Colombia: El campesinado requiere soluciones políticas

Las protestas que el gobierno Santos se niega a ver están presentes por todo el país. Los campesinos apostados en las calles y carreteras expresan la misma inconformidad: producir no da beneficios sino pérdidas.

La apertura y la liberalización han redundado en el encarecimiento de los insumos al punto que los costos de producción sobrepasan el precio de las cosechas. Si a esto se agrega que el latifundismo encarece los arrendamientos de la tierra, que no existe política de fomento para el pequeño agricultor y que los mercados han sido tomados por las transnacionales el panorama para el campesinado es brumoso.

En la India se han suicidado 200.000 campesinos en el transcurso de los últimos doce años. El mandato global del neoliberalismo para el campesinado en su desaparición. Ante tal expectativa, como dijera Marx; “los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”. Si el campesinado desea seguir existiendo no le queda más alternativa que impugnar al Estado.

II

El gobierno Santos dice que no cuenta con recursos para atender los reclamos del campesinado, sin embargo, no escatima en sufragar los gastos que tiene la represión, y los gustos de quienes la dirigen (Ver caso de general que ordenó un vuelo para que le llevaran una gaseosa). ¿Cuánto cuesta la represión de cada día sobre el movimiento agrario? No solamente el costo económico, sino, y sobre todo, el costo político. El presidente Santos, que aspira a reelegirse, debería tomar nota que la represión sobre los movimientos populares ha dado al traste con numerosos gobiernos en América Latina en los años recientes; Carlos Andrés Pérez y Gonzalo Sánchez de Losada, excelsos representantes del neoliberalismo, terminaron huyendo a Miami después de masacrar a sus pueblos.

III

Las salidas que el campesinado requiere son políticas y van más allá de las soluciones de chequera –como las que propone Lucho Garzón cuando es enviado a las regiones a dividir y disolver la movilización social-. Exigencias como la denuncia del TLC, la aprobación de las Zonas de Reserva Campesina, la explotación soberana de los hidrocarburos y la reversión del territorio entregado a la gran minería ocupan un lugar central entre las medidas que posibilitarían un futuro digno al campesinado y al país. Estas decisiones son de carácter político, de modo que el argumento según el cual no hay recursos para atender las demandas planteadas en realidad no tiene fundamento. La identidad del movimiento agrario no es la de un mendigo que anda rogando asistencialismo. Esta imagen del movimiento popular, elaborada y acuñada por los medios y voceros oficiales, hace parte del empeño por deslegitimar e invalidar el carácter político de la protesta.

IV

El gobierno Santos se encuentra en la encrucijada y debe escoger entre continuar honrando los intereses de las trasnacionales, de los acreedores financieros y el estamento militar o producir un viraje para atender las históricas deudas sociales con el pueblo colombiano. Es la disyuntiva entre la guerra del capital o la paz con justicia social.

Fuente: Prensa Rural