Colombia - Murrí: abandono, miseria y despojo

La región de Murrí, en Antioquia, está ubicada entre los municipios de Urrao, Vigía del Fuerte, Murindó, Dabeiba y Frontino. La mayor parte pertenece al municipio de Frontino. Es una región rica en oro, platino, cobre y, sobre todo, una inmensa riqueza de bosques y agua.

Tradicionalmente, el oro de la región ha sido explotado por las comunidades indígenas y de afrodescendientes, por el método de la minería tradicional. Desde la época de la Colonia, funciona en la región la mina La Ñame, que ha sacado mucho oro de la quebrada del mismo nombre. Esta explotación se venía realizando de manera artesanal, a través de un título minero otorgado a la Asociación de Mineros Indígenas de Colombia, con más de 250 afiliados, que le da trabajo a más de 1.500 familias con una población de un poco más de seis mil indígenas.

Pero, desde hace cinco años, el Gobierno nacional le suspendió la licencia a la Asociación de Mineros Indígenas de Colombia y le ha expedido licencias a compañías multinacionales, que utilizan métodos mineros industrializados de explotación a cielo abierto, con una gran destrucción del medio ambiente y de los recursos naturales.

Hace cinco años, la Frontino Anglo Gold, multinacional minera, utilizando unas de las licencias otorgadas por el Gobierno, intentó instalar un centro de perforación en el cerro Cariperro, lugar sagrado de las comunidades indígenas de la región, lo que generó una gran protesta de la comunidad y después de varios días de enfrentamientos entre el Ejército y la población, se logró firmar un acuerdo entre el Ejército y la Guardia Indígena, lográndose el retiro del Ejército de la región y la suspensión de los trabajos de la multinacional minera.

Fuente de corrupción

Actualmente, el Gobierno le ha concedido nueve títulos mineros a las multinacionales para perforar dentro de los territorios indígenas. Al mismo tiempo, le ha suspendido la licencia a la Asociación de Mineros Indígenas y ha desatado una política de persecución contra las poblaciones locales. Estos títulos concedidos a las multinacionales se otorgan sin consultar con las poblaciones indígenas ni afrodescendientes que habitan la región.

Todo lo relacionado con la política minera del Gobierno se ha convertido en una gigantesca fuente de corrupción. Por un lado, las multinacionales mineras sobornan a los gobernantes para que les sean otorgadas licencias mineras en lugares de población indígena y de afrodescendientes. Como la ley dice que para otorgar estas licencias hay que consultar a las comunidades instaladas en la región, entonces, se buscan dirigentes indígenas y afrodescendientes corruptos que sin consultar con sus comunidades dan consentimientos y autorizaciones para permitir estas exploraciones.

Por otra parte, la Policía y el Ejército han encontrado en esta situación una gran fuente de ingresos, ya que le decomisan a los indígenas el oro extraído de manera artesanal, le decomisan los equipos y los implementos de trabajo y los amenazan con enviarlos a la cárcel si ponen la denuncia, con lo cual el oro y las herramientas de trabajo decomisados terminan en manos de los agentes del orden.

Biodiversidad amenazada

Desde hace muchos años, esta región ha mantenido una fuerte presencia de las FARC-EP. Los enfrentamientos entre guerrilleros y soldados eran permanentes y esta condición de “zona roja”, en cierta manera, había mantenido a raya a las multinacionales mineras. Desde hace tiempo tienen un proyecto de represar el río Murrí, el Penderisco y otros ríos de la zona, para construir un gran embalse para generar energía. El proyecto busca inundar unas seis mil hectáreas de una selva tropical rica en biodiversidad y donde viven más de seis mil familias de indígenas, campesinos y afrodescendientes que serían desplazados y despojados de sus tierras ancestrales.

Todos estos proyectos estaban detenidos y obstaculizados por la presencia de la guerrilla, pero ahora, con la conversión de la guerrilla en partido político, a la clase política y gremial se le abren los ojos ante la posibilidad de apropiarse de estas inmensas riquezas.

A pesar de la riqueza natural, de sus yacimientos de oro, de platino, de cobre, hay en la región una mina “de piedra de afilar” o “piedra tibe”, una piedra que, según los sabedores, solo se encuentra en Brasil y en los Montes Urales. A pesar de todas estas riquezas, la región ha padecido un abandono total por parte del Gobierno, los pobladores de la región viven entre la miseria y la desnutrición. En los últimos cinco años, más de 30 niños indígenas han muerto por desnutrición y por falta de atención médica. Sin embargo, aquí no hay prensa ni televisión que denuncie esta situación. La región está totalmente incomunicada, los caminos son intransitables, no hay escuelas, tampoco hospitales, no hay infraestructura de ningún tipo.

Los indígenas, a través de su Asociación de Mineros Indígenas, solicita se respeten sus derechos ancestrales, se le devuelva la licencia para practicar la minería tradicional y se prohíba el ingreso a sus territorios sagrados de las multinacionales que solo dejan destrucción, saqueo, desplazamientos, más miseria y muertes.

Fuente: Prensa Rural