Declaración: Nuestro mundo no está en venta: "Primero está la soberanía alimentaria de nuestros pueblos"

Todas esas funciones están amenazadas y vienen siendo socavadas por las políticas económicas neoliberales que con ímpetu creciente impulsan las grandes potencias como Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE), a través de instituciones multilaterales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En lugar de garantizar la alimentación de toda la población del mundo, esos organismos presiden un sistema que multiplica el hambre y diversas formas de desnutrición, y la exclusión de millones de personas del acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el agua, los peces, las semillas, las tecnologías y el conocimiento. Se requieren cambios urgentes y fundamentales a éste régimen mundial.

La soberanía alimentaria es un derecho fundamental de los pueblos
Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo es crucial que los alimentos sean producidos mediante sistemas de producción diversificados y de base comunitaria y campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autodependientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del ‘dumping’, y a darle preferencia a las comunidades locales pescadoras respecto al control del uso y los derechos sobre los recursos acuáticos. La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables.

Para conseguir y preservar la soberanía alimentaria de los pueblos y garantizar la seguridad alimentaria, los gobiernos deben adoptar y aplicar políticas que fomenten una producción sustentable, basada en la producción familiar campesina y de comunidades pescadoras, en lugar que un modelo industrial, de altos insumos y orientado a la exportación.
Ello implica adoptar las siguientes medidas:

I. Políticas de mercado
- Garantizar precios remunerativos para todos los productores agropecuarios y pescadores;
- Ejercer el derecho a proteger los mercados nacionales de los productos importados a bajo precio;
- Regular la producción en el mercado interno a fin de evitar la generación de excedentes;
- Abolir todo tipo de apoyos y subsidios directos e indirectos a las exportaciones;
- Eliminar progresivamente aquellos subsidios a la producción nacional que promuevan sistemas agropecuarios insustentables, patrones inequitativos de tenencia de la tierra y prácticas pesqueras destructivas y, en cambio, brindar apoyo a prácticas agropecuarias y pesqueras sustentables y a programas de reforma agraria integral.

II. Medio ambiente y calidad e inocuidad de los alimentos
• Controlar adecuadamente la proliferación de pestes y enfermedades, garantizando al mismo tiempo la seguridad e inocuidad de los alimentos;
• Proteger los recursos pesqueros de amenazas tanto acuáticas como terrestres, tales como la contaminación y la eliminación de desechos en el agua, la minería costera y desde plataformas marinas, la degradación de los estuarios y la desembocadura de los ríos y las prácticas dañinas de piscicultura industrial que utiliza antibióticos y hormonas;
• Prohibir el uso de tecnologías peligrosas como la irradiación de los alimentos, que genera toxinas en ellos y disminuye su valor nutritivo;
• Fijar criterios de calidad de los alimentos adecuados a las preferencias y necesidades de la gente;
• Establecer mecanismos nacionales de control de calidad de los alimentos, de manera tal que cumplan con normas ambientales, sociales y sanitarias de alta calidad; y
• Garantizar que todas las funciones de inspección de alimentos sean llevadas a cabo por organismos gubernamentales adecuados e independientes, y no por empresas privadas o concesionarias.

III. Acceso a los recursos productivos
• Reconocer y hacer valer los derechos jurídicos y consuetudinarios de las comunidades en materia de toma de decisiones acerca del uso de los recursos locales y tradicionales, aun cuando dichos derechos no hayan estado contemplados previamente en la ley;
• Garantizar el acceso equitativo a la tierra, las semillas, el agua, el crédito y otros recursos productivos;
• Establecer derechos comunitarios para las comunidades locales que dependen de los recursos acuáticos, y rechazar cualquier sistema que pretenda privatizar esos recursos públicos;
• Prohibir cualesquier formas de patentamiento de materia viva y cualquiera de sus componentes, y la apropiación del conocimiento asociado a la agricultura y la alimentación mediante regímenes de propiedad intelectual; y
• Proteger los derechos de los productores agropecuarios, los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre los recursos fitogenéticos y el conocimiento asociado, inclusive el derecho de los agricultores a intercambiar y reproducir semillas.

IV. Producción-Consumo
• Desarrollar economías alimentarias locales, basándose en la producción y el procesamiento local y la creación de puntos de venta locales.

V. Organismos Genéticamente Modificados
• Prohibir la producción y comercialización de semillas, alimentos y piensos genéticamente modificados o transgénicos, así como de cualquier producto derivado;
• Prohibir que se usen alimentos transgénicos como ayuda alimentaria;
• Denunciar y resistir activamente los diversos métodos (directos e indirectos) que están utilizando las grandes empresas agroalimentarias como Monsanto, Syngenta, Aventis/Bayer y DuPont para introducir variedades de cultivos transgénicos en el ambiente y los sistemas agropecuarios;
• Alentar y promover la agroecología y la agricultura orgánica fundadas en el saber indígena y prácticas agropecuarias sustentables.

VI. Transparencia de la información y leyes antimonopólicas
• Garantizar el etiquetado claro y preciso de los alimentos para consumo humano y animal, con base en el derecho de los consumidores y los agricultores a conocer el origen y contenidos de esos productos;
• Fijar normas obligatorias para todas las empresas, que garanticen la transparencia, responsabilidad pública y respeto de los derechos humanos y las normas ambientales en sus operaciones;
• Dictar leyes antimonopólicas para evitar la formación de monopolios industriales en los sectores agropecuario, pesquero y alimentario.
• Responsabilizar ante la ley a las entidades corporativas y a sus directores por cualesquier violaciones de las leyes sociales y ambientales y las normas y acuerdos nacionales e internacionales.

VII. Protección específica para las comunidades ribereñas que dependen de la pesca marina y de agua dulce
• Impedir la expansión de la industria camaronera y la destrucción de los manglares;
• Garantizar que las comunidades locales pescadoras detenten los derechos sobre los recursos acuáticos;
• Negociar un convenio internacional vinculante que prohíba la pesca ilegal, desregulada y no notificada;
• Aplicar efectivamente los convenios y acuerdos marítimos internacionales, tales como el Acuerdo de la ONU sobre Poblaciones de Peces Transzonales y Altamente Migratorios; y
• Erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria de las comunidades ribereñas mediante políticas de manejo y uso sustentable y equitativo de los recursos naturales, fundadas en los saberes, culturas y experiencia indígena y local.

Las reglas de comercio tienen que garantizar la soberanía alimentaria
No se le debe conceder primacía al comercio internacional por encima de otras metas sociales, ambientales, de desarrollo o culturales. Es imperativo darle prioridad a la producción de subsistencia y culturalmente apropiada de alimentos sanos, nutritivos, de buena calidad y a precios razonables, para el mercado interno y los mercados subregionales y regionales. La liberalización actual del comercio, que deja en manos de las fuerzas del mercado y poderosas empresas transnacionales las decisiones acerca de qué y cómo se producen y se comercializan los alimentos, no puede dar cumplimiento a estas importantísimas metas sociales.

No! a las políticas agropecuarias y alimentarias neoliberales
Los abajo firmantes denunciamos la ‘liberalización’ de los intercambios de productos agropecuarios promovida a través de acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales y a través de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. Condenamos el dumping de productos alimentarios que practican los grandes exportadores, particularmente sobre los países del tercer mundo en donde han socavado la producción nacional para el mercado interno. Condenamos las iniciativas de la OMC y otros organismos multilaterales que pretenden vender todos los derechos sobre los recursos acuáticos a grandes consorcios transnacionales. Las políticas neoliberales obligan a los países a especializarse en productos agropecuarios en los que gozan de supuestas ‘ventajas comparativas’, y a comercializarlos con base en el mismo principio. Así se fomenta la producción para la exportación a expensas de la producción de alimentos para el mercado interno, y los recursos y medios de producción se encuentran cada vez más bajo el control de grandes empresas transnacionales. Lo mismo está ocurriendo en el sector de la pesca. Las comunidades pescadoras están perdiendo sus derechos de acceso a las poblaciones de peces, ya que esos derechos están siendo transferidos a empresas industriales como PESCANOVA. Esas transnacionales han acaparado gran parte de la producción y el comercio global de pescado.

Los gobiernos ricos continúan subsidiando fuertemente la producción agropecuaria y pesquera de exportación en sus países, destinando la mayor parte de esos recursos a los productores más grandes. La mayor parte de esos dineros de los contribuyentes terminan en manos de grandes empresas –grandes productores, grandes empresas mercantes y grandes cadenas minoristas—que desarrollan prácticas agropecuarias, pesqueras y comerciales insustentables, en lugar que en manos de los productores familiares de pequeña escala que producen principalmente para el mercado interno, a menudo con estrategias y prácticas productivas más sustentables.

Esas políticas de fomento a las exportaciones han dado origen a precios de mercado para los productos que son mucho menores que los costos reales de producción. Eso alienta y perpetúa la práctica del dumping, y permite que las empresas transnacionales (ETNs) compren productos a muy bajos precios, para vendérselos después a precios mucho más altos a los consumidores tanto del Sur como del Norte. La mayor parte de los subsidios agropecuarios y pesqueros de los países ricos son en realidad subsidios para la industria agroalimentaria, las grandes empresas mercantes, las grandes cadenas minoristas, y para una minoría de los mayores productores.

Los efectos adversos de esas políticas y prácticas se revelan cada vez con mayor claridad. Ellas conducen a la desaparición de la agricultura familiar y las comunidades pescadoras de pequeña escala tanto en el Norte como en el Sur; la pobreza ha aumentado, especialmente en las zonas rurales; los suelos y el agua están contaminados y degradados; y ha habido pérdidas irreparables de diversidad biológica y destrucción de hábitat.

Dumping
Hay dumping cuando se venden productos en un mercado a precios menores que el costo de producción. Ello puede ser el resultado de la aplicación de diversos tipos de subsidios, y de distorsiones estructurales tales como el control monopólico de los mercados y la distribución, tanto como de la falta de voluntad que exhiben las políticas económicas actuales para ‘internalizar’ los costos de externalidades tales como el agotamiento de las fuentes de agua, la pérdida de nutrientes en el suelo y la contaminación que acarrean los métodos industriales de producción agropecuaria. Bajo las políticas neoliberales hoy predominantes, ocurre dumping tanto en el comercio Norte-Sur como en los intercambios Sur-Norte y Sur-Sur. Independientemente de la forma que adopte, el dumping es una práctica que lleva a la ruina a los productores locales de pequeña escala, tanto en los países de origen como en aquellos donde se venden los productos.

Por ejemplo:

- Importación a la India de productos lácteos excedentes subsidiados por la Unión Europea;
- Exportaciones de productos porcinos industrializados de Estados Unidos a los países del Caribe, que han arruinado a los criadores caribeños de cerdos;
- Importaciones de productos porcinos en Costa de Marfil, procedentes de la Unión Europea a precios –subsidiados-- tres veces menores que el costo de producción en Costa de Marfil;
- Exportaciones de hilos de seda de la China a la India a precios mucho más bajos que el costo de producción en la India, perjudicando muy seriamente a cientos de miles de familias rurales del sur de la India;
- La importación a bajo precio de maíz proveniente de EE.UU. en Méjico –el centro de origen del maíz—está provocando la ruina de los productores mejicanos del grano. De otra parte, las verduras de bajo precio mejicanas están arruinando a los productores hortícolas canadienses, todo ello en el marco del TLCAN.

Es imperativo detener el dumping. Los países importadores deben gozar de pleno derecho a protegerse contra el dumping, y a los países exportadores no se les puede permitir volcar sus excedentes en el mercado internacional a precios bajos. Los países exportadores deben responder a la demanda real de productos y bienes agropecuarios de manera tal que no se erosione la producción local, apoyando y fortaleciendo más bien a las economías locales.

No existe un ‘mercado mundial’ de productos agropecuarios
El llamado ‘mercado mundial’ de productos agropecuarios en realidad no existe. Lo que existe, ante todo, es comercio internacional de excedentes de cereales y productos lácteos y cárnicos volcados al mercado internacional principalmente por la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE.UU.) y otros miembros del llamado Grupo CAIRNS de países agroexportadores. Tras las posturas de los negociadores nacionales en materia comercial están grandes empresas transnacionales como Monsanto y Cargill, que son los verdaderos beneficiarios de las ayudas y subsidios internos, las negociaciones internacionales sobre comercio y la manipulación global de los regímenes comerciales. Hoy en día, el comercio internacional en productos agropecuarios compromete solamente a un 10% del conjunto total de la producción agropecuaria mundial, y constituye fundamentalmente un intercambio entre empresas transnacionales de EE.UU., la UE y algunos otros países industrializados. Los así llamados ‘precios del mercado mundial’ son sumamente inestables y no guardan relación alguna con los costos de producción. Esos precios son sumamente bajos debido al dumping, y por lo tanto jamás podrán ser una referencia adecuada o conveniente para la producción agropecuaria.

Banco Mundial y FMI: hermanos mayores de la OMC
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son los hermanos mayores de la OMC y ofician como brazo interno del régimen de la OMC en los países en vías de desarrollo. Ambos han desempeñado un papel importante en el debilitamiento de la autonomía agropecuaria, el desmantelamiento de la autodependencia nacional, la generación de hambrunas y la erosión de la soberanía alimentaria. Sus programas de ajuste estructural –ahora nombrados “programas de reducción de la pobreza”—han provocado y afianzado procesos de empobrecimiento inducido por esas políticas a lo largo y ancho del mundo en desarrollo. Los más golpeados por esas políticas son aquellos que dependen de la agricultura y el ambiente natural para su sustento y supervivencia.

A pesar de toda la evidencia acumulada que prueba lo contrario, el Banco y el Fondo se mantienen incólumes en su creencia que el acceso a los mercados y la “integración mundial” de los sistemas agropecuarios nacionales constituyen las mejores vías para combatir la pobreza. Exhortan entonces a los países en desarrollo a emprender reformas de sus respectivos sectores agropecuarios que incluyen el desmantelamiento de los subsidios agropecuarios, la desregulación de los precios y la distribución, la privatización de los servicios de apoyo y extensión agropecuaria, mayor apertura de los mercados internos para los productores extranjeros y eliminación de todas las barrearas al comercio internacional agropecuario. No obstante, el Banco y el Fondo se han mostrado incapaces de obligar a los países ricos de la OCDE a hacer lo mismo. En consecuencia, las políticas del Banco y el Fondo consolidan y profundizan las desigualdades entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, y reproducen estructuras coloniales de producción y distribución.

Privatización, liberalización y desregulación son distintivos del enfoque del desarrollo que exhiben el Banco y el Fondo, y constituyen a la vez condición indispensable para todos los programas de crédito de esos organismos. A pesar de fortísimas críticas de numerosas organizaciones campesinas y de agricultores y de académicos e investigadores independientes, el Banco sigue apoyando la “reforma agraria asistida por el mercado” y la creación de un “mercado de tierras operativo” como estrategia clave de desarrollo rural. Sus políticas prescriben la transformación de los sistemas agropecuarios de subsistencia, de orientación comunitaria y autodependientes a sistemas de producción y distribución comerciales y dependientes del mercado. Los cultivos alimentarios son sustituidos por monocultivos para la exportación, y las sociedades y comunidades son empujadas a depender de mercados en los cuales no tienen ningún control de su seguridad alimentaria. Además, tanto acento en los cultivos de exportación ha generado dependencia creciente en insumos químicos costosos que amenazan la calidad del suelo, del agua y del aire, la biodiversidad y la salud humana y animal, al tiempo que acrecientan las ganancias de las grandes empresas químicas y agroindustriales.

La comercialización de la agricultura ha generado concentración de la tierra y de los capitales agropecuarios en manos de empresas agroindustriales y otras grandes entidades comerciales, expulsando de sus tierras a los agricultores familiares y obligándolos a buscarse la vida en actividades no agropecuarias o como trabajadores zafrales en la agricultura comercial. La mayoría de los agricultores en los países en desarrollo están saturados de deudas a causa del costo creciente de los insumos y la caída de los precios que obtienen por sus productos. Muchos de ellos han tenido que hipotecar sus tierras y sus bienes para pagas viejas deudas, y en algunos casos incluso han perdido sus tierras por completo. Un número igualmente grande se dedica ahora a la agricultura por contrato para grandes empresas agroindustriales, a fin de conservar cualesquiera sean los bienes que aún les quedan. Todo eso ha provocado emigración generalizada de familias agricultoras, creación de nuevos bolsones de pobreza en zonas rurales y urbanas, y la fragmentación de comunidades rurales enteras.

El Banco Mundial y el FMI amenazan el potencial, la riqueza y la diversidad de nuestra agricultura. La agricultura no es simplemente un sector de la economía, es un sistema complejo de ecosistemas y procesos que incluye bosques, ríos, llanuras, zonas costeras, biodiversidad, hábitat humanos y animales, producción, distribución, consumo, conservación, etc. Las políticas del Banco y el Fondo se están infiltrando en cada una de esas áreas. Para proteger nuestra agricultura es preciso extirpar por completo al Banco Mundial y el FMI del sector agropecuario y la alimentación.

La Organización Mundial del Comercio hace oídos sordos a los reclamos de reforma del sistema
La OMC es antidemocrática, no le rinde cuentas a nadie, ha aumentado las desigualdades mundiales y la inseguridad, fomenta patrones de producción y consumo insustentables, erosiona la diversidad y socava otras prioridades sociales y ambientales. Ha demostrado ser impermeable a las críticas respecto a su funcionamiento y ha rechazado todos los reclamos de reforma del sistema. A pesar de las promesas de mejoras en el sistema anunciadas durante la conferencia ministerial de Seattle en 1999, las formas de gobierno de la OMC en realidad se han empeorado. En lugar de encarar las iniquidades y los desequilibrios reinantes entre los países ricos y los países pobres, el grupo de presión de los ricos y poderosos en la OMC está buscando ampliar el mandato de esa organización sobre nuevas áreas de la vida social como el medio ambiente, la legislación laboral, las inversiones, las políticas de competencia y la contratación pública.

La OMC es una institución completamente inadecuada para hacerse cargo de los problemas de la agricultura y la alimentación. Los abajo firmantes no vemos que sea posible que la OMC se someta a una reforma profunda que la haga sensible a los derechos y necesidades del pueblo y el común de la gente. La OMC pretende imponer reglas para proteger la inversión extranjera en flotas pesqueras que operan en aguas territoriales, y está presionando a los gobiernos para que le cedan a los consorcios internacionales derechos de pesca exclusivos. En consecuencia, los abajo firmantes reclamamos que todo lo relativo a la alimentación y la agricultura sea excluido del ámbito de jurisdicción de la OMC, mediante el desmantelamiento del Acuerdo sobre Agricultura (AsA) y la exclusión o enmienda de otras cláusulas afines y acuerdos de la OMC, entre los que se incluyen el acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC, mejor conocido como TRIPS, por su sigla en inglés), el acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), el acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), el acuerdo sobre Restricciones Cuantitativas (RC), el acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias (SMC), y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, mejor conocido como GATS, por su sigla en inglés).

Agricultura: parálisis total en la Organización Mundial del Comercio
En febrero de 2003 la OMC dio a conocer el controvertido e inaceptable Programa de Harbinson, redactado por el Presidente del Consejo General, Stuart Harbinson, con el objetivo de reestructurar la producción y el comercio mundial agropecuario. Las modalidades son los términos de referencia y condiciones bajo las cuales los países miembros habrán de registrar sus compromisos vinculantes con la OMC en materia de sus respectivas economías agropecuarias. Sin embargo, las concesiones en esta área estarán ligadas a otras áreas de negociación en la OMC. Se suponía que los países miembros debían haber acordado un texto sobre las Modalidades durante la semana del 25 al 31 de marzo de 2003, pero no lo lograron. También se espera que los Miembros consignen sus compromisos bajo el nuevo acuerdo agrícola durante la Conferencia Ministerial de la OMC en Cancún en septiembre de 2003, pero es muy posible que para entonces no se hayan puesto de acuerdo todavía.

Estados Unidos y el Grupo Cairns (un bloque liderado por Australia y otros países desarrollados, que nunca refleja los intereses de los países en vías de desarrollo) están presionando por rebajas mayores en los aranceles agropecuarios, reclamando que el Texto de Harbinson es inadecuado en esa materia, pero ambos están satisfechos con lo que propone con respecto a las ayudas internas. Para la Comisión Europea (CE) en cambio, lo más problemático del texto son los recortes que propone en materia de ayudas internas. Aun cuando la Unión Europea no aprueba las modalidades de Harbinson, existen algunas similitudes entre éstas y las propuestas de reforma de la Política Agrícola Común que está planteándose la CE. La falta de propuestas para encarar el tipo y nivel de ayudas internas de EE.UU. ha quedado de lado frente a las críticas generalizadas contra la CE.

India está de acuerdo con la CE en su cautela contra grandes recortes arancelarios y, en consecuencia, se encuentra apretada por presiones tanto de los países en desarrollo del Grupo Cairns como de EE.UU. India aspira a 1) una fórmula de reducciones arancelarias más leve; y 2) una cláusula permanente en materia de Productos Estratégicos (PE) y disposiciones provisorias bajo el Mecanismo de Salvaguardia Especial (SGE) contra aumentos repentinos y abruptos en las importaciones, únicamente aplicables por los países en desarrollo. Tanto los PE como el SGE son de gran importancia para muchos países en desarrollo que sencillamente no pueden darse el lujo de liberalizar muchos de sus rubros agropecuarios, y que incluso quisieran elevar sus aranceles en determinadas áreas vulnerables de su agricultura.

Las modalidades propuestas todavía le permiten a los países desarrollados retener niveles importantes de ayudas internas que distorsionan el comercio. Se mantienen aquellas disposiciones de la Ronda Uruguay del GATT sobre ayuda interna que protegen los pagos exentos de reducción que se realizan bajo la Caja Verde, a donde los países desarrollados han transferido una porción importante de sus subsidios que distorsionan el comercio. Por ejemplo, los pagos directos permitidos bajo la Caja Verde, que tienen el mismo efecto neto de estimular la producción agropecuaria, no fueron sujetos a eliminación a pesar que así lo reclamaban muchos países en desarrollo.

Las modalidades sobre acceso a los mercados no encaran la principal iniquidad de esa cláusula que obliga a muchos países en desarrollo a tarificar y abatir sus aranceles significativamente, en tanto que los países desarrollados mantienen aranceles altos gracias a los topes arancelarios y la progresión arancelaria. Si los países desarrollados reducen sus aranceles altos promedialmente en un 60% en un plazo de 5 años, y los países en desarrollo lo hacen promedialmente en un 40% en un plazo de 10 años, los primeros aún así tendrán mayor protección arancelaria que los países en desarrollo cuyos aranceles ya fueron recortados a niveles muy bajos o incluso a cero al inicio del período de aplicación.

Por último, la cláusula sobre trato especial y diferenciado para los países en desarrollo sigue siendo intrascendente, ya que de ninguna manera compensa las desigualdades en los términos de intercambio actuales originadas en el propio acuerdo. La disposición de una reducción arancelaria mínima del 10% para los productos que los países en desarrollo registren como estratégicos para su seguridad alimentaria y el desarrollo rural pasa por alto el hecho que muchos de esos países ya han fijado sus aranceles agropecuarios en niveles muy bajos.

Nosotros, los abajo firmantes, rechazamos el Texto de Harbinson. En lugar de reparar y compensar los desequilibrios e inequidades inherentes al Acuerdo Agrícola, enuncia modalidades que intensificarán aún más el comercio agropecuario; garantiza protección para las ayudas y subsidios agrícolas que aplican los países desarrollados y que distorsionan el comercio; y profundiza el control de las empresas transnacionales sobre la producción y el comercio agropecuario mundial.

¿Pueden las normas de comercio desempeñar un papel positivo en las políticas agropecuarias y alimentarias?
El comercio internacional de alimentos puede desempeñar un papel positivo, por ejemplo en tiempos de inseguridad alimentaria regional, o para el caso de productos que sólo se pueden cultivar en determinados lugares del planeta, o para el intercambio de productos de calidad. No obstante, esas normas de comercio deberán respetar el principio de precaución en todas las políticas a todos los niveles, así como reconocer los procesos democráticos y participativos en la toma de decisiones y la primacía de la soberanía alimentaria de los pueblos por encima de los imperativos del comercio internacional.

Un régimen institucional alternativo
Es evidente la necesidad, como complemento al papel de los gobiernos locales y nacionales, de un nuevo régimen institucional alternativo de reglamentación multilateral para la producción sustentable y el comercio de bienes agropecuarios y alimentarios. Ese nuevo régimen deberá respetar los siguientes principios:

1. La soberanía alimentaria de los pueblos;
2. El derecho de todos los países a proteger su mercado interno, regulando a tal efecto todas aquellas importaciones que socaven su soberanía alimentaria;
3. Normas de comercio que apuntalen y garanticen la soberanía alimentaria;
4. Equidad de género e igualdad en todas las políticas y prácticas referidas a la producción alimentaria;
5. El principio de precaución;
6. El derecho a la información acerca del origen y contenido de los productos alimenticios;
7. Mecanismos internacionales de participación genuinamente democráticos;
8. Prioridad para la producción alimentaria nacional, las prácticas agroecológicas sustentables y el acceso equitativo a todos los recursos;
9. Apoyo a los pequeños productores agropecuarios para que obtengan la propiedad y ejerzan suficiente control sobre los medios de producción alimentaria;
10. Apoyo al pleno acceso a los recursos acuáticos para las comunidades pescadoras tradicionales;
11. Prohibición eficaz de todas las formas de dumping, a fin de proteger la producción alimentaria nacional, mediante la aplicación de medidas de control de la oferta que eviten la generación de excedentes por parte de los países exportadores, y el ejercicio del derecho de los países importadores a proteger sus mercados internos contra los productos importados a bajo precio;
12. Prohibición de la biopiratería y las patentes sobre materia viva –animales, plantas, el organismo humano y otras formas de vida— y cualquiera de sus componentes, e incluso al desarrollo de variedades estériles mediante procesos de ingeniería genética; y
13. Respeto por todos los convenios de Derechos Humanos y otros acuerdos multilaterales afines bajo jurisdicción internacional independiente.

Los abajo firmantes hacemos nuestros los reclamos planteados en otras declaraciones de la sociedad civil tales como ‘Nuestro Mundo No Está en Venta: OMC, Someterse o Desaparecer’ y ‘Frenemos Ya el Ataque del GATS’. Reclamamos que los gobiernos aprueben las siguientes medidas de manera inmediata:

1. Cesar las negociaciones tendientes al lanzamiento de una nueva ronda de liberalización comercial y frenar las discusiones tendientes a incorporar ‘nuevos temas’ o sectores al ámbito de jurisdicción de la OMC, tales como inversiones, normas de competencia, compras del Estado, biotecnología, servicios, normas laborales y medio ambiente;
2. Cancelar las negociaciones para una mayor liberalización del comercio agropecuario en el ámbito del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, inclusive a través de la llamada ‘agenda incorporada’ u ordinaria de la OMC;
3. Eliminar la aceptación obligatoria de un cupo mínimo de importación del 5% del consumo interno; todas las cláusulas sobre acceso obligatorio a los mercados deben ser asimismo eliminadas inmediatamente;
4. Emprender una revisión exhaustiva tanto de la implementación como de los impactos sociales y ambientales de las normas y acuerdos de comercio vigentes (y el papel de la OMC en ese sistema) con respecto a la alimentación, la agricultura y la pesca;
5. Tomar medidas inmediatas para sustraer a la alimentación y la agricultura del control de la OMC, entre otras, mediante el desmantelamiento del acuerdo AsA y la exclusión o enmienda de las cláusulas pertinentes en los acuerdos ADPIC, AGCS, MSF, OTC, y SMC y su sustitución por un nuevo Convenio Internacional sobre Soberanía Alimentaria y Comercio Agropecuario, Pesquero y Alimentario;
6. Revisar las políticas sobre propiedad intelectual, de tal manera que se prohíba el patentamiento de todo tipo de materia viva o cualquiera de sus componentes, y se fijen límites a los derechos de patente a fin de proteger la salud y la seguridad públicas;
7. Frenar las negociaciones del acuerdo GATS, y eliminar el principio de “liberalización progresiva” a fin de proteger los servicios públicos y el interés común;
8. Aplicar políticas de reforma agraria genuina, y garantizar los derechos de los productores agropecuarios sobre recursos cruciales como la tierra, las semillas, el agua y otros recursos;
9. Promover y proteger el papel fundamental de los pescadores artesanales y las organizaciones de trabajadores pesqueros en el control del uso de los recursos acuáticos y los océanos, nacional e internacionalemente;
10. Iniciar discusiones sobre un régimen institucional alternativo para reglamentar la producción sustentable y el comercio en productos agropecuarios, pesqueros y alimentarios. Tal régimen debería incluir:

• A la ONU –reformada y fortalecida— activamente comprometida en la protección de los derechos fundamentales de todos los pueblos, en tanto que foro apropiado para elaborar y negociar normas de producción sustentable y comercio justo;
• Un mecanismo de resolución de disputas integrado a una Corte Internacional de Justicia, especialmente para impedir la práctica del dumping y los envios de ayuda alimentaria transgénica;
• Una Comisión Mundial para la Agricultura Sustentable y la Soberanía Alimentaria, creada para evaluar exhaustivamente los efectos de la liberalización del comercio sobre la soberanía y seguridad alimentaria, y para generar propuestas de cambio; su mandato deberá abarcar los acuerdos y reglas de la OMC y de otros pactos comerciales bilaterales, regionales e internacionales, así como las políticas económicas impulsadas por los organismos financieros internacionales y los Bancos Multilaterales de Desarrollo; tal comisión deberá constar de y estar dirigida por delegados de diversas organizaciones sociales y grupos culturales, movimientos sociales, organizaciones profesionales, y representantes políticos democráticamente electos y funcionarios de organismos multilaterales pertinentes;
• Un Tratado Internacional vinculante que defina y consagre los derechos de los campesinos y pequeños productores agropecuarios sobre los bienes, recursos y protecciones legales que precisan para ejercer su derecho a producir; dicho tratado deberá integrarse al sistema de Derechos Humanos de la ONU y asociarse a otros convenios relevantes ya existentes dentro de la ONU;
• Un Convenio Internacional que sustituya al Acuerdo sobre Agricultura (AoA) y las cláusulas pertinentes de otros acuerdos de la OMC, y que consagre y aplique en el contexto del régimen internacional de políticas el concepto de soberanía alimentaria y el derecho fundamental de los pueblos a alimentos sanos y nutritivos, a pleno empleo digno en las zonas rurales, a derechos laborales y seguridad y a un ambiente natural rico y diverso, y que incluya asimismo reglas para la producción y el comercio sustentables en productos agropecuarios y alimentos.

¡Una alianza amplia con una agenda para el cambio!
Los efectos de las políticas neoliberales saltan a la vista. La sociedad civil se percata de ellas cada vez más cabalmente y las rechaza en todo el mundo, ejerciendo una presión creciente por cambios.

En la etapa preparatoria de la próxima Conferencia Ministerial de la OMC y en los años que siguen, los abajo firmantes continuaremos denunciando los efectos negativos de las políticas económicas y comerciales neoliberales en la agricultura, la pesca y la alimentación, y proponiendo alternativas al actual régimen mundial de comercio.

Esta declaración constituye una clara señal de la firme decisión que une a los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil en todo el mundo en la lucha por democratizar las políticas internacionales y crear instituciones capaces de albergar y defender políticas sustentables para la agricultura, la pesca y la alimentación.

Suscrita por:

A) Redes y movimientos internacionales
Via Campesina (movimiento internacional campesino con más de 80 organizaciones en más de 40 países)
World Forum of Fish Harvesters and Fishworkers (WFF)
World Forum of Fisher Peoples (WFFP)

B) Redes y movimientos regionales
Amigos de la Tierra (FoE) de América Latina y el Caribe
COASAD - Africa

C) Organizaciones nacionales
CESTA- Amigos de la Tierra El Salvador
CENSAT – Amigos de la Tierra Colombia
COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica
COHPEDA- Amigos de la Tierra Haití
Collectif Stratégies Alimentaires - Bélgica
Focus on the Global South - Tailandia
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Foodfirst/ Institute for Food and Development Policy – EE.UU
ETCgroup - Canadá
IBON Foundation Inc. - Filipinas
Institute for Agriculture and Trade Policy – EE.UU.
KMP (miembro de Via Campesina) - Filipinas
NBS (miembro de Via Campesina) - Noruega
NFFC (miembro de Via Campesina) – EE.UU.
Public Citizen's Energy and Environment Program – EE.UU.
REDES- Amigos de la Tierra Uruguay
Sobrevivencia – Amigos de la Tierra Paraguay
Small and Family Farms Alliance (SFFA) - Reino Unido
National Fishworkers' Forum Of India (NFF)

(*) Información de contacto de las organizaciones que han auspiciado la declaración:

COASAD
Christine Andela
POBox 11813, Yaounde, Camerún
Tel: +237-96 32 58, Fax: +237-22 86 55
Email: andelac@yahoo.com

Collectif Stratégies Alimentaires
Marek Poznanski
184 D, Boulevard Léopold II, 1080 Bruselas,, Bélgica
Tel. + 32-2- 412 06 61 / Fax: + 32 2 412 06 66
Email: csa@csa-be.org

ETC Group (formerly RAFI)
478 River Avenue, Suite 200, WINNIPEG MB R3L 0C8, CANADÁ
Tel: +(1-204) 453-5259, Fax: (1-204) 284-7871
Email: etc@etcgroup.org

Focus on the Global South
Shalmali Guttal
CUSRI, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Bangkok 10330, Tailandia
Tel: + (66-2) 218 7363-5
Email: s.guttal@focusweb.org

Food First/Institute for Food and Development Policy
Peter Rosset
398 60th Street, Oakland, California 94618 EE.UU.
Tel: +1-510-654-4400 x224, fax: +1-253-295-5257
Email: rosset@foodfirst.org

Friends of the Earth Latin America & Caribbean
Alberto Villarreal
San Jose 1423, 11 200 Montevideo, URUGUAY
Tel/fax: +5982 902 2355 or 5982 908 2730
Email: comerc@redes.org.uy

Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Tim Rice
26-28 Underwood Street, London N1 7JQ, Reino Unido
Tel: +44 20 7566 1603
Email: timr@foe.co.uk

GRAIN
Henk Hobbelink
Girona 25, pral 08010 Barcelona, España
Tel: +34-93-301 1381 Fax: +34-93-301- 1627
Email: grain@grain.org

Institute for Agriculture and Trade Policy
Mark Ritchie
2105 1st Ave. S., Minneapolis, MN, EE.UU., 55404
Tel: +1 612 870 3454
Email: mritchie@iatp.org

IBON Foundation Inc.
Rosario Bella Guzman, Antonio Tujan Jr.
P.O. Box SM-447, Sta Mesa, Manila, Philippines
Tel +63-2-7142737 fax +63-2-7160108
Email: atujan@ibon.org

Public Citizen's Energy and Environment Program
Wenonah Hauter
215 Pennsylvania Ave. SE, Washington, DC 20003, USA
Tel: +1 202-454-5150
Email: whauter@citizen.org

Via Campesina
Rafael Alegria, Paul Nicholson
Colonia Alameda, Casa #2025, 11 Calle, 3 y 4 Avenidas, Tegucigalpa, Honduras
Telefax: +(504) 235 99 15, Telephone: (504) 239 4679
Email: viacam@gbm.hn

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