Boletín N° 542 de la RALLT. Especial sobre Derechos Humanos
RALLT y Alianza por la Biodiversidad elaboraron informe sobre la relación a los derechos humanos y la expansión de la soja en Paraguay / Agricultura con transgénicos acapara territorios y genera pobreza rural, denuncian a la CIDH / Campesinos latinoamericanos reclaman ante la CIDH. Red por una América Latina Libre de Transgénicos
RED POR UNA AMÉRICA LATINA LIBRE DE TRANSGÉNICOS
BOLETÍN 542 Contenido
ESPECIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS
RALLT y Alianza por la Biodiversidad elaboraron informe sobre la relación a los derechos humanos y la expansión de la soja en Paraguay
Agricultura con transgénicos acapara territorios y genera pobreza rural, denuncian a la CIDH
Campesinos latinoamericanos reclaman ante la CIDH
=======================================================
RALLT y Alianza por la Biodiversidad elaboraron informe sobre la relación a los derechos humanos y la expansión de la soja en Paraguay
La Red por una América Latina Libre de Transgénicos y la Alianza por la Biodiversidad preocupados por las constantes denuncias sobre la violación a los derechos humanos en Paraguay, muchos de los cuales están relacionados con la expansión de los monocultivos de soja transgénica en el país, realizó una misión de verificación internacional.
El informe se basó en la revisión bibliográfica sobre esta problemática, y en una gira de verificación llevada a cabo el día 19 de octubre del 2013, en el Guayaibí, Departamento de San Pedro.
Paraguay ocupa el 6º lugar en producción de soja y el 4º como exportador a nivel mundial. Según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos (DGEEC), en el 2007 la pobreza extrema en el campo creció hasta un 24,4%, lo que supone un 4% más que en 2005. Además, el 10,6% de la población rural se encuentra en la franja de pobres no extremos, un 5% menos que en el 2005.El incremento de la producción de soja ha significado también la sustitución de cultivos alimenticios de los que depende la soberanía alimentaria del pueblo por la producción de un cultivo de exportación que beneficia a unos pocos, la mayoría de ellos, no paraguayos; y la desaparición de su bosque nativo y las áreas protegidas donde moran comunidades indígenas.
El día El día 19 de octubre de 2013, una delegación internacional de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil y el Estado Español realizamos una visita de verificación sobre los impactos de la soja en el Departamento de San Pedro.
Durante el mes de octubre empieza a prepararse la tierra para la siembra. A lo largo del recorrido desde Asunción hasta San Pedro se observa la tierra tratada con herbicidas, que presenta un color rojizo, lo que da cuenta del mal estado de la salud del suelo, luego de tantos tratamientos con herbicidas y otros agrotóxicos.
En medio del suelo quemado, en algunos lugares empiezan a crecer matas de soja o maíz transgénico resistente a glifosato.
En estas zonas es muy difícil observar árboles, con excepción de los eucaliptos que han sido plantados para la producción de celulosa, lo que dañará aun más las condiciones del suelo.
La presencia de Cargill es muy fuerte, hasta el extremo que forma parte del paisaje de la región. En el recorrido pudimos ver silos, camiones y señalización de la empresa hasta el extremo de que nos dio la impresión de que este fuera un territorio tomado por la empresa.
En el paisaje sobresale de manera más directa la presencia de Monsanto. En los futuros campos de maíz se aprecian letreros DKB390, un maíz de Monsanto diseñado para climas tropicales. De acuerdo a los testimonios que nos ofrecieron pobladores de la zona, el maíz está creciendo en zonas donde antes se sombraba sólo soja, y las fincas de los productores sirven como sitios demostrativos de los maíces de la empresa. De esta forma, la empresa consigue expandir su influencia en los campos paraguayos.
Una vez llegados a la comunidad, sus integrantes nos recibieron y los primeros habitantes nos narraron la historia de cómo se conformó la comunidad, de cómo ellos han sido fuertemente golpeados por la represión, el cambio climático y la soja.
Del territorio original, el 80% está ahora ocupado por la soja, y sus propietarios son todos brasileños.
La comunidad se ha organizado para tener un pedazo de bosque. El bosque es muy importante para todos, pues de ahí se proveen de leña para hacer carbón. Usan únicamente las ramas secas para no acabar con los árboles. De la misma manera, se proveen de plantas medicinales y de frutos.
Itatí , una de las jóvenes que estudia en un centro de estudios agroambientales, que es gestionado por la propia gente de la comunidad, conoce el nombre de todos los frutos comestibles y las plantas medicinales de la zona. Tiene conocimientos sobre su uso, la época de fructificación, cuándo están listos para ser comidos, y muchas cosas más.
Pero este bosque está en peligro, pues está siendo rodeado por plantaciones de soja. Algunos miembros de la comunidad han arrendado o vendido la tierra al productor sojero brasileño. En algunos casos les ofrece trabajo (temporal); en otros, ingresos seguros a través del arrendamiento de la tierra.
Pero en el caso de la madre de Itatí, la historia es diferente. Con ella están usando un sistema de hostigamiento. Ella vive en el límite de la plantación de soja, y ella y su familia reciben todos los químicos que se usan ahí. También se afectan sus cultivos. La yuca se le seca, así como el maíz y otros productos.
Su vaca tuvo un ternero que le nació enfermo. Ese es un efecto muy común entre los animales expuestos al glifosato.
Luego de repetidas quejas, los empleados de los brasileños empezaron a fumigar a partir de las 3 AM. Pero de todos modos, los tóxicos les llegan. Para minimizar el efecto de los químicos, ella puso una barrera de árboles, de unos 10 metros, entre su terreno de 5 has y la plantación de soja, pero los empleados del sojero quemaron un sector del cerco, y ahora tiene que esperar que la vegetación vuelva a crecer.
El hermano de Itatí, un niño de cinco años y su amigo nos enseñaron su piel, llena de granos. Su papá también se queja pues ya no puede trabajar como antes, porque se siente débil desde que llegó la soja.
Caminamos a la largo del límite entre las dos propiedades hasta llegar a la plantación de soja. El suelo estaba quemado, pues habían fumigado ocho días atrás. Cuando el sol brillaba con más fuerza, se levantó un fuerte olor a agrotóxicos, comenzaron a ardernos los ojos, a picarnos la cara y uno de los compañeros sufrió inicios de asma.
En el campo de soja se veían los primeros brotes de soja, pero también observamos algunas hierbas invasivas (mal llamadas malezas), que habían sobrevivido al glifosato. ¡Habían surgido las primeras super - malezas!
Luego del recorrido de campo, y de la revisión bibliográfica sobre los impactos de la expansión de los cultivos de soja en Paraguay, se obtuvieron las siguientes conclusiones del informe:
1. Existe una fuerte relación entre la violación a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y campesinas asentadas en la zona de expansión de la soja transgénica en Paraguay.
2. Estas violaciones incluyen desplazamientos forzados, criminalización y atemorización de las poblaciones locales y se les niega el derecho a la salud, a la vivienda, a una alimentación sana y a un ambiente libre de contaminación.
3. Muchas de las plantaciones están en manos de extranjeros, especialmente brasileños, que han ocupado tierras de comunidades indígenas y campesinas.
4. Estos desplazamiento constituyen además una violación al derecho a la alimentación, pues las zonas antes dedicadas a la producción de alimentos están dedicadas hoy a la producción de soja, lo que debilita la soberanía alimentaria de la población.
5. Además la expansión de las plantaciones de soja transgénica ha destruido otras fuentes base de sobrevivencia de muchas comunidades rurales, porque estas plantaciones se han expandido sobre bosques y otros ecosistemas naturales que proveen bienes y servicios a las comunidades.
6. Las fumigaciones constantes, que son parte del paquete tecnológico con el que se siembra la soja transgénica, han deteriorado el estado de salud de la población que está en la zona de influencia de los cultivos de soja
7. Existe un grupo pequeñas de empresas (en su mayoría extranjeras) que se ha beneficiado de la expansión de la soja transgénica en Paraguay, especialmente Cargill y Monsanto.
El informe completo puede ser bajado de
======================================================
Agricultura con transgénicos acapara territorios y genera pobreza rural, denuncian a la CIDH
Afirman que Monsanto, con una participación del 90 por ciento del negocio, está provocando la indigencia en el campesinado de América Latina
Por Giannina Parrado - La Gran Época
9 Nov 2013
ROSARIO, Argentina - Organizaciones ambientales y sociales de Argentina plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la preocupante situación de pobreza e indigencia de las comunidades campesinas de América Latina debido a la ya conocida industria de transgénicos y agroquímicos que está acaparando los territorios.
La audiencia tuvo lugar en Washington, Estados Unidos, en el marco del período ordinario de sesiones de la CIDH a fines de octubre y contó con la participación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC-Vía Campesina y el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, comunicó dicha organización.
La presentación estuvo acompañada de un informe en el que se describen los obstáculos para el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las y los campesinos en América Latina, con especial énfasis en los derechos a la alimentación y al territorio; la situación particular de las mujeres campesinas; y la persecución y criminalización de la lucha campesina.
Dichas organizaciones reclamaron que la agricultura industrial, al instaurarse como nuevo modelo tecnológico que impulsan las corporaciones transnacionales, basado en el uso de semillas transgénicas, además de grandes cantidades de agrotóxicos y maquinarias, tienen por principal objetivo el lucro. Esto se da a partir de la mercantilización de los alimentos, y su incorporación a las dinámicas especulativas de los mercados financieros.
Entre los datos presentados, destacaron que la concentración del mercado global de alimentos e insumos utilizados en la cadena agroindustrial es casi total: Monsanto controla el 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y el 27% del mercado mundial de semillas y, junto con otras diez corporaciones, más del 90% del mercado mundial de agroquímicos, ligados indisolublemente al uso de semillas transgénicas.
CELS afirmó además, que a esta comercializadora se suman ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus,controlando el 90% del comercio mundial de granos. Este modelo en el cual los alimentos se constituyen en mercancías sujetas a la especulación del mercado financiero, constituye una de las causas del hambre en el mundo, y a su vez la principal amenaza para las comunidades campesinas. Estas corporaciones, poseen una fuerte capacidad de lobby sobre los Estados logrando en muchos casos que las políticas agropecuarias están orientadas a maximizar sus oportunidades más que al apoyo a los agricultores y campesinos para el desarrollo rural.
Acaparamiento de tierras
Las organizaciones calificaron de plano a este tipo de agricultura y sus derivaciones, como “agronegocios”, y advierten que avanzan sobre territorios y comunidades campesinas, provocando una tensión entre dos modelos: el modelo de agricultura Industrial y el de la agricultura campesina.
Se informó a la Comisión, además, que en muchos casos esa fricción se resuelve vulnerando derechos de las comunidades campesinas, desembocando en una disputa dentro de los territorios locales.
En este sentido alegaron que tal acaparamiento de tierras por parte de estas empresas y grupos de negocios provoca el famoso éxodo rural de las familias campesinas, pero que además coloca esas tierras en función del mercado global y debilita los mercados locales de alimentos.
A la par, afirmaron que los niveles de pobreza e indigencia persisten en la problemática campesina debido a la falencia en el sistema de políticas económicas de los Estados y que las crisis de abastecimiento de alimentos y económicas tienen un impacto diferenciado en las poblaciones rurales.
Esta desigual correlación de fuerzas se materializa en una situación cada vez más desfavorable para las comunidades campesinas pero también para los pueblos en su conjunto, atento a que cada vez se alimentan peor a mayores costos, concluyeron los especialistas.
El nuevo modelo industrial afecta a millones de campesinos
El CELS enfatizó que las comunidades campesinas son un grupo poblacional de especial relevancia en América Latina y el Caribe.
En sus declaraciones, recordaron que actualmente, de los 595 millones de personas que habitan esta región, el 20,5% viven en zonas rurales, lo cual significa que, a pesar de la migración de los habitantes rurales a los centros urbanos que se ha profundizado en los últimos 30 años, dichas poblaciones continúan teniendo una fuerte presencia dentro de los países de la región.
La agricultura campesina ocupa a nivel global el 25% de las tierras arables con lo que logra alimentar al 70% de la población Mundial, informó CELS.
La no intervención estatal dentro de esta problemática es un disparador dentro de la actual crisis alimentaria global y que se manifiesta, según informaron los expertos, en aproximadamente 1000 millones de personas mal nutridas y 500 millones de obesos.
En su manifiesto ante el comisionado se remitieron, asimismo, a las conclusiones del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (Fida) sobre pobreza, según la cual a 2010 la pobreza en las zonas rurales de América Latina y el Caribe era el doble de la que se presenta en los centros urbanos, y el coeficiente de Gini global demuestra que la región es “líder mundial en la desigualdad de ingresos”.
Las organizaciones peticionantes expusieron que este tipo de problemáticas, si bien han sido una constante en la historia de las comunidades rurales, se profundizaron en la última década.
==========================================================
Campesinos latinoamericanos reclaman ante la CIDH
Por: Alejandro Rebossio | 09 de noviembre de 2013
Casi no apareció en los grandes medios de comunicación, pero el pasado 29 de octubre la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)-Vía Campesina (VC), que nuclea a 84 colectivos de 18 países de la región, compareció en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación de derechos económicos, sociales y culturales del campesinado. Con el apoyo del argentino Centro de Estudios Legales Sociales, los líderes de CLOC-VC plantearon sobre los problemas para mantener la alimentación y el territorio de los pequeños agricultores, la discriminación de las mujeres en las zonas rurales la persecución y criminalización de la lucha campesina.
La CLOC-VC presentó a la CIDH un informe que denuncia la pobreza rural más que duplica la urbana en Latinoamérica. El 20,5% de los 595 millones de habitantes de la región vive en el campo. En el mundo, el 80% de los que sufren hambre y el 75% de los que padecen la extrema pobreza residen en zonas rurales, pero en América Latina las cifras son aún mayores. La pobreza rural asciende al 60,8% en México, el 70,5% en Guatemala, el 65,4% en Honduras, el 67,9% en Nicaragua, el 46,5% en El Salvador, el 59,8% en Panamá, el 50,3% en Colombia, el 57,5% en Ecuador, el 54,2% en Perú, el 77,3% en Bolivia, el 49,8% en Paraguay y solo el 6,2% en Uruguay, según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura. La lucha campesina ha vuelto a ser noticia este año en países como Colombia o Paraguay. En particular, los agricultores advirtieron en Washington que en Brasil se planean usar 70 millones de hectáreas para cultivos que sirvan para elaborar biocombustibles y que en Guatemala la producción de maíz nativo se redujo el 15,7% entre 1990 y 2004.
Los campesinos atribuyeron las violaciones a sus derechos a la acción de las multinacionales y al modelo de “agricultura industrial que promueven por medio de la presión, el lobby y la violencia, patrones comunes en el continente”. En concreto, ellos sostienen que los pequeños agricultores son desplazados de sus tierras por grandes y medianos terratenientes locales o extranjeros que usan las semillas, los fertilizantes y demás agroquímicos provistos por las empresas foráneas para producir con destino a la exportación, en lugar del autoabastecimiento familiar. La CLOC-VC denunció el “acaparamiento de tierras y agua y la apropiación ilegítima de semillas por parte de las corporaciones” y alteró que estos fenómenos traen como consecuencia el éxodo rural y el trabajo esclavo en grandes plantaciones, entre otros efectos. También advirtió sobre la extranjerización y la privatización de terrenos, recursos hídricos y semilla y la contaminación con “agrotóxicos”. En la periferia de Córdoba (Argentina), en la localidad de Malvinas Argentinas, ecologistas llevan un mes y medio bloqueando el acceso a un predio donde la norteamericana Monsanto estaba construyendo una planta de acondicionamiento de semillas de maíz como modo de protesta contra la agricultura transgénica.
Campesino
“Nos preocupa la conflictividad a partir del desarrollo de las políticas de privatización que hubo y que hay en nuestro país, por los tratados comerciales, por las concesiones mineras, por las concesiones petroleras y las concesiones de hidroeléctricas”, planteó la situación de Guatemala, similar a la de otros rincones de la región, el coordinador general del Comité de Unidad Campesina guatemalteca, Daniel Pascual, que además integra la Convergencia Nacional Maya Waqib Kej. “El acaparamiento de la tierra para cultivar palma y caña para agrocombustibles está llevando a una reconcentración de la tierra y a partir de eso se ha dado una serie de violaciones de derechos humanos, individuales y colectivos que tienen que ver con la violación al derecho a ser consultados para estas políticas. Hay una imposición de las empresas en territorios de pueblos indígenas. Estamos hablando de más de 300 licencias de explotaciones mineras entre exploración y explotación, 119 licencias para proyectos hidroeléctricos y recientemente la creciente criminalización de dirigentes y líderes comunitarios. Toda esa criminalización de los defensores de los derechos humanos pasa a manos de los juzgados, en donde giran órdenes de captura, y cuando éstos no lo logran, el organismo ejecutivo se encarga de hacer estados de sitio, que anulan formalmente y de hecho las diferentes garantías constitucionales”, continuó Pascual.
“Esto ha llevado también a niveles de asesinatos, amenazas, desapariciones y secuestros, como fue el caso de la comunidad indígena Santa María Xalapán”, puntualizó el líder campesino guatemalteco. “Esta persecución no es solo penal sino (también) por parte de las empresas privadas de seguridad. Hay algunos casos que están siendo procesados en los tribunales. Incluso ya hay penas en contra de jefes de guardias privados de seguridad”, añadió Pascual, que se quejó además de periodistas y columnistas de medios de comunicación que tachan a la lucha campesina de terrorista.
En línea con la denuncia de criminalización, el pasado jueves un juez de Clorinda, en la provincia norteña de Formosa, Santos Garzón, procesó a tres miembros de la comunidad indígena qom Potae Napocna Navogoh y a su líder, Félix Díaz, por supuesta "resistencia a la autoridad y robo de armas" en la mañana del 23 de noviembre de 2010, antes de producirse la represión policial entre familias qom, que terminó con la muerte de un campesino y un uniformado. "En estos momentos estamos acusados en tres causas: por usurpación de nuestro territorio, por atentado a la autoridad a mano armada, por robo de armas, por lesiones graves y leves, por instigación a cometer delitos e incluso por abuso sexual y homicidio. Nos acusan de todos estos cargos falsos, pero no hay ni un policía, ni un gendarme, ni un funcionario provincial imputado en alguna causa. Tampoco hay pruebas contra nosotros, no las hay pues son inventadas. Somos gente pacífica y de bien. Estamos siendo perseguidos por la provincia de Formosa y sus aliados por atrevernos a denunciar los delitos provinciales. Por eso están intentando criminalizarnos hasta destruirnos", adviritió la comunidad qom que dirige Díaz, que en los últimos años se ha convertido en un líder indígena de referencia nacional en Argentina.
======================================================
RALLT