Corte de Honduras ratifica sentencia de autor del asesinato de Berta Cáceres

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País Honduras

Este viernes (7), la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.

Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.

En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.

Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.

“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos  miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.

Cabe resaltar que, hasta el momento, la justicia hondureña sólo ha emitido un requerimiento judicial contra Daniel Atala Midence (ex director financiero de DESA), quien se encuentra prófugo de la justicia.

Pruebas indiscutibles

La ratificación de la sentencia llega después de un largo proceso iniciado en 2018, cuando la Sala I del Tribunal de Sentencia declaró culpable a Sergio Rodríguez como coautor del asesinato de Berta Cáceres.

Para noviembre del año pasado, la Sala de lo Penal ratificó las condenas contra siete de las ocho personas sentenciadas en su grado de autoría material, quienes habían apelado la condena. No obstante, en el caso de Rodríguez no existió un consenso entre los magistrados, situación que el Copinh alertó fue generado debido a una campaña mediática y presiones contra el sistema de justicia que se sostuvieron durante el 2024.

Días previos al anuncio de la ratificación de la sentencia, el Copinh reiteró que la existencia de pruebas contra Rodríguez no se limitó a testimonios aislados, sino que derivan de sus propias comunicaciones. Destaca el hecho de que, en la extracción de evidencia de su teléfono, la justicia hondureña halló mensajes de texto y llamadas de coordinación con los demás participantes del homicidio de Cáceres.

“La evidencia de la extracción de teléfonos es la prueba clave que condena a la responsabilidad de Roberto David Castillo y Sergio Rodríguez por su participación en los ataques sistemáticos contra Berta y la tentativa de asesinato que se realizó entre el 5 y 6 de febrero del año 2016, así como las acciones anteriores y posteriores al asesinato de Berta”, sostuvo el Copinh mediante posicionamiento público.

La referencia es en relación con la participación de Rodríguez en el denominado grupo “Seguridad PHAZ”. Éste era un canal de comunicación mediante una aplicación de mensajería digital integrado por, entre otros, David Castillo, para monitorear las acciones del Copinh y coordinar ataques contra sus miembros.

“Es evidente que mientras no llegue Tomas o Bertha el movimiento se debilita y hay poca convocatoria. De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”, se lee en uno de los mensajes atribuidos a Rodríguez y encontrados en su dispositivo móvil que le incriminan en el caso.

Por su parte, las hijas de la ambientalista hondureña difundieron una carta dirigida a Rodríguez donde aseveran que su rol en DESA fue el de realizar actos de violencia contra Berta Cáceres. En la misiva, publicada como respuesta a una campaña que el Copinh calificó como “desinformación”, argumentan que el ex empleado de DESA buscaba confundir a la opinión pública debido a que presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano no jurisdiccional, por presuntas violaciones de derechos humanos.

“Es importante recordar que el asesinato de nuestra mamá, Berta Cáceres, no fue un acto aislado, sino el resultado de una cadena de decisiones tomadas por personas que buscaban silenciar su lucha por la defensa de los derechos indígenas y de la naturaleza. Usted fue parte de esa cadena, y su condena es un paso necesario para alcanzar justicia”, acusan las hijas de la ambientalista.

Para el Copinh, durante el juicio se presentaron pruebas indiscutibles que evidenciaron la participación criminal de Rodríguez mediante la vigilancia y hostigamiento contra Berta Cáceres, “acciones indispensables para la concreción del crimen”.

Fuente: Avispa Midia

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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