Ciencia, salud, sociedad: Saber experto independiente y persecución política

Desde hace seis años, dicho equipo docente viene realizando una valiosa e inédita experiencia de relevamiento de los impactos sobre la salud humana de los agroquímicos (glifosato), en diferentes pueblos y ciudades del país.

En los últimos meses, el equipo de médicos ha venido sufriendo presiones, la cual llegó a su pico el viernes 28 de octubre pasado, cuando por orden del decano de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios fueron cerrados con cadenas y candados el ingreso a la oficina donde está toda la información recogida por los campamentos sanitarios (96.800 historias clínicas), que reflejan la situación sanitaria de 27 pueblos y ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

El hecho no es casual, pues la información recolectada por dichos campamentos sanitarios constituye una prueba científica contundente de los impactos socio-sanitarios que produce el actual modelo agrario en nuestro país, situación sistemáticamente minimizada o silenciada por los diferentes actores políticos y económicos involucrados en el mismo, a saber, corporaciones transnacionales, actores del gobierno provincial y nacional, a lo que hay que sumar sectores académicos acríticos, que terminan siendo funcionales a los intereses del agronegocio. Como afirmara recientemente dicho médico en un reportaje, la información recolectada “ha evidenciado los cambios en los perfiles de morbimortalidad de la región, que desde hace veinte años está sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de los organismos genéticamente modificados. Se logró así evidenciar el impacto de semejante proceso en los ciclos vitales de los vecinos expuestos al agronegocio". Por otro lado, no es casual tampoco que esta escalada persecutoria, que sin duda apunta abiertamente a terminar con la experiencia de los campamentos sanitarios, se diera al mismo tiempo que el Dr Verzeñassi participaba del Tribunal Internacional Monsanto, en la ciudad de La Haya, Holanda.

Dicha persecución nos hace evocar aquella otra sufrida en 2009 por el Dr. Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (uba) y del Conicet, quien dio a conocer su investigación en embriones sobre los efectos dañinos del agroquímico glifosato, comprobando que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones que se realizan en los campos argentinos, se presentaban trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. La campaña de difamación contra Carrasco tuvo tal voltaje (amenazas anónimas, campañas de desprestigio mediáticas e institucionales, fuertes presiones políticas), que generó una declaración de apoyo firmada por más de 300 investigadores y colegas del ámbito nacional e internacional, en defensa de la libertad de investigación y de la ética pública.

La situación de hostigamiento e intolerancia se ha venido agravando, de cara a los resultados cada vez más elocuentes de las investigaciones científicas independientes en el campo de los agroquímicos y los organismos genéticamente modificados. Así, en el año 2015, Merardo Avila Vásquez, miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, dirigió un estudio epidemiológico en la localidad de Monte Maíz (pcia de Córdoba) que reveló que esa población triplica la media nacional de casos de cáncer. En dicha ocasión, el Dr Avila denunció amenazas por parte de directivos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que, además, solicitaron iniciarle un sumario, por haberse “extralimitado en las actividades autorizadas".

Estos episodios, lejos de ser anecdóticos o pasajeros, revelan un persistente intento de apropiación, con el consecuente daño que se ha realizado a la ciencia en sí misma, basado en la idea de que sólo es “científico” aquello que es afín al modelo dominante (en este caso, el agronegocio); mientras que el resto es descalificado sin mayores argumentos por “falta de cientificidad” o como simple superchería.

En suma, en un momento en el cual se ha instalado en el debate público la situación y futuro de las universidades públicas y de la investigación científica, a raíz de la política actual de reducción del presupuesto universitario, es necesario recordar también que no son sólo las condiciones materiales de investigación las que están en juego en nuestro país, sino la propia libertad de investigación científica, esto es, la posibilidad misma de generar y proveer saberes expertos independientes, frente al peso cada vez mayor de las grandes corporaciones económicas.

Los abajo firmantes manifestamos nuestro repudio a la persecución sufrida por el equipo del Dr. Damian Verzeñassi, y llamamos a la reflexión a todos aquellos que asocian la ética científica con el saber independiente, con la defensa de la salud de nuestro pueblo y de nuestros bienes comunes.

Adhesiones a: moc.liamg@dulasedopiuqeaoyopa

Primeras Firmas. Nombre, pertenencia institucional

Maristella Svampa (Investigadora del Conicet-UNLP); Soledad Barruti, (Escritora e investigadora), Alejandro Grimson, (Investigador del Conicet-UNSAM), Adrián Gorelik (Conicet-UNQUI), Roberto Gargarella (Investigador del Conicet, UBA-Di Tella), Ruben Lo Vuolo, (Economista- CIEPP), Pablo Alabarces (UBA-Conicet), Ezequiel Adamovsky (Conicet-UBA-UNSAM), Beatriz Sarlo (Ensayista, escritora), Nicolás G. Tauber Sanz (Abogado - Docente UBA), Patricia Pintos (Investigadora CIG-IdHICS / UNLP), Marcelo Ruiz (Fac. de Ciencias Ex., Fco-Qcas y Nat., Universidad Nacional de Río Cuarto), José Seoane (UBA, Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe– GEAL), Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas), Pablo Bertinat (Docente e investigador, UTN FRRo), Dario M. Lagos,(medico, EATIP-equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial-, APSA), Sebastián Pereyra (CONICET-IDAES/UNSAM), María Paula Yacovino (Antropóloga. AEU-IIGG-FCSOC-UBA), Elizabeth Jelin (Investigadora del CIS-IDES/CONICET), Liliana Tamagno (Antropologa, UNLP-Conicet), Virginia Manzano (UBA-CONICET), José Luis Coraggio (Economista, MAES-UNGS), Cinthia Shammah (UBA-FIC Argentina), Carlos Altamirano ( Universidad Nacional de Quilmes), Alejandro Benedetti (Inv. Independiente CONICET/UBA), Gabriela Delamata (Investigadora del CONICET- UNSAM). María del Carmen García (Prof. Adjunto Matemática, UNPA- UACO), Gabriel Kessler (Conicet-Idhics-UNLP), Andrea Mastrangelo (CONICET, Programa Salud, Ambiente y Trabajo, CEA-UNSAM y CeNDIE-ANLIS), Verónica Gago, (Investigadora Conicet-UBA-UNSAM), Claudia Briones (IIDyPCa; Universidad Nacional de Río Negro-CONICET), Asociación Civil "Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad" (Santa Fe), Karina Jannello (CeDInCI-UNSAM / UNLP), Pia Leavy (ICA-FFyL-UBA-CONICET), España Verrastro (coordinadora de ecoUNSAM), Claudia Korol (Equipo de Educación Popular Pañuelos en rebeldía), Ana Fabaron (IDAES-UNSAM), Flavia Costa, investigadora (CONICET-UNSAM), Alejandro Rascovan (Becario Postdoctoral IMHICIHU/CONICET), Adrián Brunini (Inv. CONICET, Univ. Nacional de la Patagonia Austral), Alcira Argumedo (Socióloga, Diputada nacional, Proyecto Sur), Norma Sanchez (Investigadora Principal del Conicet-UNLP), Carla Gras (CONICET-UNSAM) , Pablo Bergel (sociólogo), Paula Abal Medina (Conicet-UNSAM), Germán Ciari (documentalista), Eleonor Faur (Investigadora CIS/IDES), Alejandro F. Gasel, (Universidad Nacional de la Patagonia Austral), Ana Dumrauf (CONICET-UNLP), Alicia Lissidini (Universidad Nacional de San Martín), Jorge Falcone (Universidad de Palermo), Mariano Féliz, (UNLP. Investigador CONICET), Claudio Katz (Conicet-UBA)