Cambio climático: flagrante violación de los derechos humanos. Boletín N° 149 del WRM

NUESTRA OPINIÓN

- Cambio climático: flagrante violación de los derechos humanos

Eso que llaman con tanta elegancia “cambio climático” es en realidad una de las violaciones más flagrantes de derechos humanos que se hayan cometido en la historia. Es un crimen de lesa humanidad.

Ya hay gente que muere o se queda sin techo, o sufre hambre y malnutrición, a causa de las modificaciones del clima. Países enteros, y principalmente los pequeños estados insulares, están siendo testigos de subidas del nivel del mar que quizás los hagan desaparecer bajo el agua dentro de pocos años. Quienes viven en zonas bajas cercanas a los océanos se enfrentan a la misma amenaza. Las comunidades de las montañas están viendo cómo se derriten el hielo y la nieve que los abastecen de agua y les permiten realizar tareas productivas durante todo el año.

El cambio climático no está simplemente “ocurriendo”, sino que es el resultado de un modelo económico socialmente injusto y ambientalmente destructor, impuesto en todo el planeta por una minoría empresarial. El cambio climático es un crimen que está cometiendo un grupo muy poderoso de grandes empresas, aliadas con gobiernos también muy poderosos que les garantizan impunidad.

Lo que vuelve aún más dramático el problema es que, incluso si los responsables aceptaran adoptar inmediatamente las medidas necesarias para evitar mayores cambios, los derechos básicos de millones de personas seguirían siendo violados como consecuencia de los cambios meteorológicos que ya han acontecido. Algunos pocos ejemplos bastan para ilustrar el tema:

– El derecho a los alimentos y al agua: la creciente ocurrencia de catastróficas sequías, inundaciones y temperaturas extremas destruirá la producción agrícola de la gente y limitará la disponibilidad de agua limpia y suficiente para las personas.

– El derecho a la salud: la malnutrición, las oleadas de calor, el frío extremo y nuevas enfermedades relacionadas con los cambios ambientales afectarán la salud de las personas y, en muchos casos, les provocarán la muerte.

– El derecho a vivir en su propio país: los efectos del clima obligarán a millones de personas a abandonar su territorio y convertirse en refugiados climáticos.

– El derecho a la vida: la frecuencia redoblada de fenómenos climáticos catastróficos, tales como ciclones, huracanes, tornados e inundaciones, provocará millones de muertes.

– El derecho a la paz: las situaciones desesperadas provocadas por el cambio climático desembocarán en desórdenes, represión e incluso guerras.

De los millones de personas cuyos derechos serán violados como resultado del cambio climático, las más afectadas serán las que carecen de los recursos necesarios para protegerse contra los fenómenos climáticos. Si bien la mayoría viven en el Sur, todos los grupos vulnerables del mundo se verán afectados en forma desproporcionada.

Sin embargo, en lugar de cambiar de rumbo para evitar cambios más graves y el consiguiente sufrimiento humano, los criminales del clima están proponiendo “soluciones” que atentarán contra los derechos de aún más personas, y que les permitirán seguir haciendo negocios– y destruyendo el clima – como si nada sucediera. Los siguientes ejemplos así lo ilustran:

– La promoción de agrocombustibles como substitutos de los combustibles fósiles. Esta “solución” implica acaparar grandes extensiones de bosques y tierras agrícolas y dedicarlas a la caña de azúcar, la soja, la palma aceitera, la jatrofa, el eucalipto y otros cultivos, para producir agrodiésel y etanol y usarlos como combustibles. Como resultado, se viola una serie de derechos humanos, tales como el derecho a la alimentación, al agua, a la salud, a los medicamentos, a la diversidad biológica, al territorio, a la cultura.

– La promoción de la energía hidroeléctrica como substituto de los combustibles fósiles. Este enfoque implica la construcción de grandes represas hidroeléctricas que inundan extensas áreas de bosques y tierras agrícolas y que impactan fuertemente sobre las poblaciones de peces. La gente del lugar no sólo pierde sus medios de vida, sino que se ve forzada a emigrar porque sus tierras quedan sumergidas bajo el embalse de la represa. Se trata de una violación del derecho a la subsistencia y del derecho a vivir en su propio territorio, así como de muchos otros derechos básicos.

– La promoción de reservorios y sumideros de carbono para captar el dióxido de carbono emitido por los combustibles fósiles. Esto implica ya sea apoderarse de los bosques de las comunidades locales – definiéndolos como reservorios de carbono que se necesitan preservar – o apropiarse de sus tierras para plantar árboles que actúen como sumideros de carbono. No hace falta decir que el resultado es la violación de un gran número de derechos humanos.

Todo lo dicho da apenas una imagen muy parcial de la amplia gama de violaciones de derechos humanos resultantes del cambio climático. El panorama general es mucho peor, y puede volverse aún más dramático si se permite a los criminales climáticos seguir destruyendo el clima del planeta. Éste no es un tema que se pueda dejar en manos de “expertos”, muchos de los cuales han sido y siguen siendo cómplices de los responsables del crimen.

En esas circunstancias, las mujeres tienen un papel muy importante a cumplir. Si bien es cierto que ellas son las más afectadas por el cambio climático, también es cierto que tienen la capacidad de ser catalizadoras clave para lograr cambios positivos. Sus conocimientos y su experiencia son fundamentales tanto para lograr mitigar el cambio climático como para la adaptación al mismo.

Lo que está en juego es nada menos que el derecho de ésta y las próximas generaciones a vivir en un planeta habitable. Este derecho humano básico, del cual dependen muchos otros, debe ser impuesto por la sociedad civil organizada – mujeres y hombres – del mundo entero.

Hay que volver a poner el clima en manos de los pueblos antes de que sea demasiado tarde.

CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHOS HUMANOS

- Colombia: plantaciones de palma, violaciones de derechos humanos y autodignificación de comunidades afrodescendientes

Cuando se habla de violación de los derechos humanos, no es posible dejar de hablar de Colombia. Cuando se habla de la brutal expansión de las plantaciones de palma aceitera en territorios comunitarios, no es posible dejar de hablar de Colombia. Allí, ambos temas van de la mano.

Frente a la crisis de cambio climático, una de las respuestas es la promoción de los agrocombustibles, entre ellos la palma aceitera. Lo que se ve por detrás de esa propuesta es que no solamente deja incambiadas las formas insustentables de producción, comercialización y consumo que nos han llevado a este punto crítico, sino que la palma aceitera no sería un combustible “verde” sino “rojo”, porque viene manchada de sangre.

Las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, en la región del Chocó biogeográfico colombiano, fueron declaradas reserva natural en 1959. No obstante, en 1996, el ejército y los paramilitares iniciaron una ofensiva en la zona, que permitió la expansión del agronegocio de palmeros, ganaderos y madereros.

La palma aceitera y la explotación ganadera se expandieron en más de 23 mil hectáreas de territorio colectivo de comunidades afrodescendientes. La Fuerza Pública actuó en acciones directas o bajo la estrategia paramilitar, provocando centenares de crímenes – más de 140 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas –, saqueo y destrucción de bienes, persecución, amenaza y abandono forzado de tierras.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos dan cifras para toda Colombia de unos 4 millones de personas desplazadas de sus tierras por operaciones armadas en los últimos 15 años y más de 15 mil desapariciones forzadas. Cerca de 7 millones de hectáreas de tierras han sido apropiadas ilegalmente por paramilitares o traficantes de drogas en ese periodo, la mayoría de las veces luego de haber forzado el desplazamiento de los pobladores.

Esas prácticas de terrorismo estatal y paramilitar forman parte de una estrategia que busca no solamente la usurpación de un territorio sino la instauración en él de procesos destructivos. En las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, el despojo de tierra fue acompañado de la deforestación intensiva de selva primaria en más de 10 mil hectáreas, la desertización de cinco ríos, la contaminación de cursos de agua por los agrotóxicos utilizados en las plantaciones de palma que provocaron además alteraciones especialmente graves en la salud de mujeres, niñas y niños.

Hace más de 120 años la abolición de la esclavitud provocó una diáspora a lo que se conoce como el Chocó Bio Pacífico. La gente se asentó en selvas húmedas, espacios y lugares de profunda hermosura, de multiplicidad de especies, plantas y hierbas, aves, mariposas, flores, animales silvestres, vegetación primaria de árboles, insectos. Sus lugares se convirtieron en verdaderos espacios de libertad donde se mezclaron con pueblos indígenas y luego con mestizos. Y finalmente se conformaron como pueblo tribal, reconocido como tal en cuanto tienen “estilos de vida tradicionales, cultura y manera de vivir diferentes de otros sectores de la población nacional, y organización social propia y costumbres y leyes tradicionales” (1). Se reconocen como miembros de una “comunidad negra”, y “afrocolombianos” o “afrodescendientes”.

Esta identidad propia comprende elementos relacionados con la pertenencia a la comunidad, articulada por el río y arraigada en un territorio ancestral cuya relación es casi umbilical: el territorio es su madre y es su padre porque de él reciben todos los beneficios. Lo conciben como un tejido integral que implica no solo tierra sino también vida de seres humanos, red social, organización comunitaria, formas de subsistencia, resolución de conflictos internos, movilidad frente a eventos que atenten contra sus vidas y una relación propia con la biodiversidad. Su territorio garantiza sus costumbres y su forma de vivir, la propiedad comunitaria y la protección ambiental.

El destierro forzado, pues, constituye una violación a la integridad de su existencia y ha provocado lesiones en lo personal, lo familiar, lo colectivo, las prácticas sociales y culturales, sus modos de habitación y de ocupación territorial, sus modos de relación con la tierra, los animales, el agua, la cocina, la organización y la relación con los externos.

Pero frente a las violaciones múltiples de sus derechos humanos, aún en medio del conflicto armado interno y de la implementación de obras de infraestructura y agronegocios ilegales y criminales, las comunidades de afrodescendientes han desarrollado procesos innovadores de resistencia civil en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.

Las Zonas Humanitarias son lugares habitados por un grupo humano que afirma sus derechos como población civil. Estos lugares específicos de protección de la Vida – tanto humana como colectiva y de los ecosistemas – son un medio de regreso al territorio y de enfrentar las pretensiones de las estructuras criminales. Sus miembros comparten libremente un Proyecto de Vida para defenderse de la militarización institucional y de ser víctimas de eventuales confrontaciones armadas.

Las Zonas de Biodiversidad son áreas de protección y de recuperación de ecosistemas de Territorios Colectivos o privados y de afirmación del derecho a la alimentación de grupos familiares cuyos predios han sido arrasados o están en riesgo de ser destruidos por agronegocios, obras de infraestructura, o explotación de recursos naturales.

Desde esos lugares las comunidades ejercen la libre expresión, la discusión democrática que incluye a mujeres, y niñas y niños, y modos de producción que les aseguren la soberanía alimentaria. Recuperan y sanan sus territorios.

Mientras en la cumbre de clima se promueven todo tipo de artilugios – REDD, agrocombustibles, geoingeniería y demás – para dilatar la verdadera medida que tarde o temprano habrá que adoptar y que es parar la extracción de combustibles fósiles, con la recuperación de sus territorios de las manos del agronegocio y los mega-emprendimientos, estas comunidades contribuyen verdaderamente a frenar el cambio climático.

En tiempos de violaciones en masa de los derechos humanos, de ecocidios, empezando por el propio cambio climático, estas comunidades colombianas criminalizadas, marginadas, estigmatizadas, dan testimonio de sus derechos en un ejercicio autónomo y libertario de dignificación.

1. Artículo 1.1 del Convenio 169 de la OIT y Convenio Número 169 sobre pueblos indígenas y tribales: un manual, Proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, Ginebra, 2003, pág.7.

Extractado y adaptado de los informes: “Resiliencias colectivas. Se mata con hambre, se mata con balas, y se quiere matar el alma”, Danilo Rueda, Comisión de Justicia y Paz, http://tiny.cc/rbqAT; y “Derechos Humanos y Palma Aceitera Curvaradó y Jiguamiandó”, De Ver 236, Indymedia Colombia

- Congo: los proyectos de arenas bituminosas y aceite de palma amenazan a las comunidades locales y socavan los esfuerzos para afrontar el cambio climático

La petrolera italiana Eni es una de las diez empresas energéticas más grandes del mundo y ahora la mayor de África. La empresa también está calificada actualmente como la compañía de petróleo y gas más “sostenible” del mundo. En setiembre, durante el Foro de Liderazgo de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizado en Nueva York, el presidente de Eni, Paolo Scaroni, anunció: “Atrás quedaron los días en que podíamos permitirnos pensar en el petróleo como un insumo barato para el crecimiento económico y social, sin tener en cuenta su impacto sobre el medio ambiente y las generaciones venideras” (1)

Sin embargo, el entusiasmo de Eni por promocionar sus nuevas credenciales de sustentabilidad en las reuniones internacionales no parece compatible con los planes de la empresa de invertir miles de millones de dólares en la explotación de arenas bituminosas y de palma aceitera para alimentos y biodiésel en la centroafricana República del Congo (también llamado Congo Brazzaville). Diversos grupos de la sociedad civil local y las organizaciones que los apoyan consideran que las inversiones de Eni en arenas bituminosas y palma aceitera son intrínsecamente muy riesgosas, pues podrían causar graves daños sociales y ambientales en el Congo y a nivel mundial, dada la situación en dicho país y en base a la experiencia de tales proyectos en otros lugares del mundo.

Éste sería el primer proyecto de arenas bituminosas en África y el de agrocombustibles sobre 70.000 hectáreas de tierra “no cultivada”, sería también uno de los más grandes del continente.

Las arenas bituminosas han sido llamadas la forma “más sucia” de petróleo. La extracción de alquitrán o bitumen y su procesamiento para obtener crudo sintético es un proceso costoso y consume grandes cantidades de agua y energía. La producción de un barril de petróleo a partir de bitumen genera de 3 a 5 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que la producción de un barril de petróleo convencional. En Alberta, Canadá, el único lugar donde se explotan actualmente las arenas bituminosas, ha dado lugar a la deforestación del bosque boreal canadiense, a la disminución y la contaminación del agua, y sus efectos sobre la salud de las comunidades indígenas que viven cerca de los emprendimientos han despertado preocupación, dado que la incidencia del cáncer ha aumentado. Canadá tiene ahora el nivel más alto de emisiones per cápita de los países del G8 y está recibiendo fuertes críticas por bloquear la acción sobre el cambio climático. Muchos grupos de la sociedad civil, residentes locales y científicos están exigiendo una moratoria sobre toda nueva inversión en arenas bituminosas en Canadá.

La inversión en monocultivos de palma aceitera y otros cultivos para producir agrocombustibles es también una causa importante de la deforestación, que representa aproximadamente el 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Los objetivos definidos por los gobiernos nacionales y la Unión Europea han fomentado su expansión. Al reemplazar bosques tropicales y otros ecosistemas, los monocultivos llevan a una grave deforestación y a la disminución de la diversidad biológica. Los cambios en el uso de la tierra que esto implica se vinculan también con la creciente inseguridad alimentaria, con los conflictos territoriales, con las violaciones de los derechos humanos y las amenazas a las poblaciones indígenas.

La sensibilidad ecológica del Congo y su escasa capacidad de control hacen aún más riesgosas las inversiones de Eni. Los bosques cubren dos tercios del país, que forma parte de la cuenca del Congo, y son tanto un recurso clave para los lugareños como un sumidero de carbono gigante que cumple una función vital en la protección de nuestro clima. Pero los antecedentes del Congo son muy malos en cuanto a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente y al manejo transparente de los recursos naturales del país. A pesar de haber vivido décadas de abundancia de petróleo, aún tiene muy bajos niveles de desarrollo humano y muy altos niveles de represión y corrupción. No existe una ley vigente sobre medio ambiente y las comunidades locales afectadas por la producción de petróleo convencional se quejan desde hace mucho tiempo de la inacción de las empresas y el gobierno ante problemas como el alto nivel de quema de gases, que acarrean perjuicios para ellos y sus medios de vida.

Eni ha dicho públicamente que ninguna de las inversiones se realizará en la selva tropical o en otras áreas ricas en diversidad biológica, y que no implicarán el realojamiento de la gente. Pero un informe interno de Eni que se filtró muestra que la empresa está previendo que la zona de exploración de arenas bituminosas estará compuesta en un 50-70% por bosque primario y otras áreas muy sensibles de la biosfera. Tampoco queda claro qué tecnología utilizará la empresa para extraer y procesar el bitumen, por lo cual es imposible predecir los impactos totales que tendrá el proyecto sobre los recursos hídricos y energéticos del país. Incertidumbres similares surgen en torno al proyecto de palma aceitera, cuya ubicación exacta aún no se conoce.

Ninguno de los acuerdos firmados entre Eni y el gobierno congolés ha sido publicado, y la investigación realizada por las organizaciones de derechos humanos del país reveló que la casi totalidad del público no estaba informada acerca de las inversiones. No hubo ningún contacto significativo con las comunidades, por parte de Eni o del gobierno, sobre los posibles impactos sociales y ambientales. Esto contradice las políticas ambientales y de derechos humanos de la propia empresa, y viola la obligación del gobierno de proteger a sus ciudadanos.

Esta inversión cuestiona la afirmación, tanto de la empresa como del gobierno congolés, de que están promoviendo el desarrollo sostenible del Congo. El gobierno italiano es el principal accionista de Eni y por lo tanto tiene también la responsabilidad de asegurar que cualquier inversión que realice la empresa tenga en cuenta los posibles impactos sobre el desarrollo, los derechos humanos y el medio ambiente. Diversos grupos de la sociedad civil nacional e internacional exigen ahora que se detengan los proyectos de aceite de palma y arenas bituminosas y que se revisen los procesos de gestión ambiental y de participación social de la empresa en el Congo.

El proyecto también trae a colación el gran tema de los costos reales que implica la realización de proyectos energéticos intensivos en carbono en países del Sur donde la transparencia y la protección de los derechos humanos y ambientales son mínimos. La cuestión se vuelve aun más importante dada la necesidad de detener este cambio climático desenfrenado. A medida que se agote el petróleo, habrá más interés en desarrollar recursos petrolíferos no convencionales – muchos de los cuales se encuentran en el Sur – y en los llamados “renovables”, como los agrocombustibles derivados de monocultivos. Como en el caso del proyecto congolés de Eni, tales inversiones deberían ser cuestionadas por su potencial para causar daños irreversibles al medio ambiente y las comunidades locales, así como a nuestro clima.

Este artículo es un resumen de Energy Futures? Eni’s investments in tar sands and palm oil in the Congo Basin, un informe producido por organizaciones de la sociedad civil congolesa e internacional en noviembre de 2009, disponible en inglés en www.boell.de o en www.foeeurope.org/. La versión en francés se publicará en enero de 2010.

- Soberanía alimentaria: un enfoque positivo para el cambio climático

Mientras en el planeta ya se hacen sentir los efectos del cambio climático, grupos de la sociedad civil advierten que lo que está en la raíz del problema es el actual sistema de producción, comercialización y consumo.

Como forma de contribuir al proceso, el movimiento campesino internacional La Vía Campesina asistió a la reunión de Cambio Climático en Copenhague. Llegaron “desde las cinco esquinas del planeta, abandonando nuestras tierras, nuestro ganado, nuestros bosques, y también nuestras familias en los poblados y pueblos de los que venimos para unirnos a todos vosotros”. (1)

Resaltaron que el modelo de agricultura industrial y del agronegocio ha provocado deforestación y la conversión de bosques en plantaciones de monocultivos. Afirmaron que el actual sistema agrícola globalizado contribuye con más de la mitad del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, como lo evidencian las cifras proporcionadas:

(i) Las actividades agrícolas son responsables de 11 a 15% (de emisiones),
(ii) El desbroce y la deforestación causan un 15 a 18% adicional;
(iii) El procesado, empaquetado y transporte de alimentos causan de 15 a 20%; y
(iv) La descomposición de los deshechos orgánicos causan otro 3 a 4%.

Sin embargo, los gobiernos presentes en Copenhague no están hablando de cambiar ese sistema. Por el contrario, las empresas del agronegocio tienen un lugar privilegiado en las reuniones sobre el clima y sus propuestas han ingresado en las negociaciones bajo la forma de mecanismos de comercio de carbono, como es el caso de las plantaciones de árboles en gran escala en los programas de forestación.

“Los mecanismos de comercio de carbono solo servirán a los países y compañías contaminantes, y traerán desastres a los campesinos y a los pueblos indígenas de los países en desarrollo. La iniciativa REDD (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques, por sus siglas en inglés) ya ha expulsado de sus tierras a muchos indígenas y pequeños productores en los países en desarrollo. Y más y más tierras de cultivo están siendo convertidas en plantaciones de árboles para atraer así más créditos de carbono”, advierte La Vía Campesina.

También denuncian que las grandes emisiones de metano en la agricultura se deben al uso de la urea como el fertilizante petroquímico aplicado por la Revolución Verde, la cual está masivamente apoyada por el Banco Mundial. Al mismo tiempo, “la liberalización del mercado agrícola promovido por los tratados de libre comercio (TLC) y por la Organización Mundial de Comercio (OMC) está, igualmente, contribuyendo a las emisiones de gases con efecto invernadero debido al procesado de los alimentos y el transporte de éstos a lo largo y ancho del planeta”. A pesar de todo esto la FAO continúa “vendiendo” la revolución verde, hasta ahora incuestionada por la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas.

La agricultura industrial no solamente contribuye enormemente al cambio climático sino que también viola derechos humanos. De acuerdo con La Vía Campesina, millones de campesinas y campesinos están permanentemente expuestos a situaciones de violencia por conflictos por la tierra en África, Asia y América Latina. Los pequeños campesinos y los campesinos sin tierra forman parte de la inmensa mayoría de los más de mil millones de personas que padecen hambre en el mundo. Y muchos campesinos del Sur de Asia se han suicidado por causa del libre comercio. Por todo esto, La Vía Campesina afirma que “el fin de la agricultura industrial es el único camino hacia delante”.

Los gobiernos que no pueden o no quieren adoptar las medidas necesarias para detener el cambio climático quedan enfrentados a los sin tierra y pequeños campesinos y campesinas, quienes sí tienen una propuesta para el cambio climático, la cual presentaron en la COP 13 en Bali 2007 y trajeron nuevamente a la COP 15 de Copenhague: “Los campesinos de pequeña escala, sostenibles, están enfriando el planeta". La propuesta está respaldada por cifras que demuestran que “podrían reducir en más de la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero”. Estas cifras surgen de los siguientes datos:

(I) La recuperación de la materia orgánica en el suelo reduciría las emisiones de 20 a 35%;
(II) La reversión de la concentración de la producción cárnica de las granjas fábricas y la reintegración de la producción conjunta de cosechas y ganado reduciría las emisiones de 5 a 9%;
(III) Poner los mercados locales y los alimentos frescos en el centro del sistema alimentario reduciría de 10 a 12%; y
(IV) Detener el desbroce y la deforestación eliminaría entre el 15 y el 18% de las emisiones.

“En resumen, extrayendo la agricultura de los grandes agro-negocios corporativos y devolviéndola a los campesinos y campesinas, podemos reducir a la mitad la emisión total de gases de efecto invernadero.

Esto es lo que nosotros proponemos, y se llama Soberanía Alimentaria”.

Esa propuesta no solamente ayudaría a “enfriar el planeta” sino que también contribuiría en gran medida al bienestar de millones de seres humanos cuyos derechos están siendo violados diariamente por la agricultura corporativa industrial en todo el mundo. Y lo que es más importante, también contribuiría al derecho de las generaciones actuales y futuras a vivir en un planeta habitable.

(1) “Por qué dejamos nuestras granjas atrás para venir a Copenhague”, discurso de Henry Saragih, Coordinador General de La Via Campesina, en la apertura del Klimaforum, 7 de Diciembre, Copenhague, Vía Campesina

- Indonesia: plantaciones, derechos humanos y REDD

Antes de que llegaran las plantaciones, los aldeanos de Teluk Kabung, en la provincia Riau de Sumatra, cultivaban coco. Hace algunos años, miles de hectáreas del bosque que rodeaba la aldea fueron cortadas y reemplazadas por monocultivos de acacia, para abastecer las operaciones en gran escala de la empresa de celulosa y papel Asia Pulp and Paper. “Apenas cortaron los árboles del bosque, las plagas avanzaron y se comieron nuestros árboles de coco”, contó un aldeano a Mitra Taj, periodista radial de Living on Earth. Decenas de árboles de coco yacen muertos en suelos cercanos a la aldea. Varios todavía en pie son tan solo troncos pelados, sin hojas ni frutos.

La deforestación industrial destruyó el hábitat del tigre de Sumatra, al punto que quedan tan solo unos 250. Y les queda tan poco bosque que terminan metiéndose en las plantaciones, aldeas y campamentos madereros. Los tigres que solían vivir en el bosque ahora hacen incursiones en la aldea. Este año mataron a por lo menos 10 personas.

“Me dan ganas de llorar”, dijo uno de los aldeanos a Living on Earth. “La única razón por la que no estoy llorando es porque me contengo. No tenemos más nada. A veces ni siquiera puedo mirar a esta tierra, porque no tengo esperanzas”.

Los aldeanos están tratando de encontrar una solución y enviaron cartas al parlamento, al regente y al gobernador, pero no recibieron respuesta alguna. En primer lugar, los aldeanos quieren compensación. Luego, quieren dinero para comprar plaguicidas. Pero hay otro problema. Las plantaciones dejaron a los aldeanos sin tierra para la próxima generación.

Ahora están estudiando la posibilidad de cultivar palma aceitera, que esperan será resistente a las plagas. Pidieron al periodista de Living on Earth que se pusiera en contacto con APP y les pidiera ayuda para ellos. En Yakarta, Living on Earth se reunió con Aida Greenbury, directora de APP en el área de sustentabilidad y participación. “Sí, por supuesto, siempre nos interesa ayudar a la comunidad”, expresó. Greenbury se refirió a la importancia de dejar corredores de bosque que sirvan de hábitat e impidan la expansión de plagas y enfermedades. Y eso, aparentemente, fue todo.

APRIL es la otra gigante de celulosa y papel de la provincia de Riau. Entre ambas, APP y APRIL poseen cerca de una cuarta parte del bosque restante de la provincia. Las actividades de APRIL en la Península de Kampar revela otro impacto de las plantaciones industriales de árboles. La madera de APRIL es enviada en grandes barcazas hasta la fábrica de celulosa de la empresa, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

“Antes de que la empresa de celulosa y papel RAPP entrara en nuestras tierras, los pescadores trabajábamos en paz, nada nos molestaba mientras pescábamos”, contó Pak Akiat, un pescador de Penyengat, a los cineastas de LifeMosaic. “Ahora se hace muy difícil pescar con redes porque los barcos las rompen. En nuestro grupo muchos han dejado de pescar, porque tenemos miedo”.

La red de pescar de Pak Akiat quedó destruida hace un año. “Todavía quiero que RAPP me dé una compensación; mi red está rota”, expresó. “Quiero pescar otra vez. Esta es mi forma de sustento, mi única esperanza”.

La Península de Kampar es el hogar de los pueblos indígenas Akit y Melayu. Ellos ahora dependen de la ayuda alimentaria del gobierno. “Con tantas empresas a diestra y siniestra ¿por qué el 95 por ciento de nuestro pueblo es pobre?”, pregunta Anjianoro, líder comunitario de Penyengat, en la película de LifeMosaic. “Empresas como RAPP reclutan a miles de trabajadores. Si nos beneficiáramos en algo de todo esto, aquí no habría pobreza”.

En reuniones internacionales, como las recientes negociaciones sobre clima de las Naciones Unidas en Copenhague, se está tratando de “vender” una nueva solución a todos esos problemas: Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de bosques (REDD). “Hemos estado buscando una oportunidad como ésta durante décadas”, declaró a Living on Earth Joe Leitmann, del Banco Mundial, durante una reunión en Yakarta. “Creemos que REDD puede llegar a cambiar las reglas del juego”. Por supuesto, Leitmann no dice nada del papel que ha desempeñado el Banco Mundial en el financiamiento de la destrucción de los bosques de Indonesia.

Por cierto, los problemas son graves. Solo en la provincia de Riau es probable que este año se prenda fuego a una superficie de 1,6 millones de hectáreas de turberas y bosques. Pero ¿cómo es que REDD, que supuestamente cambiaría las reglas del juego, va realmente a cambiar algo? APP y APRIL esperan obtener pagos REDD por no cortar el bosque en zonas donde ya tienen permiso para hacerlo. Sin duda APP querrá que le paguen por sus “corredores de bosque”. APRIL planea plantar un anillo de 150.000 hectáreas de plantaciones de acacia en torno a la Península de Kampar y aplicar una moratoria a la tala de 300.000 hectáreas “neurálgicas” de la península. APRIL anticipa que recibirá grandes sumas de dinero provenientes del mercado de carbono. Pero APRIL guarda silencio acerca de los medios de sustento de la población local. La empresa ni siquiera se molestó en contar sus planes a las comunidades locales de la Península de Kampar.

La gente que perdió sus medios de sustento por las plantaciones industriales de árboles tiene una de las huellas de carbono más pequeñas del mundo. APP y APRIL son responsables de enormes emisiones de gases de efecto invernadero por la destrucción de bosques y el desecamiento de pantanos de turbera. Sin embargo REDD recompensaría a APP y APRIL y no haría nada para detener el atropello de los derechos humanos básicos de los aldeanos.

Por Chris Lang, http://chrislang.org

El programa radial de Living on Earth, “Where the Forest Ends”, está disponible en inglés en: http://bit.ly/7hLN0j
La película de LifeMosaic “Eyes on the Kampar Peninsular”, está disponible en inglés en: http://bit.ly/5BWH01

- Kenia: los derechos de los Ogiek son violados por el cambio climático y por las medidas para detenerlo

El complejo Mau – el bosque más grande de Kenia – ha sido el hogar ancestral de la comunidad Ogiek. A pesar de ser extremadamente importante como zona de captación de agua, como regulador del microclima y por su diversidad biológica, el bosque Mau ha sido despejado regularmente para establecer asentamientos y emprendimientos agrícolas privados con apoyo de políticas oficiales. La destrucción del bosque ha socavado los derechos de los Ogiek a la subsistencia, a la cultura, e incluso a tener un futuro.

Pero todavía tenían que sufrir más. Hace algunos años, el gobierno canceló todos los títulos de propiedad que recaían sobre el bosque Mau con el objetivo de expulsar a más de 100.000 personas de la comunidad Ogiek que habitaban el bosque (ver Boletín Nº 94 y 113 del WRM) con el argumento de que eran ellos, ni más ni menos, quienes destruían el bosque.

La tendencia al despojo continúa. Un informe reciente de Survival International (1) muestra “cómo los pueblos indígenas del mundo, que son quienes menos provocaron el cambio climático y son los más afectados por el mismo, se enfrentan a la violación de sus derechos y a la devastación de su tierra, con el pretexto de detenerlo”.

El informe denuncia el caso de Kenia, un país que sufrió graves sequías este año. Mientras intenta expulsar a los cazadores-recolectores Ogiek, que por cientos de años vivieron sosteniblemente en el bosque Mau, el gobierno recurre a la comunidad internacional para obtener fondos para salvar al bosque Mau, invocando el cambio climático como “una motivación clave”.

El Primer Ministro Raila Odinga culpó al “desastroso manejo local y mundial de nuestro medio ambiente” por el derretimiento de las capas de hielo del Monte Kenia y de la destrucción de los bosques. También anunció que estaban dispuestos a “revertir los estragos” del calentamiento global, por ejemplo, con el esfuerzo del gobierno para salvar el bosque Mau – expulsando a sus habitantes y guardianes ancestrales, los Ogiek, ¡que quedarán sin hogar!

El informe cita a Kiplangat Cheruyot, del Programa de Desarrollo del Pueblo Ogiek, que dice: “Durante el último mes todos han vivido con miedo… La gente llora por la expulsión. El gobierno dijo que no haría ninguna excepción.”

Al fin de cuentas, los Ogiek, que han demostrado poder vivir en armonía con el bosque por miles de años, que son los más afectados por la destrucción del bosque donde nacieron y que no fueron para nada responsables del cambio climático, serán quienes más sufrirán a causa de las medidas tomadas supuestamente para detener el cambio climático.

El caso de los Ogiek de Kenia es una clara muestra de cómo el cambio climático, así como las medidas para detenerlo, son una cuestión de derechos humanos. En este sentido, la exigencia de justicia climática se destaca como un ingrediente indispensable de cualquier medida verdadera para enfrentar el cambio climático.

(1) “The Most Inconvenient Truth of All. Climate change and indigenous people”, 2009, Survival International, http://tiny.cc/4HL7Y

- Energía hidroeléctrica en el Mekong: represas que podrían bloquear el futuro de millones

A menudo se describe la energía hidroeléctrica como energía “limpia” o “verde” y como parte de la solución para evitar el cambio climático relacionado con los combustibles fósiles. Sin embargo, la energía hidroeléctrica apoyada por los gobiernos y promovida por las empresas implica la construcción de enormes represas que tienen como consecuencia la destrucción ambiental y la violación generalizada de derechos humanos, desde la pérdida del sustento hasta expulsiones forzadas y casos relacionados de represión.

El negocio de la energía hidroeléctrica está particularmente activo en la cuenca del río Mekong. Desde marzo de 2006, empresas de energía hidroeléctrica de Tailandia, China, Vietnam, Laos, Malasia y Rusia han propuesto once grandes represas hidroeléctricas para el curso inferior del río Mekong. Siete de las ubicaciones estarían en Laos, dos en Camboya y dos en la frontera entre Tailandia y Laos.

Ya existe una gran preocupación entre las comunidades ribereñas y la opinión pública en general acerca de las graves consecuencias que tendrán estas represas.

En el río Mekong se desarrolla la industria pesquera de agua dulce más grande del mundo. La pesca comercial tiene actualmente un valor de US$ 3.000 millones al año. Esta industria no sólo es una fuente de ingresos importante para los pescadores locales, entre los que se incluyen muchas de las personas más pobres de la región, sino que también es vital para la seguridad alimentaria de la región. Entre la mitad y cuatro quintas partes de la proteína animal consumida por los 60 millones de personas que habitan el curso inferior de la cuenca del Mekong provienen de las pesquerías del río.

Esta situación cambiará drásticamente si se construyen las represas previstas en el curso principal del río, porque impedirán la migración masiva de peces que representan un 70% de la pesca comercial. Los científicos coinciden en la importancia de las especies migratorias del Mekong, en el impacto que las represas tendrán sobre ellas y en que no hay manera de mitigar dichos impactos.

En respuesta a la creciente preocupación pública sobre los impactos de estas represas, se formó la coalición Salven al Mekong. Como parte de sus actividades, la coalición recogió firmas y mensajes personales de ciudadanos preocupados, que expresan muy claramente los sentimientos de la gente:

- “¡No permitan que las represas hidroeléctricas bloqueen el futuro de nuestros hijos!” Wang Dezhi, Yunnan, China

- “No construyan las represas sobre el Mekong. ¡Las represas que hay en Tailandia ya provocan luchas entre hermanos y hermanas!” Mak Vangdokmai, Roi et, Thailand

- “Amo a mi país. No quiero ver que algunas personas lo destruyan por codicia. ¡Quisiera hacer lo posible por proteger nuestro Mekong!” Sneampay, Vientiane, Laos

- “¿Dónde iremos a vivir si se construyen las represas?” Aldeano, provincia de Sting Treng, Camboya

- “¡Sálvennos, salven nuestros recursos! ¡La electricidad no es todo!” Nguyen Thanh Hang, Hanoi, Vietnam

La petición fue firmada por pescadores y agricultores que viven a lo largo del curso principal del río y sus afluentes, así como por monjes, estudiantes, gente de la ciudad e incluso algunas de las reconocidas celebridades de la región.

Dentro del proceso de cambio climático, es importante señalar que a pesar de sus bien documentados impactos sociales y ambientales, los proyectos de energía hidroeléctrica reúnen los requisitos para recibir financiamiento a través del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención sobre Cambio Climático. Si bien ninguna de las represas del curso principal del río solicitó hasta ahora dicha financiación, es posible que lo hagan en un futuro cercano, siguiendo los pasos de proyectos similares a nivel regional y mundial.

Por ejemplo, la represa de Kamchay en Camboya solicitó fondos MDL, a pesar de estar ubicada en su totalidad dentro del Parque Nacional de Bokor y de que inundará 2.000 hectáreas de bosque protegido. Un caso similar es el de la represa de Buon Kuop, en Vietnam, que afectó los medios de vida de 11.000 comunidades que habitan río abajo en Camboya, las cuales dependen del río Srepok para desarrollar la pesca y la agricultura de subsistencia.

Es obvio que ninguna de estas represas – o las que se planean ahora para el curso inferior del Mekong – puede ser considerada “limpia” ni un medio para el “desarrollo”. Esto significa que no deberían ser candidatas elegibles para recibir fondos del “Mecanismo de Desarrollo Limpio”.

Los millones de personas que se verían dramáticamente afectadas por los proyectos de energía hidroeléctrica – que ya tienen al río Mekong como su mecanismo de desarrollo limpio – son más importantes que la electricidad. ¡No se puede permitir que las represas bloqueen el futuro de millones!

Artículo basado en información de la coalición Save the Mekong, http://www.savethemekong.org/ y de Carl Middleton (International Rivers), carl@internationalrivers.org

- México: resistencia a minera Blackfire terminó en asesinato

El 41% del total del territorio de la región de la Sierra Madre de Chiapas – 227.000 km2, equivalente a la mitad de todo el territorio de Centroamérica – fue entregado a empresas nacionales y extranjeras en forma de concesiones mineras. Empresas mineras canadienses, estadounidenses y australianas, extraen de allí oro y plata, con la anuencia y protección de los gobiernos y el auspicio del TLC.

Las empresas mineras se han extendido sobre el territorio nacional, invadiendo tierras ejidales y comunales, subordinando poderes locales y estatales, y violando cotidianamente derechos de comunidades indígenas o campesinas, o regulaciones de terrenos nacionales, áreas naturales protegidas o áreas de contenido y tradición ceremonial y de patrimonio cultural del país. Las consecuencias ambientales, sociales y culturales de la minería a cielo abierto son enormes. La destrucción de los cerros trae consigo el deterioro del paisaje de las majestuosas serranías y de las cuencas de los principales ríos de la región.

La alta toxicidad de la minería metálica proviene no de los metales sino de los métodos con que se extraen (ver Boletín Nº 71 del WRM). En primer lugar, los miles de kilogramos diarios de dinamita utilizados para demoler montañas, se esparcen en polvo con nitrato de amoníaco y diesel. A eso se suma la filtración y el escurrimiento natural de los depósitos de miles de metros cúbicos de agua con cianuro de sodio (utilizado para la lixiviación de los metales) que contamina ríos y mantos acuíferos, traduciéndose en casos de muerte y enfermedades como cáncer o leucemia.

Ante la escalada de la explotación minera y sus impactos ambientales crece también la resistencia. Es así que en junio de 2008 se dieron cita cientos de personas integrantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, de estudiantes, académicos, provenientes de 12 estados del país, y dieron origen a la Red Mexicana Antiminera (REMA).

La REMA denuncia lo que deja la minería: remoción de millones de toneladas de suelo y rocas con maquinaria pesada, contaminación de manantiales, ríos y cuencas con químicos, destrucción de sembradíos, desplazamiento de pueblos. Cuando se va, sólo deja su rastro de destrucción: enormes tiraderos de desechos y residuos, tierras estériles, aguas contaminadas, enfermedad y desolación.

La militarización de la región, que se incrementó en el marco del llamado “Plan Mérida” – técnicamente un proyecto de seguridad por el que Estados Unidos libera millones de dólares en equipo, tecnología computarizada y entrenamiento a México y los países de Centroamérica y el Caribe para combatir el narcotráfico y el crimen organizado – representa una ventaja para las empresas mineras. La fuerte presencia del ejército y policías federales y estatales encapuchados y fuertemente armados que cierran caminos y carreteras con retenes donde bajan a las personas de los vehículos para someterlas a interrogatorio, le proporciona una custodia que les asegura la apropiación del territorio y el control de la resistencia. Existe un permanente control social de los vecinos para averiguar quiénes integran alguna organización.

En ese contexto, la minera canadiense Blackfire, con 10 concesiones para la explotación de barita a cielo abierto, oro y antimonio en la región, fue objeto de fuertes protestas de habitantes del ejido Grecia, acusada de contaminar y despojarlos ilegalmente de tierras. Varios integrantes de la REMA, entre ellos Mariano Abarca Roblero, mantuvieron un plantón en la cabecera municipal de la empresa y luego otro frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México, reclamando el retiro de la trasnacional del municipio de Chiapas. Posteriormente, Mariano Abarca fue objeto de amenazas, hasta que finalmente, el pasado 27 de noviembre, fue asesinado por un presunto matón a sueldo.

La REMA responsabiliza de este crimen al gobernador, por no haber actuado en tiempo y forma para evitar el crimen, y a “Blackfire, a su Director General Artemio Ávila Cervera, a su Gerente de Relaciones Públicas Luis Antonio Flores Villatoro, y al gobierno del Estado de los acontecimientos de violencia contra los luchadores que defienden el agua, la tierra, el territorio y el medio ambiente”.

Y termina exigiendo, además de justicia inmediata y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen, el retiro inmediato de la empresa canadiense Blackfire y sus concesiones mineras en Chiapas.

“¡Fuera Canadá y sus trasnacionales de Chiapas y México!”, es la consigna.

Información basada en: Nace la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) www.otrosmundoschiapas.org/; Asesinaron a Mariano Abarca Roblero, líder opositor contra la minera canadiense Blackfire en Chiapas, http://rema.codigosur.net/

– Nigeria: petróleo bajo tierra y mucho más

En noviembre de 2009, 117 organizaciones nigerianas firmaron una declaración dirigida al gobierno, con un mensaje estimulante: hay que dejar el petróleo bajo tierra. En ella manifestaban que coincidían en oponerse a todo nuevo campo petrolero, y pedían a todos los pueblos y organizaciones progresistas que apoyaran su reclamo de dejar en tierra todo nuevo yacimiento de petróleo que se descubra y de no explotar tampoco el bitumen.

En el transcurso de medio siglo, Nigeria se ha convertido en el mayor productor de petróleo crudo. La base de su economía es la extracción de petróleo realizada en el Delta del Níger por grandes empresas extranjeras. Sin embargo, cabe preguntarse qué ventaja ha traído esto al país.

La organización Environmental Rights Action / Amigos de la Tierra Nigeria (ERA/FoEN), junto con el Ministerio Federal del Ambiente, organizó en el estado de Rivers la Segunda Consulta Nacional sobre el Ambiente, bajo el título “Una visión de Nigeria en la era post-petrolera”.

El objetivo de esta consulta fue estimular un amplio debate nacional sobre el estado del medio ambiente. La urgencia de “despertar en todas las partes interesadas en el proyecto nigeriano la conciencia de que el petróleo tiene efectos devastadores sobre la economía y el ambiente y que es fundamental planear una economía post-petrolera”, lo cual sería muy oportuno en esta época de cambio climático.

Líderes civiles, organizaciones comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, expertos en desarrollo, universitarios, abogados, periodistas y representantes de instituciones gubernamentales se reunieron para examinar “el impacto creciente que tiene sobre el clima la extracción de combustibles fósiles y los problemas que implica el hecho de que el petróleo sea la base económica de Nigeria”.

Se concluyó que la extracción de petróleo realizada en Nigeria desde hace muchos años “no ha tenido consecuencias positivas para la ciudadanía, y en particular para los pobladores del Delta del Níger, que han visto perjudicados sus medios de vida a causa de la contaminación permanente de las tierras agrícolas y los ríos”.

En el Delta del Níger, la esperanza de vida es de sólo 41 años, un promedio lamentablemente bajo, resultado de la contaminación ambiental sumada a las graves violaciones de los derechos de las mujeres, de los niños y de todas las personas que se han vuelto vulnerables debido a los conflictos por los recursos. La reunión llegó a la conclusión de que “la apropiación masiva de tierras por parte de las agroindustrias y las empresas petroleras está erosionando los métodos de cultivo tradicionales del continente africano”, lo cual vulnera la soberanía alimentaria de los nigerianos.

El petróleo deja en Nigeria un rastro de muerte, violencia y hambre. Más aún: la corrupción va de la mano con las operaciones petroleras, provocando conflictos violentos y el aumento de la criminalidad. “La industria petrolera nigeriana sigue estando plagada de robos de petróleo y de inexactitudes entre el volumen extraído y el que se declara, ridiculizando la tan mentada política de transparencia y responsabilidad del gobierno”, dice la declaración.

El informe de ERA “Construyendo una Nigeria post-petrolera” afirma que “En 50 años de producción de petróleo, esta región ecológicamente productiva ha sufrido una gran degradación del hábitat, desaparición de bosques, descarga de productos tóxicos, excavaciones y rellenos, y alteraciones significativas debido a la construcción de rutas y oleoductos para la industria petrolera. La frecuencia y la extensión de los derrames de petróleo que han ocurrido son especialmente preocupantes. Las cifras declaradas nunca son exactas pero, según estimaciones independientes, cada año se derraman al menos 115.000 barriles (15.000 toneladas) en el Delta, por lo cual esta región es uno de los dos ecosistemas del mundo más perjudicados por el petróleo”.

Para completar todo esto, la extracción de petróleo es una causa de recalentamiento global. La quema permanente de gases en el Delta del Níger – una actividad ilegal que deja secuelas de muerte por leucemia, bronquitis, asma, cáncer y otras enfermedades – demuestra “la falta de disposición a comprometerse a reducir los efectos del cambio climático”, denunciaron los participantes.

Como conclusión, los participantes redactaron una declaración reclamando enérgicamente al Gobierno Federal de Nigeria que:

“* Todo nuevo yacimiento que se descubra debe quedar en el subsuelo. Se debe detener la explotación de bitumen planeada, pues dicha extracción sería desastrosa para las comunidades y provocaría conflictos aún mayores.

* Es necesario popularizar el mensaje “Dejar el petróleo bajo tierra”.

* La combustión de gases viola el derecho constitucional de los nigerianos a la vida y debe ser suspendida hoy mismo.

* El Gobierno Federal debe adoptar las medidas necesarias para verificar y publicar los volúmenes de petróleo que se extraen diariamente en el país y, a continuación, tomar medidas inmediatas para detener todas las formas de robo de petróleo.

* Es necesario informar y movilizar a las comunidades locales para que se opongan a la combustión de gases y a las demás actividades nocivas para el ambiente que se realizan en el Delta del Níger y en otros lugares de Nigeria donde los conflictos por los recursos son cada vez mayores.

* Una auténtica Ley sobre la Industria Petrolera debe integrar los problemas genuinos de las comunidades petroleras, y buscar su integración en los planes de manejo ambiental. Asimismo, debe prever sanciones adecuadas para el caso en que se infrinjan sus disposiciones.

* Debe anularse toda cláusula de la Ley sobre la Industria Petrolera que apunte a la expropiación de tierras y recursos de la población.

* Los dirigentes políticos del Delta del Níger deben dar buen uso a los recursos de la región para su desarrollo.

* El programa de amnistía del Gobierno Federal debe enfrentar los verdaderos problemas de subdesarrollo del Delta del Níger y abrir canales para la reconciliación auténtica de todos los pobladores agraviados de la región.

* El Estado nigeriano debe financiar una educación cualitativa y la investigación autóctona para enfrentar los problemas de desarrollo.

* Es necesario proteger a las mujeres y a las personas vulnerables de la sociedad de los efectos de los conflictos por los recursos, y dar una reparación adecuada a los casos identificados de violación de derechos.

* Las comunidades interesadas, los grupos de la sociedad civil, las agencias gubernamentales, los medios de difusión, entre otros actores, deben trabajar juntos para denunciar las prácticas ambientales inviables y reclamar la adopción de leyes que inviertan esa tendencia.”

El petróleo se ha convertido en la principal fuente de energía del mundo globalizado, a expensas del clima y de los derechos humanos. Ya es tiempo de que mundo busque nuevas sendas para producir energía, desarrollarse y convivir en paz. El reclamo nigeriano va en esa dirección, y pensamos que habría que respaldarlo con fuerza y reproducirlo en el mundo entero como base verdadera de una solución real al cambio climático. Basta de artimañas, basta de demoras, basta de reducciones futuras. Hay que parar de extraer petróleo o no tendremos futuro.

Artículo basado en información obtenida en: Comunicado publicado luego de la Segunda Consulta Nacional sobre el Ambiente realizada en Port Harcourt, Rivers State, 25-26 de noviembre de 2009, y divulgado por Climate Justice Now!.

- Paraguay: deforestación viola derechos humanos de indígenas en aislamiento voluntario

Un caso muy claro para ilustrar que la conservación de bosques es un tema de derechos humanos, es el de la situación de los indígenas Ayoreo que habitan en el Chaco paraguayo. También es uno de los casos más claros de que la protección de los bosques debe dejarse en manos de quienes están más interesados en su conservación: los pueblos indígenas que de ellos dependen.

Al igual que sus pares de la época de la Conquista de América, los misioneros fueron quienes prepararon las condiciones para el robo y destrucción de los bosques hasta entonces utilizados sustentablemente por los Ayoreo. En palabras de Mateo Sobode Chiquenoi, Presidente de la Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay (UNAP):

“Fueron los misioneros los que hicieron que no podamos más vivir en el territorio. Desde fines de los años 50 del siglo XX, misioneros mennonitas, misioneros evangélicos norteamericanos y misioneros católicos quitaron a todos los Ayoreo de los territorios donde vivíamos. Es como que los misioneros limpiaron con su evangelización el territorio que pertenecía al pueblo Ayoreo. Así fue fácil para los ganaderos comprar casi todo nuestro territorio y algunos blancos poderosos así nomás agarraron nuestro territorio”.

Al igual que sus hermanos y hermanas indígenas de toda América, el contacto con la “civilización” resultó en muerte por enfermedades para las que no contaban con defensas inmunológicas. Cuenta el presidente de la UNAP que “cuando mi padre se fue donde los blancos, él se acabó ahí. Otros 85 Ayoreo murieron junto con mi papá contagiados por sarampión justo después del contacto”.

Pero además de “morirse como moscas por el contacto”, quienes lograron salvarse se enfrentaron al destino de “vivir sin libertad y sin respeto hacia nosotros, vivir como pobres”.

Quizá por esa razón, varios grupos Ayoreo se negaron a ser “civilizados” por los misioneros y eligieron continuar con sus prácticas milenarias viviendo en aislamiento voluntario.

“Hay todavía Ayoreo que viven rechazando el contacto. Viven en los territorios, donde todos nosotros vivíamos. Ustedes blancos los llaman ‘silvícolas’, o ‘indígenas en aislamiento voluntario’. Ellos mantienen todavía su forma de vivir de siempre, que es nuestra cultura tradicional. Sabemos que hay por lo menos seis grupos Ayoreo no contactados en territorio paraguayo”, afirma Mateo Sobode.

Sin embargo, la “civilización” sigue avanzando y a su paso va destruyendo el bosque, ya sea para destinar el suelo a la ganadería o para hallar el muy preciado petróleo.

Mirado solo desde la perspectiva climática, todo esto es un crimen ambiental. La destrucción del bosque significa la emisión hacia la atmósfera de todo el carbono almacenado en la biomasa forestal. La introducción de la ganadería implica la emisión de enormes cantidades de otro gas de efecto invernadero: el gas metano. Y por supuesto que de hallarse petróleo, implicará una nueva fuente de incremento del carbono total presente en la biósfera.

Pero mirado desde la perspectiva más amplia de los derechos humanos, el avance del desmonte implica la violación del derecho a la vida de los últimos representantes no contactados del pueblo Ayoreo –que dependen enteramente del bosque para asegurar su supervivencia física y cultural- y la violación de los derechos territoriales del pueblo originario de toda esta región.

“Estos grupos están en situaciones de mucho peligro. Cada vez hay más desmontes muy grandes para ganadería en todo el norte del Chaco”, afirma Mateo Sobode. Agrega que los responsables “son brasileros, holandeses, uruguayos, alemanes, mennonitas y también paraguayos que terminan comprando todo nuestro territorio y no hay ninguna consideración para la vida de nuestros hermanos en el monte”.

A lo anterior se suma la prospección petrolera. Ya se han llevado a caboestudios de prospección, que han implicado una densa cuadriculación del monte con la apertura de líneas para pruebas sísmicas, con graves efectos de alteración para los Ayoreo en aislamiento voluntario. Peor aún, tras culminar la primera etapa de exploración en la zona, la empresa británica CDS Energy informó en mayo de este año que encontraron yacimientos de petróleo y gas en el chaco paraguayo. De no tomarse medidas inmediatas y efectivas, esto podría resultar en el exterminio total de los grupos en aislamiento voluntario.

Como bien dice Mateo Sobode, “Estos grupos tienen derecho a la legalización de los territorios en donde están viviendo. También se debe respetar el derecho de autodeterminación de nuestra gente del monte. Las leyes se deben cumplir, por ejemplo no incursionar o trabajar en esas zonas, ni vender el territorio donde ellos están para que no se los moleste. A ellos no les interesa vivir con ningún misionero ni ningún blanco, a ellos les interesa vivir en su hábitat y con los dioses que solo conocen los Ayoreo, y tienen el derecho de decidir cómo quieren vivir. Si quieren salir van a salir, pero mientras tanto no hay que presionarlos. Ellos tienen su manera de vivir con el monte. El monte, Eami, les da lo que necesitan y les protege, y ellos cuidan al monte. Antes que lleguen los blancos los Ayoreo vivíamos en nuestro territorio sin que se cambie la cara de nuestra madre, el monte, Eami”.

Las medidas para asegurar tanto la conservación del bosque como la supervivencia de los últimos Ayoreo que lo utilizan sustentablemente son simples: asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y convenios internacionales que protegen a los indígenas en aislamiento voluntario.

Esperamos que el gobierno de Paraguay se haga eco del llamamiento de los Ayoreo, que están “pidiendo a las autoridades competentes que no permitan más que continúe la cacería humana contra nuestros hermanos no contactados que viven en su territorio y en su propia cultura. No queremos que su cultura, nuestra cultura, termine”.

Al mismo tiempo, esperamos que los gobiernos de Paraguay, Holanda, Uruguay, Alemania, Brasil e Inglaterra- hagan algo para impedir que sus empresarios continúen llevando a cabo actividades criminales –contra los indígenas y contra el clima del Planeta- en el Chaco paraguayo.

Y esperamos también que la comunidad internacional se una a la lucha para exigir el respeto del derecho de estos indígenas en aislamiento voluntario a “decidir cómo quieren vivir” y a poder hacerlo en los bosques que les pertenecen.

Información de: “Paraguay: el caso Ayoreo”. Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay, Iniciativa Amotocodie. Informe IWGIA 4 WRM

DEMOCRACIA LACRIMÓGENA EN COPENHAGUE

- Derechos humanos violados por el cambio climático… ¡y por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague!

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague se presenta al mundo como si realmente estuviera confrontando la grave crisis mundial del cambio climático, con miles de delegados gubernamentales y hasta un centenar de presidentes y jefes de estado participando en la reunión.

Sin embargo, los países poderosos – que son los mayores responsables del cambio climático – han estado complicando las negociaciones para descarrilar cualquier acuerdo vinculante e imponer un acuerdo verticalista con objetivos de reducción de emisiones muy bajos – más basado en compensaciones de carbono que en cortes reales. Los países del Norte se han dedicado a escabullirse de sus compromisos de reducción de emisiones, a marginar a los países del Sur y a acallar las críticas o las voces alternativas.

Al mismo tiempo, los grupos de la sociedad civil que exigen soluciones reales para el problema global del cambio climático han sido privados hasta de la participación marginal hasta entonces posible.

En respuesta, decenas de miles de personas de todo el mundo tomaron las calles de Copenhague reclamando soluciones reales y justas para el cambio climático, con pancartas y carteles en torno a la idea de que “Justicia Climática significa Cambio del Sistema, no Cambio Climático”.

La enorme manifestación pacífica que tuvo lugar el 12 de diciembre terminó con más de 918 personas arrestadas.

El lunes 14, cientos más fueron detenidos luego de una asamblea pública en la que habló la periodista canadiense Naomi Klein.

El martes 15, Tadzio Mueller, vocero del grupo Climate Justice Action, fue arrestado por policías de particular luego de una conferencia de prensa en el Bella Centre (petición para liberar a Tadzio Mueller: http://www.PetitionOnline.com).

El miércoles 16, la ONG Amigos de la Tierra vio sus acreditaciones revocadas en una llamada “extirpación quirúrgica”.

Ese mismo día, miles de manifestantes marcharon hacia la sede de la cumbre climática de la ONU con el objetivo declarado de transformar las conversaciones en una Asamblea Popular y de reclamar justicia climática. La policía realizó más de 200 arrestos. Mientras tanto, dentro del Bella Centre, cientos de personas quisieron salir para unirse a los manifestantes pero se encontraron con una fuerte respuesta policial (informado por Democracy Now! en http://tiny.cc/ID1fq).

El jueves 17, otros cientos de manifestantes fueron arrestados y hubo numerosas noticias – incluyendo evidencia filmada – de brutalidad policíaca y del uso generalizado de porras, gas pimienta y gas lacrimógeno.

No sólo se están pisoteando los derechos de las personas. Como dijo el presidente boliviano, Evo Morales, durante su discurso en la cumbre climática: “A nuestra Madre Tierra la tratan como si fuera una cosa sin vida, como si no tuviera derechos.”

Ver video en español:

Venezolana de televisión:
Aporrea
http://tiny.cc/HQfal
LaHaine.org

Ver videos en inglés en:
Democracy Now!
The Guardian
The Independent

Fuente: WRM