse exhaustivos y serán tratados en mayor profundidad en mi informe final, tras examinar la información recibida de los pueblos indígenas, las instituciones gubernamentales y otros durante mi visita.

Tierras, territorios y recursos naturales

Según el derecho internacional de derechos humanos pertinente, existen una serie de derechos esenciales para que los pueblos indígenas puedan disfrutar del conjunto de sus derechos humanos individuales y colectivos. Estos son sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Tras su misión en 2006, el Relator Especial Stavenhagen concluyó que la territorialidad indígena no estaba debidamente legislada, lo que repercutía en el reconocimiento y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios ancestrales. De acuerdo a la información recibida de las instituciones estatales y de los pueblos indígenas, me temo que esta situación no ha variado sustancialmente.

Los procedimientos para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales siguen siendo inadecuados y no están en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. Los requisitos que se establecen para la titulación, como planes de manejo acordados por el Estado, vulneran el derecho indígena a la libre determinación. La posibilidad de desarrollar circunscripciones territoriales indígenas (CTI), como recoge la Constitución, no ha generado ningún resultado positivo debido a las dificultades del procedimiento para su desarrollo.

Incluso en los casos en los que las tierras ancestrales han sido tituladas, esto no garantiza ni el control ni la protección de dichas tierras. Áreas protegidas y otras categorías de protección ambiental además de actividades económicas consideradas de interés nacional, pueden imponerse sobre las tierras y territorios indígenas sin su consentimiento, generan obligaciones a los pueblos indígenas como la servidumbre de paso ignorando sus derechos a la libre determinación y a la propiedad, control y gestión de sus tierras, territorios y recursos naturales.

Me gustaría solicitar al Gobierno de Ecuador que promueva un diálogo constructivo con los pueblos y nacionalidades indígenas para desarrollar un sistema de adjudicación accesible, efectivo y adecuado que permita el pleno disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

Las medidas legislativas, administrativas y de políticas adoptadas en el pasado sin consulta adecuada con los pueblos indígenas y que tienen un impacto negativo sobre sus derechos territoriales deberían ser revisadas y enmendadas o abolidas, y no deberían adoptarse nuevas medidas sin consultarles y sin su plena participación. Me gustaría llamar la atención del Gobierno sobre las preocupaciones expresadas por los pueblos indígenas en relación con el proyecto de ley sobre el agua. Dicha ley debería reconocer los sistemas comunitarios de manejo de agua y priorizar las necesidades humanas, a la vez que considerar los serios impactos de la carencia de agua y de su contaminación en el bienestar y derechos de los pueblos indígenas a la alimentación, a la salud y a un medio ambiente sano, entre otros.

Impacto de los proyectos extractivos e infraestructuras sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas

La mayoría de la información y preocupaciones compartidas por los pueblos indígenas durante mi visita están relacionadas con la operación de industrias extractivas, en particular minería, extracción petrolera y maderera, el desarrollo de infraestructuras, como represas hidroeléctricas, y las actividades agroindustriales que impactan negativamente sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. La imposición de estos proyectos sin consulta ni consentimiento de las comunidades y pueblos afectados se argumenta en la sobería estatal sobre los recursos naturales y en la declaración de interés público de estas actividades.

En mis visitas a comunidades y en mis diálogos con los pueblos indígenas he observado que estos llamados proyectos de desarrollo han violado y siguen violando sus derechos fundamentales, incluidos su derecho a la libre determinación, sus derechos territoriales, su derecho a una participación efectiva en la adopción de decisiones y su derecho a perseguir sus propios modelos de desarrollo económico, social y cultural, entre otros. Además la imposición de estos proyectos se vincula a graves casos de violencia y criminalización contra aquellos que se oponen a los mismos, como ha sido el caso de la comunidad de Molleturo y el proyecto Río Blanco, en la provincia de Azuay. En Tundayme, en el contexto del proyecto minero Mirador, pude visitar el lugar en el que se alega que se encontró el cadáver torturado del dirigente shuar José Tendetza en 2014. Según la información recibida, no se ha identificado a los culpables ni se les ha llevado a la justicia, ni en este caso ni en los de las muertes de los también dirigentes shuar Bosco Wisum y Fredy Taish. Se me ha informado sobre muchos otros casos similares.

El desplazamiento forzoso supone un impacto especialmente preocupante vinculado al desarrollo de proyectos extractivos en un contexto de reconocimiento insuficiente de los derechos territoriales indígenas. El desplazamiento forzoso tiene muchos y graves impactos sobre los derechos humanos fundamentales. Se me ha informado sobre desplazamientos forzosos en las comunidades de Tundayme y Nantkins, en los que se produjo un uso excesivo de la fuerza, se destruyeron propiedades y no se adoptaron medidas para proporcionar un alojamiento alternativo, los servicios básicos necesarios ni una adecuada compensación. Estos casos deben ser debidamente investigados, debe castigarse cualquier violación de los derechos humanos que se hubiera producido y debe garantizarse la reparación a los afectados.

En Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, recibí información y pude observar la ausencia de reparación y compensación adecuada a las comunidades que han sufrido durante décadas los impactos de la explotación petrolera en sus tierras y territorios. No se han adoptado medidas de rehabilitación y la persistencia de la contaminación en sus ríos, acuíferos y suelos continúa impactando negativamente sobre su salud y la producción de alimentos.

Estas graves violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho colectivo a la consulta, han sido reconocidas en recientes sentencias de cortes provinciales, como en los casos de Río Blanco y Sinangoe. Espero que estas sentencias se apliquen cabalmente. En relación a esta cuestión, he recibido información alegando presiones indebidas sobre jueces a cargo de este tipo de casos. Tengo la intención de evaluar en profundidad estas graves alegaciones.

Consulta y consentimiento

La falta de procedimientos adecuados de consulta y consentimiento de acuerdo con los estándares y jurisprudencia internacionales de derechos humanos, han sido reiteradamente denunciados por los pueblos indígenas y señalados por los órganos de los tratados de derechos humanos y otros mecanismos de derechos humanos. Me gustaría también recordar la sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos en el caso Sarayaku vs Ecuador en el 2012, en este sentido.

La constitución ecuatoriana reconoce la consulta a los pueblos indígenas y nacionalidades como uno de sus derechos colectivos. De acuerdo a la Constitución este derecho debe ser aplicado tanto en el caso de políticas o programas (consulta administrativa) como en el caso de instrumentos legales (consulta legislativa). Las consultas populares y ambientales también consagradas en la Constitución, son mecanismos de participación para la población en general, de diferente naturaleza a los derechos a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas según el derecho y la jurisprudencia internacionales.

De acuerdo con la información recibida, no existen mecanismos o procesos adecuados que permitan a los pueblos indígenas ejercer estos derechos. El Decreto 1247, que se ha aplicado en relación con la exploración y explotación petrolera, no está en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio nº 169 de la OIT. El derecho colectivo a la consulta no puede reducirse a reuniones de socialización e información, ignorando los procesos propios de los pueblos indígenas para la adopción de decisiones y a las autoridades indígenas. La situación actual parece indicar una violación sistemática de este derecho. Además se alega que estos procesos inadecuados de consulta han conducido a divisiones y confrontaciones en las comunidades indígenas.

Se me ha informado sobre diferentes opciones que los pueblos indígenas están discutiendo sobre cómo deberían hacerse efectivos los derechos a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento. En este momento sólo quisiera subrayar que cualquier posible regulación debe ser el resultado de un diálogo inclusivo y de buena fe entre los pueblos indígenas y el Estado para garantizar la implementación de estos derechos que constituyen importantes salvaguardas del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la libre determinación.

Autoridades e instituciones indígenas

Los derechos de los pueblos indígenas a sus propias instituciones y autoridades de gobierno están reconocidos en la Constitución de 2008 y en los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes.

El registro de organizaciones indígenas por la Secretaría Nacional para la Gestión de la Política ha sido criticado por CONAIE y otras organizaciones por discrecional y por ser origen de interferencias indebidas en la elección de las autoridades indígenas representativas. Se alega que, en ocasiones, se ha registrado a autoridades paralelas como en el caso de las nacionales shiwiar, sápara, achuar y waorani, de la CONFENIAE o del Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua (MIT). También se me han indicado que los requisitos que deben cumplir las autoridades indígenas para obtener personería jurídica son extremadamente complicados y carecen de un enfoque intercultural. Esta situación tiene un impacto directo en el derecho al autogobierno y en los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ya que el registro es un requisito previo para poder demandar la titulación de las tierras. Deberían desarrollarse procedimientos adecuados para el reconocimiento de las autoridades e instituciones indígenas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos y en cooperación con los pueblos indígenas.

He recibido información sobre el ejercicio del derecho al autogobierno y libre determinación por parte de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los A'i Cofán de Sinangoe han desarrollado su propia ley para el control y protección de su territorio ancestral, incluida su propia guardia indígena. El pueblo kichwa de Sarayaku ha desarrollado una propuesta llamada Kawsa Sacha, bosque vivo. Los shuar arutam han adoptado sus propios proyectos autónomos, como su plan de vida o la propuesta Sapa-Entza. La comunidad waorani de Bameno me presentó su propuesta para el Yasuní con el nombre de "Deje vivir". En mi opinión, el Gobierno de Ecuador debería apoyar las propuestas indígenas de gobernanza, autonomía y desarrollo, lo que contribuiría a garantizar la plurinacionalidad.

Justicia indígena y acceso a la justicia

Un elemento clave en la construcción de la plurinacionalidad y la interculturalidad es el pleno reconocimiento de la justicia indígena y la adecuada coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia indígena y ordinaria. El reconocimiento de este derecho fue saludado como uno de los rasgos más progresistas de las constituciones ecuatorianas en relación con los derechos de los pueblos indígenas.

En su evaluación de la implementación de las obligaciones constitucionales en este tema, el Relator Especial Anaya señaló la falta de progreso en el desarrollo de las medidas legales y políticas necesarias para desarrollar dicha cooperación y coordinación. De acuerdo con la información recibida en mis reuniones con el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, y con las organizaciones y autoridades indígenas a cargo de la justicia indígena, no parecen haberse producido avances concretos en este sentido. En este contexto, celebro la información recibida del Consejo de la Judicatura sobre una propuesta de acuerdo con CONAIE para avanzar en aspectos relacionados con la cooperación y coordinación entre ambos sistemas de justicia, el establecimiento de una comisión de la verdad y la capacitación de los operadores de la justicia ordinaria sobre derechos de los pueblos indígenas y sus sistemas de justicia.

Persisten graves problemas para el pleno reconocimiento de la jurisdicción indígena. Se me ha informado sobre la interferencia de la justicia ordinaria en procesos que se están considerando bajo la justicia indígena; sobre reiteradas negativas de operadores de la justicia ordinaria a declinar competencias a favor de la justicia indígena; y de casos de doble juzgamiento debido a la falta de reconocimiento de las sentencias de la justicia indígena. La Corte Constitucional señaló limitaciones en la jurisdicción indígena en el caso de crímenes contra la vida. En este sentido, me gustaría subrayar que los estándares internacionales de derechos humanos no señalan este tipo de limitaciones. De acuerdo con las autoridades de la justicia indígena, la opinión del Gobierno y del sistema de justicia ordinaria en relación con la justicia indígena sigue siendo racista y discriminatoria. Los sistemas de justicia indígena se consideran apropiados sólo para tratar cuestiones domésticas y menores, mientras que sólo la justicia ordinaria es competente en cuestiones penales graves.

En mi reunión en Latacunga se me informó sobre otros problemas existentes para la plena aplicación de la justicia indígena. Se me informó también de iniciativas desarrolladas por los propios pueblos indígenas en términos de fortalecer su capacidad para garantizar el debido proceso, la armonización con los estándares internacionales de derechos humanos y la incorporación de las mujeres indígenas.

Una cuestión muy preocupante sobre la que he recibido información es la criminalización de las autoridades indígenas por ejercer su justicia. Tuve la oportunidad de reunirme con José Sarmiento Jiménez, Sergio Paucar Huerta y María Sarmiento Chuqui, autoridades indígenas de justicia, en el centro de rehabilitación social de Turi, sentenciados por delitos de secuestro, secuestro agravado y daño a bien ajeno. Se me describieron otros casos similares de criminalización bajo graves acusaciones. Algunas autoridades indígenas de Cotopaxi, incluidas las de los pueblos kañari y panzaleo, acumulan un sinnúmero de denuncias penales por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Tengo la intención de analizar en profundidad esta cuestión, tanto en la elaboración del informe de mi misión, como en mi futuro informe temático sobre la cuestión de la justicia indígena.

Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial

Durante mi visita pude recibir información detallada sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Se me informó de que el Ministerio de Justicia está desarrollando una política en este sentido, y que se han adoptado algunas medidas encaminadas a su protección en aplicación de las medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y teniendo en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Amazonía y el Gran Chaco.

Pese a ello, debo señalar que las recomendaciones sustantivas que tanto yo como mis predecesores hemos realizado sobre el tema no parecen haber sido adecuadamente consideradas. En mi opinión, para garantizar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial es necesario resolver las causas subyacentes que afectan a sus derechos fundamentales y que explican los conflictos que se han producido en los últimos años entre grupos aislados, comunidades waorani y terceras partes. Estas causas subyacentes están vinculadas a la falta de reconocimiento y protección de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en aislamiento. Como ya mencionaron anteriores titulares del mandato, la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) no incluye la extensión total de sus tierras ancestrales. Además no ha existido una adecuada protección frente a intrusiones ilegales, que están empujando a los pueblos indígenas en aislamiento hacia las tierras y territorios de otras nacionalidades indígenas, en especial los waorani. Aun más preocupante es el hecho de que el Estado este concediendo licencias extractivas que afectan dichas tierras ancestrales. De acuerdo a la información recibida, la extensión del Parque Nacional Yasuní ha sido considerada un desarrollo positivo, resultado de la consulta popular de 2018, pero la decisión de proceder con la explotación petrolera en el área de amortiguamiento puede producir impactos graves e impredecibles sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la zona.

La falta de desarrollo de un plan de paz amplio junto con la nacionalidad waorani es un serio vacío para la protección de todos los grupos waorani, incluidos aquellos en aislamiento. He recibido también información sobre la situación del proceso penal contra personas waorani implicadas en la masacre de 2013. Teniendo en cuenta las alegaciones de falta de un debido proceso, la duración y falta de claridad en la causa, y la falta de un enfoque intercultural, muchos actores han recomendado la anulación del proceso. Me gustaría solicitar al Gobierno de Ecuador que resuelva de manera efectiva los mencionados problemas subyacentes que afectan a los waorani y a los grupos aislados de la zona, y que trabaje junto a la nacionalidad waorani con el objetivo de conseguir una paz duradera.

Problemática especial de los pueblos indígenas de escasa población

Algunos pueblos y nacionalidades de Ecuador se enfrentan a especiales dificultades debido a que cuentan con pocos miembros, lo que pone en riesgo la transmisión de sus lenguas y culturas y su propia supervivencia. En mi diálogo con los pueblos indígenas se me informó de al menos dos pueblos que ya han desaparecido.

La nacionalidad sápara tiene una población estimada de unas 400 personas en Ecuador. Dado que sólo quedan dos hablantes de la lengua sápara, hay un alto riesgo de desaparición de su lengua y por tanto, de su cultura, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Teniendo en cuenta los problemas que enfrentan, se expresó la preocupación de que la nación sápara pronto podría ser extinguida.

Durante mi reunión con los representantes sápara en la comunidad de Jandayaku se me informó de la creciente presencia de extraños en su territorio. Los conflictos con otros habitantes dentro de su territorio han aumentado como resultado de los inadecuados procesos de consulta llevados a cabo en el marco de la XI ronda petrolera. En este contexto, se alega que se han producido amenazas, ataques, campañas de desprestigio y asesinatos contra personas sápara que se oponen a las operaciones petroleras. La violencia y las amenazas están teniendo un impacto negativo en la vida cotidiana de los sápara, ya que temen ir a cazar o trabajar en sus chacras. Los sápara informaron también sobre la interferencia indebida de las instituciones estatales en el reconocimiento de sus autoridades electas, incluida la resistencia a reconocer a la nueva presidenta elegida por la nación Sápara en diciembre 2017.

Quisiera solicitar al Gobierno que investigue con celeridad estos casos, lleve a los posibles perpetradores ante la justicia, e inicie un diálogo sustancial con la nación sápara y sus legítimos representantes sobre sus demandas relativas a la suspensión de las concesiones que afectan a sus tierras y territorios y se les permita seguir su propia senda de desarrollo.

Mantuve también una reunión especial con representantes de las naciones épera, chachi y awá de la región de la Costa. Como en otras partes del país, estas nacionalidades insistieron en la intrusión de actividades legales e ilegales en sus tierras, en particular madereras, mineras y plantaciones de palma africana y sobre los graves impactos que dichas actividades tienen sobre el medio ambiente, el agua, los cultivos, la seguridad alimentaria y la salud. La situación de estas tres nacionalidades y de las otras cinco que viven al norte del país se ve agravada por la inseguridad y los problemas en la zona fronteriza con Colombia, incluidos los impactos de las fumigaciones aéreas, la militarización, la presencia de actores armados ilegales y de narcotraficantes. Además se me habló del reclutamiento forzoso de niños y jóvenes y de casos y violencia sexual y trata. En general, los representantes de estas naciones me indicaron la sensación de abandono que sentían por parte del Estado. Señalaron la ausencia y la interrupción de la cobertura de los servicios sociales básicos debido a la situación de inseguridad así como la falta de recursos destinados a solucionar las necesidades y problemas especiales de esta región. Saludo la información recibida del equipo país de las Naciones Unidas y la Defensoría sobre su intención de poner en marcha un sistema de alerta temprana para monitorear y prevenir la operación de actores ilegales y la violencia derivada de su presencia.

Sumak Kawsay, educación bilingüe intercultural y salud intercultural

En todas mis reuniones con pueblos indígenas quedó patente que tienen su propia interpretación del sumak kawsay que enfatiza la autonomía y la relación inherente con sus tierras y territorios. Esta interpretación no se ha reflejado adecuadamente en los tres planes de desarrollo del Buen Vivir (2009-2013, 2013-2017, 2017-2021). Estos planes han sido promovidos por el Estado sin garantizar una participación sustancial de los pueblos indígenas mientras que las propias propuestas e iniciativas indígenas no han sido tomadas en consideración por el Estado.

En muchas de las comunidades que visité se me habló del cierre de las escuelas interculturales bilingües en la última década como consecuencia del objetivo del gobierno de centralizar el sistema educativo en las llamadas escuelas del Milenio. Esto ha afectdo gravemente el acceso de los niños indígenas a una educación adecuada debido al aumento de las distancias para llegar a los centros educativos, el gasto adicional para las familias en transporte, además de los riesgos para la seguridad en los traslados. La utilización de una curricula común, a menudo sólo en español, y que no refleja las cosmovisiones de los pueblos indígenas, amenaza la supervivencia de sus lenguas, culturas, tradiciones e identidades. Además se me informó de los impactos negativos en la salud de los programas de nutrición escolar que no consideran la producción local y la alimentación tradicional. Mi visita a Cangahua me insipiró por ser un ejemplo de las firmes iniciativas que los propios pueblos indígenas están desarrollando para definir y exigir la educación intercultural que desean.

En términos de salud intercultural no se ha restablecido una institución autónoma dirigida por indígenas hasta el momento. La Dirección Nacional de Salud intercultural bajo el Ministerio de Salud es responsable de las iniciativas de salud intercultural. Esta institución carece de un espacio institucionalizado de representación y participación de las organizaciones, pueblos y nacionalidades. Como consecuencia, los pueblos indígenas me informaron de la falta de reconocimiento de sus conocimientos y medicinas ancestrales y de sus sistemas tradicionales de salud, además de la falta de coordinación e integración entre los sistemas de salud indígenas y nacional.

En todo el país los pueblos indígenas me han hablado del empeoramiento general de su situación de salud debido a la contaminación por proyectos extractivos, proyectos de agricultura a gran escala como plantaciones de palma aceitera y cultivo de flores, y el problema específico de las fumigaciones en el norte del país. A la vez los pueblos indígenas tienen un acceso muy limitado a instalaciones de salud adecuadas y culturalmente apropiadas para solucionar estos nuevos problemas de salud.

En este contexto me ha preocupado saber que la ley de financiación y presupuesto público de 2019, actualmente en debate en la Asamblea Nacional, refleja un importante recorte en la financiación de servicios sociales en relación con 2018. Esto tendrá un claro impacto negativo en la reconstrucción de las instituciones indígenas autónomas y en el acceso de los pueblos indígenas a sus derechos sociales, económicos y culturales.

Mujeres indígenas

Las mujeres indígenas en Ecuador desempeñan un papel fundamental como defensoras de sus tierras, territorios y recursos y como transmisoras de sus lenguas, culturas y tradiciones. Este rol ha supuesto una fuerte presión sobre ellas en los últimos años. En mi visita las mujeres y niñas indígenas me hablaron del aumento de agresiones, intimidaciones, amenazas, acoso sexual y feminicidios. Se me informó también de varios casos de criminalización de mujeres indígenas dirigentes por su papel activo en la protección de sus pueblos. Muy a menudo estos casos no se investigan adecuadamente y hay un alto grado de impunidad.

Las mujeres indígenas me explicaron también que continúan enfrentando múltiples discriminaciones, por ser mujeres, por ser indígenas y, a menudo, por ser pobres. En el contexto de las operaciones de industrias extractivas hay impactos diferenciados en las mujeres en términos de salud, en particular la salud materno-infantil, además del aumento de la carga al tener que cuidar a los enfermos por causa de la contaminación del agua, la tierra y el aire. Se me informó igualmente de la existencia de prostitución y trata de personas en comunidades en las que existen industrias extractivas.

Desde la reunión entre una delegación de mujeres indígenas de la Amazonía y el Presidente de la República en marzo de 2018, varios ministerios están trabajando en la aplicación de iniciativas propuestas por estas mujeres. Animo al Gobierno a que implemente las propuestas presentadas por las mujeres indígenas, incluidas las relativas a garantizar los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos.

Observaciones finales

Me he referido a los principales logros y preocupaciones que se me comunicaron durante mi misión a Ecuador. También hay otras cuestiones adicionales que trataré de abordar en mi informe final incluidas las cuestiones de migración y poblaciones urbanas, juventud indígena, medios de comunicación y radios comunitarias indígenas, entre otros.

El foco principal de mi visita de 11 días ha sido la evaluación de cómo podría retomarse el camino hacia la plurinacionalidad. Debo concluir que no es posible cumplir realmente con los compromisos de la Constitución sin el pleno reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el derecho internacional de derechos humanos. La protección de los derechos de la naturaleza tampoco podrá alcanzarse sin proteger a aquellos que la protegen. Tengo la esperanza de que se puedan dar avances concretos hacia este objetivo en el marco del actual diálogo entre el Estado ecuatoriano y los pueblos y nacionalidades indígenas.

Aliento al sistema de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a apoyar y brindar apoyo al Gobierno y a los pueblos indígenas en este proceso, así como a garantizar la integración de los derechos de los pueblos indígenas en el Marco de Cooperacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2019-2022.

Quisiera reiterar mi gratitud al Gobierno por la invitación y cooperación durante la visita. Permítanme asegurarles mi disponibilidad para cualquier solicitud de su parte que ayude a progresar en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Quisiera también expresar mi gratitud a la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por su apoyo para garantizar el éxito de esta visita.
Sobre todo quisiera agradecer con todo mi corazón a los pueblos indígenas que me han recibido en sus territorios y que se han desplazado para compartir sus experiencias y preocupaciones conmigo. Me siento profundamente comprometida en el apoyo a la construcción de una sociedad verdaderamente plurinacional y multicultural en Ecuador y espero poder apoyar sus iniciativas en este sentido.

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Quito, 29 de noviembre, 2018