Colombia - San Roque, Antioquia: Comunidades minero campesinas ancestrales ante invasores multinacionales

Por Cahucopana / 24 de agosto de 2017

En Providencia, uno de los corregimientos del municipio de San Roque en el Nordeste Antioqueño, se reunieron, con carácter asambleario, representantes de las comunidades minero campesinas de varias veredas que se están viendo afectadas por la irrupción de la Anglo Gold Ashanti (AGA) y la arbitraria alteración de las dinámicas y las relaciones sociales de la región con el proyecto Gramalote.

Las comunidades atendieron la invitación del comité provinciano de defensa de los derechos humanos, acompañado por Cahucopana, para recuperar la memoria de las condiciones en que hombres y mujeres han realizado labores de campo y minería en San Roque y sus corregimientos, contextualizar el momento y plantear propuestas y tareas a desarrollar como mecanismos de defensa y articulación.

En este sentido, en voz de campesinos y mineros, se recordó que la región ha mantenido prácticas económicas mixtas. Las tierras han sido labradas para cultivos de pan coger, se han desarrollado proyectos con base en el cultivo y procesamiento de la caña, en menor medida la ganadería y como principal soporte de la economía del territorio se reconoce la minería artesanal, ya sea de veta o aluvión.

En cuanto al trabajo de cultivo de la tierra, cada vez se ha ido reduciendo más la posibilidad de jornalear puesto que la multinacional se está haciendo a todas las fincas y en este contexto, la comunidad resalta que nunca antes como ahora habían recibido tanto atropello, uno de los mineros asistentes al encuentro dijo:

“Anteriormente uno trabajaba la mina aquí y la ley no lo molestaba a uno para nada, ni el ejército, ni los paramilitares, ni la guerrilla, todo el mundo podía rebuscarse donde quisiera, nadie lo atropellaba a uno, hoy en día tenemos a Gramalote encima y ya supuestamente todo el mundo estamos cabeciagachados”.

La licencia ambiental concedida al proyecto minero Gramalote en el 2015 fue la primera en ser otorgada por las autoridades colombianas en décadas. A partir de ese momento se agudizó en San Roque la persecución a la minería artesanal, los mineros ancestrales son tachados de invasores, se criminaliza la labor y se centran las denuncias en los riesgos ambientales, no obstante que Gramalote esté propuesto a ser el proyecto de minería a cielo abierto más grande de Colombia.

Genaro*, dice haber cumplido seis décadas y trabajar la mina desde los dieciocho años. Acerca del mercurio, recuerda que siempre lo han manoseado y que incluso quienes gustaban de tocar guitarra se lo untaban en los dedos, no sabe para qué, pero lo hacían y que en ningún momento, durante tantos años, el gobierno desarrolló algún tipo de capacitación o intervención en la cual se previniera a campesinos, mineros o sus familias, sobre el daño del mercurio:

“Ahora es que es peligrosísimo y dañino, después de que llegó la multinacional. Qué va a pasar cuando todos los días ellos quemen de 4 a 5 toneladas de dinamita, se van a levantar una cantidad de gases sin ningún control, contaminados con mercurio si es con indumil y con aluminio si es con superanfo, cuando venga el descenso de agua, esos gases no van a caer directamente en el pozo que ellos están haciendo, van a caer esparcidos en toda la región, entonces va a ser un daño a nivel regional.”

Para el proyecto, en la etapa comprendida entre el 2015 y el 2018, el objetivo expuesto es “reasentar las personas que habitan en el área y hacer el estudio de factibilidad bancaria para determinar la viabilidad económica del proyecto”. En el territorio la etapa se está viendo representada, entre otros, con perforaciones que están ocasionando la desaparición de nacimientos de agua, el desvío de fuentes hídricas y, por ende, dando inicio al desabastecimiento del agua para las comunidades.

Se da pues que, aunque la empresa hable del cumplimiento de altos estándares sociales y ambientales, la población de los corregimientos de San Roque está presenciando cómo con cada intervención les está siendo vedada la posibilidad de movilizarse libremente por el territorio y por los caminos reales. Les son expropiados o destruidos: proyectos productivos, cultivos, espacios de encuentro comunitario que consideran patrimonio, flora y fauna, recursos naturales y hasta el orgullo:

“En esta región era orgullo la persona ser minera y hoy en día un minero de subsistencia va con un agravante, que le dicen criminal. Antes lo felicitaban en la cabecera municipal que todo el tiempo se ha nutrido con las regalías de los mineros y hoy en día, desde la misma cabecera municipal, nos tratan de ilegales.”

De esta manera la comunidad identifica que la empresa está implementando una serie de tácticas legales, económicas y socio-políticas como parte de una estrategia cuyo primer propósito parece ser la ruptura del tejido social y la desestabilización económica que incentive el desplazamiento de los pobladores.

En términos legales se ha acuñado el término reconocido con el cual la empresa identifica y caracteriza al minero ancestral. Sin embargo, los mineros oriundos de la zona coinciden en señalar que son más los que no han sido reconocidos y que la mayoría de quienes si lo están, y trabajan para la empresa, son personas que han traído de otros lugares.

Así, la población minero campesina en el nordeste antioqueño, en sus diferentes municipios, está siendo dividida en dos tipos, los subcontratados por las multinacionales y los que por ella y el gobierno son referidos como ilegales/criminales.

La repetida táctica de poner a los pobladores a pelearse o discriminarse entre sí, en San Roque se ve reflejada con la contratación de personas del municipio para que hagan de celadores y “guardabosques” encargados de denunciar, señalar e impedir que sus coterráneos continúen subsistiendo como históricamente lo han hecho.

“Esa es la de la multinacional, siempre atropellar el campesino, ahora, son muy inteligentes, consiguen celadores de aquí mismo del pueblo pa´ ver si nosotros peliamos contra ellos pero nosotros contra los celadores de aquí del pueblo no vamos a peliar”.

Entre otras, se está presentando el hecho de que la empresa le demanda a sus contratados, cortar todo tipo de relación con los mineros ancestrales so pena de despido:

“Incluso han sido mineros y les resulta un empleo ahí en la empresa, inmediatamente el primer día de trabajo, antes de empezar a trabajar, nos dividen entre uno que no está en la empresa y el que entra. Los que están allá, ya no lo pueden estar montando a uno en la moto, ya no pueden estar con uno, les prohíben estar con uno”.

Contrario a un diálogo con la comunidad, se fracturan sus valores. La solidaridad que siempre existió se está viendo atacada por los intereses de la multinacional. Antes, dicen los asistentes a la asamblea, contaban con la posibilidad de diario producir algo y hasta poder prestarle o facilitarle a quién no tuviera, ya es difícil.

También indican se ha perdido la autonomía, puesto que cada quién trabajaba el tiempo que quisiera y si lo deseaba podía dedicar tiempo a cultivar alimentos o a realizar otros trabajos:

“Aquí era muy fácil, porque la persona que era minera si le daba la gana de ir a sacar dos o tres días pa´ ir a sembrar su palo de yuca lo hacía”.

Pero ahora, con la imposición de horarios del contrato, dice uno de los mineros más jóvenes, “le va a dedicar uno la juventud a eso y con ese salario no tiene ni con qué conseguir una casa, no se puede aspirar a nada, ni a educación para los hijos, ni para uno mismo”. Otro agravante se le presenta a los subcontratados por la AGA, toda vez que procurar otros ingresos es causal de despido:

“Esa platica para mí es muy poquita, para uno pagar servicios, para comer, para uno pasajearse (…) en la navidad nos dieron unas vacaciones ahí poquitas, salimos y nos fuimos a rebuscarnos, entonces no nos llamaron a descargos sino que de una nos dieron la mocha, nos dieron el ácido ¿si me entiende?”.

Con similar imposición, se ciernen los intereses de la empresa sobre el presidente de la Junta de Acción Comunal de Providencia, de quien dicen los habitantes del corregimiento, desde que está trabajando para la empresa no ha podido colaborarle más a la comunidad, bajo la amenaza de cancelarle el contrato; y ante los dueños de las fincas, a quienes la demanda ha sido no facilitar el trabajo de cultivo de la tierra, ni de la minería.

A todo lo anterior se suma el decomiso de material de trabajo y castellanos de oro, sin ningún tipo de registro de acta por parte de la fuerza pública, lo que ha imposibilitado a la comunidad el seguimiento y recuperación de los bienes retenidos.

El contexto lo cierran las denuncias generadas por varios de los 153 mineros con que la empresa empezó procesos de negociación hace más de tres años, en las cuales se exponen los métodos empleados para el sometimiento a la negociación y el incumplimiento de lo acordado:

“A mí me echaron la policía, me echaron el ejército, yo no quería negociar y no quería y no quería, ¿Qué hicieron a lo último? Tumbaron allá arriba en el morro del cerro Gramalote, metieron una maquinaria allá y ¿qué hicieron? desvolcanar todo eso, cuevio todo eso con esa maquinaria y se vino todo eso y se llevó la tubería y nos dejó a nosotros listos, ya negocia o negocia".

De los proyectos ofrecidos por la empresa y que la comunidad considera de juguete, solo se generaron unos cuantos y en las nuevas negociaciones, los representantes de la empresa están afirmando que nunca los prometieron. Dada la falta de compromiso real y honesto de la Empresa con la población y el medio ambiente, la comunidad considera determinante la salida de la multinacional del territorio.

“Qué le vamos a pedir a la multinacional, que se vaya, porque si sigue la multinacional sigue el problema. Es que la multinacional no va a generar empleo, ni va ayudar a la comunidad, ¿qué van a traer? pobreza, desempleo y que nosotros nos tengamos que ir, quién sabe pa´ donde”.

Al término del encuentro, con una cantidad de elementos comunes identificados para la articulación comunitaria, se evidenciaron una serie de tareas por atender entre las que se encuentran: acceder a la información generada por un censo que hizo la empresa y que nunca fue socializado; formación/capacitación en nuevas prácticas de la minería ancestral para mitigar el impacto ambiental; la recuperación y promoción de proyectos productivos, así como la participación en los espacios de decisión posibles, todo, en pro de la defensa y la permanencia en el territorio.

* Por seguridad de los habitantes, dada la permanente criminalización por parte de la multinacional y las autoridades, se han obviado los nombres de quienes han sido citados en el presente documento.

Páginas consultadas:

Comunicado y Licenciamiento Ambiental a Gramalote aquí

“En San Roque estará la mina de oro más grande de Colombia”, aquí

Fuente: Prensa Rural