Chile: Diaguitas enfrentan a una transnacional

Oro y cobre del Huasco

Noviembre de 2014

Por Arnaldo Perez Guerra

La Corte Suprema revocó el 7 de octubre la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que el año 2013 otorgó calificación favorable al proyecto minero de la Sociedad Constructora y Minera El Morro, emplazado en territorio de las comunidades agrícolas diaguitas en Huasco Alto, Región de Atacama. Las comunidades indígenas no fueron consultadas como establece el Convenio 169 de la OIT. El fallo es considerado por las 260 familias diaguitas del Huasco Alto como un hito histórico en la protección de las tierras indígenas. Según la transnacional canadiense Goldcorp, la mina El Morro posee reservas de 6,1 millones de libras de cobre y 8,4 millones de onzas de oro.

El tribunal ordenó un nuevo proceso de consulta de acuerdo al Convenio 169, acogiendo así el recurso de protección de las comunidades y ambientalistas en contra de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La Corte de Apelaciones de Copiapó había rechazado la acción cautelar. El proyecto minero ingresó a evaluación en noviembre de 2008. La minera pidió varias prórrogas, hasta que se convocó a un viciado proceso de consulta. Luego de más de dos años de tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se aprobó, cuando las autoridades dieron por cumplida la exigencia de consulta indígena al incluir en el proceso sólo a una comunidad, dejando fuera a las demás y negándoles su calidad de indígenas. Los diaguitas huascoaltinos afectados presentaron un recurso de protección acogido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero de 2012. La Corte Suprema paralizó el proyecto en abril de ese año y ordenó a la empresa modificar su EIA, a fin de reconocer e incluir a la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos en la línea de base del proyecto, además de identificar los impactos sobre dicha organización indígena con especial atención en sus actividades económicas, culturales y protección del territorio indígena, y proponer medidas de mitigación.

REALIDAD DEL VALLE DEL HUASCO

En el valle del Huasco viven cerca de setenta mil personas, principalmente agricultores y crianceros, además de comunidades diaguitas. “Nos abastecemos directamente de los ríos que bajan de la cordillera, por tanto, si se instalan proyectos en la cabecera de nuestras cuencas se afectan los frágiles ecosistemas glaciares y se nos impactará directamente”, señala la Asamblea por el Agua de Huasco Alto. Denuncian la actitud cómplice de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama “que solo facilita los proyectos de megaminería que afectan nuestra comunidad ancestral y destruye nuestro modo de vida. Queda demostrado que los órganos de la administración, especialmente la Conadi, no están cumpliendo con los estándares de respeto a los derechos de las comunidades indígenas diaguitas. Denunciamos los intentos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el gobierno de distorsionar el proceso de consulta indígena establecido en el Convenio 169 por medio de los decretos 40 y 66, los cuales rechazamos y exigimos su anulación”.

La organización rechaza el accionar del abogado Lorenzo Soto y de la Asociación Consejo Comunal Diaguita del Huasco Alto y los comuneros Solange Bordones, Ernesto Alcayaga y Bélgica Campillay: “Su objetivo es negociar con nuestros bienes comunes fundamentales para nuestra vida. Ellos no nos representan y no representan al pueblo indígena diaguita del Huasco Alto”, afirma la asamblea formada por el Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida, Unidos por el Agua, la Pastoral Salvaguarda de la Creación, la Iglesia Evangélica Presbiteriana, la Comunidad Diaguita Los Tambos, la Comunidad Diaguita Patay Co, la Asociación de Pequeños Agricultores de San Félix AGA, la Junta de Vecinos Piedras Juntas, el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y Pajareteros Alto del Carmen.

Para esta y otras organizaciones que defienden el valle del Huasco la resolución de la Corte Suprema evidenció la ilegalidad de la actuación de la Conadi y las autoridades ambientales. Se comprobó que para favorecer a la transnacional canadiense se suspendió la consulta indígena sin ningún fundamento. “De forma arbitraria”, y lo que es más grave, “sin cautelar los derechos indígenas”, señala el fallo de la Corte Suprema, que ordena: “Dejar sin efecto los informes de Conadi de 2013 en los cuales la Corporación manifiesta su conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ‘El Morro’, y la Resolución de Calificación Ambiental N°232 de 22 de octubre de 2013 que califica favorablemente el mismo Estudio de Impacto Ambiental”. Las catorce comunidades excluidas del proceso de consulta argumentaron “discriminación por parte del Estado de Chile”.

Para el abogado Matías Meza-Lopehandía, del Observatorio Ciudadano, “al decidir terminar, unilateral y arbitrariamente el proceso de consulta previa que se había iniciado, no se cautelaron los derechos indígenas. Dicho proceso de consulta no estuvo acorde a los estándares internacionales, por lo que la Suprema consideró que existía violación a los derechos constitucionales, particularmente el derecho a la igualdad y la participación”. Rubén Cruz, de la comunidad indígena Patay Co, dice: “El Morro se aprobó de manera ilegal e inconstitucional, ultrajándose de manera sórdida el Convenio 169. Sabemos que contaminará nuestras aguas y solo traerá destrucción. A las comunidades diaguitas nos afectan proyectos mineros como Pascua Lama y El Morro. Son casos emblemáticos en Latinoamérica, de cómo ha afectado la minería canadiense los derechos humanos y a los pueblos indígenas”.

Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, afirma que El Morro es un proyecto inviable, “pues afecta la naciente de un río que alimenta todo el valle del Huasco y ello, de acuerdo al artículo 17 del Código de Minería, no puede realizarse sino es con autorización expresa del presidente de la República; siendo por ende el responsable del posible reasentamiento y extinción de un pueblo y su cultura producto de un proyecto de esta envergadura”.

GRAVE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto El Morro afecta 2.463 hectáreas de comunidades agrícolas diaguitas. Propiedad de Goldcorp (70%) y de Newgold (30%), consiste en la construcción y operación por catorce años de una mina a rajo abierto que extraerá oro y cobre. Esperan obtener 2.215 toneladas de concentrado de cobre por día, por lo que requieren de 90 mil toneladas diarias de mineral, que generarán 296 mil toneladas de material estéril y más de 90 mil toneladas de relaves diariamente. Al término del proyecto, los relaves acumularán 450 millones de toneladas dispuestas en un depósito contenido por un muro que alcanzará una altura de 230 metros, localizado en Quebrada Larga, cabecera del río Cazadero, que suministra agua a la cuenca, amenazando todo el ecosistema huascoaltino y los pueblos en la ribera del río Huasco.

Goldcorp es una de las ocho primeras empresas productoras de oro en el mundo, después de Barrick Gold -Canadá-, AngloGold Ashanti -Sudáfrica-, Newmont Mining Corp. -Estados Unidos-, Gold Fields -Sudáfrica-, China National Gold Group Corporation -China-, Harmony Gold Mining Co. Ltd. -Sudáfrica-, y Freeport McMoRan -Estados Unidos-. En 2008 produjo 2,29 millones de onzas de oro, unas 71 toneladas. Sus principales explotaciones se encuentran en Red Lake, Canadá, El Sauzal, en México, y Lumbrera, en Argentina.

Según organizaciones ambientalistas e indígenas que se oponen al proyecto El Morro, el área de afectación, como consecuencia de la constitución de servidumbre minera, alcanzaría a más de diez mil hectáreas. Entre los impactos ambientales destacan “la pérdida de una vega de noventa hectáreas ubicada en tierras huascoaltinas sobre la que se emplazarán las principales obras de la mina; lo que implicará daños en la cuenca de las quebradas Larga y Piuquenes, ambas tributarias de la cuenca del río Cazadero, que confluye al río Conay, y la desaparición de senderos tradicionales que siguen los cursos naturales de quebradas y ríos, generando un importante impacto ambiental y social permanente e irreversible.

Las obras requieren además del desvío del cauce original de las aguas de la quebrada Larga, perdiéndose por escurrimiento 16,1% y en un caudal no determinado, aquellas que sean contaminadas y depositadas en piscinas colectoras. También se contempla la modificación de flujos subterráneos por el emplazamiento del depósito de relaves, depósito de estéril y rajo minero. La pérdida de vegas e importante afectación del sistema hídrico de la cuenca, provocarán a su vez la pérdida de grandes áreas de vegetación y hábitat de la zona, entre las cuales se encuentran especies amenazadas en categoría de conservación, tales como vicuñas, guanacos, vizcachas y algunos reptiles y anfibios”, informa el Observatorio Ciudadano.

Otro de los impactos del proyecto será la “afectación directa al menos de 145 sitios arqueológicos y/o patrimoniales, lo que no fue determinado de manera concluyente en el proyecto, como señaló en su oportunidad el Consejo de Monumentos Nacionales”, agrega.

Según el Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida, el tratado minero suscrito entre Chile y Argentina (1998), permite que “más del 40% de la comuna Alto del Carmen -231.868 hectáreas- esté concesionada a mineras, donde el mayor porcentaje está en manos de las transnacionales con peor reputación a nivel mundial como son Barrick Gold, Xtrata y Goldcorp”. Los habitantes a lo largo de los valles San Félix y Tránsito “estamos viendo amenazada la reproducción de nuestra historia por la falta de agua, además de que muchas de nuestras necesidades están siendo satisfechas por las mismas transnacionales que van a destruir el valle gracias a la política de ‘responsabilidad social’ empresarial, que no es más que una estrategia de cooptación. Estamos rodeados de proyectos mineros en las nacientes de nuestras aguas. Ya no es sólo Pascua Lama sino también tenemos el proyecto El Morro, Pachuy, Las Flechas, Valeriano, El Encierro, El Relincho, entre otros. La minería es una de las actividades más contaminantes y que utiliza mayor cantidad de agua. ¿Qué se espera para nuestro valle?”, señala el Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida.

“Cualquier empresa extractiva que se instale en la cabecera de nuestras cuencas es inviable e incompatible con nuestra vida en este territorio. Denunciamos a las autoridades por el lavado de imagen que hacen las mineras que amenazan nuestro territorio: Barrick Gold y Goldcorp, por medio de organismos sociales y estatales, y el patrocinio de proyectos, en ámbitos tan importantes y sensibles como educación y salud”, concluye Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huascoaltinos.

------------

RECUADRO: Boom del oro

Las transnacionales productoras de oro tienen poder político y económico considerable. En los últimos años el precio del oro ha experimentado un aumento espectacular como consecuencia de un cambio drástico en el uso del metal y de un fuerte incremento de la demanda. “Parte de esta demanda es consecuencia del crecimiento económico de Asia: China, India, países como Malasia, Indonesia o Corea del Sur, y del Medio Oriente, como Turquía. Se encuentran entre los mayores compradores de oro, y representaron el 70% de la demanda en 2008. En occidente, Italia y Estados Unidos son los países que más compran. En los últimos años, el Banco Central de China ha comprado oro masivamente. La moneda de China, el yuan, está tomando mayor valor y el país quiere tener en reserva una cantidad de oro equivalente a la moneda en circulación”, dice el investigador William Sacher, coautor del libro Negro Canadá: Saqueo, corrupción y criminalidad en Africa . Agrega que la amenaza de futuras crisis económicas -como la de las subprime -, la inflación de monedas de referencia -dólar, euro, yen, etc.- y su subsecuente pérdida de valor, la proyectada escasez de petróleo, entre otros factores, “incitan a los inversionistas a comprar oro, ya que es una manera más segura de acumular sus activos. De este modo, el oro se ha vuelto un producto de especulación. Los especuladores piensan que el precio del oro seguirá creciendo, lo que les incita a comprar ahora, para vender más caro en el futuro. Para responder a esta fuerte demanda, los productores de oro tienen que aumentar su ritmo de explotación y al mismo tiempo, buscar activamente nuevos yacimientos para reemplazar las reservas conocidas que se agotan. Eso implica un boom de la actividad de exploración. Sin embargo, los yacimientos explotables de los países industrializados o de alta tradición minera se están agotando, lo que implica buscar más regiones de explotación. Por esta razón, desde 1990 arranca una nueva ola minera en los yacimientos de América Latina, Africa y otras regiones del Tercer Mundo, ola que se fortaleció con el boom del precio del oro de los años 2000”, concluye William Sacher.

Publicado en “ Punto Final”, edición Nº 817, 14 de noviembre, 2014.