Ataques, políticas, resistencias, relatos N° 96

Colombia: Detalles de la sentencia de la Corte Suprema que le dio derechos a la Amazonía

En un documento de 51 páginas, el alto tribunal consignó sus razones para tomar esta histórica decisión, la primera en contra del cambio climático en América Latina. De acuerdo con su postura, ni el gobierno ni las autoridades locales han hecho su trabajo para proteger a esta zona del país de la deforestación.

El Espectador, 6 de abril, 2018. Una de las más recientes decisiones de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia está repleta de hechos históricos para la jurisprudencia colombiana e internacional. Sus repercusiones son determinantes para la protección del medio ambiente, en la lucha por detener la deforestación y en la protección de niños y jóvenes que saben que son ellos los que realmente viven y vivirán las repercusiones del cambio climático. Precisamente fue un grupo de 25 colombianos, entre los siete y 25 años, los causantes de que en Colombia la región de la Amazonía tenga ahora los mismos derechos de un ciudadano y de que la presidencia y las autoridades locales y regionales estén obligados a hacer todo lo posible para frenar la deforestación en la selva y frenar los efectos del cambio climático.

La Corte Suprema de Justicia fue la encargada de revisar, en última instancia, la tutela que presentaron el grupo de jóvenes colombianos, con la asesoría de la organización Dejusticia. Un hecho histórico desde ese momento pues no es usual que sean las nuevas generaciones las encargadas de presentar este tipo de recursos judiciales. En el documento, los tutelantes le pidieron a la justicia que protegiera sus derechos a la vida, salud, la alimentación y el ambiente sano. Los jóvenes que firmaron el recurso judicial provienen de las 17 regiones de Colombia con mayor riesgo por los efectos de cambio climático. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las ciudades son: Arauca, Bogotá, Cali, Cartagena, Cubarral, Envigado, Florencia, Floridablanca, Buenaventura, Itagüí, La Calera, Leticia, Manizales, Neiva, Palmira, Quibdó y San Andrés y Providencia.

La exigencia de los jóvenes es sencilla: que la presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales y las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones de la Amazonia emprendan acciones para frenar la tala del bosque amazónico. Las cifras que presentaron en la tutela eran lo suficientemente alarmantes como para que la Corte Suprema se pronunciara y le ordenara al presidente Juan Manuel Santos y a otras entidades oficiales a que cumplan con una serie de órdenes urgentes para salvaguardar la selva y los derechos de los jóvenes que presentaron el recurso judicial. Por mencionar una, y que anotó el alto tribunal en su fallo, es la que muestra que tan sólo 2016, Colombia perdió 178 mil 597 hectáreas de selva, de las cuales 70 mil 074 se encontraban en el Amazonas.

El recurso fue revisado en primera instancia por la Sala de Casación Civil especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá. Pero fue negada pues el juez consideró que la tutela no era el mecanismo idóneo para proteger esta clase de derechos colectivos. Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia hay ciertos momentos en los que las reglas judiciales deben ser laxas y velar, sobre todas las cosas, por los derechos de los niños y jóvenes del país y la protección del medio ambiente. Para el alto tribunal, es claro que, en este caso, el peligro de la deforestación está vigente en las zonas donde viven los tutelantes y que su intervención para mermar los riesgos debe ser detenida de inmediato. Por eso, la decisión del alto tribunal es de un mensaje de urgencia para las autoridades.

La Corte Suprema, al estudiar en segunda instancia este expediente, hizo una juiciosa recopilación de los hechos que han puesto al cambio climático en la agenda internacional de políticos, jefes de Estado y del mundo en general. “Los ecosistemas están expuestos a situaciones muy extremas que impiden su subsistencia; ello trae consigo un agotamiento de los recursos naturales, sean o no renovables. Nos enfrentamos a una ascendente dificultad para obtener los medios indispensables de subsistencia para la población mundial y a la contaminación y mutación de nuestro entorno por la colonización irracional de los bosques y ampliación de las fronteras urbanas, agrícolas, industriales y extractivas que aumentan la deforestación”, señaló el alto tribunal en la sentencia.

La humanidad, para la Corte Suprema, es la principal responsable de este escenario. Pero a la vez, cada día es más consciente de que esos efectos deben reducirse como sea. Por eso, explica que desde la justicia se deben aplicar ciertas medidas para que los Estados de derecho protejan los derechos colectivos y dejar de pensar en los intereses propios. “Estamos obligados a considerar cómo nuestras obras y conducta diaria inciden también en la sociedad y en la naturaleza”, explicó el alto tribunal, haciendo especial énfasis en el hecho de que ese comportamiento es el que puede salvaguardar los derechos ambientales de las futuras generaciones.

Como principales causas de la deforestación, explicó la Corte Suprema, están: el acaparamiento ilegal de tierras, entre el 60 y 65%; los cultivos ilícitos, entre el 20 y 22%, la extracción ilegal de yacimientos minerales, entre el 7 y 8%, y los cultivos agroindustriales y la extracción ilegal de madera. “Los reseñados factores generan directamente la deforestación de la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción”, apuntó el alto tribunal en su fallo, que tuvo como ponente al magistrado Luis Armando Tolosa.

Para la Corte Suprema de Justicia es claro que el Estado colombiano, pese a diferentes compromisos internacionales, no ha hecho lo suficiente para frenar la deforestación y el cambio climático en el país. Lo dijo el alto tribunal de manera directa en su sentencia y sus órdenes urgentes a la presidencia y diferentes entidades demuestran la importancia de atacar este tema lo más pronto posible. Entre algunas de sus decisiones está la orden a la presidencia y al ministerio de Ambiente para que, en un plazo de no más de cuatro meses, formulen un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la tasa de deforestación en la Amazonía, y así hacer frente a los efectos del cambio climático.

El alto tribunal ordenó a las anteriores autoridades a que dentro de cinco meses formulen un pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases efecto invernadero. Como lo fue el caso de la protección del río Atrato, en el que la Corte Constitucional determinó que es sujeto de derecho, el expediente del Amazonas promete ser ejemplo en otros países del mundo del avance jurisprudencial moderno a la hora de proteger el medio ambiente. Un fallo ejemplo internacional para estudio en el que Colombia debe ser además ejemplo a la hora de cumplirse.

Con el vigor de la juventud, intensifiquemos la lucha
por la tierra y la vida

Declaración conjunta del Día de la Gente Sin Tierra, 2018

29 de marzo, 2018 | Este año marcamos el Día de la Gente sin Tierra en medio de una desposesión de la tierra y un penetrante acaparamiento agrario impulsado por la competencia entre las potencias globales y las élites locales por controlar los recursos mundiales a expensas de los pequeños productores de alimentos y de la soberanía alimentaria de los países pobres. A esto lo acompaña un militarismo creciente y una represión de las comunidades rurales. Entre las personas más afectadas por esta profundización de la pobreza y el hambre, así como por las crecientes violaciones a los derechos humanos, están las juventudes rurales.

Pero encaramos estos desafíos con resolución aún mayor y con optimismo pues confiamos en la energía y el compromiso renovado de la juventud para que ayuden en la defensa del derecho de la población rural a la tierra y a la vida.

El agravamiento de la desposesión de tierras. La tierra es el aspecto central de la vida y la sociedad rurales. El aumento de la mercantilización de la tierra con el implacable embate neoliberal, el recrudecimiento del control monopólico corporativo sobre la agricultura, la falta de una genuina reforma agraria que garantice el derecho de la gente a la tierra y la falta de un respaldo adecuado por parte del Estado, están amenazando el acceso de los pueblos rurales a la tierra y los recursos naturales. Los procesos regionales y globales (hablamos de continuadas crisis económicas y financieras globales, de la implacable puja por liberalizar la agricultura, de la emergencia de nuevas potencias económicas hambrientas de nuevos mercados de capital excedentario y productos y fuentes de materia prima, más el surgimiento de gobiernos autoritarios y fascistas) también están provocando condiciones que intensifican el desasosiego y los conflictos en las áreas rurales.

Así, por ejemplo, la agresiva expansión de China mediante su Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda (o simplemente Nueva Ruta de la Seda-NRS), que contempla 890 mil millones de dólares, está despojando y desplazando a comunidades tradicionales sembradoras, pesqueras, indígenas y otras, por todo el mundo. La iniciativa NRS, apodada “el más grande proyecto multilateral de desarrollo del siglo XXI”, implica a 65 países con 900 proyectos de infraestructura planeada, que van desde el Pacífico hasta Asia occidental, y a todo lo ancho de África y Europa, y están en curso.

De acuerdo a Land Matrix, una iniciativa independiente de monitoreo de los negocios agrarios, 26 millones 700 mil hectáreas de tierra agrícola a nivel mundial han sido transferidos a las manos de inversionistas extranjeros desde el año 2000. China pudo así adquirir 2 millones 230 mil hectáreas de éstas tan sólo en el periodo que va de 2000 a 2014. Y fue entonces que la NRS ganó terreno.

Entretanto, las instituciones financieras multilaterales tales como el Asian Development Bank (ADB) y el Banco Mundial, trabajando con políticos corruptos e inversionistas extranjeros, continúan financiando e implementando programas y proyectos que resultan en la dislocación y la marginación masivas de las comunidades rurales. La infraestructura de desarrollo, puesta a operar mediante asociaciones público-privadas en el transporte, la energía, y las llamadas zonas económicas, están acaparando o destruyendo enormes tractos de tierras y otros recursos agrícolas.

La competencia en pos de tierras agrícolas y recursos ocurre en medio de un intensificado militarismo de las potencias mundiales encabezadas por Estados Unidos. Su pivote en Asia para contener el surgimiento de China ha significado, entre otras cosas, incrementar el respaldo a los militares de la región, notorios desde hace mucho tiempo por sus atrocidades en relación con los derechos humanos. Han estado promoviendo guerras y campañas de contrainsurgencia que con frecuencia tienen como objetivo las comunidades rurales, incluidas aquellas implicadas en conflictos agrarios con gobiernos y corporaciones. Esto ha incrementado la represión y los abusos de derechos humanos en áreas rurales.

Las crecientes amenazas contra quienes defienden el acceso y control sobre su tierra y recursos naturales no sólo perpetúan sino que empeoran el círculo vicioso del subdesarrollo en las áreas rurales y la pobreza y el hambre entre los pueblos rurales. Según La Organización de Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación (conocida como FAO por sus siglas en inglés) más de 80% de las personas en extrema pobreza vive en áreas rurales, y 65% trabaja en la agricultura. Cerca de la mitad de quienes viven en extrema pobreza tiene menos de 18 años.

La situación de la juventud rural. Las personas jóvenes en el campo —que conforman 55% de la población joven a nivel mundial— ya sufrían de antaño limitaciones en el acceso a los servicios básicos como educación, salud y refugio, así como a oportunidades en términos de sus condiciones de vida y sustento. En general, es dos o tres veces más probable que la gente joven esté desempleada, según un informe conjunto del Banco Mundial y el Fondo Mundial para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD por sus siglas en inglés). La tasa de desempleo entre la juventud rural va de 7.5 % en el África subsahariana, 8 % en Asia, 19.7 en Europa Oriental y Asia Central, 21% en América Latina y El Caribe, hasta llegar a un 22.8% en Medio Oriente y el Norte de África.

Cuando esas personas jóvenes encuentran empleo, la mayoría permanece en la economía informal o se involucra en actividades relacionadas con la agricultura y los cuidados de la casa propios de los trabajadores familiares, el campesinado de subsistencia, la gente con microempresas caseras o los obreros no calificados. La experiencia de las jóvenes rurales es peor, ya que también sufren los tradicionales estereotipos y la división del trabajo basados en el género.

Esta situación de las comunidades rurales, que empeora inexorable, está forzando a la juventud rural a una migración laboral. La juventud conforma el grueso de los flujos migratorios: los datos de FAO muestran que las personas entre 15 y 34 años dan cuenta de un tercio de todas las migraciones internacionales. Sin embargo, la juventud rural “es la más propensa a migrar en respuesta a la falta de empleo significativo o de oportunidades empresariales en la agricultura o en las actividades económicas rurales relacionadas”.

En el corazón de esta falta de oportunidades para ser económicamente productivos está la desposesión crónica y prevalente en las áreas rurales, que se recrudece por el acaparamiento de tierras y recursos.

La lucha desde un fuerte movimiento de jóvenes. Para defender el derecho a la tierra y la subsistencia, y proteger los modos de vida de sus comunidades, muchas personas jóvenes campesinas y pueblos originarios están en el frente de la lucha por detener el acaparamiento de tierras y recursos, por promover soberanía alimentaria y una genuina reforma agraria. Esto, a pesar de la intensificada represión de las comunidades rurales con el objeto de pavimentar el camino para la agricultura corporativa de gran escala y los proyectos de mega-infraestructura orientados a la ganancia —proceso que tuvo por resultado, tan sólo en estos pasados 14 meses, 166 personas asesinadas, 342 arrestadas y detenidas debido a los conflictos de tierra. Son jóvenes campesinos y campesinas, trabajadores agrícolas y gente perteneciente al monitoreo PAN Asia y Pacífico (Panap).

Es por eso que le damos la bienvenida, con entusiasmo y maravillamiento, a la primera asamblea de Jóvenes en pos de la Soberanía Alimentaria (YFS, por sus siglas en inglés) que se celebró del 30 de marzo al 2 de abril. El YFS es una red internacional de organizaciones juveniles que promueve la soberanía alimentaria y respalda la lucha campesina en pos de una genuina reforma agraria y por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a sus territorios ancestrales. Nosotros, con fuerza, respaldamos a la asamblea del YFS pues busca resaltar las reivindicaciones y luchas de las juventudes rurales y “reclutar el vigor de la juventud campesina para intensificar la lucha por las tierras y la vida”.

El futuro pertenece a la juventud, y ellas y ellos forjarán su futuro con una tierra que realmente le pertenezca a quienes labran y enriquecen la tierra para beneficio de los pueblos y del planeta, y no sólo para aquellos que buscan las ganancias de unos cuántos.

¡Con el vigor de la juventud, nos comprometemos a intensificar nuestra lucha por la tierra y por la vida!

PAN Asia Pacific (PANAP). Asian Peasant Coalition (APC). Peoples’ Coalition on Food Sovereignty (PCFS). Youth for Food Sovereignty (PCFS). International League of Peoples’ Struggle (ILPS) Commission No. 6. Coalition of Cambodian Farmers Community (CCFC). Andra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVVU). Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Roots for Equity. Pakistan Kissan Mazdoor Tehreek (PKMT). Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). National Fisheries Solidarity Organization (NAFSO). GRAIN. Más otras 81 organizaciones de Asia

Chile | Encuentro por los Ríos Libres en la Patagonia refuerza necesidad de conocer experiencias e intercambiar estrategias de defensa

Con la participación de unos 60 dirigentes de diversas organizaciones socioambientales, representantes de cuencas y activistas del país, se realizó en Coyhaique y Puerto Aysén, en la región de Aysén, el V Encuentro de la Red por los Ríos Libres que se conformara en 2016.

Durante la actividad la comunidad local presentó la Propuesta Ciudadana de Política Energética para Aysén Reserva de Vida (PCPE-ARV), como instrumento orientador para fomentar un desarrollo local a escala humana de responsabilidad ecosistémica, y para disminuir la presión sobre los ríos (ver propuesta).

El objetivo central de las jornadas fue la proyección de trabajo de la red a la luz del recién asumido gobierno de Sebastián Piñera, previendo que el extractivismo será la piedra angular en búsqueda del crecimiento económico del país.

En Coyhaique expuso el presidente de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, quien realizó una charla sobre cuencas hidrográficas. La organización Ríos to Rivers explicó el trabajo que desarrollan como grupo, buscando la protección y conservación de los ríos a través de intercambios culturales entre jóvenes de Chile y Estados Unidos.

También en Coyhaique, el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, presentó la PCPE-ARV, que se sustenta en un modelo de desarrollo energético menos intensivo en el uso de energía, el ahorro y la eficiencia energética; la autogeneración; y el mercado mediante ERNC (Energías Renovables No Convencionales). Posteriormente se presentó el trabajo de la red y se realizó un intercambio entre delegaciones.

Después el grupo se trasladó a Puerto Aysén, donde representantes de diferentes cuencas que viven conflictos socioambientales asociados a la intervención de los ríos contaron su experiencia. En este contexto, los coordinadores de Ñuble Libre informaron en qué etapa se encuentran, producto de la larga lucha que impulsan para detener la construcción del embalse doble propósito (riego y electricidad) Punilla, que de construirse sería la segunda obra de este tipo más grande de Chile, con un muro de 136 metros de alto y con mil 700 hectáreas inundadas. Esto, informaron los representantes de la comunidad, ahogaría la tranquilidad de San Fabián y causaría un daño ecosistémico grave. Incluso informaron sobre el proceso de criminalización que han vivido desde el gobierno de Michelle Bachelet, el cual se querelló contra un grupo de ciudadanos y ciudadanas por la ocupación de las instalaciones de la empresa constructora.

Durante la tarde de ese mismo día los integrantes de la Red se trasladaron a Bahía Acantilada, a pocos kilómetros de Puerto Aysén, donde se encuentran las instalaciones turísticas del balneario homónimo y que fuera parte de la propuesta de compensación de Energía Austral en el marco de su proyecto de construcción de la represa río Cuervo. En la ocasión dirigentes locales como Hugo Díaz, Glenda Aldunate y Mónica Díaz relataron cómo gracias a la organización de la ciudadanía la empresa Energía Austral (filial chilena de la transnacional Xstrata) desistió de la construcción de la hidroléctrica, ante lo cual el espacio quedó en manos de la municipalidad, convirtiéndose así en testigo vivo de la resistencia ciudadana frente a estos megaproyectos energéticos y los mecanismos de compra de voluntades y corrupción que impulsan este tipo de empresas.

El último día, el encuentro cerró en Coyhaique con el trabajo de comisiones y un análisis de contingencia político-socioambiental, que buscaba proyectar el trabajo de la Red frente a los desafíos que presenta este año. La clausura se realizó en el balneario Los Chochos, recuperado gracias al trabajo comunitario, donde se concretó un diálogo colectivo junto a presentaciones artísticas y culturales. En la ocasión, las vecinas Pamela Díaz y Deisy Avendaño explicaron la experiencia, y la pobladora de Mañihuales relató el trabajo que vienen realizando en el marco de los encuentros que periódicamente realiza en Brasil el Movimiento de Afectados por Represas.

Finalizando la actividad se propuso al Cajón del Maipo como sede del VI Encuentro de la Red por los Ríos Libres, donde la situación de Alto Maipo será el eje central.

Una de las conclusiones de las jornadas fue la necesidad de conocer experiencias e intercambiar estrategias de defensa territorial. En ese sentido, la Red está expandiendo sus canales de comunicación y mecanismos de participación, convocando a todos los que se sientan llamados a aportar a que asistan al próximo encuentro.

Fuente: Mapuexpress

“Con el gobierno no contamos para nada”

La invasión de agentes
que impulsan “proyectos”,
apoyada por el Estado,
incrementa la violencia,
señalaron pueblos y organizaciones en defensa de los territorios indígenas y campesinos

Entre el 12 y el 14 de marzo, se reunieron en la ciudad de México representantes de 17 pueblos, “junto con comunidades campesinas, organizaciones y colectivos provenientes de 23 estados del país, para compartir su experiencia de lucha en defensa de sus territorios originarios”. Ya el título del encuentro resaltaba la sensación de urgencia que se trasminaría los tres días de reunión: “Encuentro en Defensa de los Territorios Indígenas y Campesinos frente a la Invasión de Proyectos Extractivos y la Violencia”, a donde acudieron miembros de los pueblos rarámuri, wixárika, cora, nahua, totonaco, mephaa’, zapoteco, mixe, chinanteco, mixteco, ikoots, zoque, tzeltal, lacandón, chuj y maya.

Organizado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), y convocado con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas, Servicios del Pueblo Mixe, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, el Grupo ETC y GRAIN, el encuentro permitió analizar las situaciones vividas en las diferentes regiones. “Es evidente que han aumentado los proyectos extractivos, energéticos, agroindustriales, de infraestructura, que pretenden instalarse en nuestros territorios y despojarnos de nuestros bienes comunes: tierra, agua, bosques, montañas, manantiales y semillas, de los que depende nuestra vida como pueblos indígenas y comunidades campesinas. Constatamos que la invasión de nuestros territorios por los agentes que impulsan estos proyectos, apoyados por el Estado, trae de la mano un incremento de la violencia hacia nuestros pueblos”.

El recuento es contundente: “Además de contaminar y destruir nuestro hábitat, las corporaciones van estableciendo hilos de corrupción en todos los niveles, desde el federal hasta el municipal, donde los operadores gubernamentales corrompen a la gente, desinforman y promueven la división trabajando literalmente para las empresas que invaden y devastan nuestros territorios. La violencia destruye nuestras formas de vida y convivencia y nuestra posibilidad de desarrollarnos como sociedades distintas. Al destruir nuestros lazos de sociabilidad esa violencia se vuelve el modo de vida con que nos buscan someter, en un círculo vicioso interminable. La violencia se vuelve entonces sistemática y termina imponiendo los proyectos que los pueblos rechazan. Además, la amenaza, el encarcelamiento o la eliminación o la desaparición de quienes se oponen a los proyectos instaura un clima de miedo, confusión, tristeza y destrucción de los cuidados propios de nuestra cotidianidad, nuestras formas de organización, nuestra tranquilidad y sentido de futuro como pueblos originarios en nuestros territorios”.

Ante la violencia y la corrupción, junto a la contrainsurgencia promovida por el gobierno desde la base misma de la sociedad, los pueblos se declaran en resistencia permanente con todos los instrumentos a su alcance, “organizativos, políticos, jurídicos”, para defender sus territorios y formas de vida, sus tradiciones e idioma, sus sistemas normativos y formas de gobierno. Las comunidades están dispuestas a redoblar esfuerzos “en pos de una soberanía alimentaria sustentada en la milpa, en una relación de mutualidad con otras comunidades, pueblos indígenas y luchas en el país”.

Convencidas de que la comunalidad frena la delincuencia, la fragmentación y la violencia promovida desde el gobierno, declaran: “Estamos decididas las comunidades a reforzar y fortalecer nuestro sentido de comunidad, de trabajo en común, de nuestros cuidados cotidianos, entre mujeres y hombres, buscando convocar a las nuevas generaciones a que comprendan la urgencia de reivindicar nuestros valores contrarios al dinero con el que nos quieren comprar, y con el que nos quieren corromper.

”Es crucial que trabajemos con jóvenes para hacerles ver la necesidad de mantener e impulsar nuestra vida comunitaria como campesinas y campesinos, sin renunciar a la educación ni al mundo exterior, pero conscientes de la necesidad de reconstituir nuestras comunidades.

”Los proyectos de devastación y despojo, y la violencia promovida por la delincuencia organizada que es una con las llamadas fuerzas de seguridad y el propio gobierno, nos dejan con la convicción de que ya no contamos con el gobierno para nada... Las comunidades tenemos que tender puentes entre nosotras, impulsando relaciones de cooperación y compartición. Pues sólo nosotros estamos defendiendo la vida”.

Las mujeres apuntaron: “hemos demostrado nuestro valor al ser las pioneras en la defensa de los territorios de los pueblos, reconocemos nuestra aportación a las luchas y nos comprometemos a reconocer, respetar y protegernos como guías y guardianas de nuestros territorios. No reproduciremos la violencia del sistema en nuestras familias, ni en nuestras comunidades. Más bien tenemos que reproducir, en lo cotidiano, los cuidados que nos pueden permitir fortalecer nuestros lazos, nuestros saberes, nuestras visiones y con ellos convocar a las jóvenes y los jóvenes a que vuelvan”. Y concluyen: “Tenemos que reconstituir integralmente nuestras comunidades”.

Siendo pueblos que han cuidado su territorio desde tiempos inmemoriales declararon no aceptar “la imposición de proyectos decididos desde el Estado, las empresas u otros agentes” que provocan destrucción de comunidades, “cancelan el futuro de las próximas generaciones y destruirán el país y el planeta”.

Se hicieron escuchar voces venidas de todos los rumbos de México: “Ante la violencia sistemática y estructural en que nos tiene sumidos el Estado con sus condiciones de guerra institucional y delincuencial demandamos el cese de la violencia criminal y represora en contra de los pueblos indígenas en lucha, el cese de los hostigamientos, de la represión, los asesinatos, la desaparición y criminalización de las luchadoras y luchadores sociales que defienden los territorios”.

Expresaron muy en alto su rechazo a la Ley de Seguridad Interior y a la Ley de Biodiversidad “que atenta contra los territorios indígenas, permite el despojo de nuestros bienes naturales, a través de su mercantilización, promueve el saqueo y una gama enorme de proyectos extractivos”.

Demandaron “la revocación de las reformas energéticas que deciden el futuro del país a favor de las empresas, la destrucción, la contaminación, sin permitir a los pueblos indígenas y campesinos decidir el futuro que queremos y la cancelación de todas las órdenes de aprehensión en contra de las defensoras y defensores del territorio”.

Exigieron que cese la persecución de defensores y defensoras de los territorios, así como la cancelación de hidroeléctricas, presas y trasvases; la cancelación de termoeléctricas, proyectos de fractura hidráulica y eólicos, gasoductos, oleoductos, criaderos industriales de cerdos, pollos y reses; la devastación, acaparamiento y contaminación del agua y por supuesto los proyectos extractivos de minería.

Por último declararon: “Seguimos reivindicando nuestro derecho a la libre determinación y la autonomía y por tanto defenderemos nuestros territorios y nuestros modos de vida, defenderemos nuestra potestad fundamental de decir que sí o que no a cualquier propuesta que nos hagan desde fuera. Reivindicamos nuestras formas propias de consulta, así como nuestra decisión propia de participar o no en las consultas que nos propongan. No aceptaremos las consultas amañadas que sólo sirvan para legitimar los despojos”. Llamaron a los pueblos, las organizaciones, la sociedad civil, y a la población en general a solidarizarse con los pueblos indígenas de México, estar atentos de las agresiones que reciben y a sus resistencias.

Ojarasca

China sopesa agravar penas contra infracciones de propiedad intelectual de semillas

BEIJING, 23 feb (Xinhua). China plantea la posibilidad de agravar las penas contra las infracciones de la propiedad intelectual (PI) en la industria de las semillas, según un informe presentado ante la Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo del país.

El informe está basado en una reciente inspección para comprobar el grado de aplicación de la Ley de Semillas realizada por miembros del Comité Permanente de la APN en seis provincias y los departamentos y agencias gubernamentales competentes.

El vicepresidente del Comité Permanente, Zhang Baowen, informó a los legisladores que, pese a las mejoras, sigue habiendo una falta de innovación a la hora de producir nuevas variedades de semillas, y que la habilidad de las empresas chinas del sector para competir en el mercado global es poca.

Zhang citó el informe en cuestión, que señala que una medida importante para estimular la innovación es reforzar la protección de la PI.

Los legisladores proponen en el trabajo convertir en delito el violar los derechos de un creador sobre las nuevas variedades de semillas y agravar las penas para los infractores. También recomiendan simplificar el procedimiento para acusar a quienes vendan ilegalmente semillas de las que no tengan los derechos.

Falsificar las marcas registradas y certificados de semillas o infringir los derechos respecto de las nuevas variedades es por el momento un ilícito civil.

Debe plantearse el aprobar una legislación que elabore un sistema integral de PI para las plantas y las técnicas de cultivo que haga uso de las patentes, las marcas registradas y otros derechos, indicaron los legisladores.

China cuenta con 4 mil 300 compañías semilleras certificadas, las 50 más grandes de las cuales abarcan el 35 por ciento del mercado nacional, según el informe. Pero comparadas con sus competidoras occidentales, las chinas destinan menos a investigación y desarrollo.

Zhang afirmó que la industria de las semillas es considerada como fundamental y estratégica para el Estado, y que se ha instado a las empresas chinas a crear semillas de calidad para garantizar la seguridad alimentaria.

http://spanish.xinhuanet.com/2018-02/23/c_136994648.htm

Nuestras propias agendas políticas

Acaba de aparecer el número 69/70, correspondiente
a abril de la revista Semillas, que publica

el Grupo Semillas, parte de la Alianza Biodiversidad. Dice el editorial de este número:

En 2017 se inició la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, en medio de grandes dificultades, retos, desafíos y expectativas de la sociedad de lograr cambios políticos, socioeconómicos y de participación ciudadana, que permitan ir cerrando las enormes brechas de inequidad y exclusión, especialmente en el campo colombiano. El gobierno nacional tuvo la oportunidad durante 2017 de aprobar en el Congreso, en el marco del “fast track”, actos legislativos que fueran prioritarios y fundamentales. Pero en este periodo el Congreso sólo expidió 34 decretos ley, de ellos 12 se dirigen a viabilizar aspectos de la Reforma Rural Integral (RRI). Los nuevos proyectos de leyes sólo podrán ser aprobados por trámites ordinarios en el Congreso, procesos que serán complejos, impredecibles y difíciles de implementar.

El proceso de implementación de los acuerdos de paz, ha permitido evidenciar más claramente que la política rural y agraria en los últimos años busca promover, implementar y consolidar modelos de desarrollo rural basados en la producción agroindustral, como alternativa para modernizar y concentrar el control corporativo del campo; bajo las premisas de productividad, eficiencia y competitividad contempladas en las políticas establecidas en el plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario (PECTIA, 2017-2027), las leyes de propiedad intelectual, la ley Zidres y la ley de innovación agropecuaria, entre otras normas. También siguen estos enfoques los nuevos proyectos de leyes que se quieren aprobar en las próximas legislaturas (como son la ley de tierras, la ley de adecuación de tierras y el decreto de bancos de semillas criollas, entre otras), que en general continúan invisibilizando y relegando el mundo étnico y campesino.

Luego de la firma de los acuerdos de paz, la salida de las FARC de muchos territorios en regiones selváticas en la Amazonía, la Orinoquía, y el Pacífico y la concentración de los excombatientes en las zonas de reintegración ha generado el reacomodo de los grupos armados ilegales que se disputan el control político, económico y social de territorios estratégicos. En estas regiones se está presentando un alarmante aumento de la deforestación y degradación de los ecosistemas donde intervienen no sólo otros actores armados ilegales que continúan en estos territorios, sino también actores políticos y de la economía formal e ilegal que están incrementando las áreas de cultivos de uso ilícitos, la concentración de tierras, la minería ilegal y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y agroindustriales.

En medio de las dificultades de la implementación del proceso de paz y del avance de los modelos extractivos minero-energéticos, que buscan pasar por encima de las poblaciones y territorios rurales, han surgido en el país numerosas iniciativas de consultas populares que buscan que los ciudadanos ejerzan el derecho a la autodeterminación del futuro de sus territorios, frente a la implementación de estos modelos de desarrollo. En todos los municipios que se han realizado estas consultas, los ciudadanos le han dicho mayoritariamente NO a estas actividades extractivas. Hoy más de cincuenta municipios tienen en trámite sus procesos de consultas populares a pesar de que el gobierno está buscando afanosamente la manera de cómo limitarlas o invalidarlas. Todas estas iniciativas populares nos muestran caminos que permitan ejercer los derechos ciudadanos a la participación y autodeterminación y que sean reconocidos plenamente por el Estado colombiano.

También es de destacar la reciente declaratoria del municipio de San Lorenzo (Nariño), como territorio libre de transgénicos. Esta iniciativa de origen popular y expedido por las instancias del gobierno municipal, es un referente político muy importante, puesto que la ciudadanía tomó decisiones autónomas sobre implementar una agricultura basada en semillas criollas y no manipuladas genéticamente. Esto un paso muy importante hacia la garantía del derecho a una alimentación sana.

En el país las organizaciones sociales, campesinas y étnicas vienen construyendo tejidos sociales y territoriales que buscan soluciones a los profundos problemas ambientales, productivos y de convivencia ciudadana, que van mas allá de los alcances de los acuerdos de paz. Es en este contexto que las organizaciones de la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, las redes de productores de agricultura familiar y diversas organizaciones ambientales y rurales, deben buscar sus propias agendas políticas y sus alternativas técnicas y productivas, que permitan garantizar la sustentabilidad de los territorios y de los medios de vida de las poblaciones.

Grupo Semillas, Colombia, abril de 2018,
http://semillas.org.co/es/revista

Fuente: Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas N° 96