Colombia: la consulta previa en proyectos desarrollados en territorios indígenas y afrocolombianos

Lo mucho que se ha escrito sobre las condiciones difíciles en las que trabajan los “barequeros” se vio confirmado el pasado octubre cuando murieron sepultadas por un alud de barro y lodo, mineros, la mayoría de ellos mujeres cabeza de familia. Como parte de esta trágica paradoja que liga el pasado con el presente, estos mineros murieron como para recordarnos a todos que bajo las aguas del embalse de la Salvajina quedaron sepultadas algunas de las mejores minas de toda la zona.

La construcción de Salvajina dejó como damnificados en ese entonces a mas del 6000 entre campesinos, indígenas y afrocolombianos de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires y genero el desplazamiento de cientos de familias, que perdieron sus viviendas, fincas y minas, algunas de las cuales constituyeron los primeros contingentes de lo que con el tiempo se convertiría en el mayor asentamiento afrodescendiente en América Latina de habla castellana: el Distrito de Agua Blanca. Estos hechos dieron lugar a la movilización de 1986 y a la firma de un “Acta de compromiso con los representantes de las comunidades campesinas e indígenas afectadas con la construcción de la represa de La Salvajina en el departamento del Cauca” entre el gobierno, la CVC, los alcaldes de Buenos Aires y Morales y los delegados de “las comunidades campesinas e indígenas afectados directa e indirectamente con la ejecución de la obra (1).” Los acuerdos contenidos en el acta del 86 constituyen, al decir de los pobladores y activistas de la zona, un claro ejemplo de los incumplimientos por parte del Estado.

La Salvajina fue construida en la década de los 80 del siglo XX, según los proponentes del proyecto de desvío del Río Ovejas al Embalse la Salvajina –DROES - con tres fines: i) la regulación del río para la recuperación de 131.700 hectáreas de tierra en la zona plana del Valle del Cauca, para incorporarlas a planes de vivienda y en explotaciones agropecuarias; ii) la generación de 270.000 Kw. de energía eléctrica; iii) El control de la contaminación de las aguas del río en épocas de verano a través de descargas del embalse para aumentar la dilución. Por más de una década la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC primero y la Empresa de Energía Eléctrica del Pacifico EPSA a partir de 1995, han expresado su interés en el proyecto de Desviación del Río Ovejas al Embalse la Salvajina con los propósitos, según la empresa, de regular el cauce del río Cauca y aumentar la generación eléctrica de la hidroeléctrica de Salvajina.

La Consulta Previa del proyecto DROES y la evaluación del Estudio de impacto ambiental (EIA) de este mismo proyecto, constituyen uno de los casos emblemáticos de consulta previa entre comunidades negras en Colombia y el continente. Con la coordinación de los miembros de la subconsultiva del Norte del Cauca y la orientación del Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, el 21 de mayo de 1997, luego de un proceso participativo, las comunidades dieron a conocer su concepto respecto al proyecto y del EIA. En aquella oportunidad afirmando, entre otras muchas razones “…Que hay un desbalance entre los impactos negativos del proyecto que son demasiados y los impactos positivos que se reducen únicamente al incremento del uso del agua de la generación eléctrica, valorización de predios en el área del proyecto, generación de recursos económicos para las comunidades y para la CRC, cambios de uso del suelo de lo agrícola a la protección, generación de empleo durante la operación, incremento de peces de aguas lenticas. Impactos que consideramos favorables solo para el proyecto, pero no para nuestras comunidades…”. Es por ello que las comunidades resolvieron “…Por mayoría, objetar y oponernos a la realización del proyecto de Desviación del río Ovejas al Embalse de Salvajina(2).”

Conocido el concepto de la comunidad y entregado el informe a la autoridad ambiental, en este caso, el Ministerio del Ambiente, lo que seguía era la llamada protocolización de la consulta previa, un asunto meramente formal, en el que las comunidades los peticionarios del proyectos y las comunidades, en presencia de la autoridad ambiental, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo firmaban un acta. Aunque la fecha para este trámite se fijo para el 10 de diciembre de 1997, nunca se llevo a cabo, en aquella oportunidad, porque un día antes la reunión fue cancelada por el Ministerio del Interior, hecho que a las comunidades no se les informó oportunamente y porque luego nunca, en el marco de una especie de estrategia dilatoria desarrollada por la EPSA, nunca se concretó una nueva fecha. Desde entonces y hasta la fecha, la EPSA ha solicitado el archivo y la reactivación del proyecto, según su conveniencia e intentó quebrar la resistencia de las comunidades para facilitar a su favor la realización de la consulta previa y por tanto la expedición de la licencia ambiental. En el auto No. 12 de enero 10 del 2001, el Ministerio del Ambiente ordenó “...el archivo de la solicitud de licencia ambiental elevada por la empresa de energía del Pacífico S.A.(E.S.P.), para el proyecto denominado “Desvío del río Ovejas al embalse de Salvajina”, en atención a la solicitud de la interesada”. En consecuencia este mismo auto dispuso que “Permanezca en el archivo activo de la subdirección de licencias ambientales, el expediente, hasta tanto se haga necesario surtir una nueva actuación administrativa”. En el 2004 el Ministerio del Ambiente, mediante el auto 1223 del 2004 desarchiva de nuevo el proyecto para completar los estudios y hacer la consulta previa.

A partir de la expedición del auto que es entregado a las comunidades por funcionarios de la empresa, las relaciones entre la EPSA y la comunidad estuvieron marcadas por un clima de tensión originada en los intentos de la empresa por dividir las comunidades, señalar a los líderes, entre otros asuntos, desinformando sobre el proceso surtido en el año 1997, la no entrega de información oportuna a las comunidades, y la búsqueda de incorporar al proceso a actores institucionales favorables a la realización del proyecto DROES. En este clima, las discusiones entre las distintas comunidades y entre estas y la EPSA, incluyeron, además de identificación de las comunidades ubicadas en la zona de impacto del proyecto DROES, la evaluación de los acuerdos del acta de 1986 y la identificación de los nuevos impactos causados por la construccion y operación de la Salvajina. Para la EPSA Salvajina y Ovejas son dos proyectos distintos, por lo que la empresa no tendría ninguna responsabilidad con el cumplimiento o no de los acuerdos del acta de 1986. En abril del 2005, la EPSA realiza la reunión en Coconucos, asaltando la buena fe de las comunidades, vía telefónica y en posterior recorrido por las comunidades, mal informan a los delegados diciendo que fueran porque sólo se trataba de una reunión de trabajo con el fin de “resolver inquietudes relacionadas con la propuesta metodológica presentada por EPSA”. Como resultados de esta actividad surge el “Acta de reunión de revisión de propuesta metodológica presentada por EPSA a las comunidades relacionadas con el proyecto de desviación del Río Ovejas Centro de Convenciones COMFANDI Coconucos”. En cuya introducción afirman que el objeto de la reunión fue el de “analizar y acordar la propuesta metodológica para desarrollar el proceso de participación de las comunidades relacionadas con el proyecto en la consulta previa...”.

Tres semanas antes, el 14 de marzo del 2005, en el municipio de Morales, en una reunión a la que asistieron la asociación de Cabildos de la zona Occidente (ATIZO), la asociación Cabildos del norte del Cauca –ACIN-, La Asociación Prodamnificados de Salvajina ASOPRODESA y el Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, se conformó la Comisión Interétnica con el propósito de evaluar conjuntamente los impactos de La Salvajina, retomar y continuar con el proceso que venían dando las comunidades negras, en relación con la construcción de la propuesta metodológica para la consulta previa y la actualización de los estudios de impacto ambiental del proyecto DROES, y la evaluación del cumplimiento de los acuerdos del acta de 1986. Los puntos de vista de la Comisión Interétnica, como consta en su documento marco son diametralmente opuestos a los de la empresa. Así por ejemplo, la zona de Impacto de la evaluación de Salvajina, los acuerdos del Acta del 86, la actualización del DROES y la consulta previa, que está constituida por la totalidad de los municipios de Morales, Caldono, Suárez y Buenos Aires, donde viven pueblos indígenas paeces y guambianos, comunidades negras y mestizas …; El proyecto de desvío del río Ovejas tiene sentido en la medida en que Salvajina ya existe…. para las comunidades es absolutamente necesario que al hacer el Estudio de Impacto Ambiental del DROES y desarrollar la consulta previa del mismo, se mencionen y consideren lo que pasó con Salvajina; en ese sentido, es necesario evaluar sus impactos y el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre el gobierno y las comunidades para mitigar los impactos de la Salvajina. Para nosotros Ovejas y Salvajina son un solo proyecto y los impactos son acumulativos en el tiempo(4).” En consecuencia la i ntegralidad planteada por la Comisión Interétnica, tiene dos referentes, uno de ellos territorial, según el cual “…El territorio es uno solo. En el los diversos elementos se relacionan e interactúan, ocurre igualmente en la vida social y cultural de las comunidades. Los cambios en uno de sus componentes genera modificaciones en otros y estas deben ser tenidas en cuenta. La integralidad se refiere a mirar la globalidad en la perspectiva propia de los pueblos y las comunidades presentes en el área de influencia del proyecto” (5). Y el otro a la totalidad del proceso: la actualización del EIA del proyecto DROES, la consulta previa, la evaluación de los impactos de Salvajina y el cumplimiento de los acuerdos del año 86, son un solo proceso y una sola negociación con todas las comunidades, en el que la EPSA debía reconocer y respetar el hecho que las comunidades tiene sus propios espacios, ámbitos de trabajo y autoridades propias. Y que además tienen sus propios ritmos de trabajo, muchos de ellos definidos en el marco de sus propias culturas y relaciones con el medio natural y social en el que desarrollan sus vidas.

Para buscar evitar las tácticas implementadas por la EPSA a lo largo de los años, la Comisión Interétnica propuso dos compromisos básicos: “… Culminación del proceso en el tiempo y las condiciones estipuladas. Las partes y el Ministerio de Ambiente se comprometen a terminar el proceso y definir acerca de la Licencia ambiental en los tiempos estipulados por el acuerdo y por la legislación vigente sobre la materia. Si la empresa solicita nuevamente el archivo del proyecto, el Ministerio Público, no volverá expedir ningún auto ni términos de referencia para que el mismo sea reactivado y “…En caso que el Ministerio del Ambiente niegue la licencia ambiental, la EPSA o la empresa que la suceda renuncia a presentar de manera definitiva el proyecto. El Ministerio no volverá a expedir términos de referencia para el mismo.” Y para cerrar filas frente a una práctica incentivada por las empresas y muchos funcionarios gubernamentales, la Comisión Interétnica estableció que “… Para facilitar el proceso y el entendimiento durante el mismo se partirá del principio según el cual no se trata de cambiar obras por el concepto favorable de las comunidades y menos cuando algunas de esas obras hacen parte de las responsabilidades y obligaciones del Estado”.

Las diferencias en los enfoques y en la metodología llevaron a que la EPSA - en la asamblea a la que las comunidades, sus organizaciones y líderes convocaron- accediera a concertar la metodología que diera cumplimiento al auto 1223 y para la evaluación de los impactos del Salvajina y el cumplimiento de los acuerdos del año 86. En el año 2006, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ordenó realizar el plan de manejo de la represa de la Salvajina con el fin de mitigar los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales después de 21 años de construida. Luego de retirarse de la reunión del 2005, la EPSA ha continuado mediando en las comunidades, estableciendo contactos con algunos líderes, concretando algunas iniciativas en las comunidades y adelantando la formulación del plan de manejo de la represa, pero sin cumplir a cabalidad con lo ordenado por parte del Ministerio y sin llenar la expectativas y los derechos que en materia de participación tienen las comunidades. En medio de un panorama político local y comunitario no muy favorables para el DROES, en el primer semestre del 2007, se escuchó que la EPSA no tenía más interés en el proyecto. Instalados los nuevos Alcaldes, elegidos en el 2007, la Sociedad Kedhaha asesoró, según informes de la zona, la formulación de los planes de desarrollo de los municipios de Suárez y Buenos Aires y el tema del DROES volvió a estar en la agenda de discusión.

Los aprendizajes

La construcción y operación de Salvajina, el proyecto DROES y recientemente la llegada de Sociedad Kedhaha, han constituido un largo y continuo proceso de aprendizaje para todas las comunidades de la zona, sus organizaciones y los líderes. Como lo ha señalado la Corte Constitucional en algunas de las sentencias sobre consulta previa, en el marco del proceso adelantado en el año 1997, las comunidades tuvieron la oportunidad conocer el proyecto, los estudios de impacto ambiental, de discutir internamente y elaborar su propio concepto sobre el mismo y participar en la definición de un punto de vistas común a todas las comunidades. Los acuerdos establecidos entre la EPSA y los voceros de las comunidades en el año 97, son una referencia que hemos seguido y que queremos compartir con otras comunidades y procesos:

• La empresa corrió con los gastos de las actividades desarrolladas en el proceso. Igualmente pagó a los promotores comunitarios definidos por cada comunidad y a los miembros de la subcomisión consultiva por el trabajo de dinamización de la participación. Los aspectos operativos logísticos y operativos fueron discutidos y acordados entre voceros de la consultiva y la empresa. Entre la EPSA y los voceros de la subconsultiva se acordaron las actividades y el tiempo para la evaluación del EIA.
• Los miembros de la consultiva, escogieron de acuerdo con unos perfiles establecidos de común acuerdo con la empresa, los profesionales para acompañar el proceso de trabajo de las comunidades.
• Entre miembros de la subconsultiva del norte, técnicos y promotores comunitarios, se constituyó un equipo de trabajo que solo le reportó a la EPSA la programación de actividades y la metodología empleada. Las observaciones de las comunidades a los distintos componentes del proyecto, al igual que los conceptos técnicos de los profesionales contratados, fueron consignados en el informe al Ministerio de Ambiente.
• Mientras duró el procedimiento de evaluación, ni después del mismo, no hubo ninguna reunión de intercambio sobre los aspectos técnicos del proyecto entre los profesionales contratados para apoyar a las comunidades y la EPSA y sus consultores. Mientras duró el proceso de consulta, se acordó que la EPSA y sus consultores se abstuvieran de visitar las comunidades. Igualmente se acordó que las partes intervinientes no harían pronunciamiento públicos sobre el proceso a menos que fueran de común acuerdo. La empresa y sus consultores no participarían de las actividades desarrolladas en el proceso de evaluación del EIA.

Situación Actual

La militarización y por tanto los mayores riesgos derivados de ella, fue uno de los factores asociados a la construcción y operación de Salvajina. De entrada y para garantizar la construcción de la misma, desde 1986 el gobierno nacional trajo a la zona al ejército, cuya presencia con el tiempo se hizo permanente. “Antes de Salvajina, en Suárez había un puesto de Policía. Con la construcción del embalse llegó un batallón del ejército y arremetieron contra los mineros: detenían a los que decían que se habían metido en el muro de la presa, cogían las bateas y las dañaban, también metían a 20 o 30 mineros en un furgón y los iban a tirar a Timba, al 28 o a San Francisco. Establecieron dos bases militares en San Miguel y Polvorines. Esta última se mantuvo hasta 1998, cuando el alcalde decidió que no tenía recursos para darles comida y otros apoyos a los militares. Los militares se fueron” “En el 2000 la guerrilla se tomó Suárez, entraron por la parte de arriba del pueblo y le iban diciendo a la gente que se fueran que iban a atacar a la policía. El tropel fue duro y murió una señora que fue descuartizada por una bomba que tiró la guerrilla y un niño perdió la mano por los disparos del avión fantasma que llegó ametrallando al pueblo. En esa oportunidad el ejército no llegó al pueblo. Vino solo cuando la guerrilla se tomó Salvajina y amenazó con volar la casa de máquinas de la central hidroeléctrica. Posteriormente en el marco de la Política de Seguridad Democrática volvió el ejército. Soltaron la Base de San Miguel y se instalaron primero en el muro y luego fueron subiendo hacia la vereda La Toma; hicieron un censo y registro detallado de la población, estableciendo quienes vivían, quiénes eran y cuándo llegaban extraños a la comunidad. Ahora el ejército tiene base en el cerro Carolina que es un área minera estratégica para la zona. Cuando se construyó el muro, el corte mostró que entre el Desquite y la Carolina, el cerro era muy rico, se encontraba oro sin lavar en el material. Desde allí los del ejército controlan quién entra y quién sale afectando la movilidad de los mineros y agricultores de la comunidad.”

Los yacimientos auríferos de la zona con pretendidos por varias empresas nacionales e internacionales, entre ellas la Ashanti Global Gold Mine, conocida también como Sociedad Kedhada, compañía en la que convergencia capitales de varios países, considerada la segunda en el mundo en su ramo, quien pretende explotar la totalidad de la zona minera de las comunidades negras de los municipios de Suárez y Buenos Aires. El dominio militar de la zona, que empezó con la construcción del Embalse de la Salvajina, se ha extendido con el tiempo afectando las actividades de las comunidades. En la parte de la Toma, los militares han ido subiendo el campamento hasta lugares en los que las comunidades tienen sus minas de explotación de oro. Esta zona se encuentra en la actualidad en el área solicitada por la empresa Kedhada SA para hacer exploración minera. En el 2004, algunos de los líderes que históricamente se han opuesto al proyecto DROES fueron “boletiados” por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. Debajo de las puertas de sus casas fueron introducidos escritos que decían: “si continúan con la defensa del río Ovejas, serán declarados objetivo militar”. Lo que llevó a que varios tuvieran que abandonar la zona. “al momento de las amenazas el proyecto DROES estaba parado, no obstante, poco después de las amenazas se conoció la noticia que el expediente de Ovejas había sido reabierto y que la empresa –EPSA- tomaba nuevamente la decisión de hacer el desvío del río Ovejas”

La zona alta de Buenos Aires de Buenos Aires y Suárez, es parte de un corredor estratégico por el que durante muchos años ha transitado la guerrilla. La ocupación paramilitar de la zona empezó en en Buenos Aires en el 2001, estos entraron y se ubicaron cerca de las zonas que hoy la empresa Kedhada S.A. ha solicitado para explorar. Las violaciones a los derechos de las comunidades son relatados por sus mismos habitantes: “Allí han estado intimidando a la gente, a las mujeres las querían violar, se metían a las casas y las saqueaban, bajaban a la gente de las camas y se acostaban en ellas, abusaban de los tenderos y no les pagaban, mataron a varias personas y algunas las enterraron en fosas comunes. La gente de la montaña si tenían los hombros marcados, les decía que eran guerrilleros y por eso los mataban. Mucha gente se desplazó de la zona. Hoy la zona está llena de paisas, hay como 300 en Buenos Aires y un número igual en Suárez, algunos de ellos son paramilitares desmovilizados y están presionando por los recursos de las comunidades, tienen más plata, más tecnología y el respaldo que nosotros nunca hemos tenido. Lo mas triste es que esta gente está destruyendo a las comunidades.” La ocupación militar de varios de los lugares que históricamente las comunidades han trabajado en labores mineras ha llevado a que en varios momentos el ejército dispare sobre los mineros, por lo que muchos pobladores creen que “… el ejercito le está disparando a la gente para que se vaya, con el pretexto que son guerrilleros y con eso facilitar que Kedhada hagan sus estudios. Por miedo a las balas la gente está abandonando sus minas y lugares de trabajo y esto se siente también en la situación económica de las comunidades”

Estos actos de intimidación, continuaron a partir de junio del 2006, contra líderes de las veredas La Toma y Yolombó, del municipio de Suárez, mientras que en el municipio de Buenos Aires había presencia de hombres armados y se incrementaba el asesinato de los pobladores. Los mensajes que dejan exponen: “…estas personas son los sapos de la vereda, quitan y ponen y aunque no los encontramos esta vez, vamos a volver por ellos”. En agosto de ese mismo año, hombres que se movilizan en una motocicleta piden información sobre otro de los líderes. En agosto y noviembre del 2006, hombres que se movilizaban en motocicleta y en un carro, preguntan por uno de los líderes de la zona y en enero del 2007, es golpeado mientras les gritan “…ustedes los de derechos humanos qué hacen defendiendo rateros”. Un mes antes, en diciembre, un miembro destacado del Comité Prodefensa, creado después de la marcha de mayo 2006 en la que pobladores de la zona se tomaron las instalaciones de la CVC, es golpeado en su propia residencia por dos hombres que también le hacen un disparo y huyen internándose en el monte. El 16 de mayo del 2007 en la noche irrumpieron en la casa del señor Cristóbal Lucumí, Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Colombo, derribaron las puertas de la casa y dejaron un letrero que decía que tenia suerte porque no lo habían encontrado. Todas estas personas además de ser líderes activos en todo el proceso del DROES, lideran la lucha de las comunidades para que la empresa Sociedad Kedahda SA no entre a la zona a realizar trabajos de exploración y explotación de oro.

A finales del 2007, el ejército hizo de nuevo presencia en la parte baja de los municipios de Buenos Aires y Suárez. Desde entonces han sido reportados varias ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de pobladores, especialmente jóvenes. Para muchos los movimientos de hombres armados en la zona, coinciden con lo ocurrido en los momentos iniciales de la entrada de los paramilitares en el año 2001. El clima político local no es favorable para las comunidades en la medida en que los alcaldes de Buenos Aires y Suárez son proclives a la realización del desvío del Río Ovejas y a la presencia de Sociedad Kedhaha y a la explotación por parte de esta de los yacimientos auríferos de ambos municipios. La crisis de los sistemas productivos locales, acrecentados con la construcción del embalse de la Salvajina, han menguado la capacidad económica local y por tanto, una parte de la autonomía necesaria para la lucha, por lo que una parte de los habitantes, ve en los mineros recién llegado, incluso en las empresa ESAP y Kedhada una salvación, la presencia de actores armados legales e ilegales, los señalamientos e intimidaciones, e incluso el desplazamiento forzado interno, han limitado la capacidad de líderes valiosos que representan en si mismos, una larga tradición de resistencia y por la defensa de los derechos de las comunidades.

Las comunidades de Buenos Aires y Suárez, animadas por un numero de valiosas mujeres y de líderes , están empujando al movimiento negro en la zona, aun sin creer y confiar en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a una nueva apuesta, como es la de pensar y elaborar una propuesta de plan de reparación colectiva, en la que se liguen la deuda histórica que el país tiene con los descendientes de africanos por el crimen de la esclavización de que fueron víctimas, el racismo, en especial el ambiental, del que el embalse de la Salvajina y el proyecto DROES, son en esta zona junto con otros, su estandarte más visible junto con el conflicto armado. Muchas de la violaciones de los derechos a las comunidades negras en la zona, han ocurrido por que estas comunidades, históricamente ha tenido un desbalance de poder frente al resto de la sociedad. Este desbalance se vio acrecentado con la construccion de Salvajina y con los efectos del conflicto armado interno y será mayor si río Ovejas es desviado y si Kedhaha termina por cerrar el círculo del despojo que inició el cerco de la caña de azúcar en el plan del valle geográfico del río Cauca. En este marco, la consulta previa es un instrumento valioso legal a usar -a pesar de su carácter no vinculante - como lo es la memoria de los pobladores, la misma que no puede olvidar lo que pasó…porque el río y el embalse están allí y solo basta mirar, como nos lo dijera una de las pobladoras, para que la historia del despojo surja de nuevo. Mientras esto siga ocurriendo, habrá esperanza.

Proceso de Comunidades negras. (Este texto fue rehecho por Carlos Rosero, a partir de las notas del proceso, entrevistas y conversaciones con lideres y pobladores de los municipios de Buenos Aires y Suárez)

Fuente: Revista Semillas

[1] Acta de acuerdos del año 1986 entre las comunidades y el gobierno.

[2] Asamblea de Comunidades de la Zona de Impacto del Proyecto DROES, acta 21 de mayo de 1997. Suárez, Cauca

[3] Documento Marco para la Evaluación de los Impactos de salvajina, el cumplimiento de los acuerdos para su mitigacion y para continuar el proceso de Consulta Previa y complementación de los EIA del proyecto DROES.

[4] Ibid

[5]Ibed