Colombia: Los desafíos de la agricultura campesina ante el impulso del modelo agroindustrial

19 de octubre, 2017

De no haber una gestión equitativa del campo y una promoción y salvaguarda de los derechos étnicos y campesinos sobre la tierra y sus usos, las problemáticas de precarización de la vida se profundizarían, generando una brecha en la igualdad de oportunidades entre agroempresarios y pequeños productores para acceder a los beneficios de los planes y programas de política destinados al fortalecimiento del sector rural colombiano.

La agricultura campesina y familiar es un sistema de producción que hace parte de las formas de vida y cotidianidad de las familias y comunidades campesinas, indígenas y raizales en las zonas rurales del país; y su papel en la consecución de la soberanía alimentaria es indudable, no solo en Colombia sino en América Latina y el Caribe, como afirma en cifras la FAO:

En América Latina y el Caribe, la agricultura familiar totaliza cerca de 17 millones de unidades productivas, que agrupan a una población de 60 millones de personas. Así mismo, contiene cerca del 81 % de las explotaciones y ocupa entre el 20 % y 65 % de la superficie agropecuaria, generando entre el 30 % y el 67 % del total de la producción alimentaria y entre el 57 % y el 77 % del empleo. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017)”.

Según el Departamento Nacional de Planeación –DNP- en su diagnóstico de la pobreza rural, en Colombia la población rural considerada pobre se encuentra en un 44.1 %, siendo los agricultores campesinos medianos y pequeños los más afectados (2015, pág. 4). Es por esto que la agricultura familiar ha venido tomando relevancia entre actores del gobierno, la academia y las organizaciones sociales del sector rural principalmente, en busca de soluciones a esta problemática.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país – paz, equidad educación” establece medidas para impulsar la agricultura familiar por medio de un plan nacional para el fomento y protección de la agricultura familiar con el que se pretende apoyar proyectos integrales de producción, transformación y comercialización agropecuaria, incentivar y apoyar la producción sostenible y facilitar el acceso a bienes y servicios del Estado.

En razón de esto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR – emitió en el 2014 la resolución 267 a través de la cual se crea el programa de Agricultura familiar, con el propósito de afianzar a la población rural en sus territorios; no obstante su implementación contó con dificultades y limitaciones que llevaron a la creación de la mesa técnica de agricultura familiar y economía campesina, la cual duró suspendida hasta finales del pasado año 2016.

La Mesa está conformada por el MADR y la red nacional de agricultura familiar[1] y es dinamizada por la FAO Colombia; cuenta con la participación de organizaciones del Gobierno Nacional, la sociedad civil, la academia, y cooperación internacional, entre otros. El propósito de la Mesa es generar una serie de lineamientos generales de política pública que permita avanzar en el reconocimiento e impulso de la agricultura familiar.

Para entender la agricultura familiar es de vital importancia trabajar en un concepto que tenga en cuenta la diferencia entre campesinado y pequeño productor de agricultura familiar.

Según Schneider, de la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil (2017), el campesino vive de lo que produce; como categoría histórica y social, actualmente se encuentra en un proceso de transición que viene desde las sociedades primitivas hacia el ser agricultor y aunque mantiene frágiles vínculos con el mercado y la sociedad, estos no determinan las formas en las que organiza su vida.

Por su parte el pequeño productor se caracteriza por ser un agricultor familiar con la herencia del campesinado, es una unidad social que trabaja y produce en régimen de la economía familiar que no está aislada del conjunto de la sociedad; además, la producción que realiza tiene como propósito la reproducción familiar y la inserción al mercado.

En ese sentido las políticas públicas, la economía, la dinámica social y los cambios culturales afectan más directamente la manera de funcionar de los agricultores familiares; en tanto las comunidades campesinas mantienen todavía una autonomía relativa en relación a la economía y al conjunto de la sociedad, mientras los agricultores familiares sí son influenciados por estas dinámicas más generales.

Aunque elementos del campesinado siguen vivos en el agricultor familiar o pequeño productor (Schneider, 2017), al integrarse económica y socialmente a una población históricamente excluida como la campesina, no se puede negar que dicho proceso incide en la transformación del campesinado hacia la posibilidad de una progresiva desaparición como categoría y sujeto histórico social. El cambio no es solo conceptual, se trata de cambios sociales y económicos promovidos desde la política pública, por los cuales pasarían los campesinos a convertirse finalmente en agricultores familiares o pequeños productores.

El documento borrador para los lineamientos de la política pública para la agricultura familiar campesina y comunitaria de Colombia proponen dos conceptos de agricultura familiar: el primero es economía campesina, familiar y comunitaria, el cual busca fungir como un marco de referencia para las discusiones, resaltando la multidimensionalidad y multisectorialidad que se presenta como necesaria desde lo planteado en el punto uno (1) de reforma rural integral de los acuerdos de La Habana, en ese sentido se define como:

La economía campesina, familiar y comunitaria abarca una diversidad de estrategias productivas incluidas la agricultura, la pesca, la acuicultura, la silvicultura, el aprovechamiento de los bienes y servicios de la biodiversidad, el turismo rural, las artesanías, la minería artesanal, y otras actividades de comercio y servicios no vinculadas con la actividad agropecuaria. En ese sistema predominan las relaciones de reciprocidad, cooperación y solidaridad, y el desarrollo de sus actividades se fundamenta en el trabajo y mano de obra de tipo familiar y comunitario.” (Borrador de lineamientos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia, 2017).

El segundo concepto es agricultura campesina, familiar y comunitaria, la cual establece los alcances de la política pública y se define como:

Es el sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias, y comunidades campesinas, indígenas, afro descendientes, raizales, y palenqueras que conviven en los territorios rurales del país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse con actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario, aunque también se emplea mano de obra contratada. El territorio y los actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados y co-evolucionan combinando funciones económicas, sociales, ecológicas, políticas y culturales. (Ibíd., 2017, pág. 7)

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Los lineamientos generales de la política pública formulados desde la Mesa permitirían al sector agropecuario responder con pertinencia y oportunidad a las necesidades que tienen los pequeños productores, el campesinado y las comunidades étnicas. No obstante, el concepto para la definición de los alcances tiene un carácter amplio en el que es preciso definir quién es el sujeto de la política pública, ya que bajo la figura de agricultura familiar existe una diversidad de estrategias productivas y formas de organizar el territorio que dependen del grupo social que las promueve y práctica.

Un ejemplo de esta situación es que de 39 millones de hectáreas ocupadas por grupos étnicos, hay cobertura de bosques en 32,8 millones de ellas, respecto a 2,8 millones de hectáreas destinadas para uso agropecuario, lo que corrobora el importante papel que estas comunidades juegan en la protección de bosques y la mitigación del cambio climático.

Por su parte, el campesinado es más relevante en la consecución de la soberanía alimentaria nacional y la seguridad alimentaria en los hogares colombianos, teniendo en cuenta que más del 60 % de las pequeñas fincas con menos de 10 hectáreas se dedican a la producción agrícola orientada principalmente al autoconsumo y las grandes fincas destinan la mayor parte de su suelo a la ganadería[2], siendo esta una de las razones por las cuales actualmente el volumen de importación de alimentos crece en el país (OXFAM, 2017).

El fortalecimiento del sector rural pasa por el reconocimiento del importante papel que juegan estos sujetos de la economía en el desarrollo rural y la consolidación de la paz para la transformación del campo colombiano. No obstante, esto ha venido caminando a paso lento dados los múltiples espacios de discusión que no han resultado en mecanismos y lineamientos concretos en la materia; quedando en un rezago frente a los dispositivos normativos e institucionales que favorecen el modelo corporativo agroindustrial y minero energético para el sector rural colombiano, que avanzan con agilidad y rapidez, en detrimento de los sistemas de producción y organización que desarrollan los pequeños productores desde la economía campesina, familiar y comunitaria.

Siendo hasta ahora el documento un borrador de los lineamientos de política pública para articular y direccionar esfuerzos hacia el sector agropecuario, se entiende que estos lineamientos no pretenden abarcar la totalidad de las políticas necesarias para la promoción y el fortalecimiento de esta economía y tipo de producción; por el contrario configuran una serie de acciones que se consideran estratégicas para este tipo de sistema como la necesidad de un mercadeo social, circuitos de comercialización, extensión rural y fortalecimiento de capacidades, sistemas de producción sostenibles, acceso a la tierra, entre otros.

Estas acciones van de la mano con la formulación y puesta en marcha de diez planes nacionales establecidos en el punto uno (1) de reforma rural integral[3], los cuales se están formulando hasta el momento en consonancia con figuras como las Zidres, que abiertamente promueven un modelo de producción agroindustrial en el que el pequeño productor se vería obligado a entrar en el mercado bajo figuras de trabajo asociativas que le restarían autonomía frente a la forma en la que trabaja y usa la tierra que posee.

El impulso de la agricultura familiar bajo lineamientos que no se adaptan a la realidad normativa e institucional actual y la carencia de una política de Estado clara frente al sector rural, enfrentaría al campesinado a un proceso de metamorfosis que pondría en riesgo el importante papel que encarna en la transformación provechosa del campo colombiano y el fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Dadas las transformaciones sociales y económicas que promueven las políticas públicas, se va generando una suerte de vacío cultural que lleva a preguntarse sobre si las comunidades seguirían siendo o no rurales, en un panorama normativo e institucional que propende por contratos asociativos entre los grandes empresarios y pequeños productores del campo que no cuentan con el capital e incentivos necesarios para la producción agrícola. En ese sentido las políticas para planificar y gestionar el campo, junto a las transformaciones culturales que devienen, afectan directamente la manera de funcionar de los agricultores familiares, en tanto las comunidades campesinas mantienen una autonomía relativa en relación al conjunto de la sociedad y el mercado de bienes y servicios agropecuarios circundantes.

Promover y fortalecer la economía campesina, familiar y comunitaria es parte de la solución al problema de la pobreza rural y sin duda es uno de los impulsos que necesita el campo colombiano. Sin embargo, no es la respuesta que esperan las comunidades por parte del Estado a sus necesidades, pues de no haber una gestión equitativa del campo y una promoción y salvaguarda de los derechos étnicos y campesinos sobre la tierra y sus usos, las problemáticas de precarización de la vida se profundizarían, generando una brecha en la igualdad de oportunidades entre agroempresarios y pequeños productores para acceder a los beneficios de los planes y programas de política destinados al fortalecimiento del sector rural colombiano.

En alianza con Grupo Semillas. Fotos: Viviana Sánchez.

Bibliografía

Borrador de lineamientos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia. (5 de Junio de 2017). Colombia.

Dirección Nacional de Planeación. (2015). Diagnóstico de la pobreza rural en Colombia 2010-2014. Bogotá.

OXFAM. (2017). Radiografía de la desigualdad. Lo que no dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. Bogotá D.C.

Schneider, S. (24 de Agosto de 2017). Agricultura familiar, economías de diversificación y sistemas sostenibles de producción.

Notas

[1] Conformada por 118 organizaciones agrarias campesinas, indígenas, afro descendientes, de mujeres rurales, de pesca artesanal, cooperativas, universidades, ONG, organizaciones basadas en la fe, entre otros colectivos.

[2] De 115 millones de hectáreas censadas en el último Censo Nacional Agropecuario, existen 43 millones de hectáreas destinadas al uso agropecuario, 34,4 millones (80 %) son destinadas a la ganadería y el resto que equivale a 8,5 millones de hectáreas (20 %) al uso agrícola; de los 8,5 millones de hectáreas destinadas a producción agrícola, tres millones de hectáreas se dedican a la producción de cultivos agroindustriales desplazando en la producción a los cultivos transitorios (principalmente alimentarios) como hortalizas, legumbres y verduras. En: (OXFAM, 2017)

[3] Plan de formalización masiva de la propiedad rural; Plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral; Plan de zonificación ambiental; Plan Nacional de Vías terciarias; Plan Nacional de Riego y drenaje; Plan Nacional de Electrificación Rural; Plan Nacional de Conectividad Rural; Plan Nacional de Salud Rural; Plan Nacional de Construcción y mejoramiento de la vivienda social rural; Plan Nacional de Fomento a la economía solidaria y cooperativa rural; Plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos; Plan Nacional de Asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación; Plan Nacional de Promoción de la comercialización de la producción; así como la puesta en marcha de un Sistema Especial para la Garantía progresiva del Derecho a la Alimentación.

Fuente: La Pipa