Avance minero: cuando lo único “sostenible” es la rentabilidad de las multinacionales contaminantes

Este jueves 19, con la presencia del secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, se lanzará el Instituto Argentino de Derecho para la Minería (Iadem), un agrupamiento de estudios jurídicos, empresas y autoridades provinciales del sector para, según se consigna en Télam, “promover el análisis jurídico que incide sobre la actividad en el país y generar iniciativas para su mejoramiento”.

Tras el lobby realizado durante la campaña electoral, cuando  el propio Alberto Fernández se reunió con directivos de multinacionales mineras, las empresas sienten que es momento de poner “manos a la obra” y avanzar cuanto se pueda para asegurar sus negocios.

El texto publicado por Télam indica que el sector de la megaminería, tan resistido en nuestro país, “espera definiciones sobre el marco legal que permita fortalecer la actividad y promover el desarrollo de proyectos millonarios, para lo cual se deben superar debates pendientes sobre la adecuación normativa a los nuevos conceptos tecnológicos, ambientales y de contexto económico-social”.

“Marco legal”, “adecuación normativa”, “debates pendientes”: eufemismos que, en el marco del impulso a “proyectos millonarios”, pueden encubrir un nuevo intento de avanzar colectivamente sobre la ley de glaciares, garantizar la continuidad de proyectos que ya ocasionaron desastres ambientales severos y avasallar la prohibición de la megaminería en provincias como Chubut, donde se acaba de votar, represión mediante, una ley de ministerios que abre paso a la arremetida de las mineras tras diecisiete años.

Curiosa perspectiva de “análisis crítico” asumirá un instituto encabezado por directivos y bufetes del sector: hasta 2020 su presidente será Néstor Rigamonti, de Minera Santa Cruz; el vicepresidente, Diego Parravicini, de Pan American Silver; el secretario, Matías Argarate, de Patagonia Gold, y el tesorero Leonardo Rodríguez, del estudio Marval, O’Farrell & Mairal. Más patronal no se consigue.

A este plantel empresarial se sumará la participación de Hensel, cuya designación en la cartera fue rechazada por distintos agrupamientos contra la megaminería y en defensa del agua. La Asamblea Jáchal No se Toca expresó su preocupación en  una carta dirigida al presidente Fernández, donde señalan que “resulta al menos inoportuno tener en cuenta a un reconocido lobbista megaminero para que cumpla función pública, lugar reservado para quienes deben representar los intereses de la gente, no de las corporaciones transnacionales”, recordando su rol como garante de la impunidad de Barrick Gold en el derrame de cianuro en ríos de San Juan. “Impidió que el pueblo de Jáchal se exprese en consulta popular. […] el mismo Hensel que antes de asumir ya reconoció que viene por la destrucción de la ley de glaciares”, agregan.

Del nuevo instituto los pulpos mineros esperan la elaboración y presentación de proyectos para avanzar en “marcos jurídicos” para la actividad minera, iniciando a su vez una intensa campaña de congresos, conferencias y debates para instalar la idea de que los megaproyectos son solución a la crisis económica y representan un desarrollo para las comunidades.

En una de sus visitas a San Juan durante la campaña, el ahora presidente refería respecto de la minería: “La vamos a desarrollar como se hizo en San Juan: responsablemente, con control social, garantizándonos que la minería no arruine la vida de los ciudadanos, pero que la vamos a desarrollar, obvio que es una prioridad”.

“Minería responsable”, de hecho, es el eslogan que usaba Barrick Gold, causante del mayor desastre ambiental del país. La minera canadiense comenzó a operar Veladero, en San Juan, dos años después de que José Luis Gioja asumiera como gobernador. Luego llegó Uñac, que mantuvo lazos profundos con la minera imperialista, al punto de que la provincia se presentó contra la ley de glaciares ante la Corte Suprema, que finalmente ratificó su constitucionalidad.

A diferencia del relato de desarrollo y progreso, en San Juan se han ido profundizando los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, a la par de, en contraste, una fuerte expansión de las exportaciones mineras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Gran San Juan es uno de los diez principales conglomerados urbanos más pobres del país, con el 30,3 % interanual.

Meses atrás, la socióloga y escritora Maristella Svampa explicó a La Izquierda Diario sus cuestionamientos al concepto de “sustentabilidad”, apropiado por Gobiernos y mineras: “La noción de sustentabilidad se fue convirtiendo en una noción débil, muy en consonancia con la idea de modernización ecológica […], donde no se cuestiona el crecimiento económico y se considera que los impactos que acarrea el uso de tecnología nociva para el ambiente pueden ser mitigados con el uso de más tecnología. Esa es la idea central que hoy se encuentra en las grandes corporaciones a sabiendas de que, en definitiva, detrás de la noción de desarrollo sustentable, siempre la prioridad la tiene que definir lo económico, no la protección del ambiente”.

La investigadora, a su vez, rechaza la idea de que el modelo minero de San Juan, festejado por Alberto Fernández y el nuevo ministro de Ambiente, Juan Cabandié, sea un ejemplo de actividad sostenible. “En realidad es lo contrario. Detrás de la acción de Barrick Gold, lo que hay es destrucción de glaciares y también derrames de solución cianurada, que han contaminado aguas. La Asamblea de Jáchal ha denunciado esto, se ha denunciado penal y judicialmente la responsabilidad de Barrick Gold y de los Gobiernos que han encubierto estos impactos”.

Alicia Kirchner en Santa Cruz tampoco se queda atrás en el impulso a estos emprendimientos de saqueo y devastación a cielo abierto, que consumen ingentes cantidades de agua de las comunidades para extraer plata y oro. En otra muestra de su más completo desinterés por el medioambiente, la gobernadora acaba de impulsar una ley, sancionada en la Legislatura, que prohíbe la creación de nuevas áreas protegidas por el plazo de un año.

Considerando la designación de Luis Basterra, hombre de Insfrán, en Agricultura y de Alberto Hensel, exfuncionario de Gioja en San Juan, en Minería, no parece sorprender que hayan ubicado a Juan Cabandié a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En palabras del flamante ministro: “Alberto Fernández me pidió que realice una tarea política”, y no abundó en mayores definiciones. En el marco de un Gobierno que mantiene lazos sólidos con el extractivismo que saquea, contamina y daña los bienes naturales comunes, solo las ganancias se sostienen.

Fuente: La Izquierda Diario