Colombia: Narrativas de resistencia contra la minería a gran escala

Edith Taborda es madre de dos hijas y pertenece a la comunidad Embera Karamba en Quinchía (estado de Risaralda) en Colombia. Además lucha contra los proyectos mineros en su territorio.

Desde al año 2011 su comunidad observó la presencia de compañías tales como la Minera Quinchía SAS y la canadiense Seafield Resources Ltd. en su territorio.

Al principio algunos pensaron que la llegada de estas compañías era buena pero rápidamente su opinión cambio.

El proyecto Miraflores de Seafield Resources en Quinchía pretende extraer cerca de 709,000 onzas de oro durante 14 años de acuerdo con información publicada por Mercados Mineros.

En el año 2011, la comunidad envió una carta a Seafield pidiendo remover su maquinaria de Santa Sofía, lo cual hicieron. En ese momento pareció una victoria; sin embargo, la compañía continuó con sus planes para el proyecto Miraflores porque tenían permiso del gobierno.

De acuerdo con información suministrada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) hay 27 compañías canadienses en Colombia y estas poseen 42 títulos de cobre, plata y oro. La lista suministrada para este artículo no incluía Seafield Resources Ltd.

Inicialmente la compañía le respondió al anterior gobernador de la comunidad Embera Karamba que no había indígenas en Quinchía, sostiene Edith Taborda, y continuaron con su proyecto.

A pesar del aparente fracaso, Taborda no se dio por vencida.

Ella y su comunidad se dirigieron al Tribunal Superior de Pereira. En el año 2013 el tribunal ordenó a Seafield Resources Ltd. detener las actividades hasta que el Ministerio del Interior certificara si había o no presencia indígena en el territorio.

En 2014, el mismo tribunal ordenó que se llevara a cabo una consulta previa para el proyecto Miraflores. Seafield y la comunidad empezaron el proceso y tuvieron ocho reuniones, pero a finales de diciembre del año pasado no habían avanzado del proceso de pre-consulta explicó Edith Taborda.

Desde su elección como gobernadora de su comunidad, en el año 2012, Taborda recibió quejas acerca de la actividad minera. La principal preocupación de los habitantes es el temor a ser desplazados forzadamente.

Pero de las quejas la comunidad pasó a la acción. Para lograrlo, Elmer Agudelo jugó un rol muy importante.

Elmer, líder de la comunidad Embera Karamba, ha promovido el pensamiento crítico acerca de la minería. Jóvenes, niños, adultos y ancianos han participado en protestas y reuniones como respuesta a la presencia de las corporaciones mineras.

Elmer reflexiona sobre el impacto de la firma del acuerdo con las FARC y lo que eso implica en los territorios indígenas.

Movilización civil

A 338 kilómetros de distancia en Antioquia, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conaminercol) apoyó un paro organizado por los mineros de Remedios y Segovia en septiembre del año 2016. Como resultado de la presión y las conversaciones, el día 28 de ese mes, el gobierno colombiano creó la Mesa de Negociaciones para Remedios y Segovia.

Rubén Darío Gómez es el secretario general de Conaminercol, que vela por los derechos de los mineros al trabajo y reta pacíficamente a la minera Continental Gold Inc., que tiene dos proyectos mineros en Buriticá y Berlín (Antioquia) y aspira a convertirse en el mayor productor de oro en Colombia.

Conaminercol obtuvo una victoria con respecto a esa compañía ocho subcontratos por un corto periodo de tiempo, pero no en condiciones muy favorables para los mineros.

Goméz participó en las movilizaciones nacionales organizadas por Conaminercol en el año 2015 debido al incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos que incluían el reconocimiento de la minera tradicional realizada por mineros como ellos.

Rubén no niega el impacto de su actividad en la tierra pero es contundente al señalar que no es solo responsabilidad de los mineros más pequeños. “Nosotros somos el enemigo porque disputamos el territorio y sus recursos al gran capital. Nosotros estamos en contra del modelo extractivo que es desventajoso para la economía, la agricultura, el medio ambiente y las tradiciones culturales”.

También en Antioquia, El Cinturón Ambiental de Occidente (COA) retó a Caramanta Conde Mine que fue multada, en el año 2014, por afectar el patrimonio ambiental del municipio de Caramanta.

“Solvista Gold Corp., IamGold Corporation, Angel Gold Corporation y Caramanta Conde Mine [i] SAS son las compañías canadienses que han tenido proyectos en Antioquia. Solvista ha estado allí por cinco años pero cambió su nombre lo cual hace difícil seguir sus proyectos de cerca”, dice un miembro del COA.

El COA involucra a los ciudadanos con la causa ambiental a través de vigilias, festivales y El Abrazo a la Montaña, un recorrido alrededor de la montaña que se llevó a cabo entre el 8 y 14 de agosto, del 2016. Mitos, arte, música y cultura ayudaron a divulgar el mensaje de justicia ambiental mientras caminaban.

Entre tanto, en Tolima otras resistencias ciudadanas se movilizan contra el proyecto La Colosa, de Anglo Gold Ashanti, compañía surafricana con 17 minas en nueve países, en Cajamarca (Tolima).

Este año se realizará una consulta popular a través de la cual los habitantes dirán Sí o No a este proyecto en su departamento, la consulta fue promovida por activistas comprometidos con esta causa.

“La consulta popular que se llevó a cabo el 28 de julio del 2013 en Piedras, (Tolima) se constituyó en la primera de su género que por una abrumadora mayoría logra parar las pretensiones de la multinacional Anglo Gold Ashanti de establecerse allí”, explica la analista de conflictos sociales y territoriales Carmen Luisa Castro.

La creatividad es protagonista en las diversas iniciativas ciudadanas contra la minería a gran escala. Así lo explica José Díaz, uno de los coordinadores del No en la Consulta Popular: “La Marcha Carnaval cuenta con la participación masiva de comunidades campesinas que llaman la atención ciudadana con “carros” adornados con comida de la despensa agrícola de Colombia; sectores indígenas, que involucran al peatón en la fiesta callejera a través de carrozas y muestras culturales; instituciones educativas, que convocan a la comunidad a disfrutar las bandas musicales y comparsas tradicionales. Además de la participación de artistas locales que garantizan un show callejero con zanqueros, payasos, disfraces, murgas, conciertos sobre ruedas y los combos barristas, que le imprimen la alegría con gritos y canticos en defensa de la vida”.

Las marchas carnaval en defensa de la vida, el agua y el territorio, son anuales y tienen como epicentro la ciudad de Ibagué, pero se realizan en otros municipios. Carmen Castro ha sido parte de ellas ayudando a movilizar personas a favor de la vida, el territorio y en contra del modelo extractivista.

En la sexta Marcha Carnaval se expresó esa nueva manera de pensar, sentir y defender el territorio con vínculos a través de la cuenca del río Coello, en el que los participantes identificaron que tienen un territorio común por su vocación agropecuaria, con una economía campesina en Cajamarca, y una agroindustrial en el plano; además que el agua es el factor del cual depende el presente y el futuro del Tolima y que sentir que nos compete, solidariamente es lo que significa defender un territorio.

“El año pasado (2016) se llevó a cabo la octava Marcha Carnaval que se convirtió en una movilización ciudadana sin precedentes. El Comité habla de 100 mil personas, lo que termina por darle a Ibagué centralidad en las luchas de resistencia contra la minería que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país”, sostiene Carmen.

Varias acciones se han aprendido de las resistencias en Santander otro estado colombiano. Entrevistados para este artículo concuerdan en que Santander, ha sido una de las más significativas del país.

Activistas santandereanos están orgullosos de una victoria mayor contra la canadiense Greystar Resources Ltd., la cual cambió su nombre a Eco Oro MInerals Corp., la negación de la licencia para su proyecto Angostura [ii] que afectaba el páramo de Santurbán [iii] el cual suministra agua a la ciudad de Bucaramanga y otras poblaciones. Ver aquí la resolución.

El mensaje para luchar contra este proyecto fue simple pero poderoso, fácil de comunicar: el impacto de la minería a gran escala en los recursos hídricos. “La experiencia de Santurbán despertó la conciencia cívica acerca de la importancia de los páramos. Esto contribuyó con un contexto positivo para la decisión final de la Corte Constitucional que falló en contra de la minería en los páramos”, explica Carlos Lozano.

Retando el modelo extractivista

Carlos Lozano es abogado senior de Aida Americas en Colombia. Él dice que la lucha contra Eco Oro Minerals Corp., fue una resistencia que combinó esfuerzos de los sindicatos, los colegios y los profesionales, entre otros. “Esto llamó la atención de los políticos y los medios en torno al proyecto”, agrega.

El Banco Mundial, uno de los inversores del proyecto Angostura – a través de la Corporación Financiera Internacional retiró sus inversiones y lo justificó con el siguiente pronunciamiento. “IFC evalúa constantemente sus cartera de inversiones en función de su mandato pro desarrollo y en consideración de las condiciones del mercado. Dada la decisión de Eco Oro de suspender definitivamente el proyecto Angostura, el 25 de noviembre IFC terminó su inversión en la Compañía”.

De igual manera la compañía emprendió una acción contra el Estado colombiano. “El 8 de diciembre esta compañía solicitó al Centro de Acuerdos para disputas por inversiones del Banco Mundial arbitraje contra Colombia por lo que consideran medidas arbitrarias, inconsistentes y desproporcionadas que destruyeron el valor de las inversiones en el sector minero de Colombia y privó a Eco Oro Minerals de sus derechos contenidos en el título minero, Contrato de Concesión 3452”, señala un comunicado en la página de la compañía [iv].

Varias compañías canadienses han manifestado sus intereses en los recursos de Santander. “Empresas canadienses con intereses en Santander son Auro Resources Corporation, Calvista Gold Corporation, CB GOLD INC, Continental Gold, Pacific Coal Resources (PCR), Galway Resources Holcod Ltda., Mega Uranium y en Magdalena Medio, Canacol Energy Ltd. y otros más que omito”, añade Sampayo. En el año 2009 Mining Watch Canada y Censat Agua Viva publicaron este informe sobre las multinacionales canadienses y los conflictos en el país.

Óscar Sampayo es miembro del Grupo de Estudios Extractivos, Sociales y Ambientales del Magdalena Medio(GEAM) afirma que en Santander y el Magdalena Medio se ha tenido algo de éxito gracias al componente educativo.

Las comunidades comprendieron mejor el impacto de los proyectos extractivistas en el territorio. “Nosotros contribuimos con estrategias educativas para defender los derechos y haciendo visible la flexibilidad de Colombia con compañías como Eco Oro MInerals Corp., en Santurbán y Parex Resources Inc., en Simacota. Nosotros también intentamos exponer los lazos entre los políticos y las corporaciones trasnacionales”, aclara Sampayo.

En esta corta mención de los procesos de resistencia contra la minería a gran escala -promovida por las multinacionales y las instituciones gubernamentales como “minería bien hecha”– los sindicalistas ocupan un lugar importante.

Hace algunos años, Francisco Ramírez denunció el impacto negativo de las mineras canadienses en Colombia. Así explicaba Ramírez a su auditorio internacional lo que ha ocurrido:

En la actualidad, Ramírez es miembro de Funtramiexco, Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares en Colombia.

Él es responsable de las acciones legales internacionales contra las corporaciones y pertenece al Movimiento Nacional de Víctimas de las Corporaciones Multinacionales y Trasnacionales (MNVC).

Ramírez explica algunos de los objetivos de los sindicalistas en cuanto al tema minero y los recursos naturales del país. Estos objetivos incluyen la nacionalización de los recursos, el desarrollo sostenible y la inclusión de las necesidades de las comunidades en diferentes proyectos de desarrollo. “Incluso como sindicato hemos propuesto cerrar algunas minas y trasladar esos trabajadores al sector de la infraestructura”, sostiene.

Después de 20 años de actividad sindicalista Francisco Ramírez continúa retando a las multinacionales y Edith Taborda gobernadora Embera Karamba hace lo mismo en su amada comunidad en Risaralda.

Estos procesos de resistencia civil se han mantenido en el tiempo gracias a la organización, la educación popular y los mensajes divulgados con variados discursos.

Alejandro Pulido, investigador social radicado en Bogotá, reflexiona acerca de las narrativas de resistencia. “El primer discurso es un discurso ambiental. Sin embargo, no hay discusión acerca del acceso y disputa de los recursos; el segundo discurso es acerca de la lucha de los indígenas, afrocolombianos y las comunidades campesinas por su derecho al territorio; un tercero, de los sindicatos acerca de las condiciones laborales y un cuarto discurso, el de los académicos, cuestionando el modelo económico, las bajas ganancias de la minería, algunos promoviendo la nacionalización de la minería. Es interesante como muchas veces estas narrativas no dialogan (…) Pero es claro que el modelo extractivista está creando una nueva guerra por el agua, una nueva guerra está emergiendo”, enfatiza pulido.

Nota para el cuadro: En el siguiente cuadro se encuentran relacionadas las 27 empresas que al 30 de junio de 2016 aparecen listadas en la bolsa de Toronto TSX/TSXV con presencia en Colombia, la mayoría de ellas están relacionadas con proyectos de oro, plata y cobre.

En total estas 27 empresas poseen 42 títulos mineros vigentes, distribuidos de la siguiente manera:

Notas

[i] Corantioquia suspende actividades de minera canadiense en Caramanta, aquí

[ii] Ver aquí

[iii] Ver aquí

[iv] Ver aquí

Fuente: LadoB