Caravana sobre los impactos sociales ambientales y sociales de empresas transnacionales y el libre comercio en México

Desde los fuegos del tiempo: Caravana sobre los impactos sociales ambientales
y sociales de empresas transnacionales y el libre comercio en México. El cotejo
de la sociedad civil

Uno: el contexto

Hay una tradición (sorprendentemente la hay), por la cual la sociedad civil, rural o urbana decide intervenir en la realidad de otros países, o en el nivel internacional, para denunciar, exponer, mostrar, hacer valoraciones, diagnósticos o de plano buscar que se frene o se cancele alguna imposición, persecución, acaparamiento, masacre, devastación, despojo o un complejo tejido de ataques y sinrazones que someten a la población de algún lugar del mundo a una maraña de presiones, violencias, o de plano genocidios y exterminios.

Tal es el caso del Tribunal Permanente de los Pueblos, originalmente Tribunal Russell, que intervino juzgando, desde el nivel internacional autogestionario, los crímenes de la guerra de Vietnam y más tarde las dictaduras del Cono Sur, que hoy asoman de nuevo su cara de vileza y horror.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, desde su sede en la Fundación Lelio Basso, ha logrado pulsar lo que ocurre en infinidad de asuntos mundiales, como el problema de los plaguicidas o las matanzas de poblaciones enteras, pero también la intervención de las empresas de un modo sistémico en despojos, devastaciones y violación a los derechos humanos en Colombia. O el diagnóstico complejo y muy completo que se hizo en México donde el Tribunal fue receptivo a la complejidad que las organizaciones y comunidades mexicanas sistematizaron para que el Tribunal constatara la maquinaria institucional, el andamiaje estructural y sistémico que imbrica al gobierno, las empresas y los actores internacionales, regionales y locales en una violencia que puede irse detallando hasta abarcar todos los rubros de la vida.

El caso de México, que el Tribunal atendió entre 2011 y 2014, es el retrato más detallado que se tenga de cómo operan en nuestro país los mecanismos de impunidad, de abuso de poder y de una estructura económico-mercantil que subsume y sojuzga las estructuras jurídicas e institucionales del Estado y sus niveles de gobierno.

Esto fue posible por el enormísimo esfuerzo de organización que emprendieron muchísimas organizaciones mexicanas, junto con movimientos y comunidades, para poder sistematizar, desde lo más local, los agravios que poblaciones resienten en su conflicto con diferentes actores individuales, caciquiles, corporativos, gubernamentales e incluso instancias de organismos internacionales que inciden en las regiones de modos más que nocivos, pues violentan la vida cotidiana y las posibilidades y modos de vida de largo plazo en las regiones de México. En el Tribunal se habló de educación, de salud, de autonomía, el maíz y soberanía alimentaria, de defensa territorial, de violencia de género, del papel de la represión y lo sistemático de ésta (en el largo plazo de décadas de ejercicio de la violencia gubernamental), de la violencia ejercida contra trabajadoras y trabajadores, de cómo se coarta la libertad de expresión y se restringe la existencia de medios de comunicación libre.

Se habló también de devastación ambiental, y lo inquietante es que este rubro fue uno de los asuntos que más convocaron a grupos organizados que desde lo local consiguieron sistematizar sus agravios en talleres, hasta hacerlos una reivindicación concreta y contundente, los presentaron en preaudiencias especializadas frente a especialistas en la materia, los convirtieron en audiencias que recibieron el cotejo de personas que en lo internacional han sido jurados en infinidad de juicios y finalmente contribuyeron a una sentencia final, un balance que el Tribunal Permanente de los Pueblos hizo para el caso de México.

En este cotejo, se constató que el foco que se había puesto era correcto, porque la sociedad mexicana que convocó y convenció al Tribunal a que viniera a nuestro país situó como una de las condicionantes estructurales a los tratados de libre comercio en general y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como un detonante de toda esta violencia instalada en México contra la población. Que este TLCAN promovía también eso que en el Tribunal se llamó “desvío de poder” y se tipificó como delito —que no es sino abrirle margen de maniobra a las corporaciones desde el orden institucional, político y jurídico, y cerrarle los caminos legales a la población (mediante esos mismos canales) para que no logre promover la justicia para su causa, o resolución a sus agravios.

Dos

Existen otras muchas instancias de la sociedad civil para establecer un cotejo y con eso promover procesos de observación, denuncia, sistematización e intervención concreta en diferentes regiones, instancias, ámbitos del mundo entero. El propio Transnational Institute ha sido promotor de tribunales éticos de varios tipos y en varios contextos que no vale la pena detallar aquí. Baste narrar que uno de los más recientes tomó la forma de la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Ahí el Transnational Institute teje con movimientos y organizaciones de diferentes continentes (y gracias al compromiso del Tribunal Permanente de los Pueblos), redes donde atrapar la arquitectura de la impunidad corporativa [ 1].

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que agrupa de una manera suelta a movimientos, organizaciones y comunidades que luchan contra megaproyectos que destruyen sus lugares de vida, ha decidido emprender junto con el equipo de poder corporativo del Transnational Institute, una Caravana en México del 2 al 11 de diciembre de 2019.

En ella se intenta visibilizar la sistematicidad de varios procesos de devastación ambiental y violencia contra la salud individual y colectiva de las poblaciones que sufren los irresponsables embates de empresas, laboratorios, industrias, que en sus procesos de extracción, producción o procesamiento, inundan literalmente las regiones con subproductos venenosos que hacen inviable la vida en esas regiones. Ésta sería, simplificada, una de las metas más simples y llanas de la caravana.

Pero la complejidad de las razones para que existan casos así, donde no es fortuita la devastación, debemos hallarla en otros niveles de análisis. Dicen las instancias convocantes:

“El neoliberalismo no sólo ha generado paraísos fiscales, sino también paraísos industriales en las últimas décadas. Un paraíso industrial es un espacio atractivo para las inversiones debido a la falta de cumplimiento de las normas sociales, laborales y / o ambientales más básicas. En ese sentido, México tiene un papel cada vez más importante en la globalización neoliberal, desde mediados de los años noventa, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Acuerdo de Libre Comercio UE-México. Este país es utilizado por esos dos bloques para externalizar los impactos sociales y ambientales de sus propias economías. Desde la perspectiva de los derechos humanos, las consecuencias han sido desastrosas y la situación desde 2008 solo empeoró, cuando se produjo una migración masiva de capital estadounidense desde China, que se reubicó en México [ 2]. Al respecto, Daniel Feierstein [ 3] miembro del Jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, señala que con el TLCAN se operó un proceso de destrucción social destinado a desmembrar y destruir la identidad del tejido social mexicano con el objetivo de imponer un nuevo modelo extractivo, productivo y de consumo. Este proceso implicó asesinatos selectivos de líderes sociales y ambientales, campesinos y campesinas, indígenas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, feminicidios y una guerra social disimulada detrás de una pretendida guerra contra el narcotráfico. Se estima que entre 1997 y 2018 murieron, por lo menos, 400 mil personas a raíz de la violencia que involucra al crimen organizado, en complicidad con el gobierno” [ 4]

Esta caravana, entonces, es un fruto directo del proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, para darle continuidad a través del trabajo de una Red contra el Genocidio que ha estado intentando visibilizar los proceso de violencia hacia la población mexicana en todos los rubros de la vida nacional.

Estamos hablando de un contexto donde los impactos sociales y ambientales son tan profundos que hay que entender y enfrentar la presencia de por lo menos 40 sustancias tóxicas en el agua, suelo y aire, la afectación para millones de personas, el crecimiento complejo de las regiones devastadas, el aumento del número de empresas industriales (más de 20 mil 400) diversificadas en automotrices, siderúrgicas, madereras, papeleras, químicas, petro y agroquímicas, alimentos y bebidas, cerámica, plásticos y textiles. Todas ellas provocando devastaciones y a fin de cuentas impactos sociales, laborales y ambientales que hay que documentar, entender y detener.

Entre los objetivos que señalan las instancias convocantes está visibilizar cómo el libre comercio, los tratados de libre comercio (como candados de las reformas estructurales) han provocado impactos demasiado nocivos en los “paraísos industriales” donde operan. El UMSCA o T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE, son especialmente promotores de esta desregulación ambiental y laboral que genera violencias puntuales contra obreros y obreras en las fábricas o procesadoras, pero también contaminaciones que pueden llegar a ser tan profundas como los mantos freáticos. El síntoma más extremo son los asesinatos y desapariciones, la represión directa contra quienes se opongan a esta envilecida situación que pretende normalizarse.

La Caravana se plantea explorar la responsabilidad de empresas canadienses, estadounidenses, pero sobre todo alemanas, francesas y españolas en toda esta andanada de agravios. Se plantea la participación “completa o parcial” de diputados y diputadas al Parlamento Europeo, diputados y diputadas nacionales de Europa y Estados Unidos. Al terminar la Caravana se difundirán sus resultados y “se desarrollará un trabajo de seguimiento e incidencia política en torno a la arquitectura de la impunidad corporativa”

Uno de los más importantes objetivos de la Caravana es fortalecer los lazos entre diferentes regiones con sus luchas sociales y ambientales. En la caravana participarán observadores y observadoras internacionales e integrantes de movimientos y comunidades afectadas no sólo en México sino en América Latina, Europa y Estados Unidos. Entre los integrantes más conocidos de la caravana se encuentra la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Igualmente en la fase de devolución de resultados, habrá enlace con la Campaña Europea “Derechos para las personas, normas para las transnacionales – Stop ISDS”, Integrantes del European Network of Corporate Observatories (ENCO) y las diputadas y diputados ya mencionados.

Notas:

[1] Hoy, el propio proceso de negociación en la ONU del Tratado Vinculante que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos, tiene por antecedente a las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre los impactos de las empresas transnacionales europeas en América Latina

[2] De acuerdo con la UNCTAD, entre 2008 y 2012, el flujo de la IED estadounidense se multiplicó por tres en México, a la vez que el stock aumentó un 16% ( https://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx).

[3] Entrevista de Daniel Feierstein en “A Contracorriente” ( https://www.rompeviento.tv/?p=43291

[4]  https://www.youtube.com/watch?v=9MCXwHEy0hc&index=4&list=PLwzDqMdprgdsK8Q77AOziaHm1FhwzrJ3Z.

Fuente: Desinformémonos