Cómo Trump está ayudando a los magnates a explotar la pandemia

Por Jane Mayer (extractos traducidos por RALLT)

El 22 de junio, en el calor de un estacionamiento a pocas millas tierra adentro de las playas de Delaware, varias docenas de trabajadores avícolas, muchos de ellos negros o latinos, se reunieron para denunciar las condiciones en una planta avícola local propiedad de uno de los más grandes contribuyentes de campaña del presidente Donald Trump.

"Estamos aquí por una razón que es atroz", dijo Nelson Hill, un funcionario de la Unión Internacional de Trabajadores Comerciales y de Alimentos de Estados Unidos, a la pequeña pero bulliciosa multitud, que incluía a altos funcionarios demócratas del estado, entre ellos el senador Chris Coons. El sindicato, que forma parte de la A.F.L.-C.I.O., representa a unos 1,3 millones de trabajadores en plantas de procesamiento de aves y empacadoras de carne, así como a trabajadores en tiendas de abarrotes y establecimientos minoristas. Sus miembros, muchos definidos como trabajadores "esenciales", sin la opción de quedarse en casa, han sido golpeados extraordinariamente por el coronavirus. El sindicato estima que casi 30 mil de sus trabajadores en los sectores de alimentos y atención médica han contraído COVID-19, y que 238 de ellos han muerto.

Durante los 42 años anteriores, aproximadamente mil trabajadores en la planta de procesamiento local, en Selbyville, habían estado representados por el Local 27. Solo dos años antes, los trabajadores habían ratificado un nuevo contrato de cinco años. Pero, Hill dijo a la multitud, que en medio de la pandemia, cuando el número de trabajadores infectados se disparó, el propietario de la planta, Mountaire Corporation, uno de los mayores proveedores de pollo del país, conspiró, junto con Donald Trump, para "echarnos".

Hill, quien es afroamericano y de una familia de clase trabajadora en la península de Delmarva, un tramo de tierra de cultivo que incluye partes de Delaware, Maryland y Virginia, estaba acostumbrado al calor y la humedad del área. Pero, mientras hablaba a la multitud, detrás de lentes oscuros, su rostro brillaba de ira. "Es avaricia, eso es lo que es", dijo. "Es una lástima".
Los trabajos en Mountaire se encuentran entre los más peligrosos y peor pagados de Estados Unidos. Las estadísticas gubernamentales indican que en las empresas de procesamiento de carne y aves de corral se reportan lesiones más graves que otras industrias comúnmente consideradas más peligrosas, como la minería del carbón y el aserradero.

Entre 2015 y 2018, aproximadamente cada dos días, un trabajador de un matadero perdió una parte del cuerpo o fue al hospital para recibir tratamiento como paciente interno. A diferencia de los empacadores de carne, dos tercios de los cuales pertenecen a sindicatos, solo alrededor de un tercio de los trabajadores avícolas están organizados, y aquellos que están sindicalizados enfrentan una presión creciente.

La industria, que está dominada por grandes corporaciones multinacionales como Mountaire, se ha vuelto cada vez más concentrada, expandiendo su influencia política mientras reemplaza a los empleados sindicalizados por contrataciones, a menudo inmigrantes o refugiados. Estos trabajadores vulnerables son técnicamente contratados por agencias temporales, lo que alivia a las plantas avícolas de la responsabilidad si falta documentación. Trump ha debilitado la supervisión federal de la industria al aceptar millones de dólares en donaciones políticas de algunas de sus figuras más poderosas, incluido Ronald Cameron, el solitario propietario de Mountaire. En 2016, Cameron dio casi tres millones de dólares a organizaciones que apoyan la candidatura de Trump.

Fundada en Little Rock, Arkansas, pero incorporada en Delaware, Mountaire tiene operaciones en cinco estados. Según los informes, generó más de $ 2,3 mil millones en ingresos el año pasado. Como es propiedad casi en su totalidad de Cameron, y porque suministra aves de corral a otras compañías que ponen sus propias etiquetas en la carne, el perfil público de la compañía es prácticamente inexistente. Cameron mismo casi no ha recibido atención de los medios. "He intentado poderosamente tropezar con él a lo largo de los años, pero él está muy deprimido", me dijo Max Brantley, un antiguo editor del Arkansas Times.

Sin embargo, según las publicaciones comerciales, Mountaire ha tenido un éxito espectacular. Arkansas Business informó que las ventas de la compañía en 2019 fueron mil millones de dólares más altas que en 2010, casi duplicando el tamaño del negocio. La información sobre ganancias no está disponible, pero a medida que los ingresos de Mountaire han aumentado, los salarios de los trabajadores avícolas, se han retrasado. En 2002, a los trabajadores se les pagaba un 24% menos que el promedio nacional para trabajos de manufactura; hoy se les paga 44% menos. En promedio, los trabajadores avícolas ahora ganan menos de catorce dólares por hora.

Según la antigua costumbre, los contratos laborales son vinculantes durante al menos tres años, lo que da un tiempo sindical para demostrar su valor a los miembros. Pero en abril, un trabajador de la planta de Selbyville, Oscar Cruz Sosa, planteó una objeción legal al contrato, argumentando que se había visto obligado a unirse al sindicato y pagar las cuotas en contra de su voluntad. Quería una votación sobre si descertificar al sindicato. Mountaire sostiene que no jugó ningún papel en las acciones de Cruz Sosa, y que la medida para descertificar al sindicato fue "totalmente impulsada por los empleados".

Pero Cruz Sosa ha tenido ayuda externa. Su caso fue apoyado por abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal para el Derecho al Trabajo, el principal grupo de defensa antisindical, que está financiado por donaciones deducibles de impuestos no reveladas. Mientras tanto, un grupo misterioso que se hace llamar el Comité de Derechos de los Empleados de Oscar Cruz envió correos, en inglés, en apoyo de la queja de Cruz Sosa. (Cruz Sosa solo habla español.) La dirección del remitente era la sucursal de Rehoboth Beach de MailBiz, que alquila apartados postales.

Jonathan Williams, portavoz del sindicato, sospecha que Cruz Sosa era un caballo al acecho. "No es difícil encontrar un individuo, que pueda obtener privilegios especiales de la gerencia, y que tal vez se le ofrezca un puesto en el futuro", me dijo. "Sin embargo, es muy, muy raro, cuando un empleado hace la investigación, se comunica con el Departamento de Trabajo y realiza todo este esfuerzo. Por lo general, alguien está siendo entrenado". (Cruz Sosa no respondió a las solicitudes de entrevista).
 
Cuando el sindicato contactó a Cruz Sosa, sus abogados presentaron una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, alegando acoso. La disputa legal específica es abstrusa. Mark Mix, presidente de la Fundación Nacional de Defensa Legal para el Derecho al Trabajo, calificó el lenguaje del contrato como "ilegal", alegando que no dejaba suficientemente claro que, como lo estipula la ley, los nuevos empleados tenían treinta días para decidir si se unían al Sindicato. El sindicato argumenta que las solicitudes presentadas a los nuevos empleados no son ambiguas sobre el marco de tiempo, y dice que el contrato actual tiene prácticamente el mismo estándar utilizado en todos los contratos con Mountaire desde 1982.

Después de que Cruz Sosa consiguió que el treinta por ciento de sus compañeros de trabajo firmara una petición, la Junta Nacional de Relaciones Laborales ordenó una elección en la planta de Selbyville. Cuando el sindicato protestó que esto violaría la prohibición habitual de revocar contratos antes de tres años, el N.L.R.B. decidió ampliar el caso, reexaminando todo el concepto de impedir los desafíos a los contratos sindicales establecidos. La medida ha conmocionado a los expertos en derecho laboral. Por estatuto, el N.L.R.B. tiene cinco miembros y es bipartidista, pero la Administración Trump ha ocupado tres escaños, todos con republicanos.

Dada la pandemia, el sindicato argumentó que no había forma de que una elección en persona pudiera realizarse de manera segura y justa en el condado de Sussex, donde se encuentra Selbyville. El gobernador de Delaware había declarado el estado de emergencia el 23 de marzo, debido al aumento en los casos de COVID-19, casi la mitad de ellos en el condado de Sussex, que tiene muchas plantas avícolas. El sindicato solicitó una suspensión, pero el 24 de junio el N.L.R.B. movido para proceder con la elección, por correo. Las boletas enviadas deben recibirse antes del 14 de julio. Mientras tanto, la junta evaluará la cuestión más amplia de si esas elecciones son legales, lo que podría anular un precedente que se remonta al New Deal.

En cambio, el 28 de abril, cuarenta y ocho horas después de que Tyson Foods, la segunda compañía de carne más grande del mundo, publicó un anuncio de página completa en varios periódicos advirtiendo que "la cadena de suministro de alimentos se está rompiendo", Trump emitió una orden ejecutiva que define a los trabajadores de los mataderos como esencial. La Casa Blanca había designado a Cameron para un consejo asesor sobre el impacto económico de la pandemia. La orden ejecutiva ordenó a las instalaciones de procesamiento de carne que "continúen las operaciones sin interrupciones en la medida de lo posible".

El Departamento de Trabajo emitió una declaración adjunta de que todas las compañías, excepto las indemnizadas, exponían a los trabajadores a COVID-19. Aseguró a los empleadores de las industrias esenciales que la agencia no los responsabilizaría si no cumplían con las pautas de salud de C.D.C. (Centro de Control y Prevención de Enfermedad), siempre y cuando hicieran un esfuerzo de "buena fe".

Los trabajadores de carnes y aves tuvieron que seguir trabajando y arriesgarse a contraer infecciones, o perder sus empleos. Para el 7 de julio, OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos), había recibido más de seis mil quejas relacionadas por coronavirus en el lugar de trabajo, pero solo había emitido una citación a un hogar de ancianos en Georgia. David Michaels, profesor de salud pública en la Universidad George Washington, quien dirigió OSHA durante la administración Obama, dijo que la agencia estaba "diciendo que el Departamento de Trabajo se pondría del lado de los empleadores si los trabajadores demandaran", y agregó: "Eso sería impensable en cualquier otra administración. El trabajo de OSHA no es proteger a las corporaciones, ¡es proteger a los trabajadores!"

Es comprensible que la perspectiva de escasez de alimentos haya causado preocupación en la Casa Blanca. Sin embargo, los informes muestran que en abril, cuando Tyson y otros productores advirtieron que "millones de libras de carne desaparecerán" de las tiendas estadounidenses si tuvieran que cerrar, las exportaciones de carne de cerdo a China rompieron récords y las exportaciones de pollo de Mountaire fueron del 3,4 por ciento. más alto que un año antes. El mes siguiente, las exportaciones de la compañía fueron un 10,9 por ciento más bajas que en 2019, pero sus exportaciones a China y Hong Kong crecieron un 23,1 por ciento en abril y un 14% en mayo, según las estadísticas proporcionadas por Christopher Rogers, un analista de Panjiva, que rastrea la cadena de suministro de alimentos. Tony Corbo, cabildero de Food and Water Watch, un grupo progresivo de defensa sin fines de lucro, dijo: "Lloraban por la escasez y aún exportamos carne. La escasez era falsa".

Mientras tanto, los casos de coronavirus explotaron en la industria de la carne y las aves de corral. Inicialmente, Mountaire publicó estadísticas sobre las infecciones de los empleados. A fines de marzo, la compañía le dijo al sindicato que había habido 41 casos en Selbyville. Sin embargo, el delegado de la tienda de Hill, Manuel Rosales, le dijo que no confiara en este número. "La mitad de la planta no está allí", explicó, ya sea porque los trabajadores estaban enfermos o porque temían que así fuera.

Un mes después, una estación de televisión en Carolina del Norte informó que una planta de Mountaire, en Siler City, que emplea a unos mil seiscientos trabajadores, tuvo al menos setenta y cuatro casos positivos entre los trabajadores y sus familias. Después de eso, la compañía dejó de compartir sus números COVID-19. Mountaire se volvió tan reservado, dijo Hill, que los trabajadores "estaban viendo desaparecer a las personas, y no sabían qué demonios estaba pasando". En muchos casos, un "compañero de trabajo había dado positivo, pero la compañía no se lo diría a nadie". Rosales, que trabaja en el departamento de deshuesado de la planta de Selbyville, me dijo: "La gente está tosiendo y no se ven bien, pero solo quieren que llegue el pollo. Todo es silencio".

Cathy Bassett, directora de comunicaciones de Mountaire Farms of Delaware, confirmó: "No publicaremos ningún número", y agregó: "Ni siquiera sé esos números". Les hemos dicho a nuestros trabajadores que si ha estado expuesto, se lo notificaremos". Según Hill, la compañía argumentó ante el sindicato que estaba protegiendo la privacidad de los empleados. "Se estaban escondiendo detrás de él", me dijo Hill. "No estábamos pidiendo información de salud privada, solo estábamos tratando de informar los números".

Corbo dijo que, después de que "el Presidente dijo que estas plantas tenían que permanecer abiertas", las compañías de carne y aves de corral "se callaron". La orden ejecutiva de Trump se interpretó como una superación de los departamentos de salud estatales y locales. En una conversación privada con el sindicato, el gobernador de Delaware, John Carney, un demócrata, admitió que había querido realizar pruebas universales en las plantas y había considerado ordenar que se cerraran, pero se sintió "esposado" por la orden de Trump. El resultado ha sido un apagón extraordinario de información de salud pública. "Puedo buscar en línea y encontrar el número de casos de COVID-19 en hogares de ancianos", dijo Corbo. "Pero no en la industria avícola. Si entras en una planta avícola, no sabes si la persona a tu lado la tiene. Es inconcebible".

El sindicato también sostiene que Mountaire cobró a los empleados por el equipo de protección necesario para que puedan trabajar de manera segura. La compañía lo niega: Bassett me dijo que Mountaire ha distribuido máscaras de tela a los trabajadores, aunque no máscaras N95, y, "donde sea posible", ha erigido escudos de plexiglás entre los empleados, además de instituir controles diarios de la temperatura corporal. Pero Williams, el portavoz del sindicato, me envió una captura de pantalla de un recibo de sueldo de Mountaire que muestra deducciones por "suministros de plantas". Williams dijo que los suministros en cuestión eran "guantes y delantales y demás", y agregó que deducciones como estas eran ilegales. En la manifestación, Hill protestó porque, si el propietario de Mountaire pudiera permitirse dar "dos o tres millones de dólares, o lo que sea que le dio" a Trump, no deberían estar robando dinero de los cheques de los trabajadores ". Al señalar que Cameron es "el amigo de Trump", agregó Hill, "creo que sienten que pueden hacer lo que quieran".

Las luchas del sindicato con el Departamento de Trabajo son parte de una reversión mucho mayor de las protecciones federales para los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente bajo Trump. En 2016, el presidente prometió "desmantelar el estado regulador", como lo expresó a menudo Stephen Bannon, su ex estratega de la Casa Blanca.

Dadas las complejidades de la reglamentación federal, esto resultó algo difícil en los primeros tres años de la Administración. Pero la pandemia le ha ofrecido a Trump una oportunidad: ahora que puede invocar una emergencia económica, puede relajarse, rescindir o suspender las regulaciones federales por fiat. En mayo y junio, Trump emitió un par de órdenes ejecutivas que ordenaban a las agencias nacionales que ignoraran las regulaciones federales y las leyes ambientales si afectaban la economía; nuevamente, en muchos casos, a las compañías se les dijo que solo tenían que actuar "de buena fe".

Como informaron el Times y el Washington Post, estos movimientos han debilitado las regulaciones sobre todo tipo de negocios, desde compañías de camiones hasta oleoductos y gasoductos. En opinión de Corbo, muchos de los medios de comunicación se han perdido uno de los aspectos más importantes de la historia de COVID-19. "Todos están mirando el objeto brillante, la pandemia", dijo. "Mientras tanto, el gobierno está desregulando todo. Es irreal".

En abril, por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos otorgó quince exenciones a las plantas avícolas, incluida una instalación de Mountaire en Carolina del Norte, autorizándolas a aumentar la cantidad de aves por minuto, o B.P.M., que los trabajadores deben procesar. Las exenciones permitieron a las compañías acelerar el ritmo de 140 B.P.M. a 175.

Angela Stuesse, antropóloga de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, que ha estudiado la industria avícola, me dijo que, en el negocio de los pollos, "se ganan unos centavos por libra". Entre las pocas formas de aumentar las ganancias están reduciendo los costos de mano de obra y acelerando las velocidades de línea, que establece el U.S.D.A. para acomodar a los inspectores federales, quienes deben evaluar cada ave.

Las regulaciones han sido durante mucho tiempo un punto de disputa entre los propietarios de las plantas avícolas y los sindicatos, porque a medida que aumenta la velocidad de la línea también aumentan las lesiones y otras tensiones en los cuerpos de los trabajadores. "Mueven a las aves tan rápido que hay que estar muy juntas para atrapar a todas las aves", me dijo Williams, el portavoz del sindicato. "Es como el episodio Yo Amo a Lucy en la fábrica de chocolate".

Aunque el C.D.C. ha enfatizado que el distanciamiento social es necesario para mantener la seguridad, las líneas de producción más rápidas requieren más trabajadores, que luego deben apretarse más. En muchas áreas de una planta, los trabajadores avícolas ya están a dos pies de distancia como máximo, a menudo uno frente al otro. No obstante, el U.S.D.A. ahora ha indicado que planea permitir velocidades de línea más rápidas en toda la industria avícola. El National Chicken Council, el grupo comercial de la industria, había presionado precisamente por este cambio.

Williams teme que "estas políticas resultarán en la muerte de muchos más trabajadores".

Fuente y traducción:  Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT)