Colombia: Mandato nacional de los cultivadores de coca, amapola y marihuana

Constituyentes por la paz / Lunes 6 de julio de 2015

Reunidos los días 4, 5 y 6 de Julio en la Ciudad de Mocoa-Putumayo, más de 700 delegados de 17 departamentos del país, hemos decidido unir nuestra voces, pensamientos, saberes y propuestas, para presentarle al país y a nuestras comunidades, una apuesta nacional que permita reconfigurar la visión sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola. Esta nueva apuesta es un ejercicio alternativo, integral y soberano, que deberá constituirse como un lineamiento claro del que hacer político y social de nuestro procesos.

Dentro del actual contexto de país, la lucha contra las drogas ha fracasado. No se ha logrado romper con las cadenas reales del narcotráfico, en cambio, han sido los cultivadores y consumidores los sectores atacados, por medio de la estigmatización, persecusión, criminalización y judicialización. Esta dinámica, ha permitido que los actores asociados a toda la cadena del narcotráfico sigan acumulando capitales y poder político, sin lograr transformación alguna del fenómeno que ha causado tanto dolor en el país.

En el marco de los diálogos de la Habana se ha llegado a acuerdos parciales pero persisten salvedades en temas claves como las fumigaciones o aspersiones con químicos defoliantes y una política alternativa a la actual guerra contra las drogas que persiga los verdaderos responsables de delitos asociados al narcotráfico. Es por eso que el movimiento social y popular colombiano debe afianzar sus propuestas para dar contenido a temas que son fundamentales en la búsqueda soluciones efectivas e integrales a las problemáticas que enfrentan las comunidades en sus territorios.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante estos tres días de trabajo abordamos cuatro ejes temáticos:

- Sustitución del ingreso derivado de los cultivos declarados ilícitos y legalización de los cultivos y los usos tradicionales y alternativos de los cultivos de coca, marihuana y amapola.

- Normalización y regularización del consumo de plantas y drogas declaradas ilícitas

- Medidas para la superación del narcotráfico

- Reparación de las victimas de la política antidrogas

En ese sentido, hemos construido propuestas en cada uno de estos ejes, buscando así generar unos lineamientos generales alternativos y populares que rompan con la actual política antidroga que nos imponen desde el exterior; propuesta que debe servir como insumo para la consecución de un nuevo pacto político en nuestro país, desembocando en una Asamblea Nacional Constituyente que construya las bases de una paz con justicia social.

Finalmente, y como ejercicio propio de las comunidades y participantes aquí reunidos, y activando nuestro soberano derecho a materializar nuestro Poder Constituyente, las organizaciones suscritas mandatamos al país lo siguiente:

Sustitución del ingreso, legalización de los cultivos y los usos tradicionales y alternativos de los cultivos de coca, marihuana y amapola.

1. La sustitución del ingreso derivado de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola debe ser estructural, gradual, voluntaria, concertada entre las comunidades campesinas, étnicas y populares y el Estado teniendo en cuenta los tiempos de transición y adaptación de las comunidades.

1.1. La gradualidad será entendida de la siguiente forma: el proceso de sustitución o reducción solo iniciará cuando el cultivador, trabajador, recolector empiece a percibir ingresos estables para su economía familiar. 1.2. El proceso de sustitución deberá hacer parte de la reforma agraria integral.

1.3. El proceso de sustitución podrá estar asesorado por procesos organizativos internacionales que hayan tenido experiencias exitosas en procesos de reducción, sustitución y legalización de cultivos de coca, marihuana y amapola.

1.4. El Estado garantizará el proceso de sustitución con condiciones de vida digna así como los derechos fundamentales de las comunidades campesinas, étnicas y populares en cuanto a salud, educación, vivienda, servicios públicos, recreación, deporte, cultura e infraestructura vial. Este estará acompañado de un proceso de cuidado del medio ambiente y cualquier forma de vida.

1.5. El proceso de sustitución deberá ser financiado por el Estado en todo el proceso productivo que incluye siembra, cosecha, trasformación, centros de acopio, vías de acceso, comercialización y consumo final.

1.6. El Estado garantizará la creación de un fondo agropecuario que estará coordinado e integrado por organizaciones sociales campesinas, étnicas y populares.

1.7. El Estado promoverá un diagnóstico comparativo de cultivos que estará coordinado entre el Estado, las comunidades y las organizaciones campesinas, étnicas y populares, en donde se pueda relacionar los ingresos generados por los cultivos de coca, marihuana y amapola, frente a los cultivos tradicionales.

1.8. Las comunidades campesinas, étnicas y populares garantizarán la producción agroecológica e industrialización de los derivados de coca, marihuana y amapola con financiación del Estado.

1.9. Las comunidades campesinas, étnicas y populares realizarán un control propio sobre el proceso de sustitución, incluyendo un componente de educación comunitaria.

1.10. El Estado garantizará y apoyará el proceso de sustitución y/o reducción priorizando los cultivos tradicionales y rechazando los monocultivos industriales. En ningún momento se promoverá el desarrollo de zonas minero-energéticas a gran escala nacionales y/o multinacionales ni zonas de desarrollo empresarial (ZIDRES) ya que estas van en contra vía del enfoque ambiental y agrario de las comunidades.

1.11. El Estado promoverá la creación de comités, gremios y cooperativas productivas y apoyará a los que ya están constituidos.

1.12. El gobierno nacional, en coordinación con los ministerios de educación, Salud y agricultura y con las organizaciones populares generarán una política enfocada en la educación sobre sustitución y usos alternativos de la hoja de coca, marihuana y amapola; garantizando el intercambio de saberes de las comunidades.

1.13. Se fortalecerán las formas de ordenamiento territorial de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes (ZRC, resguardos indígenas, Consejos comunitarios) y otras formas de ordenamiento territorial no reconocidas (territorios interétnicos, territorios interculturales y agroalimentarios) en los que se implementarán planes de desarrollo alternativo con un enfoque agroecológico y de soberanía alimentaria y nutricional.

1.14. El Estado limitará y controlará la importación de productos agrícolas y derogará tratados de libre comercio o convenios internacionales que sean lesivos a los intereses de las comunidades campesinas, étnicas y populares.

1.15. El proceso de sustitución tendrá en cuenta a la población que de forma indirecta está vinculada económicamente al proceso productivo de los cultivos de coca, marihuana y amapola.

2. El proceso de legalización deberá ser de manera gradual y concertada con las comunidades campesinas, étnicas y populares.

2.1. Se reconocerán los cultivos de coca, marihuana y amapola como parte de las culturas campesinas, étnicas y populares.

2.2. Las comunidades campesinas, étnicas y populares crearán una organización nacional de productores que será responsable de hacer seguimiento a la interlocución, veeduría y acuerdos con el gobierno. Así mismo impedirá la monopolización de los productos y sus usos, garantizando que no sean controlados por multinacionales y promoviendo el desarrollo de la industria nacional.

3. En el proceso de sustitución y de legalización se priorizará y privilegiará la siembra de cultivos de coca, marihuana y amapola con semillas nativas o criollas

3.1. Las semillas no serán sujeto de certificación por instituciones nacionales o internacionales.

4. El gobierno y las comunidades campesinas, étnicas y populares reconocerán los cultivos de coca, marihuana y amapola como plantas naturales, tradicionales, ancestrales y medicinales.

4.1. Se crearán centros de investigación enfocados en el estudio de la planta de coca, marihuana y amapola, haciendo énfasis en los usos tradicionales, ancestrales, científicos y farmacéuticos, apoyado por universidades e instituciones estatales.

4.2. Los medios de comunicación privados y públicos implementarán campañas informativas que promuevan el reconocimiento de los cultivos de coca, marihuana y amapola como plantas de uso tradicional, ancestral y medicinal, con el propósito de contrarrestar la estigmatización y el desconocimiento frente a estas plantas

Normalización y regularización de drogas declaradas ilícitas.

1. Se permitirá la existen¬cia de canales legales de producción, distri¬bu¬ción y consumo, con¬trola¬dos por las comunidades, las cuales deberán formarse y organizarse en asociaciones, con el fin de acabar con el monopolio de la distribución de drogas psicoactivas por parte de las organizaciones criminales.

2. Se realizará un dialogo entre las comunidades para establecer formas de control sobre la producción teniendo en cuenta la capacidad de consumo de productos derivados de las plantas de coca, marihuana y amapola por parte de los consumidores.

3. Se construirán estrategias de salud pública de manera conjunta entre consumidores y cultivadores, que minimicen los daños ocasionados por el abuso de sustan¬cias psicoactivas, que se enfoquen en campañas de prevención del consumo, que respeten los derechos humanos y que tengan en cuenta los efectos perversos de las políticas de control prohibicionista.

4. Se regularizará el cultivo de coca, marihuana y amapola fomentando prácticas ecológicamente sostenibles y amigables con el medio ambiente.

5. Se protegerán y se privilegiarán formas de producción artesanal por encima de formas de producción industrial.

6. Se fomentarán programas de prevención, mitigación, tratamiento y ayuda a las personas con consumo problemático. Estos programas serán respetuosos de los Derechos Humanos y la participación en los mismos deberá ser de manera voluntaria.

7. Se respetarán los cultivos y usos ancestrales que las comunidades indígenas le den a la planta de coca.

8. Se permitirá el cultivo y el uso tradicional, recreativo, científico, investigativo, medicinal y comercial de los distintos productos derivados de las plantas de coca, marihuana y amapola, que no vaya en contravía de los programas de salud pública construidos por las comunidades.

9. Se creará un “reservorio de semillas” en donde se protejan, se preserven y se les permita a las comunidades acceder a semillas tradicionales y nativas de coca, marihuana y amapola.

10. Las semillas deben ser patrimonio de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y por tanto se prohibirá la patente de las semillas de coca, marihuana y amapola.

11. No se criminalizará y se garantizará una reparación integral a los cultivadores y consumidores afectados por las políticas prohibicionistas.

12. Las comunidades construirán políticas públicas e instituciones enfocadas en la regularización y normalización respecto a la distribución y el uso de productos derivados de las plantas de coca, marihuana y amapola.

13. Los medios masivos de comunicación generaran campañas educativas para desestigmatizar al cultivador, al consumidor y a las plantas de coca, marihuana y amapola.

14. Se fomentarán espacios permanentes de encuentro y dialogo entre las comunidades, a nivel veredal, municipal, departamental y nacional, con el fin de acordar mecanismos para regular y normalizar el cultivo y uso de productos derivados de las plantas de coca, marihuana y amapola.

15. Se acordarán entre las comunidades y el Estado centros regulados de venta y distribución de marihuana

Medidas para la superación del narcotráfico

Los elementos transversales que guían los puntos sobre este tema son:

(I) La política antidroga, que busque superar el narcotráfico, debe ir de la mano de una reforma agraria integral.

(II) Cualquier medida, acción, política y/o plan de desarrollo debe reconocer y respetar las particularidades territoriales, étnicas y culturales de las comunidades sujetos de derecho.

(III) El marco común en el cual se inscriben esta serie de propuestas demandamos al Estado que garantice que quienes se acojan a los planes de sustitución lo hagan de manera voluntaria, gradual, concertada y rentable.

1. El Reconocimiento y legalización estatal de los cultivos de coca, marihuana y amapola, y la producción de sus derivados se desarrollará a partir del compromiso y las acciones organizadas por parte de las comunidades.

1.1 El Estado está en la obligación de garantizar el reconocimiento y la legalización de los cultivos de coca marihuana y amapola para la producción e industrialización de sus derivados alimentarios y medicinales.

1.2 El Estado deberá reconocer los cultivos de coca marihuana y amapola como patrimonio ancestral de la cultura indígena y campesina.

1.3 Las comunidades a través de los mecanismos organizativos que soberanamente elijan, deberán controlar la siembra, producción y uso de los cultivos de coca marihuana y amapola.

1.4 Como medida para controlar la siembra y producción de cultivos de coca marihuana y amapola las comunidades campesinas nos comprometemos a reactivar los cultivos de pancoger que garanticen nuestra soberanía alimentaria.

1.5 Como condición para el compromiso de las comunidades encaminado al control del cultivo, producción y uso de la coca, marihuana y amapola Las comunidades campesinas nos comprometemos a desarrollar cultivos de pancoger a partir de fincas agroproductivas.

2. Un paso necesario en la formulación de una nueva política antidrogas con enfoque de derechos humanos se descriminalizará los eslabones más débiles de la cadena de valor del narcotraficantes, a saber los cultivadores y pequeños productores y consumidores.

2.1 El Estado debe garantizar la descriminalización de los cultivadores y pequeños productores de los cultivos de coca, marihuana y amapola.

2.2 A través de una política pública integral con enfoque de derechos humanos el Estado debe garantizar la descriminalización del consumo de los derivados ilícitos de los cultivos de coca marihuana y amapola.

2.3 Esta misma política pública obliga al Estado al tratamiento del fenómeno de la adicción como un asunto de salud pública.

3. Se considera necesario que para superar el narcotráfico y los delitos asociados a este, se debe apelar a la transformación del Estado y sus instituciones por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.

3.1 El cambio en la política criminal debe pasar por una reforma a la justicia con enfoque de derechos humanos

3.2 Participación directa de los productores y consumidores en la formulación de la política que pretenda la superación del narcotráfico.

3.3 Esclarecer las causas de los cultivos de coca, marihuana y amapola e identificar el origen del narcotráfico

3.4 Identificar los diferentes actores involucrados en la cadena productiva del narcotráfico y castigar a los mismos de forma proporcional al delito cometido.

3.5 Vincular a los productores en la lucha contra el narcotráfico, a través de medidas como la garantía en la creación de veedurías desde los movimientos sociales y las comunidades, con acompañamiento de un ente internacional.

3.6 Impulso y garantías a juicios políticos desde el pueblo, juicios populares, en los que se haga un control a las empresas, personas civiles, de cargos públicos, y de elección popular, que tengan relaciones con la cadena de valor del narcotráfico, y/o que estén involucradas con los activos de enriquecimiento ilícito

Reparación de las victimas de la política antidrogas

1. El estado debe garantizar la reparación integral, teniendo en cuenta a cultivadores y productores de hoja de coca, como a los campesinos, indígenas y afrodescendientes afectados en sus cultivos de pancoger, en la ganadería, los obreros, jornaleros, etc.

1.1 Debe existir un enfoque diferencial de reparación (indígenas, afros y campesinos) y un respeto al principio intercultural.

1.2 Se deben fortalecer las organizaciones sociales y populares de las regiones en aras de garantizar participación popular, la unidad y la garantía del avance del proceso constituyente.

• Se planificarán las reivindicaciones y peticiones teniendo en cuenta las particularidades regionales y la previa discusión comunitaria frente a las acciones a emprender.

• Indagar, investigar y recolectar pruebas de los daños y afectaciones causadas por las fumigaciones y la implementación de la política antidrogas.

• Realizar un censo de las víctimas afectadas por las fumigaciones y la política antidrogas que se lleve a cabo por las mismas y con acompañamiento de las entidades internacionales competentes.

1.3 Se llevarán a cabo constituyentes regionales y nacionales de las víctimas de las fumigaciones y de persecución judicial con el fin de seguir en la construcción del proceso constituyente.

• Fortalecer los ejercicios de mandatos populares en clave de eliminar los obstáculos que se presenten y ejercer poder popular desde las comunidades

1.4 Se creará la Asociación Nacional de Cocaleros que incluirá dentro de su estructura un comité para la reparación integral de las víctimas de las fumigaciones con glifosato y las persecuciones judiciales, teniendo en cuenta que se debe reparar tanto a cultivadores, como a las personas afectadas que no trabajen con la hoja de coca.

• Consolidación de un comité de veeduría y seguimiento que esté atento a que se cumplan las indemnizaciones a las víctimas de las fumigaciones y las de persecución judicial desde lo local, hacia lo nacional y desde los mismos campesinos.

• Hacer las demandas pertinentes sobre las afectaciones de la fumigación y la persecución judicial a instancias internacionales.

• Creación y fortalecimiento de un propio fondo rotatorio de créditos dentro de las comunidades cofinanciado por los gobiernos locales, en clave de la constitución de poder popular.

• Creación de centros de acopio con precios fijos y garantías de sostenimiento y cooperativas campesinas. Mercados y economías campesinos.

• Asesoría jurídica alrededor del tema de posesión y adjudicación de títulos a los campesinos y comunidades.

1.5 Exigencia de la derogación y eliminación de las actuales acciones de las políticas antidrogas

1.6 Restitución inmediata de tierras que fueron despojadas a las víctimas del desplazamiento en medio del conflicto y adjudicación de tierras a quienes no las poseen para brindar las garantías de un trabajo digno y una vida digna. 1.7 Reforma de la ley de víctimas con un apartado especial para las víctimas de las fumigaciones y las personas que han sufrido persecución judicial a causa del cultivo y producción de la hoja de coca, marihuana y amapola.

1.8 Libertad para los y las lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes detenidos por la política antidroga actual

2. En la reparación a las víctimas de la política antidrogas el gobierno deberá realizar una reforma agraria integral en beneficio y con participación del movimiento campesino, indígena y afro descendiente.

2.1 Construir una legislación desde las bases que proteja las semillas nativas y rechace la intervención extranjera y semillas transgénicas.

2.2 Nacionalización del territorio, expulsión de las multinacionales.

2.3 Planificación de formas de sustitución concertada, gradual, voluntaria y no violenta del cultivo y garantías por parte del Estado para la industrialización y comercialización de los productos campesinos

2.4 Asistencia técnica permanente; tecnificación del campo.

2.5 Garantías para la constitución de zonas de reserva campesina.

2.6 Generación de subsidios a la agricultura y créditos sin interés, dependiendo su capacidad económica.

2.7 Capacitación a las comunidades para la administración de sus recursos.

Finalmente, este mandato que entregamos al país y a nuestras comunidades esta guiado por la más profunda convicción de lucha en la búsqueda de una Asamblea Nacional Constituyente, que siente las bases de la paz con justicia social que tanto anhelamos las colombianas y colombianos.

Es la hora de juntar nuestras voces y decirle al país que acá esta su pueblo, acá está el Poder Constituyente.

¡¡¡Somos Poder, Poder Constituyente!!!

Fuente: Prensa Rural