Brasil: lucha por la tierra y deuda social

Así dice un pasaje de la Carta Final difundida al concluir el 3º Congreso Nacional de la Comisión de Pastoral de la Tierra (CPT), un ente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) que apoya las luchas de los campesinos por el acceso a la tierra y sus reivindicaciones de la realización de una reforma agraria. En la declaración conclusiva del Congreso, en el que participaron casi mil personas (entre trabajadores de la tierra, agentes de pastoral de la Iglesia brasileña y representantes de sectores sociales), se subraya el denominador común que surgió de muchos testimonios, coincidentes en que “es posible vivir con los distintos ecosistemas sin destruirlos y cultivar una relación de respeto y de fraternidad con todos los seres vivientes y con la madre tierra, don de Dios que debemos proteger y conservar íntegro como herencia para las generaciones futuras”. Las experiencias, a veces heroicas, de supervivencia, de vida y de esperanza se entrelazan sin embargo con “el grito desesperado que se levanta frente a la potencia impresionante de los grandes proyectos especulativos marcados por la violencia, las marginaciones forzadas de los indígenas de sus territorios natales, de la deforestación, de las graves alteraciones del ecosistema. Proyectos impuestos con arrogancia y que se burlan de la ley agraria y ambiental a través de sistemas abusivos avalados no raramente por funcionarios públicos corruptos”. La globalización, especialmente de cuño neoliberal, está modificando y complicando el problema de la tierra en Brasil. Los viejos ‘fazendeiros’ (latifundistas) señala el documento, se han aliado con las grandes empresas transnacionales para desarrollar el ‘agrobusiness’ poniendo amenazas aún mayores para los inmensos recursos naturales y la biodiversidad del país. El Congreso dirige un especial llamado a las instituciones, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los movimientos para que no dejen sola, sino que apoyen a “la gente de la tierra”, defendiendo sus derechos, apoyándolos en sus esperanzas de justicia. En este camino de promoción humana la Iglesia se pone en primera línea y el documento de la CPT concluye con una exhortación dirigida a todos los sujetos eclesiales para que colaboren en la “difícil y delicada tarea de la Comisión de Pastoral de la Tierra, comprometida en dar voz a quien no la tiene, en nombre de Jesús de Nazareth, en la fidelidad al Dios de los pobre y de los pobres de la Tierra”. Según el último informe de la CPT, dado a conocer en el mes de abril último, los conflictos por la posesión de la tierra en Brasil –que habían disminuido en los últimos años– volvieron a aumentar, pasando de 751 en el 2008 a 854 en el 2009.

Frei Xavier Passat, coordinador de la Pastoral de la Tierra CPT- Campaña contra el trabajo esclavo, ha declarado al Observatorio SELVAS que “tuve la oportunidad de conocer personalmente a la Dra. Gulnara Shahinian y de seguir con atención su visita a Brasil. Me parece, visitando lugares y conociendo gente y los grupos emblemáticos de la realidad y la lucha contra el trabajo forzoso, estaba interesado en identificar que, además de la posición de "buen alumno", reconocido por la comunidad internacional, Brasil sigue siendo un poco distante resolver su problema, porque hay algunos obstáculos, tales como:

- La falta de castigo de la esclavitud hasta el delito cometido (casi nadie está en la cárcel por este delito, ninguna propiedad fue expropiada, ya que permite nuestra ley, ninguna propiedad fue confiscada, tal como propone la enmienda constitucional 438/2001, de pie, año en el Congreso), se refiere a todos los intentos de algunos ministros del STF (Supremo Tribunal Federal) volver a poner en tela de juicio la competencia del Tribunal Federal que desestime el delito del artículo 149 del Código Penal, y la falta de adecuación del texto legal gravedad del delito con respecto a la cuantía de los prescribe penas de prisión (en la actualidad: de 2 a 8 años, cuando deberían ser 50-10 años, para evitar la desaceleración de la pena)

- El fracaso de los programas para garantizar el resultado final de las víctimas del ciclo de la esclavitud y su acceso al trabajo decente: las habilidades, la empleabilidad, la reforma agraria;

- La falta de una coordinación efectiva y la integración de acciones para que el Estado se ha comprometido, mediante el Plan Nacional de erradicación, y la concomitante falta de una supervisión eficaz de su aplicación en tanto el gobierno central como los gobiernos estatales: una política contra la TE no llega a la punta del estado o municipio, excepto a través de iniciativas limitadas generalmente asumida por la sociedad civil.

Uno de los obstáculos más graves, de acuerdo con la Relatora señaló, sigue siendo la ceguera provocativa expresadas por los sectores rurales más involucrado en el crimen: una postura que es más sorprendente cuando se observa que en Brasil, después de todo, la práctica del trabajo esclavo implica parcelas ubicadas en los empresarios rurales, impulsados por una inusual, pero la codicia alentado por la sensación de impunidad. Una voluntad política más fuerte podría romperlo, la carga de los agronegocios en pleno auge en el mundo algunos condicionamientos mínimos.

Sin embargo, la Relatora ONU lleva algunas buenas prácticas que ya se reconoce en general:

- El Grupo de Inspección Móvil (incluso con defictários efectiva siempre en relación con las necesidades)

- La lista sucia y sus efectos disuasorios a lo largo de las cadenas de suministro, dando lugar a una barrera eficaz para comercializar los productos del trabajo esclavo (Pacto de las empresas nacionales contra el trabajo escravo0

- Las iniciativas de la sociedad civil en la prevención, la educación, la movilización social y difusión, en especial: CDVDH (Centro para la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos Açailândia, MA), Brasil Reporter (Esclavo y el programa o pensar), CPT (Comisión Pastoral de la Tierra: la Campaña Nacional para abrir los ojos para no convertir Esclavo)

- La aplicación combinada de distintos actores públicos y privados: la OIT, la sociedad civil, los tribunales laborales, federal y algunos gobiernos estatales, frente nacional en contra de la TE.

La participación del Dr. Gulnara en la reunión nacional patrocinada por CONATRAE en Brasilia, y su visita a lugares estratégicos (MA, MT, SP), ha permitido, sin duda una buena visión de la realidad actual y provocó la reanudación del debate sano nacional sobre el tema”, concluye Frei Xavier Passat, coordinador de la Pastoral de la Tierra CPT-Campaña contra el trabajo esclavo.

ONU reclama que se penalice el trabajo esclavo en brasil

La relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Gulnara Shahinian, pidió el día 30 de mayo del 2010 al gobierno de Brasil que solucione el vacío legal que fomenta la impunidad de este crimen. Al finalizar su visita al país sudamericano, Shahinian lamentó que algunos terratenientes, negocios e intermediarios hayan encontrado vías para evitar el procesamiento judicial. “La esclavitud es un crimen que no debe quedar impune”, subrayó. La experta destacó no obstante que Brasil ha implementado políticas ejemplares para combatir el trabajo esclavo. Shahinian indicó que las víctimas de ese flagelo son en su mayoría hombres y niños a partir de los 15 años. Aclaró que en los centros urbanos, los trabajos forzados se concentran en la industria textil, donde se trabaja por largas jornadas con pequeños sueldos, o incluso sin ellos. Resaltó que esos sectores necesitan reformas urgentes para prevenir la esclavitud

Lous Dreyfus, los agrocombustibles y el trabajo esclavo

En la estructura agraria brasileña actual, caracterizada por la profundización de los aspectos más perniciosos para los campesinos y campesinas, la concentración de la tierra sigue siendo el tema central que mejor refleja la apuesta por un modelo, el agronegocio, que el gobierno brasileño y la Unión Europea han profundizado en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC). Carmelo Fioraso-CPT Pernambuco, ha participado en el Tribunal a las multinacionales organizado en Enlazando Alternativas 4.

Otro sector que presenta una de las caras más visibles del modelo de agronegocio implementado en Brasil es el sucro-alcoholero. El sector presenta uno de los mayores índices de concentración en función de la inversión de capitales internacionales en la industria de agrocombustibles. La presencia de empresas transnacionales en el sector pasó del 1% a 20% en los últimos 10 años. Empresas como Cargill, Bunge, la británica British Petroleum y la holandesa Shell actúan en la producción. Pero el sector agroquímico –y muy en particular Syngenta, Monsanto y Bayer– no queda fuera y también apuesta por el mercado de agrocombustibles desarrollando investigaciones de caña de azúcar transgénicas. Se trata de un sector donde se concentra la mayor parte de las actividades de trabajo esclavo en Brasil. Los informes anuales de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) sobre “Conflictos en el Campo” así lo han demostrado: en 2007 fueron registrados 3.060 trabajadores encontrados en situación de esclavitud y en 2008 se contabilizarían otros 2.553. Durante el año 2009, más de 1.911 trabajadores serían libertados en este sector, lo que corresponde a un 45% del total de liberaciones, muy por delante del segundo sector, la pecuaria, donde fueron liberados el 14% de los trabajadores sometidos a situaciones de esclavitud. Las muertes por exceso de trabajo ocurren con frecuencia, con más de un trabajador muerto cada 60 días, lo que supone, entre 2004 y 2007, un total de 23 muertos. Según la Pastoral del Migrante, la CUT y un trabajo de José Roberto Pereira Novaes, publicado en Ruris en marzo de 2009, para recibir cerca de 300 euros cada trabajador debe cortar en media 15 toneladas de caña al día, lo que explica las muertes por agotamiento.

En el sector sucro-alcoholero, destaca la empresa francesa Louis Dreyfus, con fuerte presencia en Brasil, y que en octubre de 2009 anunció la compra de otras cinco usinas en São Paulo, tornándose así la segunda mayor procesadora de caña de azúcar del mundo al controlar más de 340.000 hectáreas de tierras para la producción de agrocombustibles. Presente en más de 50 países, es una de las mayores exportadoras de Brasil, líder en el mercado de algodón y gran productora de naranja y semillas oleaginosas. En noviembre de 2009, tras una fiscalización del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio Público de Trabajo y la Policía Federal, fueron encontradas otras 530 personas en situaciones de trabajo esclavo en seis fincas vinculadas a la empresa y en una usina, en el estado de Minas Gerais.

La empresa francesa no asumió las irregularidades referentes a las condiciones de trabajo en que se encontraban sus trabajadores y se recusó a firmar un “Término de Ajuste de Conducta” (TAC) propuesto por el Ministerio Público de Trabajo que preveía compromisos firmes de mejora de condiciones para los trabajadores así como una indemnización cuyo importe ascendía a dos millones de reales (aproximadamente 800.000 euros). No sería la primera reacción de este tipo de la empresa francesa, que en 2006 también se recusó a asumir una multa de un millón de reales por daños morales e irregularidades en una usina de São Paulo, que inspeccionada dos años después volvió a tener problemas referentes a formas de pago de los trabajadores.

Informe sobre conflictos en el campo

Los conflictos por la tierra en Brasil, que habían disminuido en los últimos años, subieron de 751 en 2008 a 854 en 2009, pero el número de muertos bajó de 28 a 25 en el mismo período, según un informe divulgado el día 15 de abril del 2010 por el Episcopado. La cifra de muertos la menor en los últimos años y muy inferior al promedio de 63 muertes por año registrado desde 1985, cuando los datos comenzaron a ser recopilados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo del Episcopado brasileño. Según el estudio “Conflictos en el Campo”, elaborado anualmente por la Comisión, pese a la reducción del número de muertes, los intentos de homicidio subieron desde 44 en 2008 hasta 62 en 2009. También crecieron las amenazas de muerte (de 90 a 143) y el número de campesinos torturados (de 6 a 71) y de detenidos (de 168 a 204). El total de familias amenazadas por pistoleros creció un 29,7%, hasta 9.031; el de viviendas destruidas en un 163% y el de cultivos destruidos en un 233%. Según la Comisión, el agravamiento de los conflictos por la disputa por tierras hizo que subiera tanto el número de familias expulsadas de las áreas que cultivaban (de 1.841 en 2008 a 1.884 en 2009) como el número de desalojadas por orden judicial (de 9.077 a 12.388). “La violencia no logró que los movimientos de campesinos dieran marcha atrás y, por el contrario, aumentaron el número de ocupaciones de haciendas desde 252 en 2008 hasta 290 en 2009″, según el informe. El estudio indica que actualmente existen en Brasil 36 campamentos en los que viven 4.176 familias que esperan ser beneficiadas por la reforma agraria, frente a los 40 campamentos que en 2008 albergaban a 2.755 familias. La Comisión Pastoral de la Tierra manifestó su preocupación por el aumento de la violencia en el campo en medio de un “contexto de creciente criminalización de los movimientos sociales”. Según la entidad, la interpretación de que las ocupaciones de los movimientos que luchan por la reforma agraria tienen que ser castigadas como crímenes aumenta tanto entre los fiscales como entre los jueces y “muchas veces es amplificada por los grandes medios de comunicación social”. “En el ámbito de la Justicia se destacó la figura del propio presidente del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que a comienzos de 2009 acusó públicamente a los movimientos de practicar acciones ilegales y criticó al Ejecutivo por ofrecerles recursos públicos a esos grupos”, asegura el informe. Según la Comisión, esas interpretaciones contribuyeron al aumento del número de desalojos y de arrestos. El organismo también cuestionó la creación de una comisión en la Cámara de Diputados que está investigando las acciones de los movimientos que defienden la reforma agraria por supuestas ilegalidades. En cuanto al Poder Ejecutivo, el informe dice que “su prioridad claramente es favorecer al capital para que continúe expandiéndose y avanzando en nuevas áreas rurales sin respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de otras comunidades tradicionales”. La Comisión también criticó la firme decisión del Gobierno de construir la hidroeléctrica de Belo Monte en el río amazónico de Xingú pese a la oposición de los colonos, pescadores e indígenas que habitan la región, así como de los ecologistas y del propio Ministerio Público. Según las estadísticas recogidas por la Comisión Pastoral de la Tierra en los últimos 25 años, cada año Brasil sufre en promedio 63 muertes en 765 conflictos por la tierra, así como 2.709 expulsiones de familias de sus tierras, 13.815 desalojos y 422 arrestos de campesinos.

Esclavitud y violencia rural persisten y crecen en brasil

En Brasil tiende a crecer la violencia rural, el trabajo esclavo extiende su alcance geográfico y crece la criminalización de las protestas sociales, según organizaciones no gubernamentales que informaron hoy la situación de los derechos humanos en ese país. Así lo expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST).

En 2009, hasta junio, por cada 30 enfrentamientos en el campo entre campesinos y propietarios hubo una persona muerta, mientras que en 2007 hubo un fallecido por cada 54 enfrentamientos. Además, la violencia en zonas rurales ahora afecta también a comunidades tradicionales afro descendientes (quilombolas) e indígenas. Las organizaciones señalaron que la violencia en el campo es consecuencia de que el Estado brasileiro no ha cumplido con lo establecido en la Constitución de implementar una reforma agraria y asegurar la función social de la propiedad. Por otra parte, denunciaron el surgimiento de milicias en el Estado de Rio de Janeiro, que son conformadas incluso por agentes policiales que toman posesión de las comunidades pobres. Asimismo, informaron que existe una persecución en contra del Movimiento de los Sin Tierra que ha sido tolerada por el Estado. Esto no sólo a través de la violencia en las desocupaciones sino, también mediante procesos judiciales e investigaciones legislativas. En este momento está conformada la tercera comisión parlamentaria que investiga la legalidad de las acciones del MST, ya que dos conformadas anteriormente con el mismo fin no comprobaron irregularidades. Este tipo de procedimientos estigmatizan el Movimiento. Desafortunadamente, la delegación estatal no contaba con ningún representante del Poder Judicial que pudiera informar a la CIDH sobre los niveles de impunidad en los casos de discriminación, tortura y violencia policial. CEJIL, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el MST solicitaron en diciembre del 2009 a la CIDH que visite Brasil y que se reúna con las organizaciones sociales para que conozca fenómenos de discriminación, además de la racial Además pidieron que visite las zonas rurales con el fin de constatar los altos niveles de violencia existentes.

Deuda social y conclusión

La deuda externa e interna de Brasil supera el umbral de $ 2 billones de dólares, es lo que el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda Pública (CPI) de la deuda brasileña determinó a través del trabajo realizado con apoyo de un equipo técnico, liderado por Maria Lucia Fatorelli y Rodrigo Ávila de la organización Auditoria Ciudadana (Brasil) y colaboradores de la Comisión de Auditoria Integral de la deuda (CAIC) en el Ecuador. El 18 de mayo de 2010, fue entregado al Ministerio Público Federal de Brasil el Informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda Pública (CPI), elaborado por el diputado Iván Valente (PSOL / SP) y los miembros de entidades ciudadanas. La votación contó con el apoyo y co-autor de siete legisladores: Pablo Rubén Santiago (PDT / EP), Hugo Leal (PSC / RJ), Cleber Verde (PRB / MA), Julián Amin (PDT / MA), Pedro Fernandes (PTB / MA), Carlos Alberto Canuto (PSC / AL) y Ernandes Amorim (ENG / RO). La Comisión entregó ocho análisis preliminares realizados por el equipo técnico que asesoró al IPC (firmada por María Lucía Fattorelli y Molina Aldo, que involucró a los aportes fundamentales de Rodrigo Ávila, Bin Daniel, Cordioli Luiz, Piovesan Flávia, Raimundo Nonato, Laercio Reis, Maia Christine, Casarín Daniele, Maria Aparecida, Fábio Bueno, Filippo Francisco, John Peter Casarotto y otros) sobre diferentes temas. El Diputado Iván Valente destacó los méritos de la CPI en la obtención de materiales, documentos importantes y testimonios cruciales. Agradeció la participación de la Auditoría Ciudadana, a través de Rodrigo Ávila, y en especial el apoyo de María Lucía Fattorelli sobre las investigaciones tanto de la deuda externa e interna. El diputado lamentó que el Parlamento no se haya ocupado de estos impactos, ignorando el sufrimiento y la humillación del pueblo brasileño. Mencionó que la deuda se produce principalmente de intereses sobre los intereses, aunque los principales medios de comunicación de Brasil insisten en culpar indebidamente el gasto público.

El trabajo de la Comisión Parlamentaria de auditoria de la deuda de Brasil documenta la existencia de una deuda social histórica, que han denunciado los movimientos sociales ( ver aquí). En la reforma agraria radica la verdadera reforma estructural en la sociedad brasileña. ¿Por qué? Porque ella representa, en el fondo, la deuda más antigua de un Brasil de "tanta tierra sin gente y de tanta gente sin tierra", como recuerda la canción popular…

- Cristiano Morsolin, operador de redes internacionales. Trabaja en Latinoamérica desde 2001. Colabora con Latindadd e Jubileo Sur sobre temas relacionados a deuda externa y colabora con la Comisión Pastoral de la Tierra CPT de Brasil. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS.

Fuente: ALAI