Crear una alianza feminista por la justicia comercial

Después de más de treinta años de globalización neoliberal, se han reconocido ampliamente los impactos devastadores en materia de género que tienen la austeridad, la privatización, la desregulación financiera y empresarial y la liberalización comercial y de inversiones, incluso por algunos de sus  proponentes más grandes. Estas desigualdades estructurales de género han sido expuestas aún más por la pandemia de la covid-19.

El sistema actual promueve un modelo de competitividad económica y de crecimiento que depende de un mercado laboral “flexible” y no regulado en el cual el costo del trabajo puede minimizarse en relación con los ingresos. Las estructuras patriarcales han posicionado a las mujeres, en especial a las de grupos sociales vulnerables, como una fuente más fácil de trabajo explotable y de bajo costo debido a su poder social y económico marginal. Las empresas que operan en cadenas de valor global, facilitadas por el comercio liberalizado y los regímenes de inversión, necesitan de la devaluación del trabajo de las mujeres como una fuente de ventaja comparativa, pues contratan mujeres con salarios bajos y pocos beneficios y protecciones para disminuir los costos de producción y aumentar las ganancias. El modelo económico prevaleciente, por tanto, reposa en la discriminación y explotación sistemática de mujeres y recursos, especialmente en el sur global.

Por ejemplo, aunque las mujeres representan más del 60% de la fuerza de trabajo africana en ciertos sectores como el cacao y el café, ganan  sólo un tercio del ingreso de estos sectores. Un  estudio de 36 países realizado por David Kucera y Sheba Tejani (2014) muestra un amplio empleo femenino en industrias de exportaciones de bajos salarios, bajo valor añadido y de mano de obra intensiva, especialmente en economías emergentes del sur global. La explotación de mujeres y otros grupos vulnerables por tanto actúa como un instrumento de crecimiento en el neoliberalismo, al exacerbar los impactos del patriarcado en los derechos humanos de las mujeres. Esta posición de las mujeres en el modelo económico neoliberal también las deja particularmente vulnerables a las consecuencias de la explotación ambiental; por ejemplo, los impactos del drenaje de ácido de minas son más duros para las mujeres en África, que tienden a ser quienes  cargan el agua.

La liberalización del comercio y el aumento en la concentración de la tierra en manos de grandes empresas agrícolas también han  desplazado a las mujeres del sector agrícola a lo largo del sur global, del cual un gran porcentaje depende de la agricultura de subsistencia. Los acuerdos comerciales que buscan armonizar los derechos de propiedad intelectual otorgados a las empresas también han perpetuado el robo del conocimiento tradicional de las mujeres y las comunidades indígenas y han debilitado el acceso a medicinas asequibles, lo cual es particularmente pertinente durante la pandemia actual.

Adicionalmente, un  reporte del FMI encontró que los países de ingresos bajos en el África subsahariana, en promedio, sólo recuperan 30 centavos por cada dólar perdido como resultado de la liberalización del comercio a través de otras fuentes domésticas, lo cual es una dinámica  que se replica también en países de ingresos bajos en otras regiones. Esto niega ganancias a los gobiernos que pueden usarse para fortalecer servicios públicos como el cuidado de niños, la educación, el agua y la sanidad, todos los cuales son cruciales para avanzar en los derechos humanos de las mujeres. Más aún, estas pérdidas de ganancias a menudo se compensan por medio de impuestos regresivos, como los impuestos de valor añadido o los de venta y servicio, que afectan de manera desproporcionada a los grupos pobres y que ya estaban marginados, incluidas las mujeres. Como resultado, las mujeres tienden a usar más porciones de su ingreso en comida y bienes básicos para el hogar.

Los acuerdos comerciales y de inversión cada vez contienen más beneficios a través del mecanismo de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Conocido como la carta magna de los inversionistas, el ISDS les otorga a las empresas el poder de demandar a los gobiernos en tribunales secretos si aprueban leyes, políticas o regulaciones que dañen las ganancias actuales y futuras de una empresa. Las empresas han usado el ISDS para evitar pagar impuestos, desafiar leyes de interés público, debilitar políticas de acciones afirmativas y prevenir la remunicipalización de servicios públicos. Los costos de un caso de ISDS drenan los recursos públicos y debilitan las políticas fiscales, laborales, afirmativas y ambientales legítimas y necesarias para remediar las desigualdades persistentes y la discriminación.

La liberalización del comercio es claramente incompatible con los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Los movimientos feministas y otros han estado, durante décadas, al frente de la lucha contra los regímenes comerciales neoliberales, al trabajar para resaltar y resistir sus impactos sobre las mujeres, y especialmente sobre las personas pobres, las comunidades rurales, los pueblos indígenas, los migrantes, la clase trabajadora y otros grupos marginalizados.

Después de décadas de resistencia, muchos gobiernos y organizaciones internacionales han comenzado a reconocer las consecuencias de la liberalización del comercio sobre el género. Sin embargo, su reconocimiento y respuestas han sido inadecuadas en el mejor de los casos, que funcionan como paños de agua tibia que no remedian las estructuras que han profundizado las desigualdades sociales, o como una muleta en el peor de los casos, que funciona como un mecanismo para solidificar aún más estas estructuras. Por ejemplo, la “Declaración Conjunta sobre el Comercio y el Empoderamiento Económico de las Mujeres” de la Organización Mundial del Comercio ha sido  criticada por tener un enfoque fundamentalmente ortodoxo al comercio, que defiende la liberalización y la profundización del poder empresarial a través de temas emergentes como el comercio en línea. De manera similar, gobiernos como el  canadiense han comenzado a adoptar capítulos de género en sus acuerdos bilaterales de comercio e inversión, pero estos son en  gran parte inaplicables y aíslan las consideraciones de las necesidades y los derechos humanos de las mujeres a un capítulo único en lugar de tener un abordaje más amplio con los acuerdos en su totalidad y en la economía general.

La Coalición de Género y Comercio: Una alianza feminista por la justicia comercial

En marzo de 2018, un grupo diverso de organizaciones de mujeres y aliados se reunió para lidiar con este contexto y definir el paisaje activista, académico, de política y del movimiento en la intersección del género y el comercio. Hubo un llamado unificado para articular una agenda colectiva y feminista para una justicia comercial. Con el trabajo conjunto, estos grupos construyeron la nueva  Coalición de Género y Comercio como un espacio para la participación amplia de grupos feministas y aliados, sindicatos, ONG enfocadas en el comercio y otros grupos sociales. Hicimos el lanzamiento oficial en marzo de 2019 al margen de la 63ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU.

La Coalición de Género y Comercio ha crecido a más de 300 miembros y ha realizado un trabajo crítico de análisis y oposición a la instrumentalización neoliberal de los derechos de las mujeres como una herramienta para abrir mercados y expandir el sistema injusto de comercio, a través de  seminarios virtuales,  documentos de política pública y  comunicados públicos. También hemos moldeado activamente las conversaciones en torno a una agenda comercial justa al organizar eventos que juntan a la sociedad civil, hacedores de política y académicos en arenas de política globales y regionales clave, como el Foro Público de la Organización Mundial del Comercio, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas y el Congreso Anual de la Asociación Internacional para la Economía Feminista.

Pero este trabajo también tiene sus retos. Entre los obstáculos más grandes se encuentra el que los donatarios le han quitado prioridad al comercio, en particular comparado con el pico que tuvo la organización en torno a la justicia comercial en los noventas, y los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones de derechos de mujeres para abordar asuntos aparentemente técnicos como el derecho comercial y de inversión. Además, la proliferación de acuerdos comerciales y de inversión bilaterales, plurilaterales y multilaterales que se negocian en secreto fue un desafío no sólo para las organizaciones de derechos de mujeres sino para todos los movimientos sociales y las organizaciones de sociedad civil. Una tarea monumental pero gratificante ha sido la coordinación de varias organizaciones y regiones a lo largo de todas las regiones del mundo y mantenerlas como una coalición.

La cooptación de los derechos de las mujeres para expandir los regímenes comerciales neoliberales es un desafío clave al que se enfrentan las organizaciones y movimientos que trabajan hoy en día en los derechos humanos de las mujeres. También brinda una oportunidad, no sólo para el movimiento feminista sino también para movimientos más amplios, de derrocar el sistema actual y reescribir uno que sea feminista y esté basado en principios de derechos humanos, rendición de cuentas, cooperación internacional y solidaridad.

Fuente: Open Global Rights