Brasil, fuego a la democracia
Revisamos el auge de la derecha ultraconservadora en Brasil: los acontecimientos previos a la elección de Bolsonaro, los principales efectos de sus primeros 9 meses de gobierno y las iniciativas de resistencia más destacadas desde la perspectiva de los movimientos sociales.
Lo que yo soy es un héroe
Brasil no dejó de ser un país democrático de un día para otro, aunque lo pareció cuando casi 58 millones de personas votaron a Jair Messias Bolsonaro a finales de 2018. Nadie creía que una persona con un discurso que reivindicaba la dictadura militar y donde proliferaban declaraciones racistas, homófobas y misóginas pudiera gobernar un país como Brasil. No le hizo falta hablar demasiado sobre su programa ni presentarse a los debates electorales; le bastó con un mensaje preparado para las masas y transmitido por redes sociales y WhatsApp.
En sus primeras apariciones parecía que solo decía disparates y tenía poca o ninguna posibilidad de llegar al gobierno, incluso había en ello una parte cómica. ¿Quién votaría a un candidato que decía esas barbaridades? Pero era más bien al contrario; con ese discurso incendiario, grosero y provocador se ganó a la gente. Sus intervenciones públicas formaban parte de una estrategia muy directa para conectar con sus votantes, para venderse como esa figura que «llama a las cosas por su nombre», que se atreve a insultar públicamente y que le da igual lo políticamente correcto. «Me dicen que soy homofóbico, fascista, etc.; lo que yo soy es un héroe». Esas fueron sus palabras en una entrevista durante su período en el Congreso. Así es como pasó a ser un mito.
A todo ello hay que sumarle el sentimiento contra el Partido dos Trabalhadores (PT) que empezó a gestarse desde la llegada de Lula al poder en 2003, a pesar del tremendo apoyo popular que tuvo al inicio. La élite ultraconservadora brasileña, hoy en el poder, nunca quiso admitir a un presidente como Lula: un operario metalúrgico sindicalista con un dedo de la mano cortado y sin estudios académicos. Ahí empezó la guerra de desgaste y la construcción de una imagen asociada a la corrupción y a la destrucción del país, donde los medios de comunicación (dominados por la Red Globo) tuvieron un papel fundamental.
En 2013 tuvieron lugar las llamadas Jornadas de Junho (Jornadas de junio), manifestaciones masivas contra el gobierno del PT y los casos de corrupción. Los grupos de derechas aprovecharon para posicionarse como líderes de un movimiento en contra de las políticas de izquierdas, un proceso que culminaría con el procedimiento de destitución en 2016 de Dilma Roussef, sucesora de Lula, y la toma de posesión del vicepresidente Michael Temer, que llegó al gobierno sin haber sido votado.
Se acabó la payasada
Era un caldo de cultivo perfecto para la irrupción rompedora de Bolsonaro con el lema «Se acabó la payasada». A pesar de llevar 27 años en el Congreso y tener tres hijos ocupando cargos legislativos (concejal, diputado federal y senador), consiguió venderse como una figura alejada de la corrupción, una especie de «antisistema» o «no político» con una «vida limpia» y mucha mano dura que iba a enderezar el país.
Por otro lado, las alianzas clave con grupos de poder en Brasil fueron fundamentales. En primer lugar, Bolsonaro se ganó el apoyo masivo del movimiento evangélico con el lema «Brasil por encima de todo; Dios por encima de todos», proclamándose el defensor de los valores tradicionales y religiosos que casaban con muchas de sus propuestas y convicciones ideológicas: endurecimiento de la legislación antidrogas, la restricción del concepto de familia a la unión de un hombre y una mujer o la despenalización de la homofobia. Su particular guerra contra el crimen organizado también lo situó como una figura de seguridad y autoridad que caló hondo en estos sectores de población.
En segundo lugar, la alianza con las grandes empresas del agronegocio fue esencial. Aunque este tipo de alianzas no son ninguna novedad, puesto que el agronegocio es un agente muy poderoso en Brasil, con Bolsonaro resultó más evidente que nunca. La moneda de cambio de esta alianza no era otra que fomentar el crecimiento de la ganadería y la producción de soja, y para ello hace falta vender la selva amazónica, o lo que es lo mismo, vender los territorios indígenas que hoy están protegidos. El Amazonas es la región de Brasil que el capitalismo tiene más margen para explotar ya que es donde se encuentra el mayor excedente de tierras para expandir el agronegocio. Aquí es donde surge el conflicto por la tierra, un conflicto en el que los pueblos indígenas son el principal obstáculo, pero también lo son las comunidades ribereñas y quilombolas, los movimientos sociales campesinos o las ONG. Todos estos colectivos estuvieron en el punto de mira de Bolsonaro durante la campaña y a ellos dedicó todo tipo de descalificaciones.
Por último, cabe destacar su cuestionable campaña electoral: la avalancha de fake news (noticias falsas), en la que varios empresarios afines a su causa financiaron el envío masivo de millones de mensajes contra el PT y su candidato, Fernando Haddad. Fue una guerra sucia de lo más vulgar llena de vídeos y fotos editadas, frases sacadas de contexto y manipulaciones difundidas a través de todo tipo de medios, pero especialmente de WhatsApp y Facebook: desde el supuesto «kit gay» creado por el PT y que fomentaría la homosexualidad en los colegios (no era más que un programa destinado a formar al profesorado en los derechos LGTBI), hasta noticias que aseguraban que si el PT ganaba las elecciones, los niños a partir de los 5 años serían propiedad del Estado. Los mensajes circularon con tal descontrol que Haddad le propuso un pacto para frenar las fake news que Bolsonaro rechazó.
El agronegocio está enamorado de mí
Pasado el ecuador del primer año de gobierno de Bolsonaro, se puede decir que su entrada ha significado un amplio proceso de erosión de políticas públicas y un retroceso acelerado en políticas sociales y medioambientales. Ante lo que Bolsonaro consideraba una «superburocratización» del Estado, se han eliminado espacios importantes como el Comité Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (CNAPO), la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI) o el Consejo Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), entre otros.
En el mismo sentido, se ha interferido en los principales órganos de ejecución de la Política Nacional de Medio Ambiente, así como en su competencia para conceder licencias ambientales, fundamentales para entrar en el Amazonas. Ejemplos de ello son el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad). A ambos se les ha prohibido hablar directamente con periodistas y divulgar cualquier información sin antes pasar por el visto bueno del Ministerio. En realidad, la mayoría de estos cambios son guiños a los grupos que ayudaron a articular su candidatura, como el agronegocio, y que se materializan colocando a sus figuras más importantes dentro del gobierno. Lo hizo Michel Temer cuando nombró a Blairo Maggi («el rey de la soja») ministro de Agricultura; y lo ha repetido Bolsonaro al colocar a Tereza Cristina («la musa del veneno») en el mismo cargo. Tal y como su apodo indica, Tereza no ha perdido el tiempo: en lo que llevamos de 2019, el gobierno ha introducido 410 nuevos agrotóxicos en el mercado brasileño, casi el doble de los que ha liberado la Unión Europea en 8 años (229). En definitiva, estos primeros movimientos del gobierno evidencian un esfuerzo por acabar con las competencias de órganos externos, facilitar el avance del agronegocio y silenciar cualquier voz que pueda obstaculizarlo.
Hablar de obstáculos para el agronegocio es hablar sobre todo de tierras indígenas, comunidades quilombolas y asentamientos de la reforma agraria, así como todo tipo de movimiento social y organización afín a su causa. Pero la persecución de estos colectivos empezó mucho antes de llegar al gobierno: «El agronegocio está enamorado de mí cuando les digo: si fuese por mí, vosotros tendríais fusiles en las fincas. La carta de invitación para el MST (Movimento Sem Terra) es un cartucho 762. Si quieren tener un arma dentro de casa y eso depende de mí, la tendrán. Así se combate la violencia». Estas palabras de Bolsonaro durante su etapa en el Congreso son solo un ejemplo. La criminalización de movimientos como el MST, a quienes culparon de la violencia existente en el país, ha sido una constante en el discurso de Bolsonaro. El objetivo siempre ha sido facilitar la compraventa de tierras y flexibilizar la normativa ambiental para establecer explotaciones ganaderas, agrícolas o mineras en territorios protegidos. Ya lo está consiguiendo: durante su primer año de mandato se ha disparado la tasa de deforestación y se ha producido uno de los episodios de fuego más importantes de los últimos años.
En su intervención en la Asamblea General de la ONU de 2019, quiso afirmar el compromiso del gobierno con la protección ambiental, cuando, pocos meses antes, se había destituido al director del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Especiales) por publicar un informe que alertaba sobre el aumento de la deforestación en la región. En el mismo discurso, Bolsonaro aseguró: «Es una falacia decir que la Amazonia es patrimonio de la humanidad y es un error, como atestiguan los científicos, decir que sus bosques son el pulmón del mundo». Con este argumento acusó a los medios internacionales de estar guiados por un «espíritu colonialista», así como a ONG y determinados gobiernos de interferir en la soberanía de Brasil. Como si no fuera suficiente, llegó a acusar a las ONG ecologistas de estar detrás de las quemas, un auténtico sinsentido. Al final, su estrategia de declaraciones contradictorias y el revuelo mediático que causan le está sirviendo para construir una cortina de humo que esconde sus intenciones: convertir el Amazonas en mercancía.
¡Nadie suelta la mano de nadie!
A pesar de este aluvión de retrocesos, la sociedad civil organizada sigue articulada e intenta resistir con todo en contra, construyendo puentes para denunciar la pérdida de derechos y proponer proyectos de soberanía para el pueblo brasileño. La batalla empezó el primer día de gobierno, cuando Bolsonaro propuso en el Congreso una medida provisoria para gozar de un mayor control sobre ONG y organismos internacionales. La movilización de la sociedad civil fue tal que acabó por anular la medida. En este sentido, la coordinación de agendas políticas de este conjunto de organizaciones está siendo fundamental para construir una correlación de fuerzas más equitativa y enfrentarse al gobierno. Algunas iniciativas más amplias que parten de otros sectores también han ayudado en este aspecto. Por ejemplo, en la región del nordeste de Brasil, donde Bolsonaro perdió las elecciones en todos sus estados, las gobernaciones han construido un consorcio jurídico para captar recursos y retomar algunas políticas públicas que fueron derogadas por el gobierno federal. Este ambiente creado a nivel regional está facilitando mucho el diálogo entre la sociedad civil y la esfera pública.
La coordinación de agendas políticas de las ONG y de organismos internacionales está siendo fundamental para enfrentarse al gobierno.
Durante este año también ha habido un gran número de manifestaciones de alcance nacional en la sede central del gobierno en Brasilia, muchas han llamado la atención de medios de comunicación internacionales. Por ejemplo, la VI Marcha das Margaridas, con el lema «En la lucha por un Brasil con Soberanía Popular, Democracia, Justicia, Igualdad y Libre de Violencia» fue la mayor acción protagonizada por mujeres rurales de Latinoamérica: sumó cerca de 100.000 mujeres de todo Brasil y contó con la participación de más de 26 países. Además, también este año ha tenido lugar el Acampamento Tierra Libre, que reunió más de 4000 indígenas de 200 pueblos diferentes que acamparon en Brasilia durante una semana para denunciar la paralización del proceso de demarcación de sus territorios y el intento de cooptación de discursos del movimiento indígena como piezas publicitarias, tal y como hizo el mismo Bolsonaro durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.
Posteriormente, varias organizaciones como Articulación Semiárido Brasileño (ASA) o el Foro en Defensa del Amazonas han conseguido abrir frentes parlamentarios gracias a su incidencia política en el Congreso nacional, lo cual ha permitido entrar en el debate de varios temas importantes. Además, varias organizaciones indígenas de la región amazónica han estado en Roma para participar del Sínodo para la Amazonia, un evento organizado por el Vaticano que fue calificado por Bolsonaro como una «amenaza para la seguridad nacional». El sínodo ha supuesto internacionalmente una apertura de denuncias del ecocidio que está teniendo lugar en la región amazónica bajo el gobierno de ultraderecha.
Por último, en un contexto tan hostil para la agricultura y ganadería familiares, la alimentación es, sin lugar a duda, una de las últimas trincheras de resistencia ante este gobierno. Y esta resistencia pasa por reafirmar los principios de la soberanía alimentaria y la agroecología. Así se hizo en el último Encuentro Nacional de Agroecología en 2018, que reunió a más de 2000 personas del campo de todo Brasil bajo el lema «Agroecología y Democracia: uniendo el Campo y la Ciudad». En estos momentos llenos de obstáculos, la base social formada durante todos estos años, que abarca desde las comunidades rurales hasta los grandes centros urbanos, es lo que mantiene viva la esperanza. Centenas de mercados agroecológicos están funcionando en Brasil, conocidos como Armazém do Campo (Almacenes del campo), una iniciativa del MST que ya está en marcha en seis capitales de estado. Todas estas iniciativas no solo proporcionan comida a la ciudad, también construyen nuevas relaciones de intercambio basadas en la confianza y el respeto entre personas y con la naturaleza. Y, no menos importante, nos brindan espacios para cuidarnos, celebrar la vida, alimentar el espíritu y animar la caminada del pueblo brasileño, tal y como proclama uno de los lemas que más se ha popularizado en las manifestaciones contra Bolsonaro:
«Ninguém solta a mão de ninguém!»
(¡Nadie suelta la mano de nadie!)
Lula Livre!
Gracias a la campaña contra del Partido de los Trabajadores y la manipulación de la justicia, se pudo lograr la prisión de Lula sin pruebas que demostrasen un delito. En el marco de la trama anticorrupción Lava Jato, varios representantes del PT fueron detenidos por malversación de fondos. Lula fue arrestado en abril de 2018 y condenado por supuestos sobornos de empresas constructoras con dos apelaciones pendientes y sin que existiesen pruebas claras. Por entonces Lula lideraba todas las encuestas para las siguientes elecciones y se hizo evidente que su encarcelamiento solamente pretendía impedir que se presentase. El juez acusador, Sérgio Moro, se irguió como un héroe después de conseguir la sentencia de 9 años y 6 meses de prisión y, con la victoria de Bolsonaro, fue nombrado ministro de Justicia, pero más tarde se destaparían sus conversaciones con el fiscal general para orientar la sentencia hacia sus intereses, lo cual representaría un delito grave y anularía todo el proceso. El pasado 7 de noviembre, el Tribunal Supremo de Brasil revirtió la jurisprudencia por la que una persona condenada en segunda instancia podía ir a prisión a pesar de contar con dos apelaciones pendientes. Este cambio ha afectado a más de 4800 personas presas, entre ellas a Lula, que salió de la cárcel el día siguiente, con una repercusión inmensa en el país.
Aún está por ver lo que ocurrirá con Lula, ya que tiene procesos judiciales pendientes, pero su vuelta, ahora en la oposición, ha avivado la esperanza de los movimientos sociales de izquierdas. En el discurso tras su liberación, aseguró que se sentía «con muchas ganas de luchar» y que «recorrerá Brasil defendiendo la soberanía nacional y el legado de su gobierno».