Brasil: Carta de la Tierra, en defensa de la reforma agraria y de la agricultura familiar

Las entidades del Foro defienden, por ello, la creación y la implementación de un Plan Nacional de Reforma Agraria y la construcción de alternativas de desarrollo rural sustentable y solidario para Brasil, que alteren radicalmente el actual modelo de desarrollo agropecuario, excluyente, predatorio y concentrador de tierra, renta y poder. Con este objetivo, luchan para:

1 – la expropiación de los latifundios como el camino constitucional para garantizar la función social de la tierra; una legislación que limite el tamaño de las propiedades rurales a través de enmienda constitucional y la confiscación integral de todas las tierras donde hubiese trabajo esclavo, explotación de trabajo infantil, cultivo de plantas psicotrópicas y de aquellas usadas en prácticas de contrabando o adquiridas mediante prácticas ilegales;

2 – el respeto de los derechos humanos en el campo, combatiendo todas las formas de violencia y el fin de la impunidad; el reconocimiento y la demarcación de las tierras de las comunidades indígenas y de las áreas de remanentes de “quilombos”; la creación de reservas de extracción; la formulación de políticas públicas que respeten la organización socio-cultural y las formas de apropiación y uso de los recursos naturales de los indios y quilombolas y de poblaciones como los ribereños, los extractores de caucho, quebradores de coco y otras;

3 – el planeamiento de la producción familiar que tenga en consideración las diversidades regionales, su viabilidad y sustentación económica, social e ambiental con líneas de crédito de costo e inversión accesibles, con programas de seguro agrícola y de servicios de asistencia técnica pública, gratuita y de calidad y con garantía de precios mínimos justos y de comercialización de la producción;

4 – la implementación de agroindustrias populares en los municipios del interior, en las diversas formas cooperativas y asociativas, para las cuales sean destinados prioritariamente los recursos públicos, para mejorar la renta de las familias y promover un proceso de interiorización del desarrollo y de la economía solidaria;

5 – la producción de semillas por los propios agricultores e agricultoras, inclusive con incentivos a las iniciativas populares de rescate de las semillas criollas, como forma de garantizar las semillas como patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, combaten el patentamiento de seres vivos y la liberación de la producción comercial y uso de semillas transgénicas, inductoras de monopolio que destruye la soberanía de los agricultores y son nocivas al medio ambiente y a la salud humana;

6 – el desarrollo y la diseminación de nuevas técnicas agrícolas no agresivas al medio ambiente, implantando sistemas agropecuarios sustentables que eliminen el uso de agrotóxicos; la preservación de los recursos hídricos y la democratización del acceso a fuentes y manantiales de aguas como bienes públicos y patrimonio de la sociedad;

7 – el mejoramiento y el fortalecimiento del sistema de retiro basado en la seguridad social, pública y universal, permitiendo el acceso y la permanencia de los trabajadores y trabajadoras rurales en el Régimen General del Retiro Social, garantizando una vida digna a la población del campo;

8 – la implementación de directivas operacionales para la educación básica – aprobadas por el Consejo Nacional de Educación – en las escuelas de campo, localizadas prioritariamente en los proyectos de asentamientos, comunidades y distritos rurales, reforzando la utilización de prácticas educativas que tengan como referencia la tierra y el agua, la organización y la cultura del campo, facilitando el acceso a las escuelas, combatiendo el analfabetismo y garantizando el derecho de todos a la educación de calidad en todos los niveles;

9 – la garantía de igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y jóvenes que corrijan discriminaciones en uso, de prácticas y sistemas sociales injustos, buscando su inclusión social a partir de acciones afirmativas para que su potencial organizativo y sus habilidades productivas sean aprovechadas en la construcción de alternativas de desarrollo y de soberanía;

10 – la elaboración de políticas públicas específicas para cada región del País, sobre todo para las que sufren condiciones climáticas adversas, con énfasis en el desarrollo de políticas de convivencia con el semi-árido brasilero, especialmente el nordestino (donde se concentra el mayor número de agricultores y agricultoras familiares) que, sometido al agotamiento de los recursos naturales, a prácticas clientelistas históricas y a tecnologías inadecuadas, queda a merced de programas compensatorios, siendo necesario una urgente política de desarrollo sustentable para el mismo.

En esta lucha por la reforma agraria y en defensa de la agricultura familiar, las entidades y movimientos sociales signatarios de ésta, quieren fortalecer la solidaridad entre los pueblos del Continente Latinoamericano a través de la construcción de mecanismos justos de cooperación y comercialización. Se posicionan, por ello, contrarios a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que representa el monopolio comercial estadounidense, inclusive de las multinacionales del sector de la alimentación y que viene siendo impuesta, concretizando un modelo opuesto a las históricas luchas populares por la democratización de la tierra, de las riquezas y del poder. La continuidad de este tipo de negociaciones y acuerdos requiere la realización de un plebiscito como forma de diálogo y participación amplia de la población en los mismos.

Las entidades esperan aún que los órganos públicos, en todos los niveles de gobierno, sean estructurados y organizados para viabilizar el Plan Nacional de Reforma Agraria, implementando las políticas públicas definidas para su área de actuación y que construyan alternativas de desarrollo para el medio rural, garantizando calidad de vida para la población brasilera.

Brasilia, 22 de abril de 2003

(503 años de colonización y dominio del latifundio en Brasil)

CONTAG – MST – FETRAF-SUL/CUT - CPT – CÁRITAS – ANMTR – MPA – MAB – CNBB - CMP - CONIC – CONDSEF – Pastorais Sociais/CNBB - MNDH – MTL – ABRA – ABONG - APR – ASPTA – CAPOIB – Centro de Justiça Global - CESE – CIMI – CNASI – DESER – ESPLAR – FASE – FAZER – FEEAB – FIAN-Brasil – FISENGE - IBASE – IBRADES – IDACO – IECLB - IFAS – INESC – MLST – PJR – REDE BRASIL – Rede Social de Justiça - RENAP – SINPAF – TERRA DE DIREITOS

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CARTA DA TERRA: em defesa da reforma agrária e da agricultura familiar

As organizações que compõem o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo - acreditando na urgência da democratização do acesso à terra e à água - defendem a realização de uma ampla reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar, pois só elas garantirão o direito ao trabalho para a população rural, historicamente excluída, e a produção de alimentos para o mercado interno, estruturando o caminho para a soberania alimentar para nosso país.

As entidades do Fórum defendem, por isso, a criação e a implementação de um Plano Nacional de Reforma Agrária e a construção de alternativas de desenvolvimento rural sustentável e solidário para o Brasil, que alterem radicalmente o atual modelo de desenvolvimento agropecuário, excludente, predatório e concentrador de terra, renda e poder. Com este objetivo, lutam para:

1 – a desapropriação dos latifúndios como o caminho constitucional para garantir a função social da terra; uma legislação que limite o tamanho das propriedades rurais através de emenda constitucional e o confisco integral de todas as terras onde houver trabalho escravo, exploração de trabalho infantil, cultivo de plantas psicotrópicas e daquelas usadas para práticas de contrabando ou adquiridas mediante práticas ilegais;

2 – o respeito aos direitos humanos no campo, combatendo todas as formas de violência e o fim da impunidade; o reconhecimento e a demarcação das terras das comunidades indígenas e das áreas de remanescentes de quilombos; a criação de reservas extrativistas; a formulação de políticas públicas que respeitem a organização sócio-cultural e as formas de apropriação e uso dos recursos naturais dos índios e quilombolas e de populações como os ribeirinhos, seringueiros, quebradeiras de coco e outras;

3 – o planejamento da produção familiar que leve em consideração as diversidades regionais, sua viabilidade e sustentabilidade econômica, social e ambiental com linhas de crédito de custeio e investimento acessíveis, com programas de seguro agrícola e de serviços de assistência técnica pública, gratuita e de qualidade e com garantia de preços mínimos justos e de comercialização da produção;

4 – a implantação de agroindústrias populares nos municípios do interior, nas diversas formas cooperativas e associativas, para as quais sejam destinados prioritariamente os recursos públicos, para melhorar a renda das famílias e promover um processo de interiorização do desenvolvimento e da economia solidária;

5 – a produção de sementes pelos próprios agricultores e agricultoras, inclusive com incentivos às iniciativas populares de resgate das sementes crioulas, como forma de garantir as sementes como patrimônio da humanidade. Para tanto, combatem o patenteamento de seres vivos e a liberação da produção comercial e uso de sementes transgênicas, indutoras de monopólio que destrói a soberania dos agricultores e são nocivas ao meio ambiente e à saúde humana;

6 – o desenvolvimento e a disseminação de novas técnicas agrícolas não agressivas ao meio ambiente, implantando sistemas agropecuários sustentáveis que eliminem o uso de agrotóxicos; a preservação dos recursos hídricos e a democratização do acesso a fontes e mananciais de águas como bens públicos e patrimônio da sociedade;

7 – a melhoria e o fortalecimento do sistema previdenciário baseado na seguridade social, pública e universal, permitindo o acesso e a permanência dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Regime Geral da Previdência Social, garantindo uma vida digna à população do campo;

8 – a implementação das diretrizes operacionais para a educação básica – aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação – nas escolas no campo, localizadas prioritariamente nos projetos de assentamentos, comunidades e distritos rurais, reforçando a utilização de práticas educativas que tenham como referência a terra e a água, a organização e a cultura do campo, facilitando o acesso às escolas, combatendo o analfabetismo e garantindo o direito de todos à educação de qualidade em todos os níveis;

9 – a garantia de igualdade de oportunidades e direitos para mulheres e jovens que corrijam discriminações decorrentes de práticas e sistemas sociais injustos, buscando sua inclusão social a partir de ações afirmativas para que seu potencial organizativo e suas habilidades produtivas sejam aproveitados na construção de alternativas de desenvolvimento e de soberania;

10 – a elaboração de políticas públicas específicas para cada região do País, sobretudo para as que sofrem com condições climáticas adversas, com ênfase ao desenvolvimento de políticas de convivência com o semi-árido brasileiro, especialmente o nordestino (onde se concentra o maior número de agricultores e agricultoras familiares) que, submetido ao esgotamento dos recursos naturais, a práticas clientelistas históricas e a tecnologias inadequadas, fica à mercê de programas compensatórios, fazendo-se urgente uma política de desenvolvimento sustentável para o mesmo.

Nesta luta pela reforma agrária e em defesa da agricultura familiar, as entidades e movimentos sociais signatários desta, querem fortalecer a solidariedade entre os povos do Continente Latino-americano através da construção de mecanismos justos de cooperação e comercialização. Posicionam-se, por isto, contrários à criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) que representa o monopólio comercial estadunidense, inclusive das multinacionais do setor de alimentação e que vem sendo imposta, concretizando um modelo oposto às históricas lutas populares pela democratização da terra, das riquezas e do poder. A continuidade deste tipo de negociações e acordos requer a realização de um plebiscito como forma de diálogo e participação ampla da população nos mesmos.

As entidades esperam ainda que os órgãos públicos, em todos os níveis de governo, sejam estruturados e organizados para viabilizarem o Plano Nacional de Reforma Agrária, implementando as políticas públicas definidas para sua área de atuação e que construam alternativas de desenvolvimento para o meio rural, garantindo qualidade de vida para a população brasileira.

Brasília, 22 de abril de 2003

(503 anos de colonização e domínio do latifúndio no Brasil)

CONTAG – MST – FETRAF-SUL/CUT - CPT – CÁRITAS – ANMTR – MPA – MAB – CNBB - CMP - CONIC – CONDSEF – Pastorais Sociais/CNBB - MNDH – MTL – ABRA – ABONG - APR – ASPTA – CAPOIB – Centro de Justiça Global - CESE – CIMI – CNASI – DESER – ESPLAR – FASE – FAZER – FEEAB – FIAN-Brasil – FISENGE - IBASE – IBRADES – IDACO – IECLB - IFAS – INESC – MLST – PJR – REDE BRASIL – Rede Social de Justiça - RENAP – SINPAF – TERRA DE DIREITOS