Colombia: Un Nobel para el lago de Tota

Este ecosistema natural o espejo de agua cercano a las seis mil hectáreas es el resultado de una compleja dinámica o cuenca hidrográfica de aproximadamente 20 mil hectáreas, ubicadas totalmente a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar.

La introducción del cultivo de la cebolla y de la trucha arcoíris como sustento económico para las comunidades campesinas, junto con la actividad empresarial del turismo, la siderurgia y recientemente de exploración de petróleo en la zona, ha significado para los boyacenses un sinnúmero de titulares o noticas de orden nacional y mundial, desafortunadamente no por la nobleza de sus habitantes y la belleza de su entorno, sino por la degradación sistemática de uno de los pocos ecosistemas altoandinos que debería ser consagrado como patrimonio de la humanidad.

Ante la aguda problemática del lago de Tota se proponen diversas soluciones, unas provenientes de colectivos ambientalistas que de vez en cuando van a ver cómo está el lago, otras de autoridades ambientales a veces con represalias o normatividad de orden nacional y regional, a veces con iniciativas de política pública o documentos Conpes redactados desde Bogotá, etc.

Incluso se habla de abundantes recursos de cooperación internacional a fin de buscar una pronta solución. De vez en cuando se hacen foros para escuchar a las comunidades o actores del conflicto. Recientemente se mencionó la introducción de costosas tecnologías importadas como solución a la deficiente oxigenación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales, etc. Incluso se han promovido soluciones como las del ex presidente Álvaro Uribe que en su momento propuso la privatización de una parte del lago de Tota como alternativa a la problemática socio-ambiental.

A pesar de todas estas iniciativas, unas en marcha, otras no, la situación en la laguna de Tota es cada vez más preocupante. A las comunidades campesinas en medio de la crisis del campo no les queda otra alternativa que buscar el máximo bienestar a expensas del lago. Los empresarios del turismo y de la pesca se quejan ante la declaratoria del lago como uno de los más contaminados del mundo, pero a la vez fuente abastecedora de varios acueductos entre ellos el de Sogamoso.

Algunos políticos de turno prometen de manera mesiánica tener la solución definitiva al problema, sin embargo muy poco se habla de las complejidades existentes en estos ecosistemas naturales, en permanente interacción con las comunidades locales históricamente beneficiarias de los recursos disponibles.

En el año 2009 Elinor Ostrom, científica norteamericana (1933-2012) y a la fecha la única mujer ganadora del Premio Nobel de Economía, compartió el preciado galardón con su colega compatriota Oliver Williamson por las investigaciones en torno a la compleja relación entre la dinámica de los recursos naturales y las dinámicas de su aprovechamiento por parte de las comunidades u organizaciones sociales asentadas en los respectivos territorios, una temática de orden teórico con abundante literatura de estudios de caso, algunos exitosos, otros no tanto (gobernanza de los bienes comunes).

En la obra “El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva” de 1990, Ostrom reconoce que sus investigaciones, si bien surgen de las preocupaciones de la ciencia política, se nutren del aporte de la teoría económica contemporánea, fundamentalmente las discusiones del bienestar individual versus el bienestar social o colectivo, y su relación con las limitaciones (instituciones o reglas) impuestas por la misma sociedad, tanto de orden formal como informal, un tema de transcendental importancia al momento de tomar decisiones frente al aprovechamiento y manejo de los recursos naturales (recursos comunes o comunales), e incluso de los bienes de uso colectivo (bienes públicos).

La cuenca hidrográfica del lago de Tota, entendida como el conjunto de recursos comunes y de bienes públicos, en la medida que posee atributos naturales, infraestructuras o equipamientos provistos por las mismas comunidades o el Estado, y una cultura ancestral representada en las prácticas de las comunidades campesinas (bienes comunes inmateriales), debe ser gobernada o manejada desde las lógicas de la acción colectiva y no desde la lógica del lucro individual.

Dentro de los fenómenos recurrentes en las investigaciones de los recursos de uso común, científicos como Elinor Ostrom han evidenciado que al ser aprovechados desde la lógica del interés individual (la lógica del mercado) y sin limitaciones o instituciones que regulen y supervisen su aprovechamiento, necesariamente están condenados a desaparecer. La tragedia de los comunes, como lo sentenció un biólogo norteamericano por allá en los años 60, consiste en el aprovechamiento indiscriminado de los recursos comunes (incluyendo bienes públicos y privados), tal como está ocurriendo en el lago de Tota.

Lo interesante de las investigaciones de Ostrom y de un sinnúmero de estudios sobre el tema, radica en evidenciar cómo la implementación de instituciones estatales (centralizadas o descentralizadas) reguladoras y supervisoras del aprovechamiento de los recursos de uso común difícilmente logra su sostenibilidad (fallos del Estado, en el lenguaje de la economía).

Por el contrario, cuando las reglas del juego o instituciones reguladoras y supervisoras son promovidas y modificadas por las mismas comunidades beneficiarias directas de los recursos de uso común (la acción colectiva), los resultados son mayoritariamente alentadores. Sin embargo, los estudios de caso han demostrado que la gobernanza de los comunes necesita previamente de la reconstrucción o fortalecimiento de las relaciones de confianza y reciprocidad, como insumos fundamentales dentro del proceso (restauración y conservación del tejido social).

En el lago de Tota pueden convivir las actividades empresariales junto con las actividades y dinámicas propias de las comunidades campesinas (incluida la pesca artesanal), siempre y cuando se acuerden unas reglas del juego de orden comunitario, de manera que el ecosistema sea aprovechado de forma sostenible (tasa de descuento sostenible, según los economistas). Una de las condiciones básicas para que un sistema de autogobierno sea exitoso, es la exigencia, para los aprovechadores de los recursos de uso común, de habitar en el territorio.

La otra es el papel activo del Estado no como autoridad omnipotente sino como facilitador de la información técnica requerida para la toma de decisiones, como garante de los acuerdos o instituciones de acción colectiva, y como gestor en la redistribución de los beneficios provenientes del uso sostenible de los recursos comunes (política fiscal de orden ambiental, pagos por servicios ambientales, etc.).

Estudiosos de los recursos de uso común argumentan, con evidencia empírica, cómo las comunidades que históricamente han estado al margen de las instituciones formales, es decir, donde no existe la acción plena del Estado, han procurado formas de autogobierno en el manejo sostenible de los recursos (incluyendo la misma propiedad privada de la tierra).

En Colombia, con la expedición de la Ley 160 de 1994 se incorporaron prácticas o instituciones informales de acción colectiva, que desde entonces son parte de las instituciones formales que el Estado tiene que fomentar y garantizar, caso especifico las zonas de reserva campesina, tan cuestionadas y estigmatizadas, un ejemplo de cómo las comunidades rurales se empoderan o pueden empoderarse de sus territorios, sin desconocer la dinámica de la actividad empresarial, de la propiedad privada y de la autoridad legítima del Estado.

Nota: En Colombia recientemente desde la Universidad Javeriana y ahora desde la Universidad de los Andes, investigadores como Juan Camilo Cárdenas (alumno de Elinor Ostrom) han adelantado procesos de investigación con comunidades campesinas, básicamente en torno a las posibilidades o formas de autogobierno en el manejo sostenible de los recursos de uso común. Entre ellos vale la pena destacar los ejercicios de economía experimental realizados en respuesta a la problemática de la laguna de Fúquene en el departamento de Cundinamarca (Colombia).

*Dionisio Pacheco Acuña, Docente Escuela de Economía UPTC. Coordinador del semillero de investigación interdisciplinar “Economía de los comunes”.

Fuente: Prensa Rural