Colombia: Pliego de peticiones del paro nacional agrario y popular

La Constitución Política de Colombia alega como derecho fundamental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.

Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para saldar la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e internacional. El índice de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, evidencia que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleo dignos y permanentes, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.

No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto asciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.

Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto para enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en acceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas en las poblaciones rurales y urbanas.

Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.

Frente a este panorama, se requiere una política pública agraria coherente con las necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la participación directa y decisiva del movimiento agrario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afrocolombiana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy día tiene la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la fortalezca.

La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, Minas y Energía; y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan los pobladores rurales y urbanos.

Amparados en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumplimiento de 6 obligaciones políticas y legales básicas:

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.

2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.

3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.

4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.

5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.

6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Las organizaciones y comunidades agrarias y populares presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el diálogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.

Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.

1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

1.1 Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional, con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios, asegurando el acceso a los mercados en las ciudades.

1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.​

1.3. Control de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios. De igual forma, promoción efectiva de la producción limpia y agroecológica.

1.4. Exigimos la derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.

1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo relativo a la despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un fondo nacional para su financiación y garantías efectivas para el acceso a los mercados.

1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás países.

1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de subsidios para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.

1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero. 1.9. Diseño concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina basada en el reconocimiento de las ventajas sociales, económicas, y ambientales que ésta provee para seguridad alimentaria del país, la protección de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad ambiental.

2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social, inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía campesina, así como el de la pequeña y mediana producción.

2.2 La inmediata aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor cobertura y la adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas. De igual manera, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades sobre los territorios ya adjudicados.

2.3 Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido el acaparamiento por capital extranjero; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.

2.4 Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras concentradas y ociosas, de las que campesinos vienen siendo poseedores, para luego adjudicarlas a éstos.

2.5 Garantizar el estricto cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en todos los procesos de adjudicación de tierras, la reversión de las adjudicaciones practicadas con exceso o defecto de la misma, así como la generación de las condiciones que garanticen el nivel de ingresos y de sostenibilidad de la economía campesina que esta figura promueve.

3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS

3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las ZRC.

3.2 Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.

3.3 La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.

3.4 Conformación tanto del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

3.5 Respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.

3.6 Celeridad en el trámite de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes, reconociendo sus derechos ancestrales, y en concertación con las comunidades campesinas en los casos de coexistencia intercultural en los territorios. Para ello, se deberá promover la constitución de territorios interétnicos que garanticen la sostenibilidad y convivencia pacífica de las diversas identidades culturales y territorialidades.

4. EXIGIMOS LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACION DE LA POLITICA DE EXPLOTACIÓN MINERA Y ENERGÉTICA.

4.1 Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

4.2 Respeto irrestricto a las consultas populares sobre explotación minera ya realizadas.

4.3 Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.

4.4 Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.

4.5 Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.

4.6 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos de megaminería en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

4.7 Sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.

4.8 Suspender la construcción de hidroeléctricas que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

4.9 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.

5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTIAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.

5.1 Reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos, plasmados en la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en las políticas públicas.

5.2 Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.

5.3 Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.

5.4 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros.

6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICION PÚBLICOS Y VÍAS.

6.1 Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.

6.2 Exigimos la derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como derecho fundamental y bien común, y con enfoque diferencial.

6.3 Exigimos el nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.

6.4 Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.

6.5 Exigimos la definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.

6.6 Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.

6.7 Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.

6.8 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.

6.9 Devolución de las micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.

6.10 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.

6.11 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.

6.12 Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.

MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
MIA NACIONAL-

¡Por la vida y contra el desarraigo!

¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!

Lunes 12 de agosto de 2013

Informes: moc.liamg@ralupopyairauceporga.aim

Fuente: Agencia Prensa Rural