¿Buenas Prácticas Agrícolas para todos y todas?
Hasta no hace mucho palabras como “agrotóxicos” no figuraban en el vocabulario de la enorme mayoría de la población de las grande ciudades o incluso en los pueblos de las zonas agrícolas del interior de la Argentina. Fue a partir de las denuncias y la lucha de pequeños grupos de vecinos aquí y allá que consiguieron instalarlas en boca de todos, vinculando el uso masivo de estos venenos en la producción agroindustrial y la explosión de determinadas enfermedades: cáncer, toriodismos, asmas y problemas respiratorios, nacimientos con malformaciones y pérdida de embarazos, entre otros.
Según la reconstrucción de Naturaleza de Derechos (porque no hay datos oficiales), hoy en nuestro país se liberan al ambiente cerca de 500 millones de litros de agrotóxicos por año. Glifosato, Atrazina, 2,4-d, Cipermetrina, Paraquat, Glufosinato de amonio, Clorpirifos… son cientos de principios activos en miles de formulados comerciales; muchos de los cuales están prohibidos en otros países y han sido clasificados como altamente peligrosos. Moléculas que el SENASA aprueba para su venta con criterios fuertemente cuestionados, y sobre cuyo comportamiento en el ambiente una vez liberadas o sus sinergias con otras moléculas, sabemos muy poco o absolutamente nada.
Los agrotóxicos están en la base de la agroindustria transgénica y durante años las corporaciones que desarrollaron y alentaron este “paquete tecnológico” sostuvieron su inocuidad para la salud y el ambiente.
Mientras aquí se comparaba al glifosato, el herbicida de mayo uso en nuestro país, con “agua con sal” o se decía que eran “tan cancerígeno como el mate” el IARC-OMS determinó que era “probamente cancerígeno para humanos, cancerígeno en animales y genotóxico”. Los llamados Monsanto Papers vienen a demostrar que las empresas siempre supieron sobre su toxicidad y el peligro que acarreaba su liberación para las poblaciones expuestas, y hoy enfrentan juicios multimillonarios por los daños a la salud de decenas de miles de personas en las potencias globales, entre un universo que abarca a millones en todo el mundo.
Con la mentira de la inocuidad hecha añicos, las empresas sacaron de la galera el discurso de las llamadas “buenas prácticas agrícolas” (BPAs), buscando desembarazarse de responsabilidades y endilgándoselas a los productores. Con este nuevo mantra del marketing corporativo desataron una nueva ofensiva para deslegitimar la voz de las comunidades afectadas y desarmar las regulaciones y restricciones al uso de agrotóxicos. Al mismo tiempo montaron una plataforma desde la que influir en las políticas públicas: la Red BPA.
El hito más importante de este derrotero en nuestro país es el Informe Interministerial presentado en julio de 2018 por los ministros de Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología, y Ambiente, que construye una serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas y legislaciones basado en esta criatura de márketing empresarial, cuyos referentes ya habían colonizado los organigramas estatales.
Con el discurso de las llamadas BPAs, un modelo que contamina y enferma se lava la cara, profundiza su inserción territorial y consolida su hegemonía transformado en palabra oficial y política pública. Pero esta política marco debe bajar a cada territorio y encontrar allí su encarnadura concreta.
La “Resolución del Veneno” en Buenos Aires
El 17 de octubre del 2018 el Ministro de Agroindustria de Buenos Aires (ex? Monsanto) Leonardo Sarquís, firmó la resolución N° 246-MAGP-18 que establece pautas de aplicación de agrotóxicos según los criterios de las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPAs). La misma fue publicada en diciembre y debía entrar en vigor el 1ro de enero de este año.
La misma fue bautizada inmediatamente como la “Resolución del Veneno”, y se basaba en el informe interministerial de julio de 2018. Habilitaba la aplicación de plaguicidas en lo que denomina como “zona de amortiguamiento”, que en las normativas locales corresponde a “zonas de exclusión”, o sea donde no pueden utilizarse estos venenos: “lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales“.
Permitía fumigar al lado de las escuelas rurales “fuera del horario escolar”, como si con esa restricción alcanzara para que los niños y niñas que jueguen en esas hamacas rociadas estuviesen a salvo. Médicos de Pueblos Fumigados declaró que: “Sin duda ser víctima de la deriva primaria (la nube de plaguicidas que se disemina apenas es liberada por el fumigador) es muy grave y desagradable, pero fumigar con la escuela cerrada no impide que el ambiente escolar quede contaminado con esos agrotóxicos que sostendrán la exposición de alumnos y maestros cuando éstos regresen a la misma. Las escuelas deben ser lugares seguros para contener a los niños” en sintonía con los pronunciamientos de la Red Federal de Docentes por la Vida.
La presión de las organizaciones socio ambientales y de la opinión pública no se hizo esperar, y obligó a Agroindustria a retroceder: en febrero, a través de la Resolución N° 76-CGP-19, se suspendió la Resolución 246 por un año. Oportunamente festejamos este paso atrás, pero llamamos a mantenemos alertas, ya que la resolución 76/19 solo deja a la 246 en stand by, y crea un equipo técnico para elaborar un “protocolo de aplicación en la zona de amortiguamiento” en el marco de las BPAs. Como los mosquitos fumigadores que se esconden en el monte de la policía rural (cuando aparece) esperando para seguir fumigando, Agroindustria se agazapaba para volver.
A la Resolución 246 los municipios debían adherir voluntariamente. De hecho, de la presentación que se realizó con pompa en el Parque Pereyra Iraola participaron una buena cantidad de intendentes que ahora buscan la reelección. Muchos adhirieron aún cuando en sus municipios rigen ordenanzas que establecen zonas de exclusión.
Santa Fe
En esta provincia se encuentra el complejo industrial de procesamiento de soja y maíz más grande del mundo, y de sus puertos sale la gran mayoría de la producción agroindustrial que se exporta.
En ese marco, la Gobernación Provincial, y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) participan de la “Red BPA”. En Noviembre de 2018, el ministerio de la producción provincial lanzó un programa de BPAs para dar cumplimiento a dos leyes: la ley provincial “de fitosanitarios” (11.273) y de “uso y conservación de suelos” (10.552). Mediante este programa designaron coordinadores para el sur, centro y norte de la provincia, y una red de asesores por cada departamento para relevar problemáticas locales y difundir este discurso en las comunas.
Las escuelas entrerrianas
En la provincia continúa la batalla legal y política en torno a la distancia de protección a las escuelas rurales. Después de los fallos del Superior Tribunal de Justicia Provincial, que establece distancias de 1.000 y 3.000 metros para fumigaciones terrestres y aéreas respectivamente, el Ejecutivo provincial a cargo del reelecto Gustavo Bordet, emitió sendos decretos recortándolas significativamente.
Con el argumento de que esta protección dejaba “sin posibilidades de producir” cerca de 300.000 hectáreas, las organizaciones de la Mesa de Enlace Provincial se movilizaron y amenazaron con cortar rutas. Los decretos contra los fallos de la justicia fueron fruto de esta presión, y en ellos el tronco argumental es el discurso de las BPAs.
De los fallos impugnatorios de los decretos del ejecutivo se desprende con claridad que el discurso de las BPAs esgrimido por el agronegocio no pudo sostenerse frente a las evidencias presentadas por las organizaciones agrupadas en la Campaña ¡Basta es Basta!
La frutilla cordobesa
El 17 de octubre pasado, la Legislatura cordobesa aprobó el “Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba” (10.663) con los votos afirmativos de todos los bloques a excepción del FIT.
En la provincia de la lucha histórica de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, y donde se logró echar a Monsanto, funciona desde hace 3 años un programa que otorga beneficios económicos a productores ajustados a las llamadas BPAs. Del mismo participan pequeños y medianos productores, incluso de la agricultura familiar y campesina. El plan mediterráneo fomenta prácticas como cultivos de cobertura, instalación de colmenas, planes de manejo de monte; en producciones agroecológicas, orgánicas y biodinámicas. Este paraguas abarcaba incluso las producciones de familias integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) que acompañó la iniciativa, pocas semanas después de votada la Ley de Agricultura Familiar de la provincia.
Con la sanción de la 10.663 lo que era un programa impulsado desde el ejecutivo se convierte en norma provincial. Es el primer caso en que las llamadas BPAs, que son una creación del agronegocio, adquieren fuerza de ley; sentando un precedente muy grave para lo que pueda plantearse en el resto del país.
Otro modelo agropecuario implica otra correlación de fuerzas
La breve recorrida por estas 4 provincias, donde se concentra la enorme mayoría de la producción de commodities de exportación, permite reconocer que en torno a las llamadas BPAs se libra en términos simbólicos y políticos el grueso del enfrentamiento entre el agronegocio, que huye hacia adelante derramando cada vez mayores cantidades de agrotóxicos en nuestros territorios, y las comunidades. Son los pueblos fumigados, que defienden la salud y el ambiente; y también las producciones agroecológicas y orgánicas, del campesinado y pequeña producción que reclaman por otro modelo agropecuario.
Incluir a la agroecología bajo el paraguas de las BPAs es algo que aparece sistemáticamente en el discurso del agronegocio, sobre todo desde el impulso que se le empezó a dar desde organismos internacionales como la FAO.
En paralelo desde distintos ámbitos se reedita el discurso que habla de la posibilidad de “la convivencia” entre el agronegocio, y la producción agroecológica y familiar-campesina. Más de 20 años de desarrollo de la agroindustria transgénica en nuestro país demuestra claramente lo contrario: hemos perdido extensiones enormes de bosques nativos, vemos el impacto de los agrotóxicos sobre la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de nuestras comunidades. Estamos en niveles críticos de pérdida de fertilidad de suelos, y los restos de agrotóxicos llegan con cada producto que la industria alimentaria asociada nos vende. El censo nacional agropecuario de 2018 nos habla de la pérdida de miles de pequeños y medianos establecimientos y mayor concentración de la tierra. Sigue la expulsión de población rural y originaria a las periferias urbanas. Más concentración, más desigualdad y más violencia; menos alimentos sanos, y posibilidades de vivir como lo hicimos durante generaciones en nuestros campos y pueblos.
¿Qué hacer? Para romper la hegemonía que el agronegocio instaló en nuestra sociedad necesitamos desenmascarar el discurso de las llamadas BPAs y de la Convivencia de modelos, al tiempo que acompañamos el fortalecimiento de prácticas agroecológicas, de otros modos de distribución y consumo; peleando por la democratización de la tierra y los medios de producción.
¿Cómo se construye una correlación de fuerzas que lo haga posible? Plantearlo seriamente implica reconocer la necesidad de enhebrar una confluencia social amplia que, a nuestro entender, debe incluir a las organizaciones campesinas y comunidades originarias, al movimiento de lucha socio-ambiental, al sector chacarero y cooperativo que retoma su historia, y los sectores urbanos que demandan por alimentos sanos. Creemos que no se puede prescindir de ninguno de estos sectores. Sabemos que este tipo de confluencia es difícil pero las experiencias como la de Red de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA), los Encuentros de Pueblos Fumigados y sobre todo el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular demuestran que es posible.
Avanzar hacia otro modelo agropecuario significa hacerlo hacia otra sociedad; y eso, de fondo, es lo que está en disputa.