CAOI: Por un Perú libre de transgénicos

El gobierno peruano presidido por Alan García Pérez emitió el 15 de abril de este año el Decreto Supremo 003-2011, que aprueba el reglamento "sobre Seguridad de la Biotecnología en el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados agropecuarios o forestales y/o sus productos derivados del Ministerio de Agricultura." Una norma que atenta contra la mega-biodiversidad del Perú, la agricultura y la soberanía y seguridad alimentaria.

La mega-biodiversidad del Perú es reconocida por organismos internacionales y constituye una reserva estratégica para la alimentación no solo del país sino del mundo. La relación de diálogo y armonía que los pueblos indígenas andinos y amazónicos sostienen desee hace miles de años con la Madre Naturaleza ha permitido preservar esa mega-biodiversidad y ha generado conocimientos y saberes sobre las semillas y productos agrícolas que corren serio peligro de perderse con el ingreso masivo de semillas y productos transgénicos.

El ingreso de semillas y productos transgénicos afectaría directamente a miles de familias indígenas y campesinas que abastecen más del 60 por ciento de los alimentos que consumen los peruanos.

La emisión del DS 003-2011 confirma la sistemática política anti indígena y anti agraria del gobierno de Alan García, su sumisión a los intereses de las multinacionales y su corrupción generalizada. Las organizaciones indígenas, campesinas y agrarias del Perú anunciaron ayer, durante una manifestación de protesta contra el DS 003-2011, que presentarán pruebas del conflicto de interés que representa esta norma, porque existen una serie de empresas vinculadas al tema que son dirigidas por el Ministro de Agricultura y un asesor de ese portafolio.

El Reglamento aprobado por el DS 003-2011, además, vulnera una serie de normas legales:

• Artículo 10, Ley 27104: “El Estado, a través de sus organismos competentes, evaluará los impactos negativos a la salud humana, al ambiente y a la diversidad biológica…”.
• Decreto Supremo 007-2005-SA: “El rótulo o etiqueta de los sucedáneos debe estar en idioma español y consignar la composición y análisis del producto [...], así como la declaración si contiene algún ingrediente transgénico o grasa trans”.
• Art. 15. Ley de Protección al Consumidor: Los proveedores están obligados a consignar en forma veraz la información sobre los servicios y productos que ofrecen.
• Art. 37 Código de Protección y Defensa al Consumidor: Obligatoriedad de etiquetar los productos que contienen ingredientes genéticamente modificados.

Mientras que el Poder Ejecutivo presidido por García Pérez se apresura en facilitar el ingreso de transgénicos al Perú, en el Congreso de la República espera en agenda desde el 15 de junio del año pasado (hace más de diez meses) un proyecto de ley que declara una moratoria al ingreso de productos transgénicos por quince años.

Perú libre de transgénicos

Muchos gobiernos locales y regionales ya han declarado sus jurisdicciones libres de trangénicos. El teniente alcalde de Lima, Eduardo Zegarra, anunció que esta capital será declarada en las próximas semanas una ciudad libre de transgénicos. Así se suma a otros gobiernos regionales, como Cusco, Lambayeque, Junín y Apurímac, que mediante ordenanzas han rechazado el uso y comercialización en su jurisdicción de los organismos vivos modificados. A ellos se unirá Loreto, aseguró un funcionario de dicho gobierno regional. La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), que agrupa a 1836 gobiernos locales, ya rechazó los transgénicos.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI se une a la exigencia de las organizaciones indígenas, agrarias y campesinas peruanas (Confederación Nacional de Comunidades del Perú – CONACAMI, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, Confederación Nacional Agraria – CNA, Confederación Campesina del Perú – CCP y Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP) de derogar el DS 003-2011 y declarar al Perú como un país libre de transgénicos.

La CAOI respalda además la “acción popular” (pedido de garantías constitucionales) que las citadas organizaciones presentarán ante el Poder Judicial advirtiendo de los riesgos que afronta la biodiversidad, el medio ambiente y la actividad agropecuaria con el ingreso de transgénicos, así como su pedido al Congreso de la República para que inicie una investigación sobre el conflicto de intereses en la dación del DS 003-2001.

Lima, 27 de abril del 2011,

Coordinación General CAOI