Boletín N° 161 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

NUESTRA OPINIÓN

- Adiós Ricardo, bienvenido Winnie

Muchos años han pasado desde que tuve el honor de ser elegido como Coordinador Internacional del WRM. No tengo palabras para agradecer a quienes me dieron esa oportunidad, que me abrió horizontes cuya existencia apenas sospechaba y que me permitió ser aprendedor de todo antes que coordinador de nada.

A lo largo de todos estos años, el equipo del WRM que he tenido el gusto de coordinar ha actuado siempre bajo la óptica de aprender de la gente y de compartir ese conocimiento con quienes necesitan del mismo para fortalecer sus luchas. Ese es el tema en el que nos hemos centrado: las luchas de los pueblos por defender sus derechos, sus medios y estilos de vida, sus sueños de un futuro mejor. Todo el bagaje de conocimiento acumulado por el WRM durante su cuarto de siglo de vida nace en la gente y se vuelca hacia la gente. Esa es probablemente nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor motivo de orgullo.

La “tarea” de coordinador me dio además la oportunidad de vincularme a una enorme diversidad de personas en todo el mundo –Sur y Norte, Este y Oeste- unidas por un anhelo común: una sociedad solidaria basada en el respeto entre personas y culturas y entre éstas y la naturaleza. En esa interacción fuimos estableciendo confianzas políticas y personales, que sin duda ayudaron a fortalecer las luchas a nivel local, regional y global. Al mismo tiempo, mi función como coordinador del WRM me permitió conocer a personas maravillosas que me honran con su amistad y con quienes hemos recorrido juntos muchos caminos.

A esta altura, resulta obvio que esto es más una despedida que un editorial. Es cierto: me estoy retirando. No de la lucha ni del WRM, sino de la función de coordinador del WRM. Me retiro “rico de lindas riquezas” (1) entre las que se cuentan todas esas personas que conocí y aprendí a querer y respetar a lo largo de todos estos años.

Y entre esas muchas personas hoy quiero destacar a una, por la única razón de que es quien resultó seleccionado para sucederme en el cargo: Winnie Overbeek. Dada su reconocida modestia, solo voy a decir dos cosas sobre él: que lo conozco desde hace muchos años y que me inspira total confianza. Le dejo ahora el editorial abierto, para que haga su introducción. ¡Bienvenido Winnie!

Ricardo Carrere

Para empezar, no puedo dejar de señalar cuan desafiante se presenta esta nueva actividad en mi vida, por diferentes motivos: primero, por asumir la coordinación de una organización de tanta importancia como el WRM; y segundo, por suceder a Ricardo Carrere, un compañero que, valiéndose de sus innumerables cualidades, se ha dedicado desde hace más de 20 años a esta organización. Su esfuerzo y el de su equipo dieron como resultado una amplia red de contactos de personas, activistas y organizaciones que actúan en diversos niveles. Para muchos de ellos, el WRM significa una organización que merece respeto y en la que pueden tener confianza. Se trata de una organización comprometida con las luchas de comunidades locales por la preservación de los bosques, por sus derechos, y contrarias a las intervenciones destructivas, muchas veces publicitadas como "desarrollo", que amenazan su bienestar y su supervivencia.

Si bien por un lado hay elementos que me preocupan, hay también otros que me dejan un poco más tranquilo: el hecho de saber que podré contar con numerosos compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo para la realización del trabajo; que el equipo que trabajó con Ricardo continuará haciéndolo conmigo - un equipo valeroso, competente y con mucha disposición para el trabajo y que espero que tenga paciencia conmigo. Junto a este equipo, pretendemos dar continuidad al trabajo que comenzó en Malasia hace tantos años. Y esperamos, junto a ustedes, seguir construyendo el WRM como una red de personas, activistas, movimientos y organizaciones comprometidas con la defensa de la vida, que respeta y aprende de las comunidades que viven de los bosques y que colabora con el fortalecimiento de sus luchas contra las diversas amenazas a sus territorios y a su modo de vida.

También espero que mi experiencia en estos últimos 15 años de apoyo a las luchas de comunidades indígenas y otras en Brasil me ayuden un poco en la tarea. Fue en esa convivencia que conocí al WRM y durante la misma pudimos contar con su importante apoyo. Así fue como comencé a sentirme parte del WRM y de esta Red que la organización ha ayudado a construir en muchos países.

Por último, otro motivo que me deja un poco más tranquilo en este momento es que Ricardo acaba de decir que no se retirará del WRM, ni de la lucha y, por ello, espero que podamos seguir contando con su contribución fundamental.

Winnie Overbeek

(1) al decir del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui: “Rico de lindas riquezas: guitarra, amigos, canción”.

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DERECHOS HUMANOS ... NO TAN DERECHOS

- Derechos Humanos: una historia de luchas sociales

El 10 de diciembre ha sido instituido por las Naciones Unidas como el Día de los Derechos Humanos. Con ello se celebra la fecha del año 1948 en que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana como “los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo".

La Declaración es la resultante de una evolución y de un momento histórico determinado que, en un afán de universalización y concreción encarna, como bien señala Amnistía Internacional, “las normas y principios empezados a promulgar hace siglos de forma fragmentada y difusa en distintos entornos culturales”.

En efecto, desde los inicios, todas las culturas y grandes tradiciones - escritas y orales – recogen la exhortación a la necesidad de comportarse fraternalmente con aquellos que nos rodean, en torno a conceptos como el respeto, la igualdad, la solidaridad, la justicia.

A lo largo de la historia y a medida que las sociedades se fueron haciendo cada vez más complejas – aunque no de manera lineal – los derechos de los individuos fueron adquiriendo mayor protagonismo. En la historia moderna, la conceptualización de los derechos humanos fue abarcando nuevas dimensiones para contemplar no solamente los derechos llamados de primera generación (derechos civiles y políticos) y de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) sino también los de tercera generación (derechos de solidaridad), que ponen énfasis en el carácter unificador de su incidencia en la vida de todos. Esta última categoría incluye el derecho a un medio ambiente sano, al aire puro, a disponer de agua limpia y alimentos no contaminados, derechos que se pueden considerar implícitos.

Por otro lado, también ha ido creciendo la conciencia sobre la situación relegada de las mujeres, supeditadas a la autoridad del hombre, ya fuera el marido, el padre o incluso el hermano, situación que se ha reiterado en distintas épocas y diferentes civilizaciones. La creciente incidencia de las mujeres en las luchas sociales así como sus propias luchas, han aportado otra dimensión a los reclamos de igualdad y justicia y han dado visibilidad a la condición estructural de la desigualdad de género, imbricada en todos los órdenes sociales y económicos, como ha quedado demostrado a lo largo de la historia.

Lo es cierto es que, con o sin enunciados, el avasallamiento de la dignidad humana ha sido moneda corriente, y continúa siéndolo. Y es que, nuevamente citando a Amnistía Internacional, “la historia de la humanidad es la historia de una tensión, entre defensores de privilegios y de conductas ultrajantes o violentas por un lado (amparándose en las costumbres, en designios divinos u otros razonamientos), y por otro el anhelo de vida, libertad y bienestar de los seres humanos marginados u oprimidos.”

Es así que el Día de los Derechos Humanos adquiere importancia como recordatorio de la tarea que aún nos queda pendiente como humanidad: expandir la conciencia del sí mismo hacia la conciencia de la existencia del prójimo, en respeto y solidaridad. Esto, que sería la mejor fórmula para cumplir nuestro destino de vida en sociedad como garantía para la supervivencia y el “buen vivir”, implica una transformación de las personas y las sociedades allí donde campea la injusticia, el atropello, la explotación, la exclusión, la violencia.

La criminalización de la protesta

Como expresa Vandana Shiva, hay tres niveles de violencia en el mal llamado “desarrollo” predominante: la violencia contra el planeta, que se expresa en la actual crisis ecológica; la violencia contra la gente, que se expresa en la pobreza y la exclusión; la violencia de la guerra, que estalla toda vez que los poderosos procuran apoderarse de las tierras, el agua, los medios de vida, los conocimientos, la cultura y el futuro de las comunidades, para incorporarlas al mercado.

En estos tiempos de guerra es imperioso defender los derechos humanos. Sobre todo en la medida que la creciente reacción de los Estados a la resistencia popular es la criminalización de la protesta social. Quienes desde los movimientos sociales y en respuesta a un proceso de conflicto social, se organizan y manifiestan públicamente, terminan muchas veces siendo perseguidos, reprimidos, enjuiciados y encarcelados, tipificando sus acciones de defensa y resistencia como delitos. Y otras veces terminan asesinados.

Prueba de ello es la masacre ocurrida el 15 de noviembre, en la finca El Tumbador, municipio de Trujillo, en el norte de Honduras. La Rel-UITA ha venido dando seguimiento a la situación de violencia generada por el productor palmero Miguel Facussé Barjum, apodado “el palmero de la muerte”, y en esta oportunidad informa que “un ejército de más de 200 guardias de seguridad del productor palmero Miguel Facussé Barjum, presidente de la Corporación Dinant, atacó con armas de grueso calibre a miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), quienes desde hace nueve meses recuperaron esa tierra, que les fue arrebatada por el sanguinario empresario para sembrar palma africana.

La violenta acción de los grupos paramilitares dejó un trágico saldo de cinco fallecidos -Teodoro Acosta (45), Ignacio Reyes (50), Raúl Castillo (45), Ciriaco Muñóz (45), José Luis Sauceda Pastrana (32) desaparecido y posteriormente encontrado muerto con tres disparos de fusil R-15 en su rostro; un desaparecido - Noé Pérez- y varios heridos, algunos de los cuales están hospitalizados en graves condiciones.

La finca El Tumbador es parte de una de las tantas ‘historias negras’ que han contribuido al despojo de las tierras en Honduras por manos de terratenientes sin escrúpulos.

Cuando Temístocles Ramírez de Arellano, puertorriqueño nacionalizado estadounidense, fue obligado a vender al Estado sus 5.724 hectáreas en el Bajo Aguán, esas tierras volvieron a manos del Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de Reforma Agraria. Sobre estas tierras el gobierno de Honduras instaló el tristemente famoso Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde en los años 80 expertos estadounidenses entrenaron a las tropas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y a la ‘Contra’ nicaragüense en el arte de matar.

Afinando técnicas de corrupción y apegándose a la Ley de Modernización Agrícola, aprobada a principio de los 90, los terratenientes lograron adueñarse ilegalmente de estas tierras, comenzando a sembrar palma africana. Cuando las familias campesinas se enteraron de la existencia de una escritura con la que la Procuraduría General de la República pasaba las tierras al INA, comenzaron a organizarse para su recuperación”.

“Los campesinos del MCA han sido constantemente hostigados y amenazados, y lo que presenciamos ayer es una evidente demostración de que el poder en Honduras está en manos de los grupos económicos hegemónicos. Son ellos quienes mandan en el país”, aseveró Esly Banegas, coordinadora regional de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

Santos Cruz, miembro del MCA, afirmó: Estamos heridos. En diez años nos han asesinado a más de 20 compañeros. Es una campaña de terror, para amedrentarnos, para que renunciemos a nuestros derechos sobre la tierra. Sin embargo ya estamos tomando las medidas necesarias y no lo van a lograr, concluyó Santos Cruz”.

Según informa REL-UITA, para el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), la masacre perpetrada por los guardias de Miguel Facussé demuestra la connivencia del gobierno de Porfirio Lobo con el sector palmicultor, uno de los grupos nacionales con gran poder económico.

En todos los continentes, en varios lugares, la expansión del gran negocio es la gran promotora de la violación de los derechos humanos. La minería, una actividad muy destructiva, ha cobrado numerosas víctimas entre quienes han resistido la pérdida de sus territorios y medios de vida. En Nigeria, el escritor y activista Ken Saro-Wiwa y otros ocho líderes de la tribu Ogoni fueron colgados por el gobierno dictatorial de Nigeria por haberse enfrentado a la Shell y a la extracción de petróleo en sus tierras.

Mientras que en Filipinas la organización Kasama Sa Kalikasan/Amigos de la Tierra Filipinas, rinde tributo a Arman Marin, asesinado por el jefe del equipo de seguridad de la empresa Sibuyan Nickel Property Development Corp. (SNPDC), en la isla de Sibuyan, Romblon, en octubre de 2000, cuando encabezaba la protesta contra la minería de níquel en su isla; a Eliécer “Boy” Billanes - conocido por su valentía y como un luchador incansable contra las grandes empresas mineras y defensor de los derechos humanos – quien fue brutalmente asesinado de manera pública el 9 de marzo de 2009 en un mercado de la ciudad de Coronada, Cotabato sur; a otros 23 camaradas que fueron asesinados por defender el ambiente, los medios de vida de sus pueblos y los derechos comunitarios.

Dentro de la defensa de la amplia gama de derechos humanos, los Pueblos Indígenas libran sus propias históricas luchas contra acciones que van desde el atropello al genocidio. En estos momentos enfrentan, además, formas muy sutiles que representan una amenaza a la integridad de sus derechos, como es el mecanismo REDD (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques) en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En lugar de reducir las emisiones de combustible fósil en la fuente, los países del Norte han inventado una serie de artilugios para evitarlo. REDD se presenta ahora como un sistema para parar la deforestación y las emisiones que derivan de ella.

Grupos indígenas y de derechos ambientales advierten que un acuerdo sobre REDD puede implicar un desastre para los pueblos de los bosques en todo el mundo ya que limitaría los derechos de los pueblos indígenas y campesinos sobre sus territorios. Tom Goldtooth, Director Ejecutivo de la red indígena ambiental Indigenous Environmental Network declaró: “Sí, necesitamos parar la deforestación desenfrenada. Pero REDD no protegerá a los bosques ni reducirá la contaminación con gases de efecto invernadero. REDD permitirá que las industrias contaminantes eviten reducir sus emisiones en tanto podrán utilizar compensaciones con árboles y otros mecanismos llamados “servicios ambientales”. Desde una perspectiva indígena y de derechos humanos, REDD podría criminalizar a los propios pueblos que protegen y dependen de los bosques para su supervivencia, que no cuentan con garantías de salvaguardas que puedan ser exigibles. REDD promueve lo que podría ser la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos”.

El derecho a la autodeterminación

Y dentro de los Pueblos Indígenas, los más vulnerables, los más invisibilizados e ignorados son los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario. En Paraguay, la organización Iniciativa Amotocodie ha venido acompañando “desde afuera” y desde la distancia a los grupos indígenas Ayoreo que aún se mantienen sin contacto dentro de los bosques del Chaco, en la protección de sus derechos de vida y de autodeterminación, que se extienden a la protección de la integridad de su hábitat ambiental, cultural y espiritual.

Los procesos que afectan a estos grupos aislados – que hasta hoy evitan todo contacto con la sociedad moderna envolvente – están vinculados a la expansión del agronegocio y forman a su vez parte de los procesos históricos que afectan al Pueblo Ayoreo en su totalidad, y al mismo tiempo a todas las demás etnias chaqueñas.

El pasado miércoles 1 de diciembre, representantes del Ministerio Público allanaron violentamente las oficinas de Iniciativa Amotocodie, confiscando información producto de largos años de investigación. El allanamiento, fundamentado en una denuncia que no especifica el hecho punible, es parte de un largo hostigamiento por parte de actores vinculados a intereses ganaderos y latifundistas. Recientemente, Iniciativa Amotocodie había alertado sobre los riesgos de contacto involuntario y posibles consecuencias trágicas de una expedición de científicos británicos denominada “Chaco Seco 2010”, que podría vulnerar la situación de los Ayoreo en aislamiento.

Ante el allanamiento e incautación de materiales personales e institucionales de Iniciativa Amotocodie, la organización manifiesta:

“* Nuestro repudio al abuso de poder público incurrido y la desmesurada acción realizada contra una organización social honesta con 10 años de trayectoria en la Defensa de los Derechos Humanos y Derechos Indígenas en el Paraguay.
* Nuestro repudio a la persecución que es tristemente cada vez más común a personas e instituciones defensoras de los Derechos Humanos.
* Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes que la investigación que abrieron sin motivo claro, ni la más mínima averiguación de veracidad previa, sea desestimada o agilizada lo más pronto posible para que la organización pueda desarrollar su trabajo, y rendir cuentas al Estado en sus obligaciones fiscales, imposibilitadas en este momento debido al procedimiento, y a las entidades solidarias de la Cooperación Internacional que apoyan a la institución.
* La institución acudirá ante instancias pertinentes a fin de reclamar las reparaciones por este grave atropello.”

La lucha en defensa de los Derechos Humanos es vasta y permanente. Desde el WRM pretendemos que cada denuncia, cada apoyo, cada análisis que realizamos, aporte a esa lucha, en una tarea diaria con vocación de cambio hacia un mundo solidario. Con ese espíritu nos sumamos al Día de los Derechos Humanos.

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- Brasil: Violencia y destrucción de Aracruz en Espíritu Santo

En el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos creemos oportuno divulgar un trabajo realizado este año en Brasil. Se trata de una investigación que analiza los impactos de mega proyectos comerciales sobre los derechos humanos, en este caso monocultivos de eucaliptos a gran escala en el norte del Estado de Espíritu Santo. El informe es un aporte importante, pues brinda una visión que amplía y enriquece la lucha por los derechos humanos, a la vez que contribuye a que el tema de los derechos humanos se incorpore más efectivamente en las luchas de las comunidades impactadas.

Desequilibrio ambiental; hambre; miseria; enfermedades; mucha destrucción; engaño; insectos; impactos psicológicos; destrucción de los bosques, de la flora, de las nacientes, de los ríos, de los arroyos y de la salud; desestructuración económica, cultural y religiosa; falta de respeto; pérdida de tierras; depresión; desorganización y destrucción de las familias afrobrasileñas (quilombolas); invasión de la policía militar en las comunidades; expulsión de los jóvenes; desempleo; falta de trabajo; trabajo semiesclavo; insustentabilidad; usurpación; contaminación; destrucción de la vida; y violación de derechos.

Estos elementos pueden ser encontrados en las respuestas de afrobrasileños del Estado de Espíritu Santo, cuando se les pregunta sobre los últimos 40 años de actuación de Aracruz en el Estado. Fueron interrogados durante la investigación del " Relatório de Impactos em Direitos Humanos de Grandes Projetos (EIDH/RIDH): O caso do monocultivo de eucalipto em larga escala no Norte do ES – o projeto agroindustrial da Aracruz Celulose/Fibria e as comunidades quilombolas do Sapê do Norte" (Informe de Impactos en Derechos Humanos de Grandes Proyectos (EIDH/IIDH): El caso del monocultivo del eucalipto en gran escala en el Norte del Estado de Espírito Santo - el proyecto agroindustrial de Aracruz Celulose/Fibria y las comunidades afrobrasileñas de Sapê do Norte). El Movimiento Nacional de Derechos Humanos en Espíritu Santo (MNDH/ES) y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) de Serra presentaron el estudio, el día 27 de mayo, en la Asamblea Legislativa del Estado de Espíritu Santo.

Este trabajo forma parte de tres estudios de caso que el MNDH ha realizado en el Brasil este último año, para mostrar con evidencias la necesidad urgente de rever el procedimiento actual para la instalación de grandes proyectos, como plantaciones en gran escala, proyectos de minería y grandes represas. Actualmente, en el Brasil y en muchos otros países, las autoridades solamente exigen un Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA/IIA), para conceder la licencia de implementación y funcionamiento de grandes proyectos. Para el MNDH, el EIA/IIA es considerado totalmente insuficiente para medir los reales impactos de un emprendimiento, en especial, en el tema de los derechos humanos. Los tres estudios de caso del Brasil están siendo transformados en un libro y serán presentados al gobierno brasileño para exigir que elabore un instrumento legal que obligue a la realización de un Estudio e Informe de Impacto sobre los Derechos Humanos (EIDH/IIDH) en el Brasil. Cabe recordar que un importante referencial para el estudio realizado en las comunidades afrobrasileñas en Sapê do Norte fue una guía elaborada por la organización ‘Rights and Democracy’. Se trata de una guía práctica para la realización de estudios de impacto en derechos humanos.

El EIDH/IIDH en Espíritu Santo, Brasil, se enfrentó a los 40 años de violación de derechos humanos en las más de 30 comunidades afrobrasileñas en Sapê do Norte, en los municipios de Conceição da Barra y São Mateus. Allí viven aproximadamente 6 mil afrobrasileños, que sufrieron cambios drásticos en su modo de vida a partir de la implantación del monocultivo del eucalipto en sus tierras, principalmente por la empresa Aracruz Celulose, actualmente Fibria.

El estudio se dividió en capítulos sobre los derechos humanos a la tierra, al medio ambiente, a la alimentación y al trabajo y el proceso de persecución y criminalización de los afrobrasileños implementado por la empresa Aracruz Celulose/Fibria, en alianza con agentes públicos y el Movimiento Paz en el Campo (MPC) -una organización que reúne a hacendados y a algunos segmentos locales que se oponen a los derechos territoriales de los afrobrasileños.

El derecho a la tierra

Una investigación realizada durante un año constató que el derecho a la tierra de los afrobrasileños fue gravemente violado. Vasta documentación a la que tuvo acceso el equipo que elaboró el EIDH/IIDH prueba que Aracruz se apropió, con la anuencia del Estado, de tierras pertenecientes a estas comunidades.

El estudio relata casos extremos de manipulación. Uno de ellos es el de Antonio Alage quien en 1947 (un año antes de su nacimiento en 1948), “adquirió” 200 hectáreas en Itauninas, Córrego de Santo Antonio, en Conceição da Barra. El mismo Alage requirió, el 11/09/1975, 178 hectáreas de tierras “devolutas” (1) del Estado de Espíritu Santo, en un lugar denominado Rio Santana en São Mateus, pasando esta área un día después para Vera Cruz Agroflorestal S/A, subsidiaria de Aracruz. Los intermediarios no recibieron nada por ello; hacían solamente un “favor” a la empresa. El EIDH/IIDH indica que estas posesiones de Aracruz son, por lo tanto, ilegales y que “las comunidades fueron víctimas de despojo y acto simulado en el proceso de adquisición de tierras".

Las denuncias salieron a la luz en la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Aracruz en 2002. Sin embargo, hasta el día de hoy, un pedido a la Procuraduría General del Estado, realizado en 2004, para anular estas legitimaciones ilegales, no tuvo ningún resultado efectivo.

A partir de la resistencia y de la organización de los afrobrasileños, la Constitución y, posteriormente, el Decreto 4887/2003 buscan reparar la violación del derecho territorial. Desde entonces, el INCRA (2) elaboró cinco informes de identificación de los territorios afrobrasileños en Sapê do Norte, delimitando sus límites e incluyendo diversas áreas hoy cubiertas por eucaliptos de Aracruz/Fibria. Sin embargo, ninguno de dichos territorios fue demarcado hasta el momento.

Medio ambiente

La deforestación y las plantaciones de eucaliptos resultaron en la violación del derecho a un medio ambiente “ecológicamente equilibrado, unbien de uso común del pueblo”, consagrado en la Constitución y también en acuerdos internacionales. La llegada de Aracruz hizo que las comunidades perdiesen sus riquezas como la selva, con su fauna y flora, los ríos y arroyos, reduciendo drásticamente la cantidad y calidad de peces en la región. Actualmente, la selva prácticamente se acabó y los ríos se secaron en función de la plantación de eucaliptos.

En el EIDH/IIDH-ES, líderes afrobrasileños afirman que la aplicación constante de agrotóxicos contamina el medio ambiente donde viven y del cual dependen. Un caso evidente es el del trabajador Jorge Francelino, enfermo en función del trabajo de aplicador de veneno en las plantaciones de eucaliptos realizado para Plantar, empresa tercerizada de Aracruz. Consiguió, después de muchos años, recibir una indemnización de la empresa, pero eso no hizo que recuperara su salud: “A veces no sé lo que siento en la cabeza. Un dolor de cabeza se pasa con un comprimido. Pero el mío, es dolor en la cabeza. Me queda anestesiada, me duele la frente, la nariz... Un día amanezco con un oído sordo, otro día el otro está sordo. La laringe me duele. ¡Y hoy, estoy con las dos piernas hinchadas!".

Además de ello, la transformación del ambiente de los afrobrasileños en un gran desierto verde imposibilita la caza, la pesca, la extracción de madera para construcción de viviendas, la recolección, las artesanías, la fabricación artesanal de harina y el cultivo diversificado. Con ello, se viola el derecho a la alimentación adecuada, incentivando la inseguridad alimentaria. El estudio indica la violación diferenciada de los derechos de las mujeres, contratadas por Plantar para la aplicación de veneno en las plantaciones de eucalipto.

Criminalización

Hoy, en muchas comunidades, predomina el trabajo de la recolección de ramas y puntas del eucalipto y la fabricación de carbón, que garantiza la supervivencia de muchas familias. De esta forma, las nuevas generaciones son obligadas a incorporar una actividad de trabajo caracterizada por condiciones infrahumanas. Se viola el derecho al trabajo digno.

Inicialmente, la recolección de esos residuos de madera era permitida por Aracruz/Fibria mediante un acuerdo con una asociación local. A partir de 2004, la empresa buscó eliminar gradualmente esta práctica, alegando cuestiones tributarias y laborales. Inmediatamente se inició un proceso de criminalización de los afrobrasileños, impidiendo y restringiendo su acceso a las plantaciones, apoyado por las empresas de seguridad Visel y luego Garra -también tercerizadas para servicio de seguridad- consideradas por las comunidades como una milicia armada.

El Estudio relata que el primer caso ocurrió en 2006, cuando la propia Aracruz/Fibria propuso a los afrobrasileños la recolección de residuos de madera en un área en el municipio de Linhares. Sin embargo, cuando los trabajadores estaban en el lugar, la policía los arrestó, acusándolos de robo. Ochenta y dos personas, la mayoría afrobrasileñas, fueron arrestadas. Sin su conocimiento, ya había una decisión judicial de interdicción prohibitoria para el lugar. Joelton Serafim Blandino, afrobrasileño, cuenta que “era muy difícil, porque no tenía trabajo para sustentar a la familia cuando fuimos agredidos allá en Linhares. No soy ladrón, solamente estoy luchando por mi supervivencia y por la de mi familia".

Otro caso ocurrió el día 11 de noviembre de 2009, en la comunidad de São Domingos, cuando 130 policías militares llegaron a la comunidad, con armamento pesado, perros y caballos y arrestaron a 39 personas, incluso a un no vidente y a un señor de 83 años que falleció 3 meses después. El estudio explica que la acción de la policía impresiona por su propia ilegalidad: la acción ocurrió a las 8 horas, mientras el mandato judicial para la misma recién salió después del mediodía. Además de ello, el mandato era de búsqueda y arresto y no de prisión. En el camino para la comisaría, los policías pararon para recoger comida en una de las oficinas de Aracruz/Fibria, mientras dejaban a las 39 personas esposadas en el ómnibus, con algunos policías fuertemente armados.

Basado en artículo de Winnie Overbeek (Red Alerta/Espírito Santo, Brasil rb.moc.arret@keebrevow) en el diario Brasil de Fato el 22 de junio de 2010. El informe íntegro se encuentra en el sitio web ver aquí

1 - Tierras “devolutas” son tierras que pertenecen al estado y que, según lo estipula la Constitución Federal, deberían destinarse a la agricultura a pequeña escala en el marco de una reforma agraria.
2 - Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria

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COMUNIDADES Y BOSQUES

- Guatemala: monocultivos de palma y caña de azúcar lesionan a comunidades del río Coyolate

La vertiente del Pacífico de Guatemala está compuesta por unas 17 cuencas hidrográficas. La mayoría de los ríos de esta región tienen un recorrido corto de unos 100 kilómetros de largo, desde su nacimiento en la parte alta de las montañas y en la cadena volcánica hasta su desembocadura. Uno de estos ríos es el Coyolate, que nace en las montañas del departamento de Chimaltenango, atravesando varios municipios y comunidades. En la parte media de la cuenca se encuentran extensas áreas de monocultivos y ganadería.

La caña de azúcar y la palma africana se han asentado desde hace décadas en la región, debido a la fertilidad de los suelos de origen volcánico y la disponibilidad de agua. Pero el sistema de producción de caña y palma, como muchos otros monocultivos, necesita de grandes cantidades de agua, las cuales utilizan desviando parcial o totalmente los ríos hasta sus cultivos. Esto lo hacen construyendo una serie de bordas y diques los cuales forman canales que transportan el agua, para luego distribuirla e irrigar las plantaciones. Esto genera una situación dramática para las comunidades locales; en época seca los ríos pueden quedar totalmente sin agua, afectando a los medianos y pequeños productores de ganado, a los agricultores locales y a las más de 15,000 personas que habitan la zona del río Coyolate y utilizan sus aguas.

En época lluviosa, los canales abiertos son la vía por la cual el agua entra e inunda a las comunidades generando situaciones de emergencia, evacuaciones y pérdidas. El desvío y el uso abusivo de las aguas del Coyolate modifica y altera la dinámica natural del río, afectando a las personas y a los ecosistemas de los cuales dependen. Esta situación va acompañada por otros impactos generados por el cultivo de caña de azúcar: las fumigaciones aéreas con productos químicos para la maduración de la caña afectan también a los cultivos de frijol, maíz, coco, chile, entre otros.

La necesidad de expansión del cultivo ha llevado a los ingenios y fincas azucareras a talar grandes cantidades de árboles, los cuales son utilizados como combustible en las calderas. Los bosques de ribera también resultan afectados por la deforestación y por el impacto de la erosión de los suelos; los cauces cada vez son más frágiles y no soportan las modificaciones abruptas y en general el mal uso de los suelos.

El Coyolate además transporta y abastece de agua a un sistema de manglares en su desembocadura; al quitarle el agua al río ésta no llega hacia los manglares, lo que representa una posible muerte sistemática del ecosistema manglar.

El caso del río Coyolate ilustra lo que sucede en casi todos los ríos de la costa sur guatemalteca, donde los denominadores comunes son la explotación irracional de los recursos del territorio y de las aguas y la contaminación generalizada en los procesos de producción de las agroindustrias.

Comunidades afectadas, como Santa Odilia, han denunciado esta situación por años, sin tener una solución real a sus problemas; están cansados de recibir ayudas humanitarias – la que agradecen- pero la solución a sus problemas es que las agroindustrias respeten el río, que no lo desvíen, que usen el agua necesaria sin dejar a quienes viven en la parte media y baja de la cuenca sin ella, viviendo en situaciones de calamidad.

El desvío de los ríos y la degradación ambiental que generan las empresas de palma y de banano, también ha sido denunciado por organizaciones como el Comité de Unidad Campesina –CUC- parte de la Vía Campesina, quienes han interpuesto denuncias y enviado memoriales a las autoridades correspondientes del gobierno de Guatemala, para que atiendan los casos de desvío de ríos en las zonas de Ocós y Coatepeque, municipios de San Marcos. Debido a esas demandas se creó una Comisión de Alto Nivel que ha participado en acciones de monitoreo en las plantaciones de las empresas Bananera Sociedad Anónima y Palma del Horizonte. El Comité de Unidad Campesina solicita a la Comisión de Alto Nivel que emita con urgencia el informe de las inspecciones y que sea un informe objetivo, imparcial y justo. Exige que se propongan las alternativas más idóneas para solucionar dicha problemática.

Recientemente, una delegación de la RECOMA (Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles) visitó la comunidad de Santa Odilia y recabó testimonios de los pobladores. Junto con la RECOMA, la comunidad elaboró una carta que será enviada a delegados del gobierno.

Los pobladores quieren que la comunidad internacional, especialmente quienes participan de las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tomen conocimiento del impacto que tienen a nivel local las falsas soluciones que se promueven como combustibles limpios o “biocombustibles”, como es el caso de la palma aceitera. Quienes deseen adherir a la carta pueden hacerlo enviando un mensaje a recomala@gmail.com. El texto de la carta se encuentra disponible en ver aquí

El gobierno de Guatemala debe responder rápidamente ante esta situación que afecta a miles de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, y que viola sus derechos humanos más elementales. Las comunidades locales piden firmemente que se salve el río, porque salvando al río se salva a miles de personas.

Por Carlos Salvatierra, correo electrónico: moc.liamg@laelarreitavlaS
Con el apoyo de Savia –Escuela de Pensamiento Ecologista- moc.liamg@etaug.aivas y Comité de Unidad Campesina –CUC. moc.ttenletni@cuc
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- Palma aceitera en Nigeria: la producción en masa desplaza a pequeños productores y mujeres

África Occidental solía ser el centro de la industria del aceite de palma. La exportación de semillas de palma comenzó en 1832 y para 1911 el África Occidental “británica” exportaba 157.000 toneladas de las cuales el 75 por ciento provenía de Nigeria. En los años 1870, los administradores británicos mudaron la planta a Malasia y en 1934 dicho país sobrepasó a Nigeria como el mayor exportador de este producto. Para 1966, Malasia e Indonesia habían superado la producción total de aceite de palma de África.

En Nigeria, la palma aceitera es nativa de la planicie costera y migró tierra adentro como un cultivo básico. El 80% de la producción proviene de varios millones de pequeños agricultores desperdigados en una superficie que se estima abarca aproximadamente entre 1,65 millones de hectáreas y 3 millones de hectáreas como máximo. Para millones de nigerianos, el cultivo de la palma aceitera es parte de su forma de vida – de hecho, es parte de su cultura.

Como informó Chima Uzoma Darlington, un Ngwa del Estado de Abia de Nigeria, “en tierras Ngwa y en la mayor parte de Nigeria oriental, el árbol de palma tiene un gran valor. Contribuye tanto a la economía rural que lo llamamos ‘Osisi na ami ego’ en mi dialecto, lo cual significa literalmente ‘el árbol que produce dinero’. Aparte del aceite, prácticamente todas las partes del árbol contribuyen a la manutención rural. De las hojas de palma obtenemos materiales para hacer cestos y escobas. El árbol se sangra para obtener vino de palma, sobre todo en el Estado de Enugu; y muchos hombres jóvenes del área rural ganan su sustento como cosechadores de frutos de palma, mientras que numerosas mujeres (solteras o casadas) comercializan los frutos”.

“En mi lugar de origen, muchos de nuestros hijos que hoy ocupan una posición destacada fueron educados utilizando las ganancias provenientes de las palmas. Hasta el día de hoy, numerosos proyectos de desarrollo son financiados con lo recaudado por la venta de frutos de la palma aceitera. Frente a un proyecto de ese tipo, el Jefe de la Aldea o Jefe Comunal impone una prohibición a la cosecha individual de frutos de la palma aceitera por un período específico.

Cuando llega el momento de cosechar, los miembros de la aldea o la comunidad en su conjunto deben pagar una determinada cantidad de dinero para poder participar en la cosecha, la cual se lleva a cabo de manera colectiva, en una fecha acordada. Ésta es también una de las formas en que lograron educar a algunos de nuestros hijos más prominentes. E incluso hasta el presente, los habitantes indigentes de la zona rural siguen entregando sus palmeras a otras personas para obtener dinero con el cual cubrir algunas necesidades, como enviar a sus hijos a la escuela.”

Como se documentó en el caso del Estado de Akwa Ibom, un estado costero del sudeste de Nigeria y una de las zonas donde se produce aceite de palma en grandes cantidades, las mujeres tienen un papel importante en la producción, almacenamiento y comercialización del aceite de palma rojo, un ingrediente común en la preparación de casi todos los platos preparados en Nigeria.

La transformación de las frutas en aceite vegetal es en general realizada por las mujeres. El proceso comienza con la cosecha de las frutas maduras que crecen en racimos que pesan entre 20 y 30 kilos. Las mujeres trabajan colectivamente en grupos de 2 ó 3. Las frutas cosechadas son separadas en racimos más pequeños y rociadas con agua; luego se cubren con gruesas bolsas de yute o con hojas de banano para ayudar a la fermentación y simplificar la extracción de las semillas de su tallo espinoso.

Dos o tres días después se recogen las semillas, se lavan y se hierven en bidones de hierro. En general, la noche anterior se prepara una fogata con leña juntada en el lugar, la cual se mantiene encendida para que la preparación esté constantemente caliente. Temprano, a las 4 ó 5 de la mañana, las semillas hervidas, cuyo grueso pericarpio se ha vuelto suave y tierno, son retiradas con un pequeño cesto o un colador y se colocan en un mortero hecho con un bidón de hierro ubicado en un hueco del suelo. Luego se machacan las semillas hervidas con un mortero para separar el pericarpio del resto.

En la siguiente etapa se pasa la mezcla a un recipiente llano o se coloca en el suelo que ha sido previamente cubierto con hojas de banano. Las semillas se separan entonces de los restos fibrosos y se pasan a una prensa cilíndrica. Mientras se va girando la manivela lenta y gradualmente, el aceite que pasa por los agujeros de la prensa es guiado a través de un ducto ubicado en el fondo de la misma, hacia un cuenco, un abrevadero o un recipiente grande. Este proceso se realiza varias veces hasta drenar todo el aceite de la mezcla.

La siguiente etapa consiste en pasar cuidadosamente el aceite a otros recipientes; al hacer esto, las mujeres deben poner atención en que no caiga suciedad, ni fibras u otros elementos en el aceite. El producto terminado, si hay grandes cantidades, puede ser a su vez almacenado en bidones metálicos más grandes, hasta que vengan a comprar el producto a estas mujeres y lo transporten a otras ciudades. Si no hay tanta cantidad de aceite, entonces lo llevan al mercado local para venderlo; de cualquier forma, la mujer Akwa Ibom gana su dinero.

“Estas palmeras”, informa Chima, “crecen en su mayoría naturalmente en sus parcelas y no en monocultivos. La mayor parte de Nigeria oriental cuenta con bosques secundarios de rebrote donde las palmeras son la especie de árbol dominante.”

En el pasado, el gobierno nigeriano había intentado hacer grandes plantaciones de palma aceitera, pero la mayoría resultó un fracaso total. Así sucedió con el proyecto del Estado de Cross River en 1960, y con el “programa de desarrollo rural del cinturón de palma aceitera” financiado por la Unión Europea en la década de 1990. Este último consistía en plantar 6.750 hectáreas de palma en una zona considerada como uno de los mayores remanentes de bosque tropical de Nigeria, y fue ejecutado por una compañía llamada Risonpalm Ltd., que pertenecía en parte al gobierno. A pesar de la oposición local, el proyecto siguió adelante, y la financiación de la UE sólo se interrumpió en 1995, siete años después de su aprobación. La plantación fue abandonada en 1999 y reactivada en 2003. En 2010, el gobernador local anunció su intención de privatizarla.

El Banco Mundial tuvo un papel importante en la promoción del negocio de la palma aceitera en Nigeria. Según un reciente documento del Banco, Nigeria ha sido “el segundo beneficiario de los proyectos del Banco Mundial para el sector del aceite de palma, con seis proyectos financiados durante el período 1975 – 2009. Uno de ellos está aún en ejecución. Los resultados obtenidos fueron la plantación de 42.658 ha de palma aceitera, la mejora de las rutas y el aumento de la capacidad de producción de aceite”.

El Gobierno Federal parece estar dispuesto ahora a revitalizar la producción de palma aceitera. En abril de 2010, lanzó un Common Fund for Commodities “para aumentar el potencial de generación de ingresos de la palma aceitera en África Occidental y Central”. La iniciativa fue desarrollada por UNIDO y la financiación está repartida entre Nigeria, Camerún, UNIDO y el sector privado.

Coincidentemente, funcionarios del Instituto Nigeriano de Investigación sobre la Palma Aceitera (NIFOR según su nombre en inglés) acaban de decir que “la participación del sector privado en la plantación de palma aceitera es determinante para reactivar el negocio en el país”. El Dr. Dere Okiy, director del NIFOR, declaró que “el sistema de tenencia de tierras del país” es un “factor limitante que impide la producción masiva del aceite de palma de forma individual”, y “llamó a los gobiernos locales y estatales a ofrecer tierras a los cultivadores de palma para incentivar la producción masiva de aceite”.

Todo parece indicar que las plantaciones de palma aceitera pueden expandirse en Nigeria – ya sea revitalizando las antiguas o estableciendo nuevas – en ambos casos apuntando al mercado internacional. Sin embargo, como advierte Chima, “El establecimiento de monocultivos suele traer aparejada la destrucción de la vegetación existente, y esto supondrá talar las palmas aceiteras que crecen naturalmente, de las cuales depende la gente para su subsistencia”. Y concluye: “La apropiación de las tierras de la gente del campo para incentivar el monocultivo de palma a gran escala aumentará la pobreza en el medio rural y causará mucho sufrimiento”.

Fuente: “Oil palm in Nigeria”, redactado por el WRM, ver aquí, y comentarios de Chima Uzoma Darlington
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- Amazonía: IIRSA abre la puerta a la penetración de la selva

A medida que avanzan las políticas desarrollistas y neo extractivistas de los gobiernos de la región, avanza la destrucción de la naturaleza y el etnocidio genocida de los pueblos originarios que la habitan. La encrucijada es más acuciante que nunca: o se detiene la penetración capitalista o desaparecerán los pueblos indígenas y los bosques. O se detiene la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) que alientan de manera decidida el estado brasileño y los demás gobiernos de la región, los bancos multilaterales y las trasnacionales, o la selva y los indios serán imágenes y recuerdos del museo del horror de la violenta conquista de la última frontera interna continental para abrirla al saqueo de sus recursos naturales, el cambio irreversible de su ecosistema y la extinción física de sus culturas.

Brasil se ha convertido en una de las diez mayores economías del mundo y la suya representa más de la mitad de la actividad económica sudamericana. El PIB brasileño corresponde al 55 % del PIB de América del Sur. El nuevo monstruo del capitalismo se ha fijado una meta: abrir la Amazonía a la explotación masiva de sus recursos naturales, completando su dominio territorial y su inexorable marcha hacia el oeste.

El prerrequisito complementario para su cumplimiento era romper el escollo geográfico que las grandes selvas y los grandes ríos representaron históricamente como freno a la penetración del transporte, las máquinas, los mercados y las grandes corporaciones. De allí que la apertura del territorio amazónico y su vinculación física con los puertos de exportación de los dos océanos más importantes de la Tierra, el Atlántico y el Pacífico, y a través de ellos con el resto del mundo globalizado, es el objetivo principal de la llamada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana, más conocida por su sigla IIRSA, que se puso en marcha en agosto del año 2000 en Brasilia. Tan sólo diez años y algunos meses después, la IIRSA está a punto de lograrlo.

Cuando se terminen las obras de construcción del puente Billinghurst sobre el río Madre de Dios, que unirá la ciudad de Puerto Maldonado con el caserío de El Triunfo, ambos en el Departamento de Madre de Dios, en el extremo sudoriental de la República del Perú, y con ello se culmine la construcción del llamado Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, la historia sudamericana cambiará para siempre.

Hasta ahora, la navegación de los ríos era la forma más efectiva de penetración a la selva. Cuando se produjo el fenómeno del auge de la extracción del caucho entre los años 1870 y 1914, la primera incorporación forzosa de la Amazonía continental al mercado mundial, los ríos se convirtieron en la vía de ingreso de miles y miles de personas ajenas a la selva que ocasionaron un genocidio entre los pueblos indígenas que hasta hoy sigue siendo ocultado y silenciado.

Las actuales fronteras entre Brasil, Perú y Bolivia en los territorios atravesados ahora por la interoceánica y su zona de influencia nacen de esta invasión violenta que esclavizó a pueblos enteros para obligarlos a trabajar en la recolección del caucho y que condujo a la desaparición física de muchos de ellos. Algunos se refugiaron monte adentro, en las cabeceras de los ríos donde éstos ya no eran navegables, y así pudieron evitar el exterminio. Son los que actualmente conocemos como “pueblos indígenas aislados o pueblos indígenas aislados voluntariamente”.

Un siglo después de esta hecatombe étnica, muchos de esos pueblos que eligieron la libertad al aniquilamiento, fueron forzados a través de misiones religiosas, a salir de su aislamiento y se encuentran en la situación llamada de “contacto inicial” con la sociedad nacional hegemónica de sus países, situación de extrema vulnerabilidad para la supervivencia de su modo de vida y de su cultura, amenazados por la lenta desaparición de la misma, tragedia que se conoce como etnocidio.

Hoy, una interconexión como la que provocará el puente, por más lejanas o abandonadas desde el punto de vista nacional que parezcan las regiones donde éste influirá, es posible para ese nuevo orden mundial, basado en el desarrollo de fuerzas productivas a escala global y donde, por eso mismo, las agresiones y las amenazas se han vuelto planetarias. El puente, insistimos, es el símbolo perfecto de la IIRSA que es el otro nombre de la globalización en Sudamérica.

Su inauguración no hará otra cosa que acelerar los procesos de genocidio y etnocidio históricos contra los pueblos indígenas, provocando la desaparición definitiva de los últimos pueblos indígenas aislados de la selva amazónica al ser invadidas sus tierras como consecuencia de la nueva dinámica de agresión que traerá aparejada la carretera.

La situación actual de las comunidades indígenas se caracteriza por los conflictos permanentes por la defensa de sus territorios, ¿qué pasará cuando las empresas ya no tengan barreras para poder ingresar a donde lo deseen, allí donde haya un recurso natural a ser explotado?

Si no se detiene la penetración capitalista, los pueblos indígenas desaparecerán, desaparecerán sus comunidades, sus modos de vida, sus costumbres, sus tradiciones, y una vez desaparecidos los pueblos que defendían la selva –porque era esencial para su supervivencia y su cultura-, desaparecerá también la selva misma, quemada, deforestada y arrasada para la ocupación definitiva de su espacio para los negocios agrícolas y ganaderos extensivos.

Extractado de “IIRSA y los pueblos indígenas aislados y vulnerables. El Puente Billinghurst y la Interoceánica: punto de no retorno para el genocidio y la devastación de la Amazonía”, de Pablo Cingolani, 21/11/10, enviado por el autor. El documento completo puede leerse en: ver aquí.
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- Filipinas: proyecto MDL financia deforestación por minería

En Filipinas, la minería, junto con el madereo, han sido factores determinantes de la pérdida de la cubierta forestal del país: de 17 millones de hectáreas en 1934 a solo 3 millones en 2003, es decir, una reducción del 82 por ciento. Si bien aproximadamente el 60 por ciento del territorio del país estaba cubierto por bosques setenta años atrás, ahora no llega al 10 por ciento. Y dado que más de la mitad de los proyectos mineros en curso o planeados están ubicados en áreas ecológicamente muy vulnerables, y que más de un tercio de las concesiones de exploración y minería aprobadas se localizan en bosques intactos, gran parte de lo poco que queda podría perderse por industrias extractivas como la minería.

Además de contribuir al cambio climático global, la minería tiene un impacto devastador sobre las comunidades locales. Bosques destruidos, laderas degradadas y ríos y mares contaminados, han forzado a las poblaciones residentes a dejar sus tierras, privadas de acceso a los alimentos, al agua y a los medios de vida, y expuestas a productos químicos nocivos. En el correr de los años, una serie de desastres mineros grandes y pequeños han inundado ríos, sistemas de riego y tierras agrícolas con residuos tóxicos de la minería, matando peces, vida acuática y cultivos y amenazando la salud pública. Más de 800 minas ensucian el paisaje – contaminadas y abandonadas. Aparte de la destrucción ecológica, la militarización que acompaña los proyectos mineros ha generado violencia y violaciones de los derechos humanos.

En la medida que las operaciones mineras están ubicadas en zonas de montaña, sus impactos han golpeado desproporcionadamente a un sector que ha sido más marginado que otros: los pueblos indígenas. La mitad de las zonas reclamadas por las empresas mineras para sus operaciones son áreas consideradas tierras ancestrales por los pueblos indígenas. Se han documentado ya varios casos de pueblos indígenas desplazados de sus tierras y privados de sus fuentes de sustento. Según la ley, ningún proyecto minero puede comenzar sin su consentimiento; en la práctica, las empresas mineras utilizan sus recursos y conexiones para eludir este requisito, comprar apoyo y dividir a las comunidades indígenas.

Y aun así, esas empresas mineras, agentes mismos de la deforestación, son premiadas por los proyectos MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) – un sistema que permite a los países desarrollados comprar “créditos” por proyectos que supuestamente reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en los países en desarrollo, en lugar de cortar sus propias emisiones internas. Cada crédito MDL representa un pago realizado por una empresa en un país rico para que un país pobre no utilice el recurso limitado y así el primero puede usar este recurso para sí.

En Filipinas, el proyecto MDL más importante hasta la fecha – el Proyecto de generación de energía y recuperación de metano del vertedero de Montalban – ilustra el entramado de intereses corporativos vinculados con las actividades extractivas, contaminantes e intensivas en carbono, que serán recompensadas por el MDL. Siendo responsable de aproximadamente la mitad de todos los créditos MDL del país, el proyecto afirma que “reducirá” las emisiones en aproximadamente 5,9 millones de toneladas de dióxido de carbono en 10 años, al capturar y convertir en electricidad el metano proveniente de la basura.

El proyecto es ejecutado por una subsidiaria de Nickel Asia Corporation, la empresa minera de níquel más importante de Filipinas. Nickel Asia fue fundada y es propiedad de los magnates mineros Salvador y Manuel Zamora, de la rica e influyente familia Zamora. Según la revista Forbes, Manuel y Salvador se ubican respectivamente en los puestos número 20 y número 32 de la lista de personas más ricas de Filipinas. Manuel fue presidente y ahora es director de la Cámara Minera de Filipinas, el lobby de la industria minera del país.

Nickel Asia tiene cuatro subsidiarias con intereses operativos o accionarios en varias operaciones mineras a lo largo del país. El vicepresidente de una de estas subsidiarias es Philip T. Ang, el número 33 en la lista de personas más ricas del país. Nickel Asia tiene también intereses menores en Coral Bay Nickel Corporation, cuya mayor parte pertenece a un consorcio japonés dirigido por Sumitomo Metal Mining Corporation, primer productor de níquel y segundo productor de cobre de Japón. Juntas, estas subsidiarias dominan la industria minera de níquel local, con un ingreso neto combinado de casi 15 mil millones de pesos en 2007 – más de mil millones de pesos más que el presupuesto del gobierno para su propia agencia reguladora del medio ambiente, el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Además de presidir Nickel Asia, Manuel Zamora también fue miembro de la junta directiva de Philex Mining Corporation, la empresa minera de oro y cobre más grande del país. Philex tiene minas en Negros Occidental y Zamboanga, así como operaciones en curso en Benguet y Surigao del Norte. En Zamboanga tiene un proyecto minero de carbón con reservas de alrededor de dos millones de toneladas. También realiza exploraciones de gas y petróleo. La mitad de las acciones de Nickel Asia pertenece a Luis Virata, número 15 en la lista de los más ricos del país. Él también ocupa un lugar en la junta directiva de otra firma, Benguet Corporation, la empresa minera más antigua de Filipinas.

Las operaciones mineras de Zamora son acusadas por los ambientalistas, las comunidades indígenas y los residentes locales, de socavar las leyes que protegen los bosques, desplazar a los pueblos indígenas, envenenar las fuentes de agua y privar a la gente de sus medios de subsistencia. En una mina hubo incluso violencia directa contra los residentes que se oponían a sus operaciones.

Con el MDL, los Zamora y sus socios de emprendimientos MDL pueden llegar a ganar de 0,3 mil millones a 1,7 mil millones de pesos filipinos al año en ingresos estimados de su proyecto Montalban – tanto como el 10 por ciento de todos sus ingresos de la minería de 2007 y más que los ingresos individuales de sus operaciones mineras de Cagdianao o Río Tuba. Esto prueba que el impacto del MDL sobre los balances financieros consolidados de sus promotores podría no ser insignificante.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio no sólo está subsidiando actividades que promueven el cambio climático sino que también está incrementando las ganancias de algunas de las partes con mayor responsabilidad en la deforestación y la degradación ambiental. De hecho, en lugar de promover un desarrollo limpio sirve para fabricar dinero sucio.

Extraído y adaptado de: “The CDM in the Philippines: Rewarding Polluters”, Herbert Docena, Focus on the Global South, ver aquí; “Costly Dirty Money-Making schemes”, Herbert Docena, Focus on the Global South, junio de 2010, ver aquí.
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COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- Uruguay: trabajadores forestales y uso de agrotóxicos

Una de las promesas de las empresas forestales para lograr su aceptación --por parte del gobierno y de las comunidades locales-- es la generación de empleo. Lo que no se aclara de antemano es qué tipo de empleo y bajo qué condiciones salariales y de salud se realizará el trabajo.

La mayoría de los trabajos vinculados a la forestación --salvo la poda-- implican el uso de agrotóxicos en alguna etapa de los mismos. En los viveros se aplica principalmente fungicidas en forma permanente; en la preparación del campo para plantar se aplican herbicidas, fertilizantes químicos y hormiguicidas; luego de realizar la plantación se continúa durante el primer año aplicando agrotóxicos para el control de malezas. Por último, al realizar raleos o una vez cortados los árboles se vuelve a utilizar herbicidas para eliminar los rebrotes.

Un estudio reciente de la organización RAPAL-Uruguay sobre los trabajadores en las plantaciones forestales y el uso de agrotóxicos (ver “Uruguay: trabajo y agrotóxicos en la forestación” en ver aquí) aporta interesantes elementos para el debate. La investigación se basa en el caso de FOSA (Forestal Oriental S.A.), empresa trasnacional que pertenece a UPM (ex-Botnia) y que entre otras cosas está certificada por el FSC (Forest Stewardship Council).

El estudio brinda un detallado resumen de los distintos herbicidas (Acetoclor, Glifosato, Oxifluoren, Haloxifop metil), del hormiguicida Fipronil y los distintos fertilizantes (Sulfato de amonio, Fosfato di amónico) utilizados, advirtiendo que estas sustancias son potencialmente cancerígenas y que provocan alteraciones hormonales, entre otros efectos en la salud. De estos datos se desprende que si bien es cierto que las sustancias utilizadas en las plantaciones están autorizadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por la certificadora Forest Stewardship Council (FSC), no es menos cierto que todas son altamente tóxicas, tanto para los trabajadores que las manipulan como para el ambiente.

La aplicación de agrotóxicos implica que los trabajadores estén expuestos a las sustancias químicas en forma constante, prolongada en el tiempo y a diario. A esto se suma que algunos lugares de trabajo no cuentan con suficiente agua potable para consumo ni condiciones adecuadas para la higiene, lo que agrava la exposición a los agrotóxicos. La media hora de almuerzo resulta breve como para quitarse los trajes y menos aún para higienizarse, razón por la cual los trabajadores o trabajadoras generalmente se quitan sólo guantes y tapaboca para comer.

Los trabajadores comentan que “la modalidad que utiliza la empresa para elegir personal es a través de llamados y el que desea trabajar se inscribe”. En la primera visita al campo, el trabajador “comprueba” por sí mismo si está apto o no para realizar la tarea demandada ya que si se siente mal (dolor de cabeza, vómitos, mareos) por el producto que se está utilizando, queda en evidencia que es una persona que no puede realizar ese trabajo. Tal es la toxicidad de los productos utilizados que lleva a una “autoselección” del personal de acuerdo a su resistencia física. Una de las esposas de los trabajadores agrega que “cuando yo lavaba el mameluco el agua la tiraba al pasto, y éste quedaba marrón como si hubiese sido quemado”.

Otro punto importante a destacar es que el trabajo de aplicación con mochila --ubicado en la categoría peón común a pesar de que requiere una especialización-- es a destajo, lo que implica altos niveles de exigencia y rendimiento para llegar a cobrar un jornal digno al final del día, y que los días de mal tiempo no se trabajan (y no se pagan). Caminar con las mochilas que pesan alrededor de 16 kilos entre surcos y malezas y en largas extensiones de campo, hace casi imposible soportar --sobre todo en verano-- los trajes protectores.

Una mujer cuenta que “cada trabajadora debía de cubrir una ‘melga’ (ancho de surco a surco). Había que apurarse, ya que todo estaba programado para realizar el trabajo en un tiempo determinado sin tomar en cuenta la temperatura y tampoco la ‘suciedad’ de los terrenos”.

De acuerdo al testimonio de otro trabajador, las temporadas de calor son las peores, “cuando nos sacamos el mameluco pareciera que éste hubiese salido de un balde con agua, empapado de sudor”. “Después de haber caminado 30 metros ‘sentís’ que no ‘podés’ caminar más. Sin embargo se caminan kilómetros; los terrenos no son parejos, tienen subidas y bajadas, eso te agota, entre el peso que se carga y las chircas altas se dificulta el andar. Este esfuerzo te produce un intenso dolor en las rodillas. Las caminatas son largas y con peso, se forman ampollas y callos de tanto caminar”.

“Los yuyos son altos y algunos tiene espinas, como el tutía, cardo y el amor seco que tiene unas espinas chiquitas que se adhieren al mameluco a la altura de las rodillas. También ‘tenés’ que tener mucho cuidado con las espinas para que no te vayan a romper la manguera. En caso que ésta se rompa debes seguir trabajando, el parar significa que no hay pago. Como debés de cumplir con un mínimo, hay que moverse muy rápido y en algunos casos hasta correr. Hay veces que por el apuro la tapa de la mochila queda suelta y ésta gotea sobre el cuerpo”.

A todo esto hay que sumarle el hecho de que el sistema de contrato es por medio de empresas tercerizadas o subcontratistas. Este sistema y el régimen de movilidad de las cuadrillas tienden a dificultar la sindicalización en la medida que los trabajadores quedan aislados en grupos pequeños, bajo la orden y las normas de la empresa contratista. Esta situación conspira contra reivindicaciones salariales, de salud laboral y otros derechos de los trabajadores.

Un trabajador aclara que “no existe organización sindical en Forestal Oriental. Además de que hay una presión social muy fuerte en contra de los sindicatos, la propia modalidad de contratación de los trabajadores, que es a través de empresas subcontratistas, hace que la tarea de organizarnos sea muy difícil”.

Los productos químicos utilizados afectan además a la fauna, se van acumulando en la tierra y llegan a las corrientes de agua por filtración o por escurrimiento los días de lluvia. Algunas consecuencias de la contaminación: muerte de liebres así como de tatúes y mulitas entre otras especies de fauna nativa; degradación del suelo, que sufre importantes pérdidas de materia orgánica y un aumento de acidez, asociados a su vez a la alteración de los valores normales de otras propiedades fisicoquímicas; contaminación del agua de pozos y aljibes utilizada para consumo humano y mortandad de peces en ríos de agua dulce.

Por otra parte, el estudio de Rapal-Uruguay deja al descubierto que Forestal Oriental junto con Bio-Uruguay (organización privada) llevaron a cabo una investigación sobre el control biológico de hormigas cortadoras (principal insecto que afecta a la forestación) con hongos entomopatógenos (ver aquí). ¿Qué significa esto? Que frente el uso de un insecticida como el Fipronil --cuya toxicidad es actualmente reconocida no sólo para las abejas sino también para la salud humana-- se investigó y encontró una alternativa no contaminante para el control de hormigas cortadoras utilizando un hongo nativo considerado inocuo para el personal involucrado en la tarea y para el ambiente. A pesar de que la investigación finalizó en mayo de 2008 aún la empresa FOSA no lo está utilizando en sus plantaciones.

A pesar de todo lo expuesto, la empresa se escuda en el sello verde que le otorgó el FSC (sello desprestigiado a nivel internacional, entre otras cosas por avalar prácticas como ésta) y que certifica sus plantaciones como “ambientalmente apropiadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables”. Todo lo anterior es prueba más que contundente de que las plantaciones de monocultivos de árboles no pueden estar certificadas porque impactan en el medio ambiente, dificultan la sindicalización, ponen en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras, y económicamente solo benefician a las empresas plantadoras.

Artículo basado en “Uruguay: trabajo y agrotóxicos en la forestación”, publicación conjunta de Rap-Al Uruguay ( ver aquí) y Rel-UITA ( ver aquí) realizada por María Isabel Cárcamo, correo electrónico gro.yaugurulapar@drooc. La publicación está disponible en ver aquí

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- Sudáfrica: resultados concluyentes de investigación sobre los impactos de los monocultivos de árboles en el agua

En tiempos en que los recursos hídricos se tornan cada vez más escasos y se ven crecientemente amenazados por el calentamiento global y el cambio climático, una investigación llevada a cabo en Sudáfrica resulta por demás oportuna. Después de 70 años de monitoreo en la reserva Jonkershoek, en Provincia Occidental del Cabo, el estudio revela el impacto de las plantaciones de monocultivos de árboles en el agua subterránea y en el caudal de los cursos de agua. Resulta muy pertinente en la medida que las plantaciones de árboles utilizan importantes cantidades de agua y han tenido una gran expansión en Sudáfrica, un país con escasos recursos hídricos.

Arthur Chapman presentó su estudio “ The Jonkershoek Research Catchments: History and Impacts on Commercial Forestry in South Africa” en septiembre de 2007 ante el Simposio Internacional de Certificación de Plantaciones celebrado en Sudáfrica, reunido en torno al tema “Impacto de la certificación en las plantaciones forestales”.

Como seguimiento a dicho trabajo y contando con la colaboración de GeaSphere / EcoDoc Africa - que fue posible gracias a fondos proporcionados por la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza -, se realizó el documental educativo “Plantation Trees and Water Use: Seventy years of Jonkershoek Paired Catchment Experiments” ( parte 1 y parte 2). En dicha producción Arthur Chapman realiza un recorrido en el que comparte los setenta años de investigación hidrológica realizada en el Valle Jonkershoek y explica cómo funcionan los experimentos en “cuencas pareadas” y cuánta agua utilizan realmente los árboles.

La historia comienza en Sudáfrica en la década de 1850, cuando los bosques de la región fueron arrasados por colonos europeos. Para enmendar la destrucción se inició un programa de forestación utilizando especies exóticas, especialmente eucaliptos de Australia y pinos del Mediterráneo y América del Norte. Ya en 1900 los agricultores de la zona comenzaron a preocuparse porque notaron que los cursos de agua que atravesaban las plantaciones de árboles estaban perdiendo caudal.

Finalmente esa preocupación fue elevada ante la Cuarta Conferencia Forestal del Imperio Británico, celebrada en 1935. El entonces Secretario de Agricultura y Forestación se refirió al “problema de la influencia de la forestación en el abastecimiento de agua, en torno a lo cual ha surgido una controversia, en especial con relación al uso de exóticas, sobre todo el eucalipto y en menor grado el pino”.

La conferencia tomó conocimiento del problema y acordó llevar a cabo un programa de investigación hidrológica. Para 1936 ya se estaba construyendo una infraestructura de pequeñas represas en el Bosque Estatal de Jonkershoek, y se inició un programa de investigación. Desde entonces las plantaciones de árboles han sido monitoreadas en 9 áreas de captación.

El diseño experimental se basó en el criterio de cuencas pareadas. El principio es que se compara el caudal del curso de agua de dos áreas de captación no tratadas, de manera de establecer su relación natural. Luego una es “tratada”, es decir, se le plantan árboles. El cambio en la relación entre ambas áreas de captación después de la forestación podría atribuirse, pues, al tratamiento, es decir, a las influencias de la forestación. Veintinueve pluviómetros, de los cuales 12 hacían registros permanentes, midieron qué agua entraba a las áreas de captación, y 8 pequeñas represas con registros permanentes (6 siguen funcionando todavía) medían el agua que salía.

Las áreas de captación tienen una superficie que va de 27 a 246 hectáreas, con colinas relativamente empinadas y con fuertes variaciones en la intensidad de las precipitaciones, provocadas por la fuerza orográfica en los sistemas frontales del noroccidente durante los meses de invierno (la Provincia Occidental del Cabo tiene un clima mediterráneo). La media anual de las precipitaciones – aproximadamente 1.200 mm en las laderas más bajas – puede llegar hasta 3.000 mm.

El estudio ha arrojado resultados sólidos y bastante concluyentes sobre los impactos de las plantaciones de árboles en el agua, e incluso ciertas reglas generales.

En las plantaciones de pinos se encontró que el consumo de agua es equivalente a una precipitación de 300-400 mm. Es decir, la plantación de árboles utiliza un equivalente a 400 mm de lluvia, lo que significa que cada año hay 400 millones de litros de agua por km cuadrado que no se vuelcan a los cursos de agua.

Los eucaliptos revelaron ser bastante más prolíficos en el uso que hacen del agua: consumen el equivalente a una precipitación de 600 mm (cada año hay 600 millones de litros de agua por km cuadrado que no se vuelca a los cursos de agua). En uno o dos casos un perfil de suelo muy profundo y húmedo utilizó toda la lluvia recibida así como la humedad existente que originalmente se hubiera volcado al río. El curso de agua se secó completamente y fue necesario que pasaran 4 años después de que se cortaran los árboles para que el perfil del suelo se restableciera y el curso de agua reapareciera.

La reducción del caudal de agua comenzó a hacerse evidente aproximadamente a los 5 años, y está fuertemente asociada con la edad de la plantación. El pico de reducción ocurre aproximadamente a los 15 años, a partir de lo cual se da una moderada disminución del uso de agua. La regla general es que ocurra una reducción del caudal de agua de 30-40 mm cada 10% de área de captación plantada, en el punto máximo de uso del agua.

A la pregunta de cuánta agua utiliza diariamente cada árbol, Chapman respondió que 50 lts diarios es una media razonable cuando los árboles tienen una edad entre 5 a 7 años. Pero en el caso del eucalipto el promedio puede variar de 100 lts a 1.000 lts, dependiendo de dónde esté ubicada la plantación. Los árboles cercanos a un arroyo o río pueden utilizar el doble de agua porque tienen mayor acceso a la misma.

Las conclusiones del estudio y el documental vienen en apoyo de un debate que resulta urgente plantear acerca del peligro de los monocultivos de árboles en gran escala, especialmente con relación a la cuestión del agua, en todos los países donde están siendo plantados.
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- La empresa Chikweti em Mozambique: ¿el FSC seguirá certificando lo incertificable?

La página web del FSC ((Forest Stewardship Council - Consejo de Manejo Forestal) anunció que la empresa Chikweti Forests of Niassa, de la provincia de Niassa al norte de Mozambique, está buscando el ‘sello verde’ del FSC para una plantación de 33.916 ha de monocultivo de árboles. Según lo informado, una preevaluación de la certificación se habría realizado en noviembre de 2010 y la evaluación principal estaría prevista para febrero/marzo de 2011. La empresa certificadora del FSC es Soil Association Woodmark, una empresa con sede en el Reino Unido.

Desde 2005, empresas que promueven los monocultivos de pinos e eucaliptos en gran escala comenzaron a instalarse en Niassa, siendo Chikweti una de las principales. El interés de estas empresas se debe al hecho de que Niassa es la provincia más grande de Mozambique, dispone de tierras llanas y fértiles y tiene una población relativamente pequeña de 1 millón de personas.

Pero aunque la población de Niassa sea relativamente pequeña, nada menos que el 70-80% vive en el campo. Desde 2007, cuando las empresas empezaron a plantar árboles, la principal organización campesina de Mozambique, la Unión Nacional de Campesinos (UNAC) ha advertido y cuestionado el hecho de que las empresas están plantando eucalipto en tierras que pertenecen a comunidades campesinas, reduciendo el acceso de las familias campesinas a tierras para plantar. Según la UNAC, esto pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de las familias y de la región.

Cabe recordar que la Ley de las Tierras de Mozambique de 1997 garantiza el acceso de las familias campesinas a sus tierras. Si una empresa, aún con una concesión del gobierno nacional, quiere usar tierras que pertenecen a una comunidad, es necesario que se realice un proceso de consulta a esa comunidad. Pero un informe de 2008, elaborado a pedido de la Embajada de Suecia, señala que este proceso no fue realizado de forma efectiva y que las comunidades no fueron oídas. Además, ellas reclaman por las malas condiciones de trabajo ofrecidas por las empresas de pinos y eucaliptos.

En noviembre de 2009, dos activistas de la Red Alerta contra el Desierto Verde de Brasil recorrieron comunidades en Niassa para oír a los líderes comunitarios- llamados régulos- sobre sus experiencias con la plantación de pino y eucalipto en la región. Al mismo tiempo, contaron sobre su experiencia de más de 40 años de comunidades en Brasil impactadas por el plantío de monocultivo de árboles. Los activistas brasileños pudieron confirmar los reclamos de la UNAC, lo que resultó en una publicación: “ O avanço das monoculturas em Moçambique. Impactos sobre comunidades camponesas na província de Niassa. Um relatório de viagem”. La publicación incluso advirtió que las empresas que estaban causando problemas en la vida de los campesinos querían certificarse por el FSC.

Quizás sea por eso que Chikweti Forests de Niassa pidió a un grupo de sus técnicos que respondiera y cuestionara (ver http://wrm.org.uy/countries/Mozambique/carta_Chikweti.pdf) la publicación del WRM, principalmente en cuanto a las quejas de los campesinos que fueron despedidos, que no tenían derecho a transporte, que había un tratamiento diferenciado entre los empleados 'blancos' y 'negros' y que los monocultivos de árboles estaban apoderándose de las tierras de campesinos, además de otras. La empresa respondió a estas cuestiones. Destacamos aquí solo su afirmación de que usa machambas ‘abandonadas’ para el plantío de árboles.

El WRM, a su vez, respondió a la carta de Chikweti (ver respuesta del WRM en http://wrm.org.uy/countries/Mozambique/Resposta_WRM_para_Chikweti.pdf), enfatizando que ‘nuestra publicación es el resultado de charlas reales y francas con campesinos y campesinas, que manifestaron sus quejas y preocupaciones’, y que ‘la gravedad de las mismas llevó al WRM (…) a divulgar las mismas’. Con relación a las tierras, el WRM reafirmó que según los campesinos oídos, las machambas que la empresa planta con monocultivo de árboles 'no están 'abandonadas' pero están en una fase de reposo'.

En octubre de 2010, dos representantes campesinos de la UNAC estuvieron en Brasil para dar continuidad al intercambio iniciado por los activistas brasileños. Allí, pudieron ver con sus propios ojos los nefastos impactos del monocultivo y eucalipto sobre las comunidades campesinas en los estados e Espíritu Santo y de Minas Gerais. Pudieron constatar cómo las fuentes de agua se secaron, cómo las familias campesinas fueron expulsadas poco a poco, y cómo la falta de tierras para quienes resistieron afectó su seguridad y soberanía alimentaria, principalmente de las mujeres. Como en Mozambique, también en Brasil las empresas prometieron mucho empleo pero una vez instaladas pocos trabajadores de las comunidades consiguieron empleo y en malas condiciones. Por otro lado, las experiencias de agricultura campesina que se visitaron mostraron cómo esa forma de trabajar con la tierra genera mucho más empleo e ingresos, preserva el medio ambiente y mantiene a las familias en el campo.

Parece que las empresas en Niassa están siguiendo el mismo camino de lo ocurrido en Brasil, principalmente en relación a la situación de las familias campesinas. Y más allá de eso quieren legitimar su actuación con el sello verde del FSC, como es el caso de Chikweti.

En ese sentido, citamos nuevamente la respuesta del WRM a la empresa Chikweti: ‘Advertimos también que observamos, a nivel mundial, que la certificación por los principios y criterios del Consejo de Manejo Forestal (FSC) justamente ha dejado de consultar y oír a las comunidades impactadas por los monocultivos de árboles, habiendo beneficiado a las empresas plantadoras de eucalipto y pino. Son exactamente estas empresas las que contratan las consultorías que realizarán la certificación. En nuestra opinión, por este y otros motivos, el FSC ha permitido, de forma irresponsable, la certificación de cientos de millones de hectáreas de monocultivos de eucalipto y pino en manos de empresas en todo el mundo, declarando, de forma errónea, que esas plantaciones son "socialmente justas, ambientalmente adecuadas y económicamente viables".’

A continuación, un alerta a las autoridades mozambiqueñas, al FSC y principalmente a los inversores europeos en plantación de monocultivos de árboles en Niassa (1): un monocultivo de árboles, ya sea de eucalipto, de pino o de otra especie, no trae beneficios a las comunidades; por el contrario, causa impactos negativos como está ocurriendo en Niassa. Y no podemos aceptar que el FSC certifique una vez más lo incertificable.

Por Winnie Overbeek, Red Alerta/Espírito Santo, rb.moc.arret@keebrevow

(1) el gobierno de Suecia, la empresa noruega Green Resources y el Fondo Forestal Global de Solidaridad (Global Solidarity Forest Fund), mantenido por iglesias de Suecia y Noruega y el fondo de pensión holandesa ABP

Fuente: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales