Chile: colonialismo y pueblos originarios
Se señala muchas veces que la situación de los pueblos originarios es colonial. Que respecto de ellos existe colonialismo. Desde la perspectiva del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, reconocido expresamente por el derecho internacional (artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007), esto es efectivo. Los pueblos o naciones originarios y sus territorios somos tratados aún como colonias de la metrópoli, no como sujetos libres y soberanos que colectivamente puedan autodeterminarse.
Cuando una metrópoli abusa y roba los recursos naturales de un país o nación lejana, quitándole su derecho a la autodeterminación política, y deprimiendo su economía al punto de convertirlo en una territorio no autónomo y dependiente, retrasado materialmente y con pobreza estructural, hay colonialismo clásico.
Respecto de los Territorios indígenas, el colonialismo es “interno”, pues lo hace el Estado de Chile en nombre de la “nación chilena”, dentro de sus límites geográficos, pero beneficiando sólo a las elites capitalinas o extranjeras, y no a los pueblos originarios dueños de ese territorio. Chile niega que existan naciones originarias soberanas dentro de su límites, usurpa su autodeterminación política y luego sus bienes y recursos, con lo cual nos sume en pobreza, exclusión social y discriminación. Somos ricos, pero nos convierten en pobres en virtud del colonialismo que nos imponen.
De este modo, la administración no indígena de nuestros territorios y demás recursos naturales y culturales, se realiza desde intendencias, municipalidades, Direccion de Aguas, Ministerio de minería, agricultura, educación, de Cultura, CONADI, Ministerio de Energía, Conaf, Bienes Nacionales, Consejo de Monumentos, INAPI, DIBAM, y ahora, desde el eventual Ministerio indígena.
Todos estos órganos estatales, y otros más, políticamente cumplen la función de “órganos de administración colonial”, pues administran bienes y recursos que no les pertenecen (agua, tierra, minería, semillas, biodiversidad, germoplasma, plantas medicinales, bosques, geotermia, cementerios, arqueología, conocimientos tradicionales, cultura, bailes, música, lengua, patrimonio, etc), y operan para la elite de Santiago, pero principalmente para las transnacionales.
Estos órganos usurpan y nos suplantan en el ejercicio de la autodeterminación política y soberanía originaria sobre nuestros bienes colectivos como naciones originarias.
El colonialismo, o la relación colonial que se nos impone, tiene efectos económicos, de hecho es el responsable de la pobreza estructural que aqueja a los pueblos indígenas. El Estado de Chile aprovecha nuestros bienes colectivos, pero no los utiliza en nuestro beneficio. Para quienes no lo saben, los indígenas tenemos más del doble de indigentes que los chilenos no indígenas, y casi el doble de pobres[1]. No basta con la educación: los indígenas profesionales ganan 30% menos que sus pares chilenos no indígenas por el mismo trabajo[2]. En la Araucanía las mujeres indígenas ganan 60% menos que sus pares[3]. Si vamos a los índices sociales (salud, trabajo, previsión, vivienda) la situación es deprimente[4]
No obstante, las trasnacionales y empresas chilenas lucran con los bienes y recursos soberanos de las naciones originarias, los agotan y de paso destruyen o contaminan nuestros territorios. Nos impiden desarrollar nuestras actividades tradicionales, e incluso corremos el riesgo de que nos cobren royalties por vivir como indígenas (Ley Monsanto y la apropiación de semillas agrícolas[5], Ley de propiedad Intelectual e industrial y el patentamiento del idioma, los diseños y la música).
O peor, el Estado financia a grupos no indígenas para aprovechar o utilizar lo nuestro, sin atender a los derechos colectivos sobre nuestro patrimonio (fondos Conicyt para arqueólogos que hacen prospección y extracción de patrimonio sin autorización o permiso de las comunidades del territorio, fondos de cultura “indígena” que usan exclusivamente no indígenas, FNDR, Corfo-turismo, etc).
En suma, el colonialismo no es otra cosa que el robo o saqueo de nuestros recursos naturales, culturales y bienes colectivos, vía la negación y prohibición constitucional de los poderes de autogobierno de las naciones originarias. Cada vez que pretendemos ejercer estas facultades hay represión y persecución judicial, pues el colonialismo está protegido por la ley y normas constitucionales que buscamos modificar. Pero por sobre todo hay desprecio, acusaciones de racismo o egoísmo contra los indígenas, pues no hay nada peor para quien ocupa un bien ajeno, que el dueño exigiendo que lo propio retorne a sus manos.
Si recuperamos el autogobierno, si logramos la restitución de nuestras facultades soberanas, recuperaremos también el control político sobre los recursos naturales y bienes colectivos materiales y culturales, como naciones originarias. Recuperado tal control, aunque sea en una parte, obtendremos por fin los recursos económicos que nos usurpa el Estado y tendremos bienestar. Este bienestar económico, es parte del suma qamaña de los aymara, del sumaq kausay de los quechua, del Kume monguen de los mapuche, del “buen vivir”. Es parte de los que nos quitaron. Es parte de lo que recuperaremos.
Ese es nuestro destino.
Ariel Leon Bacián
Aymara quechua
Miembro de la Red Indígena Constituyente por la Autodeterminación
[1] “Estimando Indigencia y Pobreza Indígena Regional con Datos Censales y Encuestas de Hogares”, de Claudio A. Agostini y Philip H. Brown (Cuadernos de Economía, Vol. 47 (Mayo), pp. 125-150, 2010. ver aquí.
[2] Ver aquí
[3] Ver aquí.
[4] Ver aquí, y aquí
[5] Ver aquí y aquí.
Fuente: El Ciudadano