Bolivia: La Guerra del Agua, la victoria de la democracia

Por Mª Cruz Tornay

22 de febrero de 2016

Las políticas de reestructuración impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional terminaron con la privatización de los sectores estratégicos, como la minería o las comunicaciones, pero también de unos servicios básicos a menudo deficitarios. Tras años de ajustes neoliberales, en 1999 le llegó el turno al sistema de agua de la ciudad de Cochabamba. El consorcio internacional Aguas del Tunari, con participación de la española Abengoa, recibió la adjudicación de la empresa municipal de suministro y la ejecución del megaproyecto Misicuni, una presa con la que se podría suministrar agua y electricidad a la ciudad de Cochabamba de forma permanente.

Los servicios autónomos de agua y de riego que abastecían a las zonas rurales fueron expropiados y entregados al consorcio internacional. Las poblaciones campesinas perdían en los procesos de reajustes el derecho sobre unas fuentes de las que dependía su subsistencia, mientras que se prohibían los sistemas tradicionales de distribución que, a partir de la concesión, entraban en competencia ilícita con Aguas del Tunari. De forma inmediata, las tarifas subían hasta un 300 por ciento en algunas zonas de la ciudad. El incremento impuesto por el consorcio, sin ningún tipo de negociación, obligaba a las familias de bajos recursos a destinar hasta un 20 por ciento de sus ingresos a costear el agua. El impago del servicio podía conllevar juicio coactivo, es decir, la deuda con la empresa privada podía acabar en el desahucio y en la confiscación de bienes.

Las campesinas y campesinos cocaleros afectados por la privatización de las fuentes de riego y la población urbana castigada por la subida de tarifas se unieron en las movilizaciones contra la privatización del suministro convocadas por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. En los primeros días de febrero del año 2000 comenzaron las protestas pacíficas en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba en las que se logró demostrar la unidad de la población y la legitimidad de las demandas. La represión estatal durante los dos días que duraron los enfrentamientos dejó a 175 personas heridas. Sin embargo, se pudo alcanzar un acuerdo con el gobierno para la revisión de la ley y del contrato, además de regresar las tarifas a los precios que existían antes de la concesión privada.

La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida convocó un referéndum referéndum, no previsto entonces en la legislación, para preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la privatización del servicio y la subida de tarifas. El rotundo no –que llegó al 98 por ciento- no fue escuchado por un gobierno que se negaba a romper el contrato. La población volvió a tomar las calles. Esta vez exigiendo, además, la salida del presidente Hugo Benzer y la convocatoria de una asamblea popular constituyente. El aumento de la represión, con la persecución de miembros de la coordinadora y la muerte de un joven de 17 años, fue contestado con una participación mayor en las calles de Cochabamba. La lucha no había sido en vano. Un acuerdo con el Gobierno ponía fin al contrato con Aguas del Tunari. La Guerra del Agua se convertía en la primera victoria contra el neoliberalismo.

La victoria de la democracia

Marcela Olivera tenía 30 años cuando se sumó a las movilizaciones por el derecho al agua. Para ella, el recuerdo de las jornadas de protesta “se resume en la palabra democracia”. Una democracia no entendida como la delegación de decisiones a un sistema de partidos, ya que la Guerra del Agua le hizo entender que “la verdadera democracia nunca es delegada, es directa, se construye en las calles, y en el 2000 estaba en la plaza y las barricadas, se manifestaba a través de la solidaridad de la gente, de la discusión entre nosotros y de la deliberación en los cabildos”. En esta lucha no sólo se conquistó el derecho al agua, sino el “derecho a decidir y a ser escuchados, que ha abierto el camino a una larga lucha por tener el derecho a construir nuestra propia forma de democracia, conquistar el derecho a autogobernarnos, una radicalización de la democracia basada en un tipo de democracia directa, donde los representantes son servidores de la gente y no al revés”.

Efectivamente, aquella fue una victoria sobre demandas concretas que afectaban al bienestar de la ciudadanía. Pero, en realidad, hubo un triunfo mayor: “Esta fue la primera victoria popular en 18 años de neoliberalismo y ha cambiado la historia. Lo que ha comenzado desde entonces es un gradual cambio en la correlación de fuerzas entre las élites gobernantes y la gente trabajadora”.
La existencia de un estado que privilegiaba al capital frente los derechos de la población había sido respondida con formas de resistencia y organización popular al margen de la legalidad estatal, como lo fue el caso de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. La Guerra del Agua de Cochabamba dejó como lección la experiencia de que existen otras formas de gestión alternativas a los modelos público y privado y en los que las comunidades adquieren un papel protagónico. Según sostiene Marcela, en la actualidad estas formas de toma de decisiones están amenazadas por la centralización de la democracia en el Congreso y en el Gobierno y por la ausencia de mecanismos para la participación directa de la ciudadanía.

Pasados quince años desde la victoria contra la privatización, la lucha por el acceso al agua presenta nuevos desafíos. El 60 por ciento del abastecimiento en Cochabamba se realiza a través de sistemas autónomos, pero ahora, las fuentes de agua están amenazadas por la contaminación y la expansión del modelo extractivista, explica Marcela. Para esta activista, la retórica del estado es diferente, con alusiones a los derechos de la naturaleza y al Buen Vivir, sin embargo, “las acciones y resultados son los mismos de los gobiernos previos”.

Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el nº 68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.

Fuente: OMAL