Boletín #273 WRM: Gobiernos y ONGs al servicio de intereses corporativos
"El debate sobre la compensación de carbono forestal es, fundamentalmente, un debate sobre el petróleo. Por este motivo, las COP se convierten cada vez más en encuentros corporativos, especialmente para representantes de empresas y grupos de presión del sector de las energías fósiles. En Bakú, en la COP29, estuvieron presentes 1.773 representantes del sector, algo que probablemente se repetirá en la COP30. Tienen más delegados que los diez países más amenazados por el cambio climático juntos".
Nuestra opinión: cómo las COPs y los mercados de carbono alimentan más incendios en
la Amazonia
A un año de celebrarse la 30º Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Belém, en el estado brasileño de Pará —la primera que se realizará en una región de bosque tropical— la Amazonía atraviesa serias crisis. En 2024, además de la peor sequía jamás vivida en la región, los incendios forestales también estarán entre los más graves de la historia. Este año, Brasil lidera el ranking de incendios forestales en América Latina. Hasta el 17 de noviembre, se habían detectado 256.445 incendios en Brasil, seguido de 89.400 en Bolivia y 40.994 en Venezuela. Uno de los estados más afectados es Pará, donde se registraron, hasta noviembre, 48.842 puntos de incendio. Es el segundo estado brasileño con más puntos de calor después del estado de Mato Grosso (49.969).
Muchos territorios de Pará se han visto afectados por los incendios. A unos 70 kilómetros de Belém, por ejemplo, está el Territorio Indígena Anambé, que hace menos de un mes sufrió la destrucción de más de la mitad de su superficie. Su comunidad se vio obligada a instalarse en un campamento en el límite de su territorio y sufre escasez de alimentos y agua. No lejos de allí, en la región del Valle do Acará, quilombolas de la asociación AMARQUALTA e indígenas Tembé también piden socorro.
Hay al menos tres factores que explican esta tragedia que ha devastado tantos territorios.
Uno de ellos fue revelado hace poco por la coalición brasileña Agro é Fogo al denunciar que más del 70% del presupuesto destinado a la principal estructura de combate a los incendios del gobierno federal no fue asignado ni tampoco ejecutado. Esto coincide con los reclamos y denuncias de los pueblos afectados por la ausencia del Estado –gobiernos federal y estaduales– en el combate a los incendios, lo que pone en riesgo la vida de muchos afectados, que se ven obligados a intentar contener los incendios por su cuenta.
El segundo y más importante factor relacionado con los incendios forestales también fue revelado por la coalición Agro é Fogo, en un profundo análisis en el que se combinan algunos estudios científicos con la experiencia de comunidades que viven de la selva amazónica y de otros biomas brasileños, como el Cerrado y el Pantanal. El estudio muestra que los incendios y la deforestación no son una fatalidad ni un problema ambiental-climático, sino que “son instrumentos para consolidar el acaparamiento de tierras que acompaña la expansión de la frontera agrícola capitalista sobre los territorios de los Pueblos Indígenas y las comunidades tradicionales”. Se trata, sobre todo, de una de las consecuencias de la expansión del agronegocio, cuyos protagonistas constituyen la base central de apoyo del expresidente Jair Bolsonaro y están fuertemente representados en el parlamento brasileño y en el actual gobierno.
El tercer factor es el protagonismo dado por las autoridades al mercado de carbono, publicitado como la principal vía para salvar la Amazonía, guiándose por una fuerte agenda internacional. Por ejemplo, en septiembre de este año, el gobernador de Pará firmó en Nueva York un acuerdo de 180 millones de dólares para la venta de créditos de carbono procedentes de su programa estadual de carbono forestal. Fue duramente criticado por 38 pueblos y comunidades tradicionales y organizaciones asociadas por medio de una carta en la que denunciaban que no hubo una “amplia participación” como lo había declarado. El gobernador también participó en la COP29, donde pudo celebrar la aprobación de nuevas normas para el mercado de carbono, en la misma semana en que el Senado brasileño logró aprobar un proyecto de ley para regular el mercado nacional de carbono.
REDD+ y las COP: legitimar e intensificar el uso de petróleo
Desde su introducción en 2007, los proyectos y programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) han demostrado que no pueden salvar los bosques ni mitigar el cambio climático como se había prometido. En esencia, el principal objetivo de los créditos de carbono ha sido legitimar e intensificar el uso de petróleo y otros combustibles fósiles, lo que viene acompañado de impactos sobre las poblaciones que viven en los territorios de extracción.
En otras palabras, el debate sobre la compensación de carbono forestal es, fundamentalmente, un debate sobre el petróleo. Por este motivo, las COP se convierten cada vez más en encuentros corporativos, especialmente para representantes de empresas y grupos de presión del sector de las energías fósiles. En Bakú, en la COP29, estuvieron presentes 1.773 representantes del sector, algo que probablemente se repetirá en la COP30. Tienen más delegados que los diez países más amenazados por el cambio climático juntos.
La Amazonía, además de ser clave para el mercado de carbono, también está en el punto de mira de la industria petrolera. Más de un millón de kilómetros cuadrados de la región se encuentran en alguna fase de prospección petrolífera, según el Amazon Fossil-Free Monitor. Esta iniciativa también muestra que hay 101 proyectos financiados por el Fondo Amazonía, el mayor programa REDD+ de Brasil, en áreas de bloques de exploración petrolífera, 77 de ellos dentro de la Amazonía Legal, lo que va a generar una mayor destrucción. Una de las propuestas que más atención ha recibido es la del gobierno brasileño para explorar el llamado Margen Ecuatorial [en la costa norte del país] a través de Petrobras, empresa que se ha convertido en uno de los principales financiadores del Fondo Amazonía.
Pero la industria petrolera no es el único sector que destruye la selva y se beneficia del mercado de carbono. También hay otras iniciativas que se disfrazan bajo términos amigables. Un ejemplo es la “bioeconomía”, idealizada conjuntamente por el gobierno de Pará y TNC, una ONG conservacionista estadounidense. A pesar de lo que publicitan esos actores, las poblaciones que experimentan la “bioeconomía” en su vida real no ven ninguna diferencia respecto a la “vieja economía” que devasta la Amazonía y los persigue y masacra.
Un ejemplo reciente: el 5 de noviembre, la policía expulsó violentamente a miembros del pueblo Turiwara-Tembê de Alto Acará, a 150 km de Belém, donde vivían tras recuperar su territorio ancestral. El desalojo se produjo tras el fallo de un juez del estado de Pará a favor de los intereses de la empresa de palma aceitera y de “bioeconomía” Agropalma, que alegó que los indígenas ‘invadieron’ sus tierras. Esta misma empresa, en asociación con la empresa Biofílica, impone desde 2021 un proyecto REDD+ sobre el territorio tradicional de los Turiwara-Tembê y el área de bosque que aún queda. En su proyecto, considera a los Turiwara-Tembê –y no a sí misma– como causa de la deforestación, echándoles la culpa a las comunidades indígenas de un problema que no provocaron. En su macabra política de 'conservación' y opresión, cuenta con otras ONG 'asociadas', como Conservación Internacional, de los Estados Unidos, y la Earthworm Foundation.
También el pueblo indígena Ka'apor, que vive a 350 kilómetros de Belém, libra una lucha para defender su territorio y la selva contra la invasión de la mayor empresa privada de proyectos REDD del mundo, Wildlife Works. Esta empresa comenzó a implementar un proyecto REDD con el acuerdo de una sola asociación indígena, que no representa a todo el pueblo y territorio Ka'apor. Por esta razón, el 30 de octubre, los Ka'apor, a través de su organización política representativa Tuxa Ta Pame, presentaron una demanda contra Wildlife Works, en la que denuncian una serie de ilegalidades y abusos perpetrados, y reclaman que se retire inmediatamente de su territorio.
Al mismo tiempo que generan confusión, división, violencia y persecución entre las comunidades que viven de la selva, los programas de carbono no logran frenar el avance del sector del agronegocio, que beneficia directa e indirectamente a las corporaciones que lo controlan, la mayoría de ellas internacionales. Walmart, por ejemplo, lanzó una nueva iniciativa en Mato Grosso –estado brasileño devastado por el avance del agronegocio–, para incentivar la recuperación y el mantenimiento de los bosques, algo que en teoría debería ser una obligación de ese sector.
Así, al desviar la atención de las verdaderas causas de la deforestación y la realidad de las comunidades de la Amazonía, el mercado de carbono en la selva –y también las COP, al validarlo– se convierten en una causa subyacente de la deforestación. Unido a los intereses de expansión del agronegocio en la Amazonía y a la falta de presupuesto estatal para combatir los incendios, el resultado es obvio: más incendios y destrucción forestal.
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