Colombia: Los 115 conflictos que olvidó el posconflicto

Los conflictos socioambientales se han multiplicado en los últimos 15 años. En medio del conflicto armado enquistado en Colombia durante décadas las comunidades pelean por sus territorios presionadas por una política económica cada vez más apoyada en el extractivismo. ¿Que va a pasar ahora en pleno proceso de paz?, ¿la ‘pacificación’ de territorios va a poner más fácil la inversión extranjera en megaproyectos mineros y petroleros?, ¿la mayor conciencia y organización social va generar más oposición?

Davos: el presidente, Juan Manuel Santos, habla ante los poderes económicos del mundo y plantea un escenario de paz abonado para las “inversiones extranjeras”.

Cali, rendición de cuentas del Ministerio de Minas: la minería (“responsable” insisten) y el petróleo son los “motores” económicos del país, sin regalías peligran las inversiones sociales.

Colombia, cierre del año 2016: 115 conflictos socioambientales* se mantienen activos, el 80% de ellos (92) impactan o se originan en las zonas rurales; cerca de 12,5 millones de colombianos han sido o pueden ser afectadas potencialmente por ellos; el área afectada o potencialmente afectada llega a las 12,4 millones de hectáreas (1,1% del territorio nacional). Las cifras pertenecen al último informe realizado por el instituto Cinara de la Universidad del Valle liderado por el profesor Mario Alejandro Pérez-Rincón. El estudio concluye que el sector extractivo explica buena parte de los conflictos ambientales del país (minería, biomasa y energía fósil); que entre ellos destacan el oro y el carbón; que existe una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos y que las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas (el 54% de los casos) son las más afectadas por los conflictos.

El análisis de los datos estadísticos y de georreferencia refleja también una gran dualidad en la forma en la que se resuelven, ya que el uso de la violencia contra quienes protestan persiste junto a los mecanismos jurídicos y legales por parte de quienes se oponen a los megaproyectos. El final es un “relativo éxito” de los movimientos sociales, que han logrado detener 24 de los 115 proyectos generadores de conflictos.

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En el mismo sentido, el periodista y profesor universitario Lorenzo Morales plantea en su informe ‘La paz y la protección ambiental en Colombia: propuestas para un desarrollo rural sostenible’ que el fin del conflicto armado, aunque crucial para el futuro del país, “puede desencadenar una mayor depredación de los recursos naturales”. El retiro del poder armado de las FARC permite suponer, agrega, que se suprimirán algunos de los factores de deterioro ambiental asociados al conflicto, “pero al mismo tiempo se levantará el cerrojo que mantuvo inaccesibles muchas áreas, algunas de ellas de inmenso valor ambiental”.

La mayoría de los conflictos actuales, recogen los sucesivos informes del Cinara, se ubican en las zonas más pobladas (Andina y Caribe) y en zonas de conservación. Las fronteras de colonización de esos megaproyectos son los páramos, el Magdalena Medio, Urabá y La Guajira, y el Cinara apunta a que, en términos de cantidad de conflictos, las fronteras se expandirán a la zona Pacífica, el Chocó biogeográfico y la Orinoquia. El 71% de los casos está en la fase de operación o extracción y, por sectores, la actividad minera concentra el 35%. A la cabeza de todos está el oro (24% del total). Tras la minería, la energía fósil (23%) y la biomasa el 13%, centrada en la palma africana y la caña. La mitad de los conflictos están asociados al acaparamiento de tierras y la amenaza a los derechos de acceso al agua, el aire, la biodiversidad o los territorios indígenas. Contaminación y desplazamientos son los “motores” del conflicto , explica el responsable del Cinara para definir las principales causas que mueven a la población a enfrentarse a esos proyectos.

Si le pusiéramos nombre propio a estos conflictos, en los que tienen que ver los hidrocarburos resaltan por su virulencia los enfrentamientos con la población de los páramos del Almorzadero, la exploración de petróleo en territorio U’wa o la desviación del río Ranchería. En la minería resaltan el Páramo de Santurbán y La Colosa. El Quinbó e Hidroituanguo en proyectos hidroeléctricos.

Más políticas extractivas, más conflicto

Hay una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos. Los conflictos han ido creciendo en Colombia en los últimos años. Si los estudios de Pérez Rincón registraban 19 casos en el 2001, sólo en los ocho años siguientes -coincidiendo con el Gobierno de Álvaro Uribe- se iniciaron otros 47 y durante el primer mandato de Santos se sumaron seis más. Durante los dos gobiernos de Uribe se concentran el 54% de todos los choques analizados. En su informe de 2014, el Cinara hablaba de 72 conflictos, lo que situaba a Colombia como el segundo en número de casos del mundo, según el Atlas Global de Justicia Ambiental. La cifra actual, al cierre del año 2016, es de 115. Ello está directamente relacionado con la consolidación y potenciación del sector extractivo como generador de ingresos. El Cinara apunta a que, sin tener una información completa de todos los conflictos, el monto aproximado del dinero invertido o planificado en estos proyectos ronda los 38.396 millones de dólares.

Expasión de las fronteras extractivas

Si la paz con las guerrillas puede desactivar la violencia armada en los territorios, el acceso a esas áreas será más sencillo, y juristas y ambientalistas temen una expansión de las fronteras extractivas y, por tanto, un aumento de los conflictos socioambietales. Pérez-Rincón agrega a estas condiciones una mayor conciencia y el empoderamiento de las poblaciones y movimientos sociales afectados. Para el profesor, el futuro dependerá de la movilización social y de las políticas del Gobierno, que tiene varias opciones: mantener la agenda extrativista; apostar por el turismo verdes -no tan deteriorante pero que también crea conflictos-, o combinar ambas.

Por su parte, el informe ‘La Paz y la portección ambiental en Colombia’ plantea que los planes de desarrollo rural, restitución de tierras y reintegración de excombatientes que contempla el acuerdo de La Habana requiere de una atención sobre los posibles impactos sobre el medio ambiente, “en particular la Amazonía, la selva tropical con la mayor biodiversidad y uno de los más grandes reservorios de carbono del mundo, así como las regiones de la Orinoquia y el Pacífico”. Este documento se apunta a que “los tres principales factores de riesgo asociados al posconflicto son los conflictos sobre usos y ocupación del suelo, el desembarco de nuevos actores económicos y la reintegración de combatientes a nuevas actividades económicas”.

“Cambiar de la noche a la mañana no es fácil cuando hay unas políticas y un contexto nacional determinado, y las experiencias de otros países son que la paz no cambia la dirección”, advierte Pérez-Rincón, quien admite que hay un vació ambiental en los acuerdos de La Habana porque la izquierda y las FARC también son desarrollistas. “El escenario internacional es preocupante, no es optimista. El futuro dependerá de cómo la izquierda se aglutine, cómo entre la parte ambiental en la agenda política y de cómo se organice la sociedad civil, las comunidades indígenas”.

En este mismo sentido, Tatiana Roa Avendaño, coordinadora de Censat-Agua Viva, reconoce que, al margen de las coyunturas económicas que imponen los precios del petróleo o del oro, la paz ahondará en los conflictos porque el Gobierno “está dispuesto a sacar todo lo que pueda” y, citando al sociólogo decolonial Boaventura de Sousa Santos, recuerda que esta no va a ser la paz que quiere la gente, una paz democrática, sino una paz neoliberal. La agenda ambiental no está como tal incluida en los acuerdos de La Habana, más allá de los temas de tierras pero abordados desde la perspectiva del mundo campesino, indica Roa, o algunas supuestas economías verdes sobre las que pone todas las precauciones pues al final son las grandes empresas mineras o petroleras las que las usan para captar recursos que colaboren a lavar su imagen. En cualquier caso, cree que la agenda ambiental irá saliendo poco a poco, tal vez con ELN cuyo proceso nace con la idea de ser más participativo, y sobre todo con los movimientos de defensa del territorio, que irán “marcando” esa agenda. Junto a mineras y petroleras, la responsable de Censat pone el foco en la “imparable locomotora” de la construcción de infraestructuras en el país y del extractivismo de los materiales que conlleva y que están acabando con montañas enteras y creando verdaderas “mafias”. Este va a ser un nido de conflictos con las poblaciones a las que afecta. El informe del Cinara ya cita 17 de ellas ( 10 por infraestructuras propiamente dichas -puertos, carreteras, torres eléctricas- y siete por la extracción de materiales de construcción), y Roa Avendaño llama especialmente la atención sobre la doble calzada a Villavicencio, la Sabana de Bogotá o la Boyacá-Sogamoso.

A pie de la lucha

En ese marco global de conflictos socioambientales, Isabel Cristina Zuleta, líder y vocera del Movimiento Ríos Vivos, pone el foco en las luchas concretas. La suya es ahora la cadena de hidroeléctricas sobre el río Cauca, en un territorio donde la mineria también es una amenaza. Hidroituango (Empresas Públicas de Medellín) ya se ha cobrado sus víctimas, doce municipios afectados, asesinatos y amenazas a sus líderes, judicialización de la protesta, los daños al bosque seco tropical, un ecosistema que está en vía de extinción en el planeta. Esta afección es precisamente la que ha parado hace unos días la licencia ambiental para la hidroeléctrica de Cañafisto, otro proyecto cercano, y pesa la amenaza de Hidro Espíritu Santo. Zuleta llama la atención no solo sobre los conflictos que hay, sino sobre los que se avecinan y la presión de los responsables públicos que quiere hacer ver a los ambientalistas “como una amenaza al progreso, al desarrollo” y dar la falsa sensación de que no se puede hacer nada. Lamenta la falta de espacios de discusión donde exponer sus argumentos en un momento en el que el país sigue concentrado en el proceso de paz y “las luchas que se vienen son una capa invisible cada vez más profunda”. “Cuando eres invisible eres mas vulnerable y estamos entrando en una etapa muy difícil con Hidroituango, más con la victoria sobre Cañafisto”, alerta la portavoz de Ríos Vivos que describe un escenario mucho mas complejo de disputa del territorio entre paramilitares, milicias, guerrillas y “el vacío que deja la guerra en ese control”. ¿Agenda ambiental en La Habana?, ella no la echa de menos porque no cree que fuera el escenario de discusión tras negar el medio ambiente como víctima o una comisión de la verdad que revelara la relación entre los intereses económicos y el conflicto armado.

Los antecedentes

Mario Alejando Pérez-Rincón echa la vista atrás para tratar de explicar el contexto actual que dispara los conflictos socioambientales en Colombia, y en toda Latinoamérica: los procesos de sustitución de importaciones de los 80, la crisis de la deuda, el paso de la influencia externa de la CEPAL -más social- al FMI y las políticas de ajuste neoliberales, y la liberalización del comercio internacional que hace que cada país se especialice en lo que abunda en sus territorios. Y, a la par, un cambio institucional y político que genera normativas que reforman el sector minero y petrolero, más facilidades para la inversión de grandes multinacionales. Como resultado: “La década de los 90 deja el escenario adecuado para una nueva etapa extractiva en Colombia. Todo listo para que de manera agresiva se abra el melón de los títulos mineros y petroleros”. Ernesto Samper, César Gaviria, Andrés Pastrana y, “sobre todo”, Uribe. “Los 2000 son el escenario abonado para dinamizar la conflictividad socioambiental. La mayor parte rural”, apunta Pérez-Rincón. Frente a esto, señala, en estos años la sociedad civil toma “conciencia y conocimiento” y hay una nueva construcción sobre la temática ambiental y al tiempo surgen cambios normativos más protectores: “Se generan normas a las que la sociedad civil se puede agarrar” (la Consulta Previa incluida en el Convenio 169 de la OIT, la Ley 70 de Territorios Afro, la acción colectiva de la Constitución de 1991), un marco legal que “genera derechos y esos ‘boquetes’ para el desarrollo lo aprovechan las comunidades”.

La Corte Constitucional: “La mejor agencia ambiental”

“En estos momento la mejor agencia ambiental es la Corte Constitucional, que es una corte progresista en términos ambientales y de derechos”. El profesor Pérez-Rincón le apuesta también a la política y los movimientos locales que trascienden a lo nacional para terminar poniendo coto a los megaproyectos que desencadenan esta conflictividad. En su opinión, la seguridad jurídica no ha sido suficiente en unos casos, aunque en otros ha permitido parar, al menos de momento, los proyectos (24 de los 115 enumerados en el informe). La consulta previa, la ley 70, la acción colectiva, “sirven… pero es un camino vulnerable”

Tatiana Roa Avendaño afirma que estas luchas ambientales “normalmente son para toda la vida, algunos llevan 30 años” (caso de los U’wa), generaciones enteras, pero “esta gente lo tiene claro, sabe que tiene que luchar con sus hijos y sus nietos, jamás es una victoria definitiva. Saben que habrá grandes victorias, pero saben que habrá coyunturas o nuevas normas que sacarán adelante los proyectos. Igual que nosotros pensamos en cómo no permitir que sigan adelante, ellos piensan en como continuar, hay que entender eso”. La responsable de Censat-Agua Viva, una de las organizaciones que más reclamaciones ha acompañado, explica que las peleas ambientales o de defensa del territorio son procesos democratizadores en los que la gente aprende cómo hacer uso de las herramientas que da la propia democracia o repiensa su relación con el medio ambiente. Pone como ejemplo como los habitantes del bajo Sinú se han volcado en reconstruir el territorio recuperando formas ancestrales de producción o el trueque frente a la lógica capitalista. “Colombia en medio de su conflicto armado es uno de los países más ricos en experiencias de resistencia. En eso vamos ganando”.

*Para determinar los conflictos socioambientales el Cinara tiene en cuenta la actividad económica o proyecto que tiene implicaciones ambientales y sociales negativas reales o potenciales y las reclamaciones realizadas por las organizaciones de justicia ambiental señalando que tales daños se produjeron o se pueden producir más tarde como resultado de esa actividad o proyecto.

Fuente: Colombia Plural