Cumbre Indígena de Quito: pronunciamiento de la mesa sobre tierras, territorios y recursos naturales

Actualmente los territorios que habitamos se caracterizan por la conservación de biodiversidad y existencia de recursos naturales que son ambicionados por las multinacionales y nuevamente estamos sufriendo el despojo con nuevos métodos.

Declaramos a nuestras tierras, territorios y los recursos que se encuentran en ellos, como inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Denunciamos que existen legislaciones nacionales (en algunos casos “avanzadas”) y tratados internacionales que reconocen el derecho de nuestros pueblos, nacionalidades o comunidades indígenas a las tierras y territorios; pero en los hechos los gobiernos nacionales no los respetan.

Algunos de los instrumentos internacionales que han sido violados por los gobiernos nacionales de América son:

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
El Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El Pacto de San José sobre Derechos Políticos y Sociales
El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad
El Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático

Denunciamos que se está dando un proceso de reversión de los derechos a la tierra y el territorio de nuestras nacionalidades y pueblos indígenas en la mayoría de los estados nacionales de América, para privatizar la tierra y garantizar el acceso a los recursos naturales de nuestras tierras y territorios a empresas transnacionales,

Denunciamos que los gobiernos nacionales de América están empleando en cada vez mas casos, la represión violenta caracterizada por violaciones a nuestros derechos humanos, la criminalización de la protesta social, la paramilitarización, el invento de delitos a dirigentes y los desalojos de nuestras tierras, entre otras acciones, para imponer la política neoliberal.

Denunciamos que a iniciativa del Banco Mundial, los gobiernos nacionales están impulsando programas para la titulación de tierras de manera individual en comunidades indígenas y campesinas, con la intención de facilitar el proceso de privatización de las tierras indígenas. Para las grandes corporaciones (apoyadas por los gobiernos y los organismos multilaterales), las estructuras comunitarias son la última barrera que hay que tumbar para apoderarse de los recursos naturales asentados en nuestras tierras y territorios.

Denunciamos que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, El Global Environmental Fond (GEF), la Corporación Andina de Fomento (CAF), los gobiernos de América, ONG’s internacionales como Internacional Conservation (IC), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fond (WWF), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN y otras ONG’s, así como corporaciones multinacionales petroleras eléctricas y mineras, están impulsando y realizando planes de ordenamiento territorial y prospección de los recursos naturales de nuestras tierras y territorios, en el marco de la cooperación pública privada (partnerships), involucrando en muchos casos a ONG’s locales, con la intención de promover su privatización.

Denunciamos que para cumplir con sus propósitos, las ONG’s socias (partner ships), en algunos casos se han ganado la confianza de comunidades indígenas entregando dádivas a las mismas, para convencerlas de que les permitan realizar sus estudios e investigaciones.

Denunciamos que las empresas transnacionales de las industrias extractivas impulsan en las tierras y territorios de comunidades indígenas, la división, la confrontación y el enfrentamiento armado entre las comunidades asentadas sobre los yacimientos que son de su interés con la intención de debilitar la resistencia a la imposición de sus proyectos.

Denunciamos que el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas es una estrategia para despojar a nuestros pueblos de sus tierras y territorios, ya que en múltiples casos los gobiernos promueven el desalojo de la población que vive o ha vivido desde tiempo inmemorial en ellas.

Denunciamos que las corporaciones multinacionales que más contaminan el ambiente, con el apoyo de los países mas poderosos del planeta, no están cumpliendo con sus compromisos de minimizar la contaminación como está establecido en el Convenio de Cambio Climático y en su lugar están aportando migajas para que ONG´s convenzan a nuestras comunidades de aceptar el pago de servicios ambientales (captura de carbono, ecoturismo, manejo de flora y fauna silvestre, embotellamiento de agua, etc.)

Nos oponemos tajantemente al establecimiento de planes como la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá (PPP); así como al establecimiento de Tratados y Acuerdos de Libre Comercio; ya que lo único que garantizan es el saqueo de los recursos naturales de nuestras tierras y territorios.

Nos oponemos rotundamente a la utilización de la información genética de los habitantes de nuestros pueblos indígenas con cualquier fin, ya sea por instituciones públicas o privadas, no somos conejillos de indias para que realicen experimentos con los atributo de nuestro ser.

Rechazamos firmemente el establecimiento de patentes sobre recursos fitogenéticos, biodiversidad y conocimiento tradicional; ya que este es un mecanismo de las transnacionales para apoderarse de los recursos y sabiduría ancestral de nuestros pueblos.

Nos oponemos terminantemente al negocio que las transnacionales están haciendo con las semillas que nos proporcionan alimento al convertirlas en organismos genéticamente modificados con el pretexto de salvar del hambre a la humanidad. Evidenciamos que su única pretensión es obtener el control del negocio de la alimentación mundial.

Reafirmamos el derecho de nuestros pueblos al uso de nuestras semillas nativas, ya que esto asegura a la humanidad la posibilidad de seguirse alimentando.

Exigimos la repatriación sin condiciones de los recursos genéticos y culturales que se han extraído legal e ilegalmente de nuestras tierras y territorios, no es en bancos o colecciones donde se deben encontrar, su conservación y fortalecimiento dependen de nuestra existencia.

El agua y el aire que respiramos, son recursos inherentes a la naturaleza humana, nos oponemos rotundamente a su privatización.

Rechazamos el establecimiento de actividades extractivas en los territorios de los pueblos indígenas porque no respetan la autodeterminación de nuestras nacionalidades y pueblos indígenas y se han caracterizado por los alarmantes índices de contaminación en nuestros territorios.

Rechazamos las fumigaciones que los estados nacionales han emprendido en territorios indígenas bajo cualquier pretexto.

No reconocemos como nuestros representantes, a los indígenas que participan en organismos multilaterales, ya que estos no provienen de propuestas del movimiento indígena internacional y no llevan nuestras propuestas sino que avalan las propuestas de los propios organismos multilaterales en que “participan”.

Las debilidades internas y externas de nuestras comunidades y organizaciones indígenas hacen que los gobiernos se aprovechen de esta situación para establecer mecanismos que provocan la pérdida de las tierras y territorios indígenas. Hacemos un llamado a los dirigentes y representantes indígenas para que bajen a las bases, la información sobre las amenazas que se ciernen sobre nuestras tierras, territorios y recursos naturales y sea desde éstos espacios donde se diseñen las propuestas de bienestar de nuestras nacionalidades y pueblos, tomando en cuenta que nuestros territorios son sagrados y no solo la base material de nuestra existencia.

Ante la situación de despojo que caracteriza la existencia de nuestros pueblos, es necesario que concibamos nuestras propias propuestas sin esperar el reconocimiento legal de nuestras acciones. Convocamos a las nacionalidades y Pueblos indígenas a la creación de regímenes autonómicos en sus territorios, ya que solo de esta manera garantizaremos nuestra existencia con nuestra propia visión

Hacemos un llamado a todas las comunidades y organizaciones indígenas de Abya Yala, para que no permitan el establecimiento de negociaciones orientadas a patentar sus recursos naturales y conocimientos, ya que éstos son patrimonio colectivo de nuestros pueblos y ninguna comunidad o grupo de comunidades puede abrogarse el derecho a decir que son exclusivamente suyos.

Hacemos un llamado a las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas para que no acepten la instalación de consejos en donde solo participen autoridades y/o representantes indígenas. Las consultas sobre los proyectos de desarrollo en nuestras tierras y territorios se tienen que hacer con el conocimiento pleno de nuestras comunidades y organizaciones y de acuerdo a los procedimientos que nosotros establezcamos. Si esto no es así, no reconoceremos que hemos sido consultados.

Hacemos un llamado a las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, para que no acepten los ofrecimientos económicos que realizan las transnacionales con el apoyo de los gobiernos nacionales; provinciales, departamentales o estatales y municipales, con la intención de permitirles el establecimiento de sus proyectos de desarrollo.

Hacemos un llamado a nuestras nacionalidades, pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, para que emprendan acciones para la recuperación de las tierras que les han sido arrebatadas.

Se propone a las nacionalidades, pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, que utilicen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, para exigirle a nuestros gobiernos el respeto y cumplimiento de los derechos que tenemos reconocidos en las legislaciones nacionales y los tratados internacionales.

Exigimos a los gobiernos nacionales, la restitución de las tierras despojadas a nuestras nacionalidades y pueblos indígenas por acciones emprendidas por los estados nacionales, empresas, paramilitares y terratenientes.

Existen territorios indígenas que trascienden las fronteras nacionales. Exigimos a los gobiernos nacionales, se garantice el libre tránsito de las personas indígenas en sus territorios.

Exigimos a los estados nacionales, que donde ya existan impactos ambientales en territorios indígenas, además de indemnizar a los afectados, se recuperen las condiciones iniciales de esos territorios.

Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano, para que respete las medidas cautelares vinculantes dictadas por la Corte Interamericana en el caso de Sarayacu. Asimismo nos pronunciamos porque se reconozca el esfuerzo de Sarayacu y todas las comunidades que están resistiendo al establecimiento de planes de desarrollo neoliberal.

Exigimos a la OEA la revisión con la participación y decisión de delegados indígenas avalados por el movimiento indígena de Abya Yala de la Declaración Interamericana de los Derechos de las Poblaciones Indígenas.

Exigimos a la ONU la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.