Boletín N° 165 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

NUESTRA OPINIÓN

Todos los días deberían ser el Día de la Tierra

Este mes, el día 22 de abril celebramos el Día de la Tierra, un día que surge en la década de 1970 a partir de la preocupación de activistas ambientales por la contaminación y degradación ambiental que afectan la biodiversidad y, a largo plazo, la supervivencia del planeta. Es un día que tiene como objetivo la toma de conciencia pública sobre estos problemas.

Se puede afirmar que desde los años ‘70, la cuestión ambiental entró en forma decisiva en el debate público, repercutiendo incluso a nivel de los estados nacionales y sus estructuras. ¿Qué país no tiene actualmente un Ministerio de Medio Ambiente? Se organizaron diversas conferencias sobre el tema, por ejemplo Estocolmo (1972), Rio de Janeiro (1992) y Johannesburgo (2002), y continúan organizándose, como la conferencia Rio +20 el año que viene.

Sin embargo, también podemos observar que, a pesar de bonitos discursos sobre “sustentabilidad”, la conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta todavía no se ha traducido en soluciones concretas y estructurales, sobre todo por parte de aquellos estados que más contribuyen a la contaminación y explotación de los recursos naturales. Con respecto a las últimas negociaciones sobre las medidas para combatir el cambio climático, celebradas en Bangkok, Tailandia, la red de mujeres y cambio climático, llamada GenderCC, observa que los “...compromisos asumidos por los países desarrollados continúan evitando su responsabilidad histórica...”, mientras denuncia la “...fuerte confianza en soluciones falsas y peligrosas...”.

En este boletín mostramos, una vez más, varias de estas falsas soluciones que se están expandiendo por la Tierra y cómo causan problemas para las comunidades locales, como es el caso de un proyecto REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) en el Sur de México, y proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) de represas en la India. Mostramos también cómo a nivel de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima se busca introducir un nuevo mecanismo perverso, las “plantaciones forestales en extinción”. Su objetivo es expandir todavía más los monocultivos de árboles en gran escala, sembrando más conflictos ambientales en el futuro.

Como afirma Gender CC, los gobiernos que más contribuyen a la degradación ambiental y, por lo tanto, son los más responsables de poner en práctica una toma de conciencia de los problemas ambientales, continúan omisos. Deberían aprender más de las iniciativas y lecciones que brindan los pueblos en sus diversas organizaciones y movimientos. Queremos destacar, en este boletín, la contribución cada vez más importante de las mujeres.

Citamos, por ejemplo, a las mujeres del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra en el Brasil, que ocuparon plantaciones de eucalipto que sirven únicamente para un consumo desenfrenado de papel por una minoría de la humanidad del Planeta Tierra, lo que las mujeres consideran una violencia grave. Ellas han plantado, en esa misma área, los alimentos básicos que el pueblo, excluido por las sociedades del consumo excesivo, necesita. Cabe recordar que este mes también celebramos el 17 de abril el Día Internacional de la Lucha por la Tierra. Hoy, año 2011, numerosas campesinas y campesinos todavía no tienen garantizado el acceso a la tierra, y las falsas soluciones citadas anteriormente acaban agravando la mala distribución de las mismas, por ejemplo, incentivando monocultivos para la producción de agrocombustibles, que son una de esas falsas soluciones.

Y damos voz también a la Coalición Asiática de Mujeres Rurales, que denuncia las falsas energías limpias, como la energía nuclear, tan debatida desde la catástrofe reciente en el Japón. La Coalición llama la atención al hecho de que estas usinas, que continúan expandiéndose por Asia “...son construidas en la periferia de las capitales, cuya población es quien carga con los riesgos y los costos…”. Afirman asimismo que “La energía generada por estas usinas nucleares que es utilizada para promover el crecimiento industrial y económico, contribuye a un estilo de vida materialista de un grupo de personas y a detentar el poder hegemónico en el mundo, que se ha mantenido en detrimento de las poblaciones de las zonas rurales.”

Todos los días deberían ser el Día de la Tierra. Todos los días deberían crecer en las mujeres y en los hombres la alerta y la conciencia mundial sobre la situación de crisis y riesgo que enfrentamos. Esto es crucial para hacer frente tanto a las falsas soluciones que las empresas y los gobiernos de los países más contaminantes defienden como a sus nefastas consecuencias.

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COMUNIDADES Y BOSQUES

México: REDD+ en Chiapas financia enfermedad, muerte y confrontación intercomunitaria

En México, la deforestación avanza a un ritmo acelerado, al compás de diversos megaproyectos: la rápida expansión de monocultivos industriales de palma aceitera y plantaciones de jatrofa para la producción de biocombustible; la construcción de represas; las concesiones mineras; la creación de centros de reasentamiento de complejos prefabricados en los sitios estratégicos de extracción de recursos y reconversión de la tierra; el turismo en gran escala; las carreteras, que viabilizan los proyectos.

El llamado “desarrollo” se interna no solamente en la selva sino en territorios indígenas autónomos y comunidades campesinas cuya resistencia a la expulsión, que definen como “cultural y física”, ha sido violentamente reprimida, dejando un saldo dramático de presos, heridos y muertos.

La expansión de los negocios aprovecha ahora el grave problema del cambio climático, una de cuyas causas – aunque no la primera – es la deforestación.

Los intereses que luchan a brazo partido para no cambiar un sistema económico que ha confluido en esta amenaza mundial, le han buscado la vuelta al problema y han creado – entre varios otros subterfugios – el mecanismo denominado REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques). Esta estrategia, que atribuye un valor financiero al carbono – expresado en “créditos de carbono” - contenido en los árboles, aduce ser un incentivo económico para que a los países en desarrollo les resulte más rentable proteger los bosques que cortarlos.

La otra cara de la moneda es que, por un lado, los países ricos que compran los créditos de carbono pueden seguir contaminando, y por otro lado, las comunidades que dependen de los bosques son expulsadas y se les niega el acceso a lo que hasta ahora consideraban sus tierras.
El gobierno mexicano está alineado a la concepción mercantil de los bosques, considerados como meros reservorios de carbono, y ha abrazado con entusiasmo la estrategia REDD. Como documenta Gustavo Castro Soto (1), el Estado de Chiapas “se lanza a la delantera en la carrera por el negocio del Cambio Climático, poniendo a sus bosques, selvas y plantaciones de monocultivos al servicio del mercado de carbono. Nuevamente, el subsidio del estado a las empresas se plasma en el negocio de la crisis climática con la participación de ONGs conservacionistas empresariales, trasnacionales, al servicio del lucro ambiental. … Así, desde 2009, el Gobierno de Chiapas inició la construcción del Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH) financiado por la Embajada Británica, y Conservación Internacional (CI) como actor clave en su conducción”.

El informe da cuenta de que los proyectos piloto que tiene Conservación Internacional para 2011 en Chiapas – donde existen un millón 300 mil hectáreas consideradas reservas naturales, de las cuales casi el 50 por ciento están en la selva Lacandona – entran dentro del esquema del acuerdo firmado en noviembre de 2010 entre los gobernadores de California, Arnold Schwarzenegger; de Chiapas, Juan Sabines Guerrero; y de Acre, Brasil, Arnobio Marques de Almeida Junior, en el contexto de la Tercera Cumbre Global de Gobernadores ante el Cambio Climático llevada a cabo en California, Estados Unidos. Ese acuerdo establece las bases para iniciar un mercado de compraventa de bonos de carbono, integrando REDD y otras actividades de carbono forestal a los marcos regulatorios de Estados Unidos y otras partes.

Esto implica que las autoridades de Chiapas deben generar las condiciones para la compra de bonos de carbono.

De ahí el convenio que en diciembre de 2010 suscribió el gobernador de Chiapas con las comunidades de la Selva Lacandona, que, como anuncia el referido informe, serán usadas por el gobierno “para confrontarse con otras organizaciones y comunidades indígenas y campesinas al promover su expulsión incluso con violencia”. En tal sentido, el gobernador de Chiapas arengó a los comuneros con estas palabras: “ustedes se van a comprometer a cuidar las reservas, que nadie se meta, a cuidar que nadie quite los árboles, a cuidar que nadie se meta a cazar, la van a cuidar para todo el planeta, para todo Chiapas, para todo México, para toda la humanidad la van a cuidar.” Sin embargo, inmediatamente fuera de la zona destinada para la venta de carbono, el gobierno aseguró que continuará la expansión de las agroindustrias, de los centros turísticos, de las plan taciones industriales de palma aceitera, entre otros emprendimientos.

El proyecto REDD tiene como escenario una región donde las comunidades campesinas, como describe Jeff Conant en un exhaustivo informe del recorrido que realizó recientemente por la zona (2), han convivido con la selva abriendo espacios productivos para plantar maíz y frijoles, pero resistiendo los emprendimientos destructivos de la agroindustria: ganadería, tala ilegal de maderas preciosas, explotación petrolera.

La respuesta de las autoridades ha sido la aplicación de programas arbitrarios de “protección forestal”. Crearon reservas excluyentes, como la Biosfera Montes Azules, y expropiaron diversas áreas aledañas. No obstante, el movimiento campesino en defensa de su territorio, recursos y cultura indígena iniciado por las comunidades de Amador Hernández, zona núcleo de la Reserva de Montes Azules, y decenas más en las zonas vecinas, logró detener en 2008 la ejecución de la expropiación.

Pero las presiones han sido fuertes. Los inversionistas del proyecto REDD+ impulsado por el gobierno estatal y federal para presentarlo en Cancún en la COP16, exigían la certeza jurídica sobre el territorio. Frente a ello, según denuncia el COMPITSCCH (Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas) (3), en abril de 2010, sin mediar aviso ni explicación, el gobierno retiró el personal médico y suspendió el suministro de medicamentos y los traslados aéreos para los casos urgentes en la región Amador Hernández, seguramente con el objetivo de castigar y doblegar a una región con historia de resistencia. Esta medida, en un contexto de histórica medicalización indiscriminada y falta de acciones de promoción y educación para la salud, provocó un disparo e n la morbilidad. Y fue por este resquicio de dependencia – la salud regional medicalizada – donde se intentó doblegar, por muerte y enfermedad, a los rebeldes, los niños y ancianos primero.

Según informa el COMPITSCCH, “Los infantes, carentes de vacunas, han enfermado por cientos y decenas de ellos han tenido que ser trasladados de emergencia a centros hospitalarios, como el hospital San Carlos en el municipio vecino de Altamirano. Las fiebres no ceden y mantienen elevados picos febriles durante semanas; varios presentan cuadros de asfixia y azulamiento en los dedos de las manos, y otros más cursan una persistente tos seca típica de la tosferina. Los hay también que se convulsionan por dificultades respiratorias, produciéndose a veces desmayos, pero en estos casos, al parecer, la causa estaría en un mar de parásitos que colman las vías altas”.

A principios de este mes, la asamblea comunitaria de Amador Hernández envió una carta abierta (4) a autoridades del gobierno federal reclamando que restablezcan el servicio de salud y exigiendo al gobierno de Chiapas, entre otras cosas, “Que suspenda el proyecto REDD+ estatal en la Comunidad Zona Lacandona por constituir un plan de contrainsurgencia que promueve el enfrentamiento con las comunidades vecinas” y “Que deje de estar engañando a los pueblos indígenas sobre el objetivo climático del proyecto REDD+ en Chiapas y declare su verdadero propósito: conservar y recuperar la biodiversidad de las áreas más ricas para entregarlas al control y explotación trasnacionales”.

Esta carta fue apoyada y circulada como alerta de acción internacional por varias organizaciones sociales de distintos países del mundo, quienes invitan a firmarla y enviar nombre, afiliación institucional (si tiene), país, y dirección de correo electrónico a: gro.ygoloceecitsujlabolg@tcatnoc

La asamblea de la comunidad Amador Hernández de Chiapas tiene claro lo que significa el proyecto REDD+:“Para los pueblos indígenas que libre y valientemente han decidido caminar su destino en camino distinto al del régimen político y sistema económico que todo vuelve mercancía y despojo, el mal gobierno manda enfermedad y muerte lentas, y proyectos que potencien su confrontación intercomunitaria, hoy pagada con los recursos de REDD+. Y todo esto instrumentado en nombre y servicio de la humanidad.”

Artículo elaborado en base a la información obtenida de:

(1) “EnREDDar a Chiapas”, El Escaramujo, Gustavo Castro Soto, Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México, ver aquí.
(2) A Broken Bridge to the Jungle: The California-Chiapas Climate Agreement Opens Old Wounds”, by Jeff Conant, Communications Director at Global Justice Ecology Project, correo electrónico: moc.liamg@tnanocefej, ver aquí,
(3) “La salud como instrumento de represión y exterminio: El caso de la región Amador Hernández, Reserva de la Biosfera de Montes Azules‏”, pronunciamiento del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas (COMPITSCCH), ver aquí
(4) “Alerta de acción: Retiro de Servicios de Salud en Amador Hernández, Chiapas, en avance del REDD +”; ver aquí

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India: Las mujeres al frente de la lucha por sus derechos sobre los bosques

La falta de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otros pueblos tradicionales ha sido identificada como una de las principales causas subyacentes de la deforestación.

En India, las desigualdades en la tenencia de la tierra, que surgen de estructuras sociales profundamente arraigadas así como de la desarticulación provocada por el colonialismo, han resultado en la apropiación de las tierras boscosas por parte del estado. El proceso típico consistió en la pérdida de los bosques en favor de un grupo de empresas comerciales que desplazaron a las comunidades locales, las cuales, durante la era post colonial, han defendido a los bosques de los asaltos colonialistas y han resistido el avance destructivo de numerosos emprendimientos comerciales.

La pérdida de derechos territoriales que sufrieron las comunidades locales es el gran paraguas bajo el cual surge una nueva desigualdad: la que sufren las mujeres, especialmente marginadas del control y el acceso a la tierra y a otros recursos del bosque.
Sin embargo, entre las mujeres está creciendo la conciencia de que ellas son también importantes protagonistas del cambio.

Con posterioridad al Día de la Mujer y en memoria de Bharati Roy Chowdhury – una activista que luchó valerosamente por la inclusión de los derechos de las mujeres en la Ley de Derechos Forestales de la India (FRA) 2006 – un comunicado de prensa (1) informaba que alrededor de 100 mujeres líderes de 7 estados se reunieron este año en Dumka, en el estado de Jharkhand, para realizar una consulta sobre los derechos de las mujeres bajo la Ley de los Derechos sobre los Bosques, de 2006 (ver Boletín del WRM, Nº 115 por información sobre la Ley).

El lugar de reunión es, de hecho, relevante. Dumka ha sido un territorio de resistencia desde el siglo XVIII, época en que las comunidades locales se rebelaron contra las políticas del imperio británico con el fin de proteger sus derechos sobre sus bosques y sus territorios. El baño de sangre de los Adivasi de Jharkhand y Dumka permitió salvar sus tierras y bosques. Phulo y Jhano, dos mujeres líderes tribales de la revuelta, fueron asesinadas por los británicos.

Las mujeres presentes en la reunión discutieron la nueva legislación sobre los derechos sobre los bosques, así como la razón por la cual el Estado no tiene interés en implementar la Ley. También afirmaron la necesidad de que se reconozcan los derechos de las mujeres sobre los recursos de los bosques comunitarios. Opinaron que “es muy importante que las mujeres se pongan al frente y encabecen la aplicación de los derechos comunitarios en todo el país.”

Como resultado de la reunión se formó un Comité de Acción sobre Derechos de las Mujeres sobre los Bosques “para acelerar el proceso de implementación de la Ley de los Derechos sobre los Bosques, particularmente en lo relativo al manejo y el control de los derechos sobre los bosques y sobre los productos menores del bosque por parte de las mujeres.”

También se analizó críticamente el papel del Departamento Forestal (DF) y de la consulta surgió la firme opinión de que el mismo debería ser reemplazado por el control comunitario de los bosques, dirigido por mujeres, a lo largo de los 7,5 millones de hectáreas de tierras boscosas.

Varias decisiones importantes fueron adoptadas en estas consultas, entre ellas la necesidad de generar conciencia entre las mujeres acerca de lo establecido en la Ley de los Derechos sobre los Bosques, que las mujeres presenten colectivamente las demandas de la comunidad en los diversos lugares donde haya una fuerte organización popular, y la formación de cooperativas de mujeres para manejar y controlar los productos menores del bosque y desplazar al Departamento Forestal.

Se realizará otra reunión a nivel nacional con la participación de más mujeres líderes, para así ampliar el Comité de Acción.

Las mujeres que asistieron a la reunión consideraron que son las productoras y protectoras primordiales del bosque, y como tales deben luchar por sus derechos.

Artículo basado en información extraída de (1) “Announcement of formation of ‘Women Forest Rights Action Committee’”, enviado por Roma, NFFPFW (Kaimur) / Human Rights Law Centre, correo electrónico: moc.liamg@bnsamor, http://jansangarsh.blogspot.com.
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Brasil: la OEA reclama suspender la construcción de Belo Monte

El 4 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) solicitó oficialmente que el gobierno brasileño suspenda de inmediato el proceso de autorización y construcción del Complejo Hidroeléctrico de Belo Monte, en el Estado de Pará.

Conforme a la CIDH, todas las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingu, afectadas por la construcción de la represa, deben ser consultadas de manera “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

La decisión de la CIDH es una respuesta a la denuncia presentada en noviembre de 2010 en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingu por el Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS), COIAB (Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña), Prelazia do Xingu, CIMI (Conselho Indígena Missionário), SDDH (Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos), Justiça Global y AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente).

Más información en: ver aquí
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COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

Brasil: Mujeres del Campamento Hermana Dorothy Stang en Eunápolis en lucha por el derecho a la vida, en contra del desierto verde de eucaliptos

En la noche del día 27 de febrero, numerosas mujeres del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) llegaron de todas partes del Extremo Sur de Bahía a un lugar que posteriormente se transformaría en el campamento Hermana Dorothy Stang, en homenaje a esta monja estadounidense que luchaba por la reforma agraria en el estado de Pará y que fue brutalmente asesinada en 2005. Muchas mujeres cargaban a sus hijos e hijas como si fueran a la mejor fiesta del mundo. Alrededor de las 4 de la madrugada del día 28, antes que el Rey Sol surgiera en el horizonte, cientos de árboles inútiles del desierto verde de eucaliptos caían en una superficie de aproximadamente 8 mil hectáreas de la empresa Veracel Celulose - la mayor propietaria de tierras del estado de Bahía. Y así fue durante los 10 días que las mujeres resistieron en el lugar.

Todas las mañanas, las mujeres, concientizadas de que no es posible tolerar más el ‘modelo de desarrollo’ basado en el latifundio y el agronegocio porque es el responsable de la destrucción de la biodiversidad, cortaron eucaliptos y plantaron alimentos. Eran aproximadamente 1500 mujeres de todas las edades, religiones y razas. Colectivamente construyeron cocinas, viviendas precarias, chabolas, escuela, puesto de salud. ¡Una verdadera lección de ciudadanía y amor!

Debajo de lonas negras, bajo un sol abrasador, impulsadas por la esperanza de vivir en paz y de conseguir derechos equitativos avanzaron sobre uno de los grandes íconos de la prepotencia humana. El paisaje monótono y sin vida de las plantaciones de eucaliptos dio lugar a un gran campamento, con voces, niños, juegos y mucha alegría. También comenzaron a llegar los vendedores ambulantes que, excluidos del llamado ‘mercado de trabajo’, aprovecharon una ocasión para ganarse la vida. Las mujeres transformaron el desierto en una ciudad creativa y diferente.

Muchos creen que este desierto de monocultivo es impermeable. Pero las mujeres, trabajadoras rurales sin tierra, expatriadas en su propio país, cansadas de vivir precariamente, ya no aceptan vivir bajo el yugo de los colonizadores. Stora Enso, Fíbria, Suzano, Arcelor Mital, BNDES o cualquier otro monstruo que se aproxime será enfrentado para ser transformado con sudor y trabajo. Llegaron muchas personas, de lugares próximos y distantes para engrosar las filas de la lucha. De todos lados, llegaron apoyos y aliento.

El día 4, el tránsito de la carretera BR 101 fue bloqueado y las mujeres pidieron una audiencia con el Ministro de Desarrollo Agrario en el mismo momento en que la presidenta Dilma Rousseff estaba en Bahía, en la ciudad de Irecê. Las mujeres exigen el asentamiento de las familias que están acampadas en las carreteras del Extremo Sur de Bahía. Son cerca de 2000 familias que viven debajo de lonas mientras la región tiene cerca de 700 mil hectáreas de eucaliptos. Y durante dos horas, trabajadores y sociedad aguardaron en la carretera mientras las mujeres informaban el objetivo de la lucha. Finalmente las mujeres la liberaron agradeciendo la paciencia de los conductores.

El día 8 de marzo, comenzó con una alborada; las mujeres cantaban animadas: “Olê mulher renderia, olê mulher rendá, saia do fogão e venha se libertar” (Ven mujer tejedora, ven tejedora, sal del fogón y ven a liberarte). Las mujeres del Movimiento de Lucha por la Tierra (MLT) llegaron de otro campamento para colaborar y participar. Traían leche, harina, porotos y verduras para complementar el almuerzo especial del Día Internacional de la Mujer, y así festejar juntas con emoción. Los alimentos fueron producidos en el campamento Baixa Verde del MLT en tierras fiscales, una zona que no fue registrada en el pasado y por lo tanto pertenece al estado y debería servir, legalmente, para la producción en pequeña escala de alimentos, pero que fue usada por Veracel para plantar eucaliptos. Son 1333 hectáreas ocupadas que ahora dan alimento a alrededor de 85 familias. Si dependiera de las mujeres del campamento Hermana Dorothy Stang y de sus aliadas y aliados, la vida de subordinación, subyugación y discriminación tendría los días contados.

Samba, música popular, poesía y creatividades (místicas) fueron el postre que predominó toda la tarde. Políticos, sindicalistas, camaradas de todos los segmentos de la sociedad fueron a ver de cerca la ciudad de lona construida por mujeres así como la escuela, en la que 280 niños fascinaron al público con cantos, dibujos, místicas y juegos. La oradora militante comenzó su discurso diciendo que “mientras haya tanta gente sin tierra y tanta tierra sin gente, la lucha va a continuar. No podemos ver a nuestro país siendo rehén de empresas como Stora Enso y Fíbria, que envenenan a la tierra y a la gente. No queremos ser los herederos de las ruinas resultantes de este proyecto. El clima ya se transformó y con seguridad traerá tempestades y cambios que hoy no podemos ni siquiera imaginar. No podemos mirar y nada más. Tenemo s que construir otra realidad”.

Las mujeres recordaron que las empresas que plantan eucalipto y poseen fábricas de celulosa también son responsables del calentamiento del planeta. Para plantar eucalipto talan los bosques, en nuestro caso la Mata Atlântica. Las empresas usan venenos basados en petróleo - el gran responsable del calentamiento global - y en el proceso de producción de papel utilizan mucha energía, lo que provoca emisiones de carbono. Y además quieren hacernos creer que esas mismas empresas pueden solucionar el problema. También pretenden recibir créditos del llamado ‘mercado de carbono’ con el argumento de que la plantación de eucaliptos capta en su período de crecimiento una cantidad de dióxido de carbono. Pero si el eucalipto se corta en 7 años ¿qué pasa? Seguramente ésa es solo otra estrategia para generar más ganancias y tratar de limp iar su imagen y realidad amenazantes.

Y ante esto, las mujeres siguen luchando ¡por el derecho a la tierra y al territorio! ¡Por el derecho a la vida! ¡En contra de todas las formas de racismo, de opresión y de explotación!

Por Ivonete Gonçalves, CEPEDES – Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul/Ba, cepedes@cepedes.org.br
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Stora Enso gana dinero cometiendo crímenes ambientales

El 20 de abril, la gigante sueco-finlandesa de la industria forestal Stora Enso celebró su reunión anual de accionistas en Helsinki, donde presentó sus planes de distribución de parte de las ganancias obtenidas en el año 2010: 817,4 millones de euros.

Para esa ocasión, Amigos de la Tierra Internacional, los grupos brasileños MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) y Cepedes (Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia), la organización finlandesa Amigos de los Sin Tierra Finlandia y la organización internacional WRM (Movimiento Mundial por los Bosques) advirtieron que las ganancias de Stora Enso se han obtenido a costa de violar leyes ambientales, laborales y penales en América Latina.

En Brasil y Uruguay, sola o junto a otras, la empresa es responsable de crímenes ambientales. Los monocultivos de árboles a gran escala de Stora Enso para la producción de celulosa han provocado el desplazamiento de comunidades locales y son un factor causante de la erosión del suelo y la escasez de agua. La concentración de miles de hectáreas de tierras para el cultivo de eucaliptos constituye una amenaza para la seguridad alimentaria y es causa de miseria para millones de personas sin tierra.

En Uruguay, Montes del Plata – una empresa formada por Stora Enso y la chilena Arauco – es el mayor terrateniente del país, con 238.000 hectáreas de tierra, y ha estado presionando a las autoridades nacionales para reclasificar tierras agrícolas ganaderas cercanas a su nueva fábrica de celulosa y así obtener 100.000 hectáreas más para destinarlas a nuevas plantaciones forestales.

En Brasil, Veracel - empresa conjunta de Stora Enso y la compañía brasileña Fibria - es acusada de delitos ambientales (deforestación ilegal y uso inadecuado de plaguicidas), violaciones de derechos laborales, blanqueo de dinero, evasión fiscal y corrupción. También ha desalojado brutalmente a mujeres y niños del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y del movimiento Vía Campesina, que ocuparon varias plantaciones de Stora Enso como respuesta al hambre y la pobreza.

“En lugar de traer desarrollo, Stora Enso causa conflictos por la tierra y amenaza la soberanía alimentaria. Un verdadero desarrollo sustentable promueve la agricultura en pequeña escala para alimentar a las personas y no plantaciones a gran escala para obtener beneficios para las empresas. ¡No podemos comer eucaliptos!”, expresó Durao Marcelo Fernández, del MST.

El comunicado de prensa completo está disponible en inglés en: ver aquí
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CAMBIO CLIMÁTICO

Voces de mujeres en las negociaciones sobre el cambio climático

Este mes, una nueva ronda de negociaciones sobre cambio climático de la ONU tuvo lugar en Bangkok – la primera sesión luego de la conferencia de Cancún, el pasado mes de diciembre. Muchos temas clave sobre los que no hubo acuerdo en Cancún debieron ser negociados en esta oportunidad.

En un contexto donde las alternativas han ido de mal en peor, grupos de mujeres alzaron sus voces para reclamar con fuerza soluciones reales.

GenderCC denunció (1) que “los compromisos de los países desarrollados continúan evadiendo su responsabilidad histórica, la pesada dependencia de soluciones falsas y riesgosas y las acciones que aún tienen pendientes para evitar la actual crisis climática.” Como ejemplo, la “energía limpia” “incluye las mega represas, a pesar de su largo historial de expulsiones forzadas de las comunidades del Mekong y otras zonas, que degradan los cursos de agua y la biodiversidad, sean cuales sean las ‘garantías’ que hayan adoptado las agencias financiadoras, particularmente los bancos multilaterales de desarrollo.” También destacaron el peligro de los proyectos REDD+, como “falsas soluciones que pueden llevar a una carrera perniciosa por los recursos y a engendrar peligros, desplazamiento y desempoderamiento”.

Asimismo, un grupo de mujeres de organizaciones sociales y grupos de mujeres de la región Asia - Pacífico reclamaron (2) “compromisos reales, sensibles al género, firmes y urgentes por la justicia climática”. Teresita Vistro, Punto Focal para el cambio climático del Foro sobre las Mujeres, la Ley y el Desarrollo de la región Asia - Pacífico (APWLD) advirtió que “las personas pobres, especialmente las mujeres de zonas rurales y urbanas propensas al desastre, se han visto enfrentadas al agravamiento de las dificultades en su diario vivir a causa del cambio climático. Ellas son las víctimas de primera línea de estos desastres climáticos”. Después de casi dos décadas de conversaciones, los países ricos, industrializados, principales responsables de la actual crisis climática, dan pruebas de “la primacía de l os intereses comerciales de sus países sobre las vidas y el bienestar de los pueblos de todo el planeta, especialmente de los niños y las mujeres pobres”, declaró Frances Quimpo, de Acción Popular sobre el Cambio Climático (PACC) y del Consejo Internacional para la Educación del Adulto (ICAE). Y agregó: “El calentamiento global afecta a todos y todas en cada continente y son las personas pobres del mundo, que son la mayoría, quienes pagan el más alto precio con sus vidas”.

Además de los grupos de mujeres, el movimiento La Vía Campesina exhortó en Bangkok (3) a “todos los gobiernos a alzarse en defensa de la justicia climática y a defender las soluciones y reclamos de los pueblos detalladas en el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba, el cual defiende los derechos de la gente y de la Madre Tierra y es una solución concreta para la crisis climática”, al tiempo que “reitera su afirmación de que la agricultura familiar y en pequeña escala es una solución genuina para el cambio climático. Muchos estudios han mostrado que la agroecología no solo alimenta al mundo sino que además enfría el planeta.”

Por otra parte, varias ONG enviaron una carta (4) a Patricia Espinosa, Secretaria de Asuntos Exteriores de México, y a Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, en la que atacan al Fondo Verde para el Clima (GFC) – supuestamente establecido para responder a las necesidades urgentes y a los derechos de los pueblos y las comunidades de todo el Sur global – debido a la participación en él de los bancos multilaterales de desarrollo, así como del Banco Mundial en calidad de administrador interino. Las organizaciones basaron su oposición en “la experiencia pasada acerca de los impactos sociales y ambientales devastadores causados por las actividades y políticas de estas instituciones y su papel actual en el financiamiento de la destrucción climática. A pesar de las crisis climática y económica, el Banco Mundial continúa financiando proyectos de co mbustibles fósiles a un ritmo alarmante, promoviendo soluciones falsas para el cambio climático y utilizando instrumentos financieros que aumentan el endeudamiento de los países del sur. Así, el Banco Mundial no es apto para dar consejos sobre el diseño de un fondo que debe asegurar un financiamiento de largo plazo, justo y efectivo, basado en los principios de integridad ambiental, igualdad, desarrollo sustentable y democracia”, y que además debe ser “capaz de responder a las necesidades urgentes y a los derechos de los pueblos y las comunidades del Sur global”.

Artículo basado en información obtenida de:

(1) “Still A Frozen Pie: GenderCC on the Bangkok Intersessional Meeting 2011”, GenderCC press statement, April 7, 2011, ver aquí.

(2) “Decommission the Fukushima nuclear plants and nuclear plans all over the world”, Asian Rural Women’s Coalition (ARWC) Resolution Adopted on 30 March 2011 in Chennai, India, During the Conference on 100 Years of Women’s Resistance: Rights, Empowerment and Liberation, ver aquí.

(3) “La Via Campesina opposes the inclusion of agriculture in carbon markets”, La Via Campesina Press Release, April 11, 2011, vía Campesina

(4) “Global Civil Society Wary of World Bank Role in New Funds”, April 5, 2011, ver aquí
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“Plantaciones forestales en extinción”: un nuevo subsidio a los monocultivos de árboles

El término “plantaciones forestales en extinción” surge de una propuesta polémica realizada por Brasil durante las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Poznan. El interés de dicho país en enmendar el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para que incluya las “plantaciones forestales en extinción” radica en el hecho de que permitiría al MDL generar créditos bajo el Protocolo de Kyoto para proyectos de reforestación en tierras boscosas que han sido explotadas en exceso y llevadas a la “extinción”, y que no se reforestarían sin dinero adicional proveniente de los créditos de carbono.

De lo que se trata, en definitiva, es de sustituir los bosques con plantaciones de árboles, una de las principales actividades económicas de Brasil y otros países del Sur. De hecho, la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio convino en la definición de “plantaciones forestales en extinción” como ““superficies de tierras que al 31 de diciembre 1989 y/o en la fecha de inicio de la actividad de proyecto estaban cubiertas de bosques (sic), establecidos ya sea mediante plantación, siembra o fomento antropógeno de semilleros naturales.” ( ver aquí)

Esto tiene como consecuencia principal que el MDL puede subsidiar los monocultivos de árboles en el Sur, donde ya son muy rentables, mediante créditos obtenidos bajo el Protocolo de Kyoto como proyectos de reforestación en tierras previamente plantadas que han sido explotadas en exceso hasta llegar a la “extinción”.

En su trigésima tercera sesión, realizada en Cancún en diciembre de 2010, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC, invitó a las Partes y admitió que las organizaciones observadoras presentaran a la secretaría, antes del 28 de marzo, sus opiniones sobre las consecuencias que tendría incluir la reforestación de plantaciones "en extinción" entre las actividades de reforestación y repoblación forestal del mecanismo de desarrollo limpio.

Como organización que, por mucho tiempo, ha defendido los bosques y los pueblos que dependen de ellos en su lucha por asegurar sus medios de vida contra amenazas tales como las plantaciones industriales de árboles, el WRM presentó los siguientes puntos de mayor preocupación respecto a la definición de la Junta de las “plantaciones forestales en extinción” y a lo que supuestamente sucedería a estos “bosques”, así como respecto a la propuesta de incluir como actividad del MDL la reforestación en tierras donde no hay, ni hubo, “plantaciones forestales en extinción”:

“1. Según su descripción de las “plantaciones forestales en extinción”, estos supuestos “bosques” pueden incluir monocultivos industriales de árboles. En nuestro trabajo de apoyo a las comunidades locales afectadas por estos monocultivos, aprendimos que los mismos no tienen nada que ver con los bosques. La única similitud es que ambos contienen árboles. Sin embargo, mientras los bosques ofrecen una enorme variedad de beneficios, ya sean alimenticios, medicinales o espirituales, entre otros, las plantaciones industriales son llamadas “desiertos verdes” por las comunidades locales, ya que no ofrecen beneficio alguno y hay una ausencia total de vida entre las filas idénticas de árboles que forman estos monocultivos que tienen un único propósito: proveer madera para la industria. El hecho de que incluso la FAO aún considere a las planta ciones industriales de árboles como bosques ha tenido graves consecuencias para miles de comunidades del Sur, favoreciendo los intereses industriales. No obstante, durante los últimos años, numerosos académicos, funcionarios estatales, representantes de diversas organizaciones sociales y ambientales, etc., se han opuesto a la definición de la FAO. El hecho de que la CMNUCC opte por mantener la definición de la FAO es alarmante y tiende a perpetuar y crear nuevos conflictos en todo el mundo, entre las crecientes empresas de plantación y las comunidades locales.

2. Esta nueva propuesta permite que las empresas forestales presenten un proyecto MDL para cualquiera de sus plantaciones, tanto para las nuevas como para las ya existentes. Lo que aprendimos en la práctica es que las empresas que comenzaron sus plantaciones mucho antes de 1989 siempre contaron con suficientes recursos y apoyo financiero para mantener sus actividades hasta el día de hoy. La principal prueba de ello es que las grandes empresas siempre han replantado sus áreas, especialmente en el Sur global donde esta actividad es extremadamente lucrativa, lo cual ha generado un proceso por el cual las empresas forestales del Norte están trasladando sus actividades al Sur, donde pueden obtener mayores ganancias. Es así que esta actividad no puede ser considerada “adicional” sino que, por el contrario, queda claro que lo que la industria busca es otro subsidio para un sector de por sí ya muy rentab le.

3. Los monocultivos industriales de eucalipto, pino, palma aceitera y caucho provocan varios impactos negativos, a pesar del discurso de la industria que sostiene que es un sector ‘sostenible y renovable’. Los estudios adjuntos (1) muestran claramente que estas plantaciones generan impactos graves sobre la distribución de la tierra, expulsando gente de sus tierras, ya sea directa o indirectamente. Las plantaciones a gran escala tienen enormes impactos sobre la disponibilidad y la calidad de los recursos hídricos, y sobre este tema hay varios estudios científicos disponibles. Las empresas forestales deben aplicar plaguicidas que afectan el suelo, la biodiversidad y a los trabajadores. Este tipo de actividad agrícola crea de 10 a 15 veces menos trabajo que la producción agrícola en pequeña escala, y la mayoría de los empleos son peligrosos y relativamente mal pagos. Las mujeres en ge neral sufren más los impactos de los monocultivos industriales. Por otro lado, la expansión de estos monocultivos sigue siendo una de las principales causas directas e indirectas de la deforestación, lo cual implica, de hecho, la emisión aún mayor más carbono en la atmósfera.

4. Y por último, algo de extrema importancia: ya sean plantaciones o bosques, ninguna de estas áreas de árboles plantados es capaz de garantizar una contribución estructural y duradera para mitigar el calentamiento global porque, entre otras cosas, las emisiones de carbono resultantes de la deforestación pueden ser químicamente idénticas a las provenientes de la quema de combustibles fósiles, pero son climatológicamente diferentes. El carbono liberado por la deforestación no aumenta la cantidad total de carbono intercambiado entre la atmósfera, los océanos, los suelos, los bosques, etc. Por el contrario, el carbono liberado por los combustibles sí aumenta el volumen de ese carbono acumulado sobre la superficie de la tierra.”

(1) Esto hace referencia al documento que fue enviado a la CMNUCC con parte de la investigación realizada por el WRM con relación a los impactos de las plantaciones de monocultivos de árboles, y que puede leerse en inglés ver aquí
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DEFINIENDO EL BOSQUE

¡Démosle voz al bosque!

Desde el WRM hemos denunciado durante mucho tiempo la definición que hace la FAO del bosque. Creemos que es, de hecho, una causa indirecta de deforestación. Al considerar a los bosques como meras “tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ”(*) permite que se considere como bosques a los monocultivos industriales de árboles. Así, con ese “disfraz” de bosque, los monocultivos industriales de árboles se extienden por el mundo, en muchas ocasiones desplazando bosques reales.

En este Año Internacional de los Bosques tenemos la intención de desafiar la definición de bosques de la FAO, que tiene graves consecuencias para los bosques del mundo, en tanto es tomada como referencia por muchos organismos internacionales. Para ello, intentaremos elaborar diferentes herramientas que apunten a concientizar sobre este problema. Intentaremos también que la construcción de esas herramientas sea participativa.

En lo inmediato nos planteamos que la animación que colgamos al iniciar el año en nuestra página web ( ver aquí) pueda estar disponible en múltiples idiomas y en múltiples sitios de internet. Si poseen un sitio web, un blog, una cuenta de facebook, o cuentan con cualquier otro medio de difusión ¡hagan suya esta animación, compártanla, distribúyanla, utilícenla!

Les invitamos a traducir el breve texto de la animación, que transcribimos a continuación, y a enviarnos esas traducciones. A medida que vayan llegando esas traducciones, iremos colgando en nuestro sitio las nuevas versiones de la animación.

El texto a traducir es:

Hay un oso polar, pero no es el polo
Hay agua y hay peces, pero no es el océano
Hay muchos árboles, pero no es un bosque

¿Imaginas sustituir los polos con esto?
¿y sustituir los océanos con esto?

La definición de “bosque” de la FAO permite
Que se sustituyan bosques con esto

Las plantaciones no son bosques
Definamos los bosques por su verdadero significado
Cuéntale al mundo qué significa el bosque para ti

Las traducciones, así como otras ideas o sugerencias para esta campaña deberán ser enviadas a yu.gro.mrw@tserof

(*) FAO, Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010
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ARTÍCULOS DISPONIBLES EN OTROS IDIOMAS

- India: Ravaged Landscape, Devastated People - Tales of Hydro Power CDM projects in Himachal Pradesh

India continues to be one of the ‘hottest’ locations for carbon ‘offset’ projects despite the global carbon market slump: as of now, about 1700 projects claim to have achieved emission-reduction, and hence eligibility to sell carbon credits. Large Indian corporations control most of these projects irrespective of sector and geographical location, and instead of cleaning up the atmosphere the projects almost uniformly pollute people’s lives and the environment.

Hydro-power projects are prominent in India’s Clean Development Mechanism (CDM) kitty: 176 Dam projects in various parts of India have applied for CDM status. More than half of these are in the Himalayas, perhaps the biggest ones. The tiny state of Himachal Pradesh to the North of the India alone hosts 55 projects.

How clean are these ‘clean’ projects? Most of the CDM projects in Himachal Pradesh have led to direct and indirect displacement of local people and triggered of disastrous environmental impacts: around the project areas mudslides have become more frequent, water table is going down, and perennial springs are drying up. The wholesale damming of important rivers and dam builders’ ownership control over river water inevitably mean less or no water for river valley agriculture. Besides, there are socio-cultural impacts: large number of outsiders flocking to the hitherto closeted mountain villages and irreversibly disturbing the fabric of community life.
In Himachal Pradesh, a paradise of rich biodiversity and beautiful mountain landscape, there is a plan to set up more than 850 hydroelectric projects. With loans from agencies like the Asian Development bank and the World Bank, these projects are being established with huge infrastructures involving many private sector companies. The story repeats itself from one project to another: tall promises of village development and plentiful jobs for the locals during the time of land acquisition, all conveniently forgotten once the project works start.

People living in Sawra Kuddu in Shimla District of Himachal Pradesh are angry with the hydroelectric project (111 MW) on the Pabbar River: “We have lost everything to the project and yet have not even given any decent compensation”. The Dam badly affects several villages where digging of tunnels through mountainsides have made the entire area unstable and yet people living in these villages do not fall under the PAP (project affected people) category. Villagers of Bhadot have been living in constant fear of their village collapsing because of such a tunnel right beneath their village. This area witnessed massive devastation caused by an earthquake few years back: the huge boulders in the mountain still threaten to tumble down anytime. People here equate the tunnel underneath with a ticking time bomb that can explode any moment. The villages on the banks of the river had to bear the brunt of the heavy construction work: the dust and muck affected the production of cash crops like apple, pear and peach.

The environmental clearance to the project was given in 2007 but local residents say that work began much before the clearance in 2004, which means that the project is clearly non-additional [‘additionality’ refers to the condition that a project should only be eligible for carbon credits if it would not go forward without the benefits it receives from these credits]. The project will inundate 45 villages in 9 Panchayats (local self-government) and the government claims (evidently falsely) that all project-affected people have been compensated.

By far, the largest among registered CDM hydro projects, the Allian Duhangan Hydro Electric Project (2 x 96 MW) in Kullu district is expected to generate around 4.94-million Certified Emission Reductions (CERs), a type of ‘carbon credits’. The project is built on two tributaries of the Beas River: Allain and Duhangan, both are surrounded by biodiversity-rich alpine forests and meadows. The project, funded by the World Bank, had its environmental impact assessment in 1996. The central electricity authority gave the ‘in-principle’ techno-economic clearance only in 2002.

In a glaring display of non-additionality, the Environment and Social Impact Assessment for the project done in May 2003, states (page 7) that “The project would be one of the cheapest sources of power generation in the Northern Region as compared to alternative of thermal and nuclear generation.” Why should a project that is supposed to be the cheapest source of power be even considered for CDM credits that are supposed to help make relatively unviable projects viable?

The entire project area is fortified and anyone who wants to go in has to take permission from the company. The local people have their orchards and villages inside. Though access to the area has become easier now because of the road built by the company, no other benefit has come from the company. The locals who live inside the project area describe how their livelihood is affected as outsiders are not allowed to come in. Most of them earn a living from tourism as it is an area known for skiing and trekking. The project work has already destroyed most of the pristine meadows and forests in the locality.

The Hydro Electric Power Project by Sutlej Jal Vidyut Nigam (SJVN) ltd located at Rampur is a 412-MW project on the Sutlej River. Huge tunnels are being built: the Local Area Development Authority (LADA) is implementing the project and has given construction contracts to large private companies. More than ten thousand people were affected and 220 families already lost fertile lands to the project; the statutory public hearings were held as a matter of formality in 2005 as only 125 people attended it from among a population of at least 15 thousand. The entire mountain landscape has turned into huge dumps of muck and dumping yards for raw materials or machines. The locals no longer have access to the project area.

People raised their voices against the projects although there has been no organized resistance. In June 2010, the local residents of Averi village had staged a demonstration demanding compensation for damages caused by the construction work. The protests were met with severe brutalities – physical violence – by police who did not spare the young girls and women either.

An area which was once a self-sustained economy, the state of Himachal Pradesh is hit by the skewed notion of ‘development’. It is hard to find a place without an earth-moving machine digging the earth – to build a dream that caters to the rich and the powerful sitting somewhere else. The CDM projects signify neither cleanliness nor development: at least for the local communities they constitute an unmitigated curse.

By Soumitra Ghosh, e-mail: moc.liamg@gartimuos, and Mamata Das, e-mail: moc.oohay@hsad_atamam, National Forum of Forest Workers and Forest People, India.
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- Philippines: A call to stop mining in Palawan

SAY NO to mining in Palawan Province, the home of the best-conserved and most ecologically diverse forest in the Philippines. Sign the on-line signature petition to deliver a strong message to the Philippine and Palawan governments demanding for an immediate stop of ongoing and pending mining activities in Palawan and for the non-endorsement of new mining applications.Here is the link to the petition launched by the Save Palawan Movement: ver aquí

Palawan is home to three main ethnic groups: The Palawan, the Tagbanua and the Batak. The southern part of the main island, where most mining activities are concentrated, is also inhabited by vulnerable indigenous communities living in partial isolation (see video: ver aquí). Their livelihood is based on ‘swidden’ cultivation, hunting and gathering, and commercial collection of Non-Timber Forest Products (NTFPs).

Today the areas being threatened by mining activities also include indigenous burial grounds, sacred and worship sites. The local inhabitants perceive the destruction of these historical and natural landmarks as an obliteration of their history and collective memories of the past.

Until now Palawan indigenous communities are the traditional custodians of a unique biodiversity, which also includes 49 animals and 56 plant species, which are globally threatened with extinction, according to IUCN (The International Union for the Conservation of Nature).

Open-pit and strip mining for nickel results in the flattening of mountain tops, in the plundering of precious forest, in the production of vast amounts of tailings that contaminate fresh water sources and the sea.

In less than one decade, mining could obliterate a highly diverse landscape, which is the only source of livelihood and cultural sustenance for hundreds of indigenous and rural communities. (see video: ver aquí).

In 1990, because of its rich biocultural diversity, Palawan was declared by the UNESCO as a ‘Man and Biosphere Reserve’. In spite of this, the Philippine Government is favoring the intensification of mineral exploitation on the island, thus jeopardizing the livelihood of both indigenous communities and farmers. As of now, the Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) - the provincial government body in charge of ensuring the sustainable development of the island - has failed to fulfill its mandate and has already released environmental clearances (EC) to mining corporations (see aquí).

Mining companies such as MacroAsia, Ipilan Nickel Mining Corporation and LEBACH have entered protected zones and indigenous cultivated land where they have already excavated test-pits and made deep drilling-holes. This is particularly prevalent within the uplands of Brooke's Point Municipality (see‘geotagg’ report: ver aquí). Overall, joint ‘geotagged reports’ by ALDAW and the Center for Biocultural Diversity (CBCD) of the University of Kent, clearly show that exploration activities have been allowed in “Core” and “Restricted” zones despite all rules and regulations engraved into the Strategic Environmental Plan (SEP), also know as Republic Act 7611.

The SEP Programme was highly funded by the European Union, which has also invested 17 million Euros in the 7-year special project known as the Palawan Tropical Forestry Protection Programme (PTFPP). However, many of the alleged project beneficiaries still complain that most of the money was used to pay disproportionally high salaries to foreign consultants, project directors/managers and government officials and that, ultimately, the project has left behind little tangible evidences of its success.

Sadly, the European Union remains another silent witness of the Palawan tragedy.

Further south, Rio Tuba Nickel Mining Corporation (RTNMC) has already built roads across the Bulanjao mountain range, thus undermining the integrity of one of the most precious biodiversity hotspot in southern Palawan (see video at ver aquí, and ‘geotagged’ report: ver aquí)

Corporations such as Citinickel, Berong Nickel and other mining companies partnering with the Canadian MBMI group represent an additional threat to Palawan forest (see: aquí)

The political squabbles underlying the mining saga on Palawan Island are also detected in the ambiguous behavior of the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) – the official government body in charge of protecting the rights of tribal communities. The NCIP Palawan Provincial Office has bluntly violated all required procedures leading to transparent and genuine Free Prior and Informed Consent (FPIC) processes, siding instead with the mining companies.

After intense pressure from human rights and environmental groups such as the Rainforest Rescue, the UNESCO has finally made an attempt in looking into the Palawan case. On 18 February 2011, UNESCO Director General (DG), Irina Bokova, has forwarded a letter of concern on the mining threats in Palawan to the Secretary of Foreign Affairs, Chairman of the National Commission of the Philippines for UNESCO. The letter is requesting the said institution to provide a comprehensive report to UNESCO on the mining situation in the Palawan Biosphere Reserve, and additional information on the current and future mining activities on the core zones of the biosphere reserve.

Recently, on 25 March, UNESCO DG also visited the Philippines, meeting with President Benigno Aquino and commending him for “his strong commitment to education and sustainable development” (see: ver aquí). Indeed, this is quite ironical since the newly appointed Philippine President is replicating the mining aggression policy of his predecessor, and – until now – his commitment to environmental and human rights issues has been rather weak. President Aquino explained to UNESCO DG that a total ban on mining would be counterproductive, as it would open the way to small, unregulated mining. The argument, according to which, commercial 'regulated' mining will avoid the proliferation of 'unregulated' mining is a non-sense, also in view of the fact that, in Palawan, there is already a 25-year moratorium on small-scale mining, passed by the Provincial Board on November 2008. However, this moratorium is not enough to prevent large-scale mining corporations from plundering the Island.

Recently, the struggle to Save Palawan has reached momentum after the ominous murder of environmental campaigner and radio journalist Gerry Ortega on 24th January (see ver aquí). Together with ALDAW and other members of the Save Palawan Movement, Alyansa Tigil Mina (ATM), the largest anti-mining advocacy network in the Philippines ( ver aquí) is playing a major role in bringing the Palawan case to national and international attention.

By ALDAW Indigenous Network (Ancestral Land/Domain Watch), email: moc.liamg@krowtensuonegidni.wadla
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- Moçambique: mais denúncias contra a Chikweti, financiada pelo Fundo Nórdico de Solidariedade

Há alguns anos, as comunidades camponesas da província de Niassa, no norte de Moçambique, lutam contra a expansão das monoculturas de pinus e eucalipto. Essa expansão tem causado problemas porque está se dando sobre as chamadas machambas, áreas onde as famílias camponesas plantam alimentos. Agora, as comunidades ganharam um importante reforço na sua luta.

Depois das denúncias da União Nacional de Camponeses de Moçambique (UNAC), sempre baseadas em informações obtidas em campo pela União Provincial de Camponeses de Niassa (UPCN), e do WRM (1), também a Direção Nacional de Terras e Florestas (DNTF), órgão governamental do país, fez denúncias, através do relatório de uma pesquisa de campo sobre a atuação das empresas de pinus e eucalipto na região, principalmente da empresa Chikweti.

O jornal local Faísca de Niassa, na sua edição de 25 de fevereiro de 2011, noticia que o DNTF concluiu que a empresa Chikweti, principal empresa na região, ocupa nada menos que 32 mil hectares de forma ilegal, além dos 30 mil hectares concedidas pelo governo e mais 14 mil hectares que estão em fase de análise para obter concessão. Essa informação confirma as denúncias da UNAC e dos camponeses e camponesas ouvidos pelo WRM na sua visita à região de que as empresas se expandem além das áreas concedidas oficialmente a elas.

O relatório confirma também as denúncias de que os processos de consulta às comunidades não foram realizados de forma correta pela empresa. Enquanto a empresa buscou restringir as conversas ao líder da comunidade - chamado régulo -, prometendo empregos e recursos, a comunidade acabou não sendo ouvida e se revoltou posteriormente contra suas próprias lideranças. Segundo o jornal local, “um administrador de distrito acusou a Chikweti de arrogância e ‘falta de responsabilidade social’.

O artigo comenta também que o relatório do DNTF cita a invasão das machambas pelas plantações de árvores e a distância de apenas 10 metros das plantações até as casas das comunidades. Segundo o estudo, “quando negociou o estabelecimento da plantação, a Chikweti disse que iria plantar apenas em áreas marginais, mas de fato invadiu terra agrícola produtiva”. O jornal afirma que no posto administrativo de Maniamba, a empresa invadiu as terras da comunidade local com promessas de compensação que não foram cumpridas. Segundo a UNAC, os camponeses revoltados arrancaram as plantações da empresa.

E por fim, conforme o jornal, o relatório do DNTF denuncia também o desmatamento de áreas de floresta nativa de frutíferas, usadas pela população, no distrito de Sanga.

O artigo do jornal local chama a atenção também do investidor principal na empresa Chikweti, que é um fundo chamado “Fundo Global Florestal de Solidariedade” (“Global Solidarity Forest Fund”) (GSFF). Esse fundo Nórdico, com sede na Suécia, foi criado pela Diocese de Vasteras e a Igreja Luterana da Suécia, além da entidade Doação da Igreja Luterana Norueguesa (Norwegian Lutheran Church Endowment – OVF). Outro investidor no GSFF é o fundo de pensão holandês ABP.

Pergunta-se: qual a opinião desse Fundo de Solidariedade Global e seus investidores sobre as denúncias que agora vêm de um órgão do próprio governo de Moçambique? É urgente que haja uma análise e posicionamento deles sobre o assunto, até porque as denúncias demonstram que na ação da Chikweti não há nada de solidariedade, ao contrário, é uma atuação que busca fazer lucros em detrimento das comunidades camponesas.

Isso ganha importância num momento em que a empresa Chikweti busca a certificação do manejo das suas plantações de pinus e eucalipto pelo sistema do FSC, que garante o “bom manejo florestal”, através da certificadora Soil Association.

Conforme foi mostrado no Boletim anterior (164), o FSC tem sido extremamente criticado por certificar, com seu ‘selo verde’, plantações de monoculturas de pinus e eucalipto no mundo inteiro. A certificação da Chikweti (, ou seja, é até possível que também a Chikweti se certifica! Isso ) seria mais um passo equivocado no caminho de erros cometidos pelo FSC até hoje, além de ser uma afronta às comunidades camponesas de Niassa que sofrem diretamente com os problemas causados pela Chikweti. Lembrando que a Lei das Terras de 1997, de Moçambique, garante aos camponeses e às camponesas, que são a maioria da população do país, o acesso a suas terras, tão fundamental para garantir a segurança e soberania alimentar.

Em março deste ano, o Centro Cooperativo Sueco (CCS) facilitou um encontro entre Chikweti, governo e sociedade civil. No entanto, conforme a UNAC em Niassa, o encontro não permitiu o diálogo. Mesmo assim, uma comissão foi instalada para continuar os debates sobre Chikweti. ( Ao mesmo tempo, ocorreu outro conflito grave na comunidade de Licgole, onde a Chikweti continua ocupando áreas e expulsando camponeses. Um foi preso e solto dias depois.)

Vale ressaltar também que o problema da Chikweti não é um problema desta empresa apenas. Há dezenas de investidores estrangeiros que vão para Moçambique querendo investir em terras, muitas vezes envolvendo projetos de plantações de monoculturas de árvores e outras para fins de agrocombustíveis.

Segundo informa a UNAC, essas empresas (aliciam comunidades e não atuam com sistemas de produção inclusivos e que possam permitir a transferência de tecnologia.) pedem a terra em troca de benefícios ou negociam a terra com os camponeses em troca de benefícios (empresa e camponês sem o governo) que, por sua vez acabam em conflitos por falta de honrar as promessas. Quando os conflitos se tornam insustentáveis é que pedem o apoio do governo.

Em geral, as empresas aparentam uma ‘fome’ por terra enorme, visto que entre 2004 e 2009, conforme o jornal faísca, as concessões envolvem quase 3 milhões de hectares de terras em Moçambique. Enquanto a ‘fome’ das empresas tem sido atendida, a segurança e soberania alimentar do povo moçambicano continuam gravemente afetadas.

Artigo baseado nas informações da UNAC (União Nacional de Camponeses de Moçambique) e no Jornal Faísca de Niassa, Moçambique, Edição de 25/02/2011.

(1) veja coleção WRM sobre as plantações no. 14: O avanço das monoculturas de árvores: impactos sobre as comunidades camponesas na província de Niassa
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- Cameroon: peoples territories being targeted for oil palm plantations

Powerful countries and corporations have targeted the African continent to become a commodity supplier for their industrial needs. This has led to intense land grabbing with industrial oil palm plantations becoming in recent years a new source of land grabbing in many African countries.

However, industrial oil palm plantations are not new in some African countries. WRM electronic book “Oil Palm in Africa: past, present and future scenarios” ( ver aquí), gives an overview of how industrial plantations have been promoted in several African countries since colonial times:

“Wherever it grows naturally, oil palm has for centuries provided local communities with a large number of benefits such as palm oil, sauces, soap, wine, fertilizer (ashes), roofing (leaves), building material (trunk), medicines (roots). All of these traditional uses are until today very much part of the African culture in oil palm countries.

When the European powers invaded the continent, they quickly realized that they could profit from trading palm kernels and palm oil, initially from natural palm stands and soon followed by the establishment of large-scale plantations, in most cases based on either forced or slave labour and in the appropriation of communities’ lands.

Independence resulted in the further entrenchment of the plantation system –encroaching on local peoples’ lands- now based on state-owned enterprises with attached large industrial processing units.

World Bank and IMF-led structural adjustment policies imposed on African governments in the 90s resulted in the privatization of most of those industrial complexes and in the return of control over industrial palm oil production to foreign corporations.

During the entire process summarized above, the traditional system -based on the harvesting of fruits from natural or semi natural palm stands and their conversion into palm oil through manual techniques- managed to successfully coexist separately from the different centralized systems put in place by governments and corporations.

Over the last few years, the expansion of industrial plantations has changed its focus from edible palm oil to the production of agrofuels, mostly led by a broad array of foreign corporations eager to invest in the region”

Cameroon is no exception to the agrofuels boom. With already more than 76,500 hectares of industrial oil palm plantations, the government is planning to lease huge areas of land to set up more oil palm plantations.

The Malaysian big player in the oil palm sector Sime Darby has also set its eyes on the African continent to expand its business. The company has already been granted 220,000 hectares of land lease in Liberia for a 63 years period and it is now negotiating a 300,000 ha lease of land in Cameroon.

At an interview in the magazine The Ecologist, Samuel Nguiffo, from the Centre for Environment and Development (CED), said in reference to the Sime Darby deal that “even if they only develop on degraded forest, the deal is likely to involve farmland being taken away from local communities.” He also said that “degraded natural forests are located next to villages, and are considered as traditional land and ‘reserve’ for the future expansion of communities' farmland. But according to the State law (which prevails), the State owns part of the land, and is custodian of the rest of the land. The Malaysian company will therefore enter a deal with the State, and not with the communities, but will be taking what is still considered by the communities as their traditional land, according to their customs,” he says.

Furhtermore, the US based SG Sustainable Oils (SGSO) is planning a 30,000 hectares oil palm plantation in the South West Region in an area directly adjacent to the Korup National Park and Rumpi Hills Forest Reserve, and another 40,000 ha just to the east of that plantation and adjacent to Bakossi National Park and Banyang Mbo Wildlife Sanctuary.

SGSO is affiliated with Herakles Farms (a US-based company that is a subsidiary of Herakles Capital Corp) and Sithe Global (a US-based energy company, involved in the Bujagali dam construction in Uganda and the Amaila Hydropower project in Guyana). Sithe Global is 80% owned by the Blackstone Group, one of the largest investment firms in the world. In 2004, Bruce Wrobel founded Sithe Global Power. He is also the founder of Herakles Capital Corp. These companies share the same New York City mailing address as the NGO All for Africa, also founded by Bruce Wrobel. Mr. Wrobel and others founded All for Africa, in part, to help support and fund the oil palm development of Herakles and Sithe Global. In collaboration with these two companies, All for Africa is promoting its "palm out poverty" campaign arguing that planting oil palms will reduce poverty in Africa. They claim that this oil palm development will not only be socially responsible but also environmentally sustainable.

WRM was recently contacted by a group of US researchers working in Cameroon jointly with some local organizations that are strongly concerned about this project. The researchers have sent a letter to All for Africa and Sithe Global urging them to provide full information on the project on the grounds that it may have terrible social and environmental negative impacts. The letter -among other questions- raised the following concerns:

“The oil palm plantation will displace and disrupt the social and economic situation for over 30 villages (over 3,000 people). Their culture and way of life is closely tied to these forests, which provide these villages with clean water, food, and important income-earning capabilities. Most of these villagers rely heavily on farming to feed their families and earn an income. It is unclear how local villagers will be compensated for loss of their forest and farms. Some documents suggest that villages will be resettled and/or will be allowed to remain, but will be surrounded by oil palms.

To date, SGSO has operated in an unscrupulous manner. Villagers from various villages have discovered SGSO teams demarcating land, opening transects, and planting pillars in their farmland without consent. Complaint letters concerning SGSO have been sent to government representatives.These letters described informal meetings SGSO has had with village and tribal elites who have given their support for the development without consultation from people in their villages.

The original demarcation of the plantation in fact overlapped with existing forest titles and rights, including 2,500 ha of community forest, 5,415 ha of Council Forest, 132 ha with the Bakossi National Park, and 6,000 ha with the 3 km buffer zone to Korup National Park. It was only after complaints from various individuals and organization that the planned borders were changed.”

US-based researchers working in Cameroon informed us that, just a few weeks ago, the youths in one of the villages that will be directly affected by the oil palm plantation threatened a SGSO bulldozer as it entered their village to establish an oil palm nursery. Most of the village is against this development because it would mean losing their forests, and either being surrounded by oil palms or being forced to relocate. The chief of the village was approached by representatives from SGSO and agreed to give up village land to allow the plantation to proceed. He did this without consent from people in his village. There is now a tremendous amount of in-fighting in the village - and this is likely also occurring in each of the villages that will be affected by this plantation.

In addition to the social implications of this oil palm plantation, the US researchers notes that the majority of the land covered by the proposed plantation near Korup National Park is dense, mature, high canopy forest and the remaining being a mosaic of forest, agroforest, farmland, and settlements. Forest and hunter surveys have shown that this area is home to the Endangered chimpanzee and drill monkey and may be home to other highly threatened wildlife. This area might also be an important migration route for the forest elephant, which regularly uses Korup and the Rumpi Hills. This oil palm plantation will not only remove important habitat for threatened species but it will also further isolate these species inside protected areas. These protected areas will likely see increased bushmeat hunting as a result of the oil palm plantation and the conservation community will be ill-equipped to do anything about it.

Taken together, the US researchers argue that, “If this oil palm development is allowed to continue it will potentially have far reaching, long-term negative cultural and socioeconomic consequences for the affected villagers, who are being bullied into selling their forests. Additionally, the forests in South West Cameroon represent a stronghold for many kinds of endangered and endemic species. This oil palm development will destroy ecosystems and key habitat for threatened species and will be catastrophic for the wildlife inside the neighboring protected areas.”

Atricle based on information from: WRM Publication “Oil Palm in Africa, past, present and future scenarios”; and information from “The Ecologist” magazine available at ver aquí and further information received by WRM

Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)

Este boletín está disponible también en Inglés, Francés y Portugués

Editor en jefe: Winfridus Overbeek

Redactora responsable: Raquel Núñez Mutter

Apoyo editorial: Ana Filippini, Elizabeth Díaz, Flavio Pazos, Teresa Perez

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