Conflictos y daños en los proyectos de Pan American Silver en América Latina

Lejos de su discurso sobre la minería sostenible y responsable, las prácticas de la empresa minera Pan American Silver evidencian el nulo respeto hacia los pueblos que defienden los territorios y se oponen a la minería. La empresa lucra en donde las comunidades han enfrentado militarización, criminalización, violencia, hostigamiento y amenazas. Estas operaciones han generado contaminación ambiental y afectado recursos hídricos esenciales. Ha habido conflictos laborales con accidentes ocupacionales frecuentes.

Nulo respeto por los pueblos que se oponen a la minería

Pan American Silver (PAS) ha comprado grandes proyectos de plata y oro a pesar de la amplia y reconocida oposición a la actividad minera de los pueblos afectados. 

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En 2009, la empresa adquirió el proyecto Navidad en la provincia de Chubut, Argentina, donde la minería de metales a cielo abierto y el uso de cianuro están prohibidos por una ley provincial aprobada en 2003, luego de un plebiscito y masivas movilizaciones populares. Las asambleas ambientales de la zona denuncia que la empresa presiona para lograr su habilitación, tanto a nivel local y provincial como nacional. En 2014, más que 17,000 ciudadanos de Chubut firmaron una iniciativa legislativa que propusieron para reforzar la prohibición de la minería a nivel provincial. La población está preocupada por el potencial impacto de la minería a gran escala en la cuenca del Sacanana y los acuíferos subterráneos de la meseta.

En 2019, con su adquisición de la empresa Tahoe Resources, PAS asumió el control de la mina Escobal en el sur de Guatemala. Frente a la amplia resistencia pacífica, el Estado y la empresa Tahoe recurrieron a la criminalización, violencia y militarización para reprimir a la población y abrir la mina en 2014. Escobal operó hasta mediados del año 2017, cuando los pobladores bloquearon el acceso a la mina y la corte la suspendió por discriminación y falta de consulta al pueblo Xinka. La corte también mandó al Ministerio de Energía y Minas que lleve a cabo la consulta. El pueblo Xinka ha denunciado que la consulta, aún en proceso, ha sido denunciada por discriminatorio e ilegal, por ser basado en un área de influencia determinado antes de que el proceso había iniciado oficialmente.

La mina de oro Shahuindo en Cajamarca, Perú, es otro proyecto que PAS adquirió con la compra de Tahoe Resources. Hay oposición permanente al proyecto desde el valle de Condebamba, una zona netamente agrícola, en donde la población se preocupa por el impacto de la mina sobre sus fuentes de agua. Desde 2016, las agencias regulatorias peruanas han emitido varios informes sobre contaminación por metales pesados de la mina, encontrando que las fuentes de agua no son aptas para el consumo humano. Pobladores han sufrido represión y criminalización por sus protestas sobre la pérdida de agua y contaminación por la mina. Las tensiones sociales persisten desde que PAS tomó control del proyecto. 

Lucra en zonas militarizadas y en donde comunidades están sometidas

En México, los pueblos afectados por los proyectos de PAS viven en contextos de violencia, militarización y sometimiento.

Entre 2013 a 2017, PAS despojó las tierras de la comunidad afectada por la mina La Colorada, en el estado de Zacatecas, para expandir sus operaciones. La comunidad fue desplazada forzadamente por efectivos de seguridad privada y sus viviendas destruidas con maquinaria pesada. Unas 230 personas fueron reubicadas en una “Unidad Habitacional”, en donde la empresa tiene altos niveles de control sobre la vida cotidiana de la las familias y la población vive en condiciones sofocantes. La población se preocupa por posibles impactos en su salud dado la proximidad de sus viviendas a la mina. El Comité de la Población de La Colorada sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos a la tierra natal.

PAS compró la mina Dolores en la Sierra Tarahumara, Chihuahua en 2012, en un contexto de violencia extrema por la militarización de la zona y una disputa territorial entre carteles. La militarización de la zona no ha dado protección a la población, sino que ha servido para imponer la explotación minera. Por ejemplo, militares facilitaron acceso al sitio minero para el dueño previo a PAS, la empresa minera canadiense Minefinders, durante un bloqueo de 17 meses que mantuvo la Asamblea Permanente de Ejidatarios de Huizopa, quienes reclamaron mejor renta para sus tierras y mayor cuidado del medioambiente. Luego, líderes comunitarios denunciaron que hubo presencia e intimidación por parte de la policía federal durante la asamblea definitoria sobre el acuerdo con la empresa, lo cual aseguró que  el grupo favorecido por la empresa ganaría. A mediados de 2018, cuando PAS ya estaba operando la mina, se cerró la mina por unos días frente los altos niveles de violencia en la vía hacia la mina, además de amenazas de atacar a sus helicópteros.

Esta situación limita severamente la libertad del pueblo para ejercer sus derechos frente a cualquier violación o abuso, y genera altos riesgos para periodistas y organizaciones sociales que podría documentar o solidarizarse con la comunidad. 

Impactos ambientales

Las posibles y actuales impactos en el medioambiente de las operaciones mineras de PAS son una fuente de preocupación entre las comunidades afectadas en diversos países, especialmente por el peligro que significa estos proyectos mineros para fuentes de agua y el bienestar de las poblaciones. Además, en un par de casos, se ha documentado cómo las autoridades ambientales son capturados por los intereses de las empresas mineras, fomentando la impunidad por daños ambientales. 

Como ya se ha mencionado, la preocupación por la contaminación ambiental, especialmente en las fuentes de agua, ha sido motivo de las resistencias al proyecto Navidad y las minas Escobal y Shahuindo en Argentina, Guatemala y Perú respectivamente.

En el caso de la mina Dolores en México, aún antes de su compra por PAS en 2012, hubo 100 familias indígenas Pima desplazadas por un corte en el río Tutuaca y la contaminación generada por la mina. En 2010, también hubo un derrame de cianuro de sodio en un patio de lixiviación del proyecto.  Sin embargo, las quejas de las comunidades afectadas en esta zona hacia las autoridades ambientales se quedaron sin respuesta o con una respuesta que afirmó que no hubo daño ambiental.

En el caso de la mina Manantial Espejo, la cual opera en la provincia de Santa Cruz, Argentina, la aprobación de los estudios de impacto ambiental está a cargo de la Secretaría de Minería, en claro de conflicto de intereses, y fomentando la impunidad en casos de daños ambientales. Por ejemplo, en 2011 y 2012, hubo derrames debido a la ruptura del ducto que va desde la planta de procesamiento al dique de colas y los funcionarios provinciales minimizaron el posible impacto.

Una Asamblea Ambiental de Santa Cruz criticó la respuesta de la autoridad pública por defender los intereses de la empresa en lugar de investigar la contaminación que podría resultar de los derrames. 

En Perú, la empresa ha participado en esfuerzos para debilitar la fiscalización ambiental a través de una demanda en contra del cobro de un pago anual necesario para el trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Entretanto, la mina Quiruvilca - la primera mina que PAS adquirió y operó, desde 1995 a 2012 en el norte del país - recibió 22 multas por las agencias de fiscalización cuando PAS la operaba. Ahora, la prensa peruana lo ha denominado una “bomba de tiempo”. PAS vendió la mina a la empresa Southern Peaks Mining en 2012, cuando ya estaba agotado sus vetas y el jefe ejecutivo de PAS de ese entonces dijo a la prensa que confiaba en la responsabilidad de Southern Peaks, que la empresa iba a cuidar trabajadores y comunidades. Sin embargo, la mina fue abandonada en 2017 y, desde este entonces, ha habido cinco declaraciones de emergencia en las comunidades por los niveles de contaminación con metales pesados en el río Moche relacionado con el drenaje ácido de la mina (lo cual empezó mucho antes que la llegada de Southern Peaks), y la inestabilidad de los depósitos de relaves.

Conflictividad laboral

La relación de PAS con sus trabajadores tampoco está exenta de problemas. En Perú, desde 2000 a 2019, el Ministerio de Energías y Minas registra 42 accidentes fatales en las filiales de la empresa (18 en Quiruvilca, 19 en Huarón y 5 en Morococha). En Manantial Espejo murieron dos jóvenes operarios en 2015 y un operario en junio de 2019. En Bolivia, durante la última disputa laboral en la mina San Vicente en 2017, el sindicato se declaró en estado de emergencia debido a la falta de equipos de seguridad y de las deterioradas condiciones de trabajo en los socavones. En 2018, PAS empleaba más de 4000 trabajadores y empleadas tercerizados que no pertenecían a ningún sindicato o asociación laboral, lo que representa alrededor de 57% de todos sus trabajadores.

Fuente:  Environmental Justice Atlas