Atenco: Si van por todo, lo defenderemos todas y todos

Por Mayra I. Terrones Medina

Con la preocupación de diversas organizaciones, comunidades, colectivos e individuos, iniciamos un debate sobre ¿qué hacer? El panorama no era bueno, sobre todo para las comunidades indígenas y campesinas que han resistido los embates de los despojos neoliberales.

La compra de voluntades, la intervención de intereses particulares de todos los partidos políticos en territorios comunitarios, el uso a modo de las leyes y la aprobación de reformas que abren la puerta a una alianza tripartita (gobierno, empresas nacionales-trasnacionales y narco) para seguir despojando y explotando irracionalmente los recursos de nuestra patria conformaban el escenario del encuentro.

Llegamos allí con la noticia del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico provenientes de la presa Jales de la mina de cobre Buenavista, en el municipio de Cananea, Sonora, con la contaminación de los ríos Bacauchi y Sonora. El 7 de agosto la vida de los pobladores de seis municipios se puso en riesgo por una empresa que ha sido señalada incontables veces por ser beneficiaria de los gobiernos sin restricción alguna: Grupo México.

El 10 de agosto la periodista San Juana Martínez en una conferencia de prensa destapó las estadísticas del México violento: 150 mil víctimas en ocho años producto del narcotráfico, de desaparición y extorsión; en el periodo de Calderón, dijo, cuando se emprendió la guerra contra el narcog se registraron 300 mil desaparecidos y 80 mil migrantes. Y entre el gobierno de Calderón y lo que va de Peña Nieto suman un millón 500 mil los desplazados y más de 30 mil huérfanos por actos violentos.

El comité Cerezo presentó el informe “La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad que documentó, entre junio de 2013 y mayo de 2014, 200 detenciones arbitrarias en el Distrito Federal. El Imparcial hablaba de 57 mil 899 muertos en los primero 20 meses de gestión de Peña Nieto, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El 19 de agosto el Nevado de Toluca cambió de estatus legal; de parque nacional a área de protección de flora y fauna, quedando autorizadas distintas actividades productivas antes prohibidas en esta zona forestal, como la tala, la ganadería y la agricultura. El Instituto de Ecología de la UNAM declaró que las autoridades federales emplearon información incorrecta para justificar el cambio de estatus legal. La privatización se justificó y la explotación está a la vuelta de la esquina.

Sí, el despojo de la vida, el agua y la tierra, como lo dijimos en la declaratoria del encuentro, se volvió una realidad cotidiana. Para el 20 de agosto las comunidades wixáricas de San Sebastián de Teopanahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños marcharon hacia Guadalajara para exigir que se les restituyeran 10 mil 300 hectáreas de la comunidad de Yexca, en Nayarit, que les habían sido despojadas por ganaderos nayaritas a pesar de existir una resolución a su favor.

El 22 de agosto un grupo de decenas de priistas y un grupo de jóvenes que portaba playeras con la leyenda “Paz y progreso” obstaculizaron el paso de una manifestación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco para demandar la nulidad de la asamblea ejidal apócrifa del 1 de junio y la suspensión del acta resultante de ésta, dadas las inconsistencias legales. Este grupo arremetió contra la manifestación que tenía por objeto llegar al Tribunal Agrario y acompañar la audiencia. El 24 de agosto un grupo de militantes priistas arremetieron contra miembros del Consejo Indígena en Defensa del Territorio, en Zacualpan, Colima, para apoderarse de la caseta de cobro del balneario de la comunidad; Paola Alonso Máximo resultó herida en la cabeza. En febrero de este año la mayoría de los comuneros destituyó al priista Guzmán Teodoro, acusándolo de no atender la postura de la comunidad contra la explotación de una mina de oro en su territorio.

En el encuentro en Atenco reflexionábamos que los gobiernos son cómplices y serviles: a cambio de unas migajas, nos entregan a la voracidad de los dueños del dinero, quienes buscan convertir en mercancía todo lo que somos y el mundo al que pertenecemos. El proyecto turístico comercial Parque Intermunicipal Cholula es uno más de los ansiados negocios de Rafael Moreno Valle; el 26 de agosto los pequeños propietarios de las dos Cholulas despertaron a las cinco de la mañana con sus predios invadidos por granaderos y autoridades municipales que plantaban estandartes de expropiación en sus milpas; los pobladores salieron a defender sus predios y quitaron las mallas y los funcionarios huyeron. El 6 de octubre se programó la toma simbólica y pacífica de San Andrés Cholula y al día siguiente fueron desalojados los manifestantes y detenidos cuatro pobladores con lujo de violencia.

El 28 de agosto la organización Alianza Única del Valle denunció que 150 antorchistas de filiación priista, acompañados del síndico municipal de la comunidad de Nicolás Romero, Estado de México, provocaron una confrontación con los pobladores que están en la defensa del bosque, la tierra y el agua y alertando sobre estas prácticas.

Decíamos en el encuentro que los megaproyectos se imponen sin el consentimiento de las comunidades por la vía de una legalidad a modo o de grupos pagados que regularmente están afiliados a un partido político.

El despojo también se manifiesta cuando nos quieren arrebatar la libertad de expresarnuestra inconformidad. El 11 de septiembre, un grupo de personas vestidas de civil se llevó a Mario Luna, vocero de la tribu yaqui, en la comunidad de Vicam; tres horas después se informó que estaba detenido en el penal de Hermosillo. La razón era una orden de aprehensión de junio del 2013, cuando Francisco Romo denunció al vocero yaqui, y a otros tres compañeros de secuestrarlo durante dos días y haberle robado su coche. El 23 de septiembre fue también detenido Fernando Gutiérrez en Vicam La tribu yaqui ha emprendido una campaña de protesta contra la construcción y operación del acueducto Independencia que extrae agua de su río.

Como lo dijimos en el encuentro de Atenco, se criminaliza a las comunidades que defienden su territorio. No se castiga a quien roba, destruye y mata, sino a quien desde la resistencia busca detener esta barbarie. La dupla criminal integrada por los dueños del dinero y gobernantes es premiada con mayores facilidades para continuar lucrando.

El 27 de septiembre despertamos con una noticia que llevó nuestra indignación a límites inimaginables: seis muertos y 43 desaparecidos como saldo del ataque de la policía municipal a estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. La sociedad mexicana activa y no salió a las calles, internacionalmente voltearon a ver nuestra patria, repudiando no sólo los acontecimientos de Ayotzinapa, sino la violencia generalizada que hemos soportado por tantos años. Nuestras agendas de lucha se triplicaron con seis jornadas nacionales de lucha que llegaron al 6 de diciembre junto con las Jornadas en Defensa de la Tierra el Agua, la Vida y la Memoria. Nunca imaginamos llegar a este día con más dolor y rabia del que de por sí la lucha carga ante las injusticias y el cinismo de este mal gobierno.

El anuncio de más de 50 fosas clandestinas que se encontraron en Guerrero no fue suficiente para encontrar una respuesta a lo sucedido; el grupo de poder que ostenta la silla presidencial no ha podido responder ante tal agravio porque lo perpetró él mismo. La defensa de la vida se ha vuelto no sólo una aspiración sino una posición política. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ha sido la consigna que ha mostrado la posición de todas y todos, como pueblo no podemos dar un paso atrás.

Para los despojadores no es suficiente tanto dolor infringido al pueblo mexicano y el 3 de noviembre cientos de granaderos ingresaron en pueblo otomí Xochicuautla, en el Estado de México, para defender a la empresa que está construyendo ilegalmente la autopista Aeropuerto de Toluca-Naucalpan. El 15 de ese mes se denunciaron amenazas de muerte contra Martín Solís Bustamante, líder de El Barzón, por defender el derecho al agua y el medio ambiente sano, Solís encabeza la lucha de diversas comunidades del noreste del estado de Chihuahua para oponerse a la sobre explotación ilegal del agua, y contra la minera canadiense Mag Silver, en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura. El día 16, campesinos de bienes comunales de la comunidad de Cacahuatepec, opositores a presa La Parota, una lucha que lleva más de diez años; fueron atacados por hombres armados en un acto planeado, que provocó el asesinato de cinco personas. El 23 de noviembre dos miembros del colectivo Ustedes Somos Nosotros fueron asesinados frente a la casa de uno de ellos con un disparo a quemarropa; este colectivo proporciona asistencia humanitaria a migrantes.

La violencia ha ido creciendo en nuestro país desde hace varias décadas pero en los tiempos del neoliberalismo hemos visto su intensificación sistemática, hasta el punto de normalizar la compra de voluntades, la violación a los derechos humanos y la corrupción.

Todos los despojos que dialogamos en el encuentro nos superaron por mucho en estos meses; la realidad nos puso en la cara con más intensidad la necesidad de la defensa permanente de nuestros territorios pero no es suficiente con resistir tenemos que construir alternativas.

Fuente: La Jornada del Campo