Cuadernos para cuidar nuestras semillas

En 2020, el Colectivo de Semillas de América Latina, junto con la Alianza Biodiversidad y GRAIN, tras años de arduo trabajo, concretamos una serie de cuadernos para ayudar a que se entienda el papel de los pactos, convenios y acuerdos de libre comercio y cómo tejen una maraña encaminada a privatizar, léase acaparar, las semillas campesinas, indígenas, inmemoriales. En estos cuadernos se fueron hilando las razones del poder y el hilo histórico de los pueblos y las comunidades que han mantenido el flujo de semillas vivo a lo largo de milenios.

El Colectivo de Semillas-Alianza Biodiversidad decía en su presentación de la serie:

“Presentamos una serie de cuadernos que pueden ser herramientas para ayudarnos a entender el papel de las semillas en nuestra sociedad mundial, en el tejido nacional de cada país, pero sobre todo en la vida cotidiana de larguísimo plazo de la gente que vive de su relación con la Naturaleza escuchando a la tierra. Cuadernos que nos ayuden a entender por qué hay ese empeño por establecer una propiedad intelectual, una privatización de las semillas mediante pactos, convenios, acuerdos, leyes, estándares, normas, registros y certificaciones. Por qué se invierte tanto esfuerzo en arrinconar lo que ha sido el quehacer fundamental de la humanidad durante miles de años. Ocurre como en la más atroz ciencia-ficción: por todo el mundo leyes y tratados de libre comercio tornan ilegal la práctica milenaria de guardar e intercambiar libremente las semillas de las comunidades porque las grandes compañías (una suerte de consorcio entre agroindustria, tecno-ciencia, finanzas, comercio, organismos reguladores internacionales, aparatos jurídicos y cuerpos legislativos) han buscado afanosos desde dónde hacer un ataque directo, total, para erradicar la agricultura campesina, privatizarla, y sustituirla con producción agrícola industrial. Quieren diluir el potencial del talismán que le ha permitido a sembradoras y sembradores seguir libres: la semilla. Ésta es la llave de las redes alimentarias, de la independencia real del campesinado ante los modos invasores y corruptores de terratenientes, hacenderos, narcotraficantes, farmacéuticas, agroquímicas, procesadores de alimentos, supermercados y gobiernos. Los investigadores de las grandes empresas suponen que sus versiones restringidas y débiles (homogéneas dirán) de la infinita variedad de las semillas sustituyen el potencial genético infinito de los cultivos y aseguran el futuro de la producción agrícola. Pero se equivocan por completo”.

Todo comenzó en los años 80 cuando algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial junto con Estados Unidos impusieron “reformas estructurales” y comenzaron a exigir que los países emparejaran sus modos de proceder, inaugurando la llamada “globalización”. De un modo un tanto coercitivo, exigieron que los países abandonaran sus regulaciones y adoptaran otras “equivalentes para todos”.

Se dijo que su buscarían regulaciones, criterios y normas parecidas. Se implantaron los intereses de los países “desarrollados”, los intereses de las grandes empresas allí establecidas, con el pretexto de “facilitar el intercambio comercial”.

Argumentando “libre comercio’” en realidad se impusieron reformas que afectaron toda la vida pues abrieron margen de maniobra a las corporaciones, les quitaron restricciones y muy poco se vigiló su utilidad y los nocivos efectos de sus actividades.

Los gobiernos, sus instituciones jurídicas y el Derecho comenzaron a desgastarse. Los intereses de la ganancia buscaron doblegar a la justicia. Se exige que las corporaciones tengan estatus de igual a igual, que los gobiernos en los juicios y demandas que emprenden en tribunales especiales, por “supuestamente” incumplir las reformas impuestas. Hoy, las grandes empresas y sus gobiernos “asociados” controlan el comercio de mercancías y servicios, “la producción, la alimentación, la salud, el desarrollo de la ciencia, los recursos naturales, el trabajo, las capacidades individuales y colectivas y muchísimos aspectos más de la vida”.

Los tratados de libre comercio mostraron su verdadero rostros de candados a todas las reformas arriba señaladas. Acuerdos de “comercio”, “inversión” y “asistencia técnica”, que comprometen a los países firmantes (no dominantes), a cumplir con lo exigido por los países que fijan las reglas de tales acuerdos junto con los organismos internacionales.

El primer cuaderno invocaba y explicaba “causas y razones para la búsqueda de este control cada vez más pleno de restricciones”. En Pactos internacionales que someten los bienes comunes de la biodiversidad, se mostraba cómo “de un modo un tanto coercitivo, se exigió que los países abandonaran sus regulaciones y adoptaran otras ‘equivalentes para todos’. Así surgieron pactos, convenios, leyes y tratados de libre comercio que contribuyeron a registrar, certificar, calificar las semillas o de plano ilegalizar la práctica milenaria de guardar e intercambiar libremente las semillas de las comunidades porque la agroindustria, la tecno-ciencia, las finanzas, los agronegocios, organismos reguladores internacionales, aparatos jurídicos y cuerpos legislativos comenzaron a buscar desde dónde erosionar la agricultura campesina, privatizarla, y sustituirla con producción agrícola industrial”.

En el cuaderno titulado El Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena, nos asomamos al por qué los organismos internacionales decidieron establecer el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y su Protocolo de Nagoya. Se decía que era necesario proteger la biodiversidad silvestre y agrícola ante los estragos ya visibles de la Revolución Verde con sus semillas “estandarizadas”, “mejoradas”, híbridas. “Se arrasaba con las áreas tropicales y bosques en su mayoría cuidados por pueblos originarios y comunidades campesinas. Desaparecían muchísimas especies y había despojo de tierras. La idea central, se dijo, era conservar la biodiversidad sin dejar de utilizarla. El CDB tornaría la biodiversidad en un ‘recurso’ bajo la soberanía de cada Estado, que regularía quién y en qué términos tendría acceso a tales recursos, y quién los otorgaría mediante contratos que fijaran requisitos, reglas y repartos supuestamente ‘justos y equitativos de beneficios’. Los costos y las ganancias sólo podrían asegurarse con derechos de propiedad intelectual (DPI)”. En realidad, con el Protocolo de Nagoya (PN), “el CDB somete a los países firmantes a las reglas de juego del comercio mundial, disparejas por naturaleza”.

En el tercer cuaderno el foco fue el Tratado de las semillas, mejor conocido como Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación-TIRFAA), y caracterizamos las leyes de registro y certificación de las semillas. “El objetivo autoproclamado era establecer un sistema multilateral para el acceso a recursos fitogenéticos (SMA)y que los agricultores, fitomejoradores y científicos de los países integrantes del Tratado tengan acceso a semillas y otros materiales de reproducción de los 64 cultivos alimentarios más comunes. Los integrantes contribuirían con ejemplares a un Sistema Multilateral de Acceso y a cambio los fitomejoradores de los países firmantes accederían a las semillas de estos bancos (sólo con fines de investigación, conservación, mejoramiento y capacitación). Se insistió en que ninguna de estas semillas ‘tal como fueron depositadas’ podría ser apropiada mediante derechos de propiedad intelectual (DPI), lo que puede ser transgredido con cualquier manipulación ejercida sobre ellas”.

Por desgracia, las comunidades que se han echado a cuestas la responsabilidad de “custodiar y mantener vivas y diversas estas semillas no tienen un libre acceso a estos bancos de semillas. Muchas comunidades ni siquiera saben que existen, pese a que los ejemplares allí depositados provienen en su mayoría de los países del Sur”.

El cuarto cuaderno compara gráficamente las semillas certificadas y/o registradas, y las semillas nativas y criollas. “Las semillas campesinas son un bien común de los pueblos, surgido de la responsabilidad comunitaria. Garantizan la soberanía y autonomía alimentaria, promueven sociedades más equitativas, incluyentes y participativas. Impulsan saberes tradicionales”, mientras que las semillas registradas o certificadas son semillas híbridas o transgénicas, útiles en los monocultivos industriales, dependen de insumos externos y agrotóxicos con impactos ambientales devastadores. “Son semillas que se dice pueden mostrar mayor rendimiento por área en ambientes controlados pero son mucho más susceptibles a las condiciones climáticas cambiantes y extremas, producidas y comercializadas por corporaciones, protegidas por derechos de obtentor o por patentes, lo que promueve privatización, propiedad intelectual y erosión del saber y la biodiversidad”.

Un hito de la serie es el cuaderno 5: UPOV, el gran robo de semillas, por eso debemos defenderlas, que narra el caso mundial de la llamada Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, promotora de la “protección de las obtenciones”, una privatización de las variedades de cultivos y sus semillas. Mediante el Convenio UPOV, un pequeño grupo internacional de grandes productores y corporaciones “se adjudicó a sí mismo la prerrogativa de facilitar la apropiación de las semillas, excluyendo la posibilidad de que el resto de personas y comunidades las utilizaran libremente, pese a que su vida está entretejida en la agricultura y son quienes las domesticaron y las legaron a la humanidad”. Con más o menos detalles, UPOV busca volver ilegal que la gente pueda guardar, intercambiar y sobre todo reproducir sus propias semillas.

El cuaderno 6 es uno de los más controvertidos. En La estafa de la propiedad intelectual insistimos: “La privatización de las semillas es parte de un negocio millonario donde los grandes capitales pretenden controlar la naturaleza y la producción de alimentos, pues la comida y los bienes naturales tienen el potencial de ser el mayor y más lucrativo negocio. Cualquier privatización, como toda la propiedad intelectual, implica una exclusión, aun pactando compensaciones que presuman de ‘reparto justo de beneficios’. El esquema de acaparamiento incrustado en cualquier derecho de propiedad intelectual siempre dejará fuera a la persona, colectivo o comunidad más desprotegidos, con menos recursos y conexiones. Aceptar la propiedad intelectual es aceptar que todo sea mercancía o capital. Es destruir el sentido más profundo de lo colectivo y todo lo que diversas comunidades crearon a lo largo de su historia, incluidos los saberes, las semillas, los territorios”.

El cuaderno abre una disyuntiva que GRAIN planteó hace más de veinte años: “Queda claro que el sistema de normas diseñadas para proteger al capital no nos protegerá. Obedecer las legislaciones privatizantes es facilitar nuestra destrucción y desobedecer nos deja aparentemente fuera de toda protección y sujetos a los castigos que la ley determine. Por tanto, la biodiversidad y los saberes comunitarios asociados requieren un paraguas de protección jurídica que fortalezca su cambio permanente, su producción, uso y conservación social y colectiva. Los pueblos y comunidades deben poder mantener sistemas de innovación y construcción continua del saber para cumplir con el principio de resolver con sus propios medios e iniciativas lo que más les importa”.

Insistiremos en que la mejor forma de proteger la vida, las semillas, nuestros cultivos y saberes, es sembrarlos, intercambiarlos, reproducirlos, mantenerlos vivos, con la custodia de nuestras formas de decisión colectiva.

Para el capital, la agricultura independiente que hacen los pueblos originarios y campesinos del mundo debe desaparecer. Nuestra tarea es permanecer, resistir, desnudar, denunciar y derrotar la opresión y el absurdo.

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Fuente: Desinformémonos